Transición a la democracia: avances y déficit - Office of the High ...

CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
El abogado Espinoza, con el apoyo de la Iglesia Católica, llegó a la conclusión de la necesidad de
modificar el Decreto-Ley 321 entonces vigente sobre Libertad Condicional, que permitía así eludir el
voto con quórum calificado inalcanzable en el Senado. El abogado entregó el artículo redactado a un
grupo de diputados para dar inicio al trámite el 6 de Julio (de haber necesitado quórum calificado el
proyecto hubiera debido emanar del Senado). Diferentes parlamentarios suizos y franceses fueron
entrevistados por sus homólogos chilenos para acordar la libertad condicional de estos últimos
presos. Finalmente, el 19 de julio, el Senado aprobó el proyecto de ley.
La ley N° 20.042, adoptada el 21 de julio de 2005 y puesta en vigor el 23 de julio, permite a los
condenados a cadena perpetua por conductas terroristas acceder a beneficios de libertad condicional
una vez cumplidos 10 años de pena, siempre que los hechos hayan ocurrido entre el 1 de enero de
1989 y el 1 de enero de 1998, y después de que los condenados hayan suscrito una declaración de
renuncia al uso de la violencia. Estos beneficios incluyen la libertad dominical, implantan
progresivamente la libertad el fin de semana y diaria con reclusión nocturna, con la posibilidad de
postular a la libertad condicional en los dos procesos anuales de calificación (septiembre-octubre),
que otorga la Corte de Apelaciones basándose en la presentación de un informe de la policía.
Pablo Vargas, Claudio Melgarejo y Hardy Peña, recluidos desde hace 14 y 12 años respectivamente,
se beneficiaron de la ley N° 20.042 y el 14 de agosto de 2005 accedieron al beneficio de libertad
dominical. Por su parte, René Salfate, último preso político en la CAS, accedió a los beneficios de
libertad dominical el 16 de Octubre de 2005.
La presión inalterable de los presos políticos, apoyados por algunos sectores de la comunidad
nacional e internacional, permitió la libertad condicional de estos presos. Sin embargo hoy, muchos
siguen en Chile con reclusión nocturna.
Queda pendiente que estas leyes o gracias presidenciales que permitieron la libertad sobre todo
condicional de los presos políticos condenados durante la época de la “transición a la democracia” a
principios de los años 90 son soluciones a corto plazo. Éstas no cuestionan la aplicación arbitraria de
la ley antiterrorista heredada de la dictadura - es así como ésta se aplica actualmente en el caso de
los prisioneros mapuches 33 - e igualmente aprueban procesos penales marcados por la utilización de
la tortura y las múltiples violaciones al derecho de debido proceso. Condenan a los ex presos políticos
a vivir de manera precaria sin posibilidad para todos de reinserción real. Tampoco resuelven el
problema de aquellos que están perseguidos a causa de actos de oposición cometidos bajo la
dictadura y que se encuentran hoy en clandestinidad, en el extranjero, o condenados desde principios
de la transición democrática a expiar una pena de extradición según la cual, si volvieran a Chile
dependerían del sistema judicial militar, caracterizado por sus procesos no equitativos.
33
Para más información acerca de este asunto, ver el informe de la FIDH (2006), “La otra transición chilena: derechos del
pueblo mapuche, política penal y protesta social en un estado democrático” op cit,.
FIDH / PÁGINA 38