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editorial
Traidores
Los argumentos se multiplican. En el difícil equilibrio entre seguridad
y libertad que sostiene a una democracia madura, es la segunda la que
lleva las de perder de un tiempo a esta parte. Nos encontramos probablemente
ante el daño colateral más preocupante provocado por los
atentados de las Torres Gemelas y los que les siguieron. Atemorizadas
y anestesiadas por el dolor, las sociedades de los países avanzados han
cedido de manera acrítica ante iniciativas de los estados cuya eficacia
frente al terrorismo está, con frecuencia, por demostrar, pero sí representan
recortes claros a la libertad de los ciudadanos, en particular a
las de movimiento e información.
Los gobiernos preservan del escrutinio público cada vez más asuntos,
ignoran con frecuencia sus propias normas en relación con la
transparencia (en los países donde éstas existen, no en España) y
reaccionan con extrema crueldad cuando algún audaz horada el
muro protector que esconde millones de datos, sobre muchos de los cuales, una vez al descubierto, uno
se pregunta qué amenaza real planteaba su divulgación.
Este fenómeno se produce en un tiempo en el que la sociedad camina en sentido contrario: cada vez más recovecos
de nuestra privacidad quedan expuestos a la vista de los estados y de los particulares. Mientras que los
gobiernos se abrigan con capas y capas impermeables al exterior, a los ciudadanos los están dejando al desnudo.
Pero, a lo largo de la historia, las armas de ataque han precedido siempre a sus escudos. De tal forma, que los
sistemas de protección que los estados levantan hoy en torno a sus cortijos informativos tal vez sirvieran para
anteayer pero poco para el presente, porque en el mismo instante en que se activan ya hay un hacker que camina
dos pasos por delante o un funcionario escandalizado que considera un deber cívico romper esas barreras, sobre
todo cuando las razones de seguridad que las justifican son más que discutibles.
Con frecuencia, somos los propios informadores los que caemos en la trampa de la retórica de los estados.
Hay casos, como el de la filtración masiva de documentos secretos por parte de Wikileaks sobre los que, pasado
el primer calentón y la euforia informativa del momento, surgieron dudas fundadas sobre las motivaciones filantrópicas
de una iniciativa que sí planteaba problemas de seguridad gratuitos y que presentaba bastantes puntos
oscuros. Dicho lo cual, como expusimos en su día, el proceso contra el/la soldado Manning resultaba claramente
desproporcionado. Solo los escrúpulos de una magistrada sensible libró al acusado de una condena a cadena perpetua
por alta traición.
Traidor es lo que llamaron también muchos representantes públicos a Edward Snowden y eso que, en su caso,
muy pronto pareció quedar claro que sus filtraciones no perseguían ambiciones personales ni infligir daños importantes
a su país. Conservo de aquellos días el testimonio de un reputado columnista del Washington Post, que
confesaba públicamente haber sucumbido a la campaña de descrédito fomentada desde el poder político contra
Snowden, a quien él mismo calificaba de “narcisista” y de “ridículamente cinematográfico”. “El tiempo ha probado
–escribía en octubre Richard Cohen– que mis juicios estaban completamente equivocados… Como traidor
le falta el requisito de la intención y la amenaza”. Sus palabras dejan un ejemplo y una reflexión: si la balanza se
descompensa normalmente por un lado no pasa nada porque lo haga en sentido contrario alguna vez.
Eduardo San Martín
Director de Periodistas
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