Soluciones para la triple crisis - Fundación Banco Santander

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ximización de la utilidad global no siempre es el resultado «natural»
y «espontáneo» de la persecución del beneficio individual.
En las situaciones de «dilema del prisionero», afirma
David Gauthier, «los maximizadores de la utilidad supuestamente
racionales se perjudican más de lo que podrían hacerlo
los optimizadores supuestamente irracionales» (Gauthier, 1986,
p. 117). Ello significa que sólo si los actores deciden perseguir
la mejor solución global –es decir, el interés común– en vez del
beneficio particular, podrán lograr también el resultado óptimo
desde el punto de vista individual. En otras palabras, los ganaderos
de la parábola se verán obligados a buscar conjuntamente
cuál es su interés común con el fin de garantizar el resultado
óptimo para cada uno.
Como ha señalado Derek Parfit, el «dilema del prisionero», por
fortuna, no suele darse en la vida real bajo la angustiosa forma
de un problema entre dos agentes incomunicados (Parfit, 2004,
pp. 144-160). Es solamente un modelo que sirve para explicar
los problemas de racionalidad inherentes a ciertas situaciones
en las que están involucrados muchos agentes, como son la
mayoría de los males ecológicos. El «dilema del prisionero» sirve
para advertir que las concepciones de la racionalidad bajo las
cuales guiamos nuestras acciones pueden, en muchos casos, resultar
contraproducentes. En efecto, numerosas situaciones de
la vida real demandan de nosotros que adoptemos disposiciones,
hábitos y estilos de vida que pueden parecer irracionales
desde el punto de vista estratégico de individuos maximizadores
del beneficio privado, puesto que exigen de nosotros la rea -
lización de un «sacrificio» altruista. Pero en realidad dicho
«sacrificio» deja de contemplarse como tal cuando se analizan
los problemas desde una perspectiva más amplia de la racionalidad,
como es la racionalidad ecológica (Riechmann, 2009,
cap. 2). La racionalidad ecológica permite a los agentes sociales
ponderar factores que la racionalidad estratégica propia de los
enfoques economicistas expulsa del análisis. Concretamente, la
racionalidad ecológica devuelve el sistema económico al lugar
del que nunca debió salir: la biosfera y sus complejas relaciones
ecosistémicas en las que se subsume la actividad de los seres
humanos, relaciones que el paradigma de la racionalidad
económica no permite siquiera captar.
Otro defecto fundamental de la parábola de Hardin es el hecho
de que los agentes involucrados son incapaces de establecer
comunicación alguna entre ellos, lo que les impide prescribir
autónomamente normas que restrinjan el acceso al pastizal.
Este error es una consecuencia de la reduccionista concepción
del ser humano manejada por el modelo de la racionalidad estratégica;
a saber, un ente maximizador del beneficio privado
que no se preocupa por los asuntos públicos y que, en todo
caso, considera a éstos tan sólo como elementos subsidiarios
de sus intereses particulares (Ovejero, 2002). Debido a ello resulta
tan absurda la imagen proyectada por Hardin de unos ganaderos
que se cruzan a diario en el camino que conduce a un
prado cada vez más atestado de vacas sin entablar un diálogo
que les permita, al menos, ser conscientes de la perniciosa dinámica
en la que se han enredado.
Privatización y regulación estatal
Hardin sólo concebía dos formas de evitar la destrucción de
los bienes de libre acceso: mediante su «privatización» o a través
de la regulación estatal, aunque prefería la primera alternativa.
Las dos opciones se han convertido en las vías convencionales
para establecer políticas ambientales pero, en muchos
casos, lejos de resolver los problemas, contribuyen a su agravamiento,
con lo que debería evitarse contemplarlas como panaceas
o soluciones milagrosas.
Para defender la privatización de los bienes de libre acceso suele
argumentarse que estipular derechos de propiedad sobre un
recurso conlleva una utilización responsable por parte de su
propietario. La sobreexplotación de los bienes de libre acceso
se explicaría por la falta de incentivos para su conservación, incentivos
que sí existen cuando quien realiza la explotación es al
mismo tiempo el dueño del recurso, quien sufrirá de forma inmediata
los costes de una posible sobreexplotación. Pero este
argumento falla ante la complejidad de la mayoría de los problemas
ecológicos, mostrando que no hay una relación de necesidad
entre propiedad privada y explotación sostenible.
Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural Nº 19