Periodistas

Por Juan Luis Gordo
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PODERES SIN CONTROL
OPINIÓN
Periodismo,
medios de comunicación
y Estado
Desde que comenzó la crisis económica en 2008, 284 medios de
comunicación han cerrado en España. Y se han destruido 11.158
empleos. Solo en 2013 han desaparecido 73 medios de comunicación
y su caída ha privado del puesto de trabajo a 2.754 profesionales.
Unos datos que ponen de manifiesto la difícil situación por
la que atraviesan en nuestro país el periodismo y los medios de
comunicación. Su hundimiento afecta directamente a los cimientos
de nuestra democracia, a cuya construcción han contribuido con
ejemplaridad los medios de comunicación y sus trabajadores.
La prensa local, la más cercana al ciudadano, con un fuerte arraigo
en pueblos y ciudades, se ve amenazada día a día ante la drástica
caída de sus ventas y de los ingresos publicitarios. Son muchos
los diarios locales de gran solera que han desaparecido en estos
años o están pasando por serias dificultades. Incluso hay alguna
provincia que se ha quedado sin periódicos. Con ellos no solo se
va una parte de la historia local, sino de nuestra esencia democrática.
La prensa no solo informa, sino que contribuye a configurar y
fortalecer la opinión pública y hacer ciudadanos más libres. Dejar
morir el periodismo es dejar morir nuestra democracia.
En la nueva sociedad de la comunicación es más necesario que
nunca el pluralismo ideológico, temático y tecnológico, tanto en su
carácter privado como público. El Estado debe garantizar el derecho
del ciudadano a comunicarse y a expresar sus opiniones; y a
los profesionales de la información a poder realizar su trabajo sin
presiones ni cortapisas con intereses ajenos a su propia función.
Los medios de comunicación, en general, y la prensa escrita, en
particular, contribuyen de una manera decisiva a la cohesión social
y territorial de España.
Hoy es imprescindible que los medios no estén al servicio de
intereses económicos, financieros o partidistas, ya sea por su
estructura accionarial, por la concentración de propiedad privada
en ellos, o por la necesidad de obtener publicidad privada o institucional.
Como es imprescindible que el sector recupere el alto
porcentaje de empleo que ha perdido y garantice unas retribuciones
y condiciones de trabajos dignas para los profesionales que
desempeñan sus servicios en los medios de comunicación.
Sin embargo, el periodismo ha perdido autonomía
en el ejercicio de sus funciones. Por una
“La prensa no
solo informa,
sino que
contribuye a
fortalecer la
opinión pública”
parte, la grandes corporaciones económicas y
su capacidad para condicionar mensajes en su
doble condición de suministradores de noticias
y potentes inversores de publicidad; por otra, el
clientelismo político que ejercen torticeramente
determinadas instituciones sobre los medios de
comunicación públicos en beneficio propio, minando
su credibilidad y contribuyendo a su deterioro
progresivo, cuando no a su desaparición, como ha ocurrido
en algún caso. Y, por último, el gran ruido informativo asociado,
en muchos casos, a un uso impropio, inadecuado e interesado por
parte de los ciudadanos de las nuevas tecnologías, que generan y
transmiten información y opinión sin ningún rigor, suplantando así
la función periodística. Por diferentes canales se condiciona lo que
no se publica, lo que se publica y cómo se publica.
La situación descrita está afectando a la calidad de la información
y sus contenidos. El sector atraviesa por una crisis sin precedentes.
La crisis económica y el desplome de la fuente de ingresos
han acelerado el proceso de reconversión tecnológica, sometiendo
a los actores informativos a fuertes tensiones, a lo que se ha
unido los efectos de la reforma laboral. El resultado está siendo
un ajuste drástico del empleo en el sector. En este escenario, el
Estado no puede estar ajeno al problema y mirar para otro lado.
Tiene que tutelar el marco de ayudas al sector de la prensa, dado
su carácter constitucional, como vehículo de uno de los derechos
fundamentales de la democracia.
Se requiere un gran pacto entre los actores afectados con la
implicación, colaboración y apoyo de las diferentes administraciones
estatales y órganos institucionales afectados. El Gobierno de
España ha de liderar este proceso. Para ello, en primer lugar, ha
de conocer la situación del sector mediante la elaboración de un
informe de situación con los editores, asociaciones profesionales
y sindicales del sector. Se han de articular mecanismos de ayuda
que den respuesta al precepto del artículo 20 de nuestro texto
constitucional, así como dinamizar el mercado laboral y promover
acuerdos sociales con las empresas del sector. Y evitar la concentración
y dependencia financiera del sector de unos pocos grupos
mediáticos poderosos, que pudieran llegar a ser lesivos para el
sistema democrático.
Es también urgente la creación de un Consejo de la Sociedad
de la Comunicación independiente y convergente, que analice y
supervise todas las cuestiones audiovisuales para dar respuesta
especialmente a la demanda de los ciudadanos.
Contribuir a la defensa del periodismo y de los medios de comunicación
en España en estos momentos es contribuir
a fortalecer nuestro Estado democrático.
Esta labor requiere el compromiso de todos, pero
en especial de las administraciones públicas con el
Gobierno de España al frente. La situación es de
emergencia y la acción no permite demoras.
juan luis gordo
diputado socialista,
portavoz de la Comisión Mixta RTVE
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