Elementos

epresentatividad y poder soberano de decisión...Sin dejar de ser
democrático, el argumento (de lo que es expeditivo por motivos prácticos y
técnicos, AR) puede igualmente justificar un Cesarismo antiparlamentario”.
De allí que “la dictadura no es antitética a la democracia. Aún durante un
período transicional, dominado por el dictador (comisarial, AR), una
identidad democrática puede todavía persistir y la voluntad popular
continuar siendo su criterio exclusivo...Comparada a una democracia directa,
no sólo en sentido técnico sino vital, el parlamento es un instrumento
artificial, de origen liberal, en tanto que los métodos dictatoriales y cesaristas
pueden no sólo generar la aclamación popular sino ser de hecho la expresión
directa de la sustancia y el poder democráticos”.
Del mismo modo que es la autoridad, no la verdad, la que hace la ley, es la
voluntad popular y no ésta o aquella fórmula institucional la que hace la
democracia. El liberalismo y su instrumento parlamentario pretenden evadir la
decisión y neutralizar lo político; la democracia, de otro lado, postula la identidad
entre la voluntad popular y la ley y entre gobernantes y gobernados, politizando la
vida social a través de la incorporación de las masas a lo público. Si peligra el
Estado, que tiene el imperativo de unir y no de dividir el cuerpo social, la voluntad
democrática soberana exige la decisión. Esta última se traduce en medidas
excepcionales, que bien pueden incluír la dictadura, mecanismo ciertamente antiliberal,
pero no necesariamente anti-democrático. Estas fueron, resumidamente, las
bases filosóficas que guiaron el cada vez más intenso involucramiento personal de
Schmitt en las intensas polémicas político-constitucionales de los tiempos de
Weimar, involucramiento que ya en 1924 se manifestó concretamente en relación a
la muy controversial interpretación schmittiana sobre el significado e implicaciones
de los artículos 48 y 25 de la Constitución republicana.
El primero de los mencionados artículos tenía que ver con los poderes de
emergencia del presidente de la República ante serios peligros al orden y la
estabilidad del régimen. El segundo estipulaba la celebración de nuevas elecciones
sesenta días después de que el presidente decidiese el fin de un determinado
agrupamiento parlamentario. En dos breves pero contundentes estudios,
publicados respectivamente en 1931 y 1932, Schmitt se pronunció de manera
inequívoca a favor de acrecentar decisivamente los poderes del Presidente como
guardián o “protector” de la Constitución. El texto constitucional de Weimar, y en
particular la institución presidencial allí establecida, era básicamente el producto de
la teoría liberal del balance de poder. Ello, sostenía Schmitt, colocaba en posición
de seria vulnerabilidad al régimen, dadas las circunstancias de agudización de los
conflictos políticos y avance de los partidos extremistas —nazis y comunistas—,
que hacían imperativo el fortalecimiento de un mecanismo que asegurase el orden.
En tal sentido, las tesis de Schmitt se sumaban, sólo que llevándolas a extremos, a
posturas igualmente “decisionistas” como las de Max Weber y otros prominentes
intelectuales de la época, quienes también cuestionaron la debilidad republicana
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