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do algunos tribunales que podrían acogerse a la exención por la literalidad de sus
estatutos sociales, no entrando a valorar la actividad real de éstas.
No obstante, sobre la exclusión de los inmuebles afectos a actividades empresariales,
habrá que estar atentos a la interpretación de dicho concepto por la propia
doctrina, muy en particular en aquellas actividades que no necesariamente requieren
medios propios como pueden ser, por ejemplo, el arrendamiento de inmuebles
o la promoción de suelos.
Finalmente, la última de las modificaciones de calado introducidas en el precepto se
anticipa a la respuesta del Tribunal de Luxemburgo en relación con la última de las cuestiones
prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo, estableciendo que, en aquellos
casos en los que no proceda aplicar la exención, la operación tributará por el impuesto
que hubiera correspondido —IVA o ITPyAJD— y no como ocurría ahora por ITPyAJD.
Asimismo, se procede a introducir los cambios pertinentes en la Ley del IVA, a fin
de regular en dicha Ley los supuestos en los que las operaciones de transmisión de
valores están sujetas y no exentas de dicho Impuesto.
Como hemos descrito en estas líneas, la modificación del precepto en cuestión convertirá
su aplicación efectiva a supuestos muy concretos y reducidos, eliminando así
todas aquellas trabas que la anterior redacción y su posterior desarrollo doctrinal
había supuesto para la transmisión de sociedades de determinados ámbitos empresariales
y operaciones de reestructuración.
Real Decreto
1529/2012, de 8
de noviembre,
relativo al
Contrato de
trabajo para la
formación
y el aprendizaje,
y establece las
bases
de la formación
profesional dual
Gemma Piqué
Gerente de Laboral de Deloitte
Abogados en la oficina de Barcelona
El pasado día 8 de noviembre de 2012 fue publicado en el BOE el Real decreto
1529/2012 en el que se desarrolla reglamentariamente el contenido del contrato
para la formación y el aprendizaje regulado en el artículo 11.2 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Dicho contrato es aquel que tiene por objeto la cualificación profesional de los
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una
empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo.
Conforme a lo establecido en el Capítulo I del Real Decreto, los principales aspectos
laborales aplicables al contrato para la formación y el aprendizaje son los que
se detallan continuación:
— Requisitos subjetivos: este tipo de contrato puede celebrarse con trabajadores
mayores de 16 años y menores de 25 años, que carezcan de la cualificación
profesional obtenida y reconocida por el sistema de formación profesional
para el empleo o del sistema educativo requerido para concertar un contrato
en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato.
Cuando el contrato se suscriba con personas con discapacidad o con colectivos en
situación de exclusión social contratados por empresas de inserción, no aplica límite
máximo de edad para la suscripción del contrato.
— Formalización del contrato: el contrato para la formación y el aprendizaje
debe formalizarse por escrito con los modelos oficiales que se establezcan por el
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