Soluciones para la triple crisis - Fundación Banco Santander

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consenso entre todas las fuerzas políticas que nunca se producirá
porque ninguna de las partes está dispuesta a dar el primer
paso «altruista». Nuevamente, pues, la conducta racional
desde el punto de vista de los agentes individuales conduce a
la irracionalidad colectiva en forma de desidia.
Una vía para esquivar el dilema: los
regímenes de propiedad comunal
Existe una gran confusión en los debates relativos a los bienes
de libre acceso debido al hecho de que Hardin desconocía por
completo una distinción que, por fortuna, pervive aún en la lengua
castellana. Por un lado, tenemos los «bienes comunes», que
equivalen a los que anteriormente he definido como «bienes
de libre acceso» o de «no exclusión». Por otro lado, poseemos
el término «bienes comunales» para referirnos a los «bienes
de aprovechamiento común» que son «los que pertenecen a
un municipio u otra entidad local y están destinados al aprovechamiento
de sus vecinos» (DRAE, 2001, vol. I, p. 315, subrayado
añadido). La importancia de esta distinción es que los bienes
comunales están gobernados por un régimen de propiedad
–colectiva, autogestionada y, por tanto, sometidos a una regulación–,
mientras que los bienes comunes o de libre acceso carecen
de toda norma relativa a su explotación. El pastizal de
Hardin es, precisamente, un caso que encajaría a la perfección
en la categoría de los bienes comunales, puesto que podrían
ser excluidos de su aprovechamiento todos aquellos que carecieran
de derechos de uso.
El error de Hardin (y por extensión de muchos de sus intérpretes)
ha provocado que gran parte de los problemas que se generan
en la explotación de los bienes de libre acceso hayan sido
equivocadamente trasladados a los regímenes de propiedad comunal,
promoviéndose con ello una visión reduccionista que ignora
que a lo largo de la historia han servido para gestionar de
forma sostenible los recursos naturales. Los regímenes de propiedad
comunal están gobernados por normas ancestrales
crea das para evitar el agotamiento del recurso en épocas de escasez
o de crisis. Regidos por principios de suficiencia y no por
la lógica de la maximización del beneficio, promueven entre sus
usuarios la contención en lugar de la competitividad y el compromiso
con el interés general en vez de la elusión de responsabilidades
hacia la comunidad. En definitiva, los regímenes de
propiedad comunal podrían ser coherentes con una concepción
de la racionalidad que nos permita superar las paradojas a
las que nos enfrentamos cuando abordamos problemas ecológicos,
puesto que en su seno los actores conciben su interés individual
desde una perspectiva más amplia.
Por desgracia, no resulta fácil recuperar los regímenes de propiedad
comunal. En los últimos dos siglos han desaparecido
casi por completo y ello hace que los individuos carezcamos
de una tradición arraigada de compromiso activo con nuestro
entorno y con la comunidad de referencia. Además, no hay que
olvidar que los regímenes de propiedad comunal necesitan
también de las instituciones estatales como garante último de
su efectividad y el problema es que en los últimos tiempos los
Estados han sucumbido ante la seducción de las políticas privatizadoras.
Pero esto no invalida su capacidad para afrontar
determinados problemas: lo importante es recordar que los diferentes
regímenes de propiedad son solamente instrumentos
más o menos adecuados, y no panaceas salvadoras, como pretenden
hacernos creer los fanáticos de las privatizaciones.
Así pues, la cuestión crucial que debemos tratar de responder
es la siguiente: ¿podemos crear un régimen de propiedad comunal
a escala planetaria que regule la explotación de la atmósfera
terrestre y de otros bienes de libre acceso? Aunque esto parezca
una tarea titánica, ciertamente es la única salida viable y,
seguramente, la alternativa más racional. Es decir, sabemos al
menos que debemos intentarlo si queremos actuar como agentes
racionales y, a la vez, como agentes morales. Por así decirlo,
los diferentes agentes –individuos consumidores, empresas y
Estados– deberían integrarse en un régimen de propiedad comunal
global que establezca políticamente, a partir de convicciones
éticas y de una concepción más igualitaria de la justicia
ambiental, los límites de sus acciones. Deben cumplir, llevando a
cabo un «sacrificio altruista racional», unas condiciones que les
Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural Nº 19