Número 62 - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de ...

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Temaúnico
El juicio político al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por Jorge Mayer*
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En la antigua China, durante el régimen del mandarinato existía un sistema político por demás curioso. Los mandarines
concentraban la representación de dios y del Estado en su persona. No tenían atribuciones concretas y apenas dedicaban
su vida al cultivo de la pintura y la poesía. En concreto, los asuntos públicos no eran una cuestión de su real incumbencia.
En caso de una catástrofe natural, de sequías prolongadas o de malas cosechas, el pueblo decapitaba a su mandarín y
otro era designado en su lugar. No hay registros estadísticos acerca de la eficacia de esta institución, pero es razonable
pensar que la gente, ante las desgracias, espera que algo suceda y toma lo que tiene a la mano para hacer que algo que
cree la ilusión de que alguna cosa va a cambiar. Por elemental y esotérico, esto no deja de ser sensato.
Los daños que produce una catástrofe son imposibles de cuantificar de una forma acabada. Hay muertos y múltiples
víctimas con grandes daños que los jueces tratan de poner en equivalencia con sumas de dinero que el gobierno de la
Ciudad y los responsables civiles deben pagar a sobrevivientes afectados de una manera terrible. Estas formas de reparación,
como se sabe, nunca dejan conformes a los damnificados; sirven apenas cuando hay perjuicios civiles, pero
nunca el alcance de las responsabilidades termina allí. Estas cuestiones se dirimen en razón de leyes pero hay que
observar si ése es el límite real que una sociedad busca ante un hecho histórico determinado.
Más allá de esto hay algo ineludible. No es posible que el sistema político quede al margen de un hecho de tal magnitud
como el sucedido en diciembre de 2004. Mientras la causa judicial avanza en desconocer negligencias de parte de los
organismos de control, gran parte de la sociedad se niega a pensar que semejante hecho pueda desaparecer de la
memoria y a convencerse de que no pasó nada que no se pueda subsanar por la vía ordinaria de la justicia. La sociedad
necesita un mandarín y parece extraño que la clase política no asuma que en el juego del poder está latente esa responsabilidad,
muchas veces más reñida con el azar que con otras cuestiones. En un debate en la Legislatura de la Ciudad una
madre de una víctima, exaltada, volcaba la afirmación más lúcida y certera de las que se escucharon en todo este
tiempo: "Ibarra, te pasó a vos, le pudo haber pasado a cualquiera". Pero este hecho no exculpa a Ibarra ni a los funcionarios
del gobierno; tampoco les quita responsabilidad, sólo marca la triste circunstancia que a los porteños se los
seduce más inaugurando obras y promoviendo actividades culturales antes que con el ejercicio responsable de funciones
elementales del Estado. Afirma que las redes de corrupción en los sistemas de control son tan viejas como la historia de
la Ciudad, que todo el mundo lo sabe y que sólo es capaz de escandalizarse ante el aterrador espectáculo de una gigantesca
pila de cadáveres.
El proceso a Ibarra es pertinente y necesario. Todos los avatares del juicio responden a una lógica política fácil de
comprender. El partido gobernante carece de peso electoral propio en el distrito. La derecha, por su parte, posee un electorado
suficiente como para ganar elecciones si no se logra una coalición como la que llevó a Ibarra a su reelección. La
estrategia fue entonces victimizar al propio Ibarra. Asimilar un juicio político a un golpe institucional es una desmesura;
tanto como querer consagrar la impunidad como norma en base al voto popular.
Un juicio político no es un proceso jurídico común. La justicia ordinaria tiene su propia lógica de funcionamiento y avanza
(no se puede decir que con normalidad). El fin de un juicio político es el de remover a un funcionario por causales relacionadas
con el mal desempeño en sus funciones o la inhabilidad moral. ¿Qué es lo que se entiende por estas causales?
Eso es algo que está expresamente ausente de cualquier normativa que regule el tema, en vista que esas causas, en
muchos casos, surgen de una evaluación puramente política de los hechos. Las acciones de separar al funcionario e
inhabilitarlo son las únicas consecuencias de este tipo de enjuiciamiento. En cualquier sistema parlamentario se puede
remover a un funcionario sin siquiera llevar a cabo un proceso, con causales explícitas o no.
Historias mínimas
En tiempos recientes Argentina siguió juicios políticos a una buena cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de los magistrados existe una limitación clara para evaluar su mal desempeño: el contenido de las sentencias
de un juez no puede ser usado como causal en la imputación de su mal desempeño. En muchos de los procesos llevados
a cabo recientemente se vulneró claramente ese principio y en forma alguna esto fue motivo de escándalo. El desgaste
público de la imagen de esos jueces hacía que las cuestiones técnicas tuviesen un escaso valor ante la razón política que
motorizaba esos procesos. Hoy subsisten jueces en la Suprema Corte sobre los cuales pesan sospechas de hechos de