Transición a la democracia: avances y déficit - Office of the High ...

CHILE – Transición a la democracia: avances y déficit en la lucha contra la impunidad
7.- Los procesos judiciales deben continuar su tramitación conforme a criterios jurisdiccionales sin
intromisiones de otros Poderes del Estado en cuanto a la aplicación por los jueces de las normas de
derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido preocupa a la Misión el que a través
de planteamientos generales y no jurisdiccionales, las instituciones del Estado Chileno pretendan
finalizar los procesos de impunidad con la condena a unos pocos altos responsables de los delitos
más representativos.
De tales conclusiones se desprenden las siguientes recomendaciones, en el ámbito de la
impunidad
1.- Anular el Decreto Ley de Amnistía nº 2.191 de 18 de abril de 1978, conocido como Ley de
“autoamnistía”.
2.- Hacer un llamado a la Corte Suprema de Chile solicitando un pronunciamiento sobre la
incompatibilidad de dicho Decreto Ley de Amnistía con los principios básicos del debido proceso y su
incompatibilidad con el Estado de Derecho, en el sentido que ya ha realizado la Corte Suprema
Argentina.
3- Que por los distintos Juzgados, Ministros e integrantes de las Cortes se asegure el derecho a la
justicia que asiste a las victimas y familiares estableciendo las correspondientes responsabilidades y
sanciones.
4.- Que por los distintos Poderes del Estado se consideren las desapariciones forzadas, las
ejecuciones extrajudiciales y la tortura, cometidos durante la tortura, como delitos de lesa humanidad
y por tanto imprescriptibles e inamnistiables.
5.- Que por el Consejo de Defensa del Estado se utilice su personación en las causas de violaciones
de derechos humanos para representar los intereses generales de la sociedad chilena, dejando de
servir de institución promotora y legitimadora de las estructuras de impunidad forjadas durante la
dictadura. En este sentido sería conveniente un pronunciamiento del Presidente de la República
desautorizando los criterios y la intervención del Consejo en los procesos de derechos humanos.
6.- Interesar el Poder Ejecutivo que, frente a declaraciones ambiguas o de connivencia con las tesis
que intentan impedir el normal desarrollo de los procesos, se hagan pronunciamientos a favor de la
aplicación en Chile del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de su compromiso en la
lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad que fueron cometidos durante la
dictadura.
7.- Evitar las técnicas legislativas basadas en beneficios penales, procésales o penitenciarios para
los autores de esos delitos que finalmente no suponen un avance en los procesos y sí la impunidad
real de los autores de los mismos.
8.- El delito de secuestro calificado del Artículo 141.3 del Código Penal Chileno se corresponde con
la misma descripción típica de la desaparición forzada en el ámbito del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y por tanto un delito permanente en el que no puede operar la institución de la
prescripción. Así lo ha declarado la Corte Suprema y sería conveniente un pronunciamiento del Poder
Ejecutivo sobre la vinculación de los poderes del Estado a los Tratados Internacionales.
9.- Se debe acabar con la intromisión de la justicia militar en los casos de graves violaciones a los
DDHH ocurridas durante la dictadura.
10. Ratificar los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, en particular La
Convención de Naciones Unidas Sobre Desaparición Forzada de Personas, cuando sea abierta a
ratificación, la Convención Americana Sobre Desaparición Forzada de Personas, El Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la Tortura y Otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes, ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de
Lesa Humanidad, y culminar con el proceso de ratificación de la Corte Penal Internacional.
FIDH / PÁGINA 40