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vulneración de un derecho afecta la garantía de los restantes y viceversa.
Este carácter de integralidad implica abarcar todas las dimensiones de la
vida y desarrollo de los niños y adolescentes, promoviendo el desarrollo
humano y la protección integral.
• Inalienabilidad: Los derechos son propios de la condición humana, y de
sujetos de derechos, de los niños y adolescentes. Este principio protege
contra cualquier intento de restricción de los derechos por parte de la
familia, la sociedad y el Estado.
• Prioridad Absoluta: Hace referencia a la obligación de asegurar a los niños
y adolescentes la primacía de recibir protección y ayuda en cualquier
circunstancia, prioridad en la atención de los servicios u organismos
públicos, preferencia en la formulación y ejecución de políticas sociales y
destino privilegiado de recursos públicos en las áreas relacionadas con la
protección de aquellos.
• Universalidad: Debe ser garantizada en su aplicación a todos y cada uno de
los niños y adolescentes sin distinción alguna, e independientemente de la
condición de los mismos, de sus padres o de sus representantes legales.
Protege de todo intento de discriminación.
• Interés Superior: Constituye una herramienta para adjudicar un derecho
cuando existe conflicto de intereses o discrepancia de derechos, entre un/a
niño/a y otra persona o institución. Obliga a todos a que, al momento de
tomar una decisión, se otorgue consideración primordial al Interés superior
del niño (artículo 6). La Prioridad Absoluta como determina el artículo 4 y
siguiendo los planteos de Lucía Larrandart consiste en: Primacía al recibir
protección y ayuda en cualquier circunstancia. Prioridad en la atención de
los servicios u organismos públicos. Preferencia en la formulación y
ejecución de políticas sociales. Y destino privilegiado de recursos públicos
en las áreas relacionadas con la protección de la infancia, la adolescencia y
la familia.
• Efectividad: Hace referencia a la co-responsabilidad de la familia, la
sociedad y el Estado en brindar un nivel de vida adecuado que promueva la
protección y favorezca el desarrollo integral de los/as niños/as. La CDN y la
Ley provincial 4347, reconocen los derechos y responsabilidades de los
padres, tutores, o de las personas encargadas del niño, en la atención, el
cuidado y la educación de los mismos, así como el derecho a recibir apoyo
por parte del Estado. Para tales fines; obliga, a su vez, al Estado a
respetarlos y a prestar asistencia a los padres (o a las personas, servicios e
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