Tema de actualidad Nº 39 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Martínez López-Muñiz, José Luis. La familia en la Constitución española. Revista Española de
Derecho Constitucional (Madrid), N° 58, enero-abril 2000, p. 11-43.
Se plantea que la especial importancia de la familia para el interés general, explica su relevancia
constitucional y la amplia atención que le dispensa la Constitución española de 1978. Se señala que los
principios básicos del Derecho de familia se radican en los artículos 32 y 39 de la Constitución y que
existe una estrecha conexión entre la familia del artículo 39 y el matrimonio del artículo 32.
La Constitución contiene ciertos elementos sobre lo que entiende por familia y ese es el modelo de
familia constitucionalmente garantizado:
- La generación, como hecho determinante básico del modelo constitucional de familia.
La simple lectura del artículo 39 permite deducir que la familia está intrínseca y esencialmente
determinada por el hecho de la generación humana y las consiguientes relaciones de paternidad,
maternidad y filiación, a las que expresamente se refiere dicho precepto, que manifiesta, además, una
especial preocupación por los niños, es decir, por las personas menores, dando a entender que la familia
se ocupa o ha de ocuparse muy particularmente de ellos.
- El matrimonio como vínculo fundante esencial de la familia constitucionalmente protegida y de la
prolongación o ampliación de los vínculos familiares.
La filiación o la maternidad no familiares o extrafamiliares cuya protección integral exige la Constitución
como algo distinto de la protección de la familia, se traducen explícitamente en las producidas fuera del
matrimonio. El matrimonio o la ausencia de él determina la existencia o no de la familia constitucional, sin
perjuicio de que los padres deban ocuparse de los hijos por el hecho de serlo, como parte de la
protección integral que la Constitución obliga a asegurar a los hijos. La referencia al estado civil de las
madres, para decir que deberá dárseles protección integral cualquiera que aquél sea, alude
inequívocamente también al matrimonio, pues en el ordenamiento jurídico español, desde tiempo
inmemorial, éste es el determinante principal del estado civil relevante para la maternidad.
En relación al fundamento y alcance de la protección de la familia, se indica que si se piensa que la
familia se enraiza en el hecho capital de la generación humana y en la necesidad de atención
personal que requiere todo nuevo ser humano hasta llegar a ser adulto, no es difícil situar
precisamente ahí la clave de su carácter tanto natural como fundamental que tiene para el hombre
y el conjunto de la sociedad. El Poder público no puede abdicar de su deber de favorecer en cuanto
pueda a la familia, protegiéndola en la mayor medida posible.
Se analiza el deber constitucional adicional de protección integral de hijos y madres extramatrimoniales y
se señala que la Constitución prohibe un trato desigual de la ley, en general, hacia las personas por
razón de su nacimiento y concretamente por el tipo de su filiación, a la vez que obliga a dar la indicada
"protección integral" también a las madres "cualquiera que sea su estado civil" pero no obliga a tratar
legalmente como familia lo que para la Constitución no es familia.
FUERZAS ARMADAS–LEGISLACION-ARGENTINA
Fabian Sain, Marcelo. Quince años de legislación democrática sobre temas militares y de defensa
(1983-1998. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales ). (Buenos Aires), N°157, abriljunio
2000. p. 121-142.
Se describe la labor del Congreso argentino en el proceso de reformulación de los parámetros de la
defensa nacional. Se analizan las principales normas sancionadas relativas a los crímenes cometidos
durante la represión y a la reformulación de las bases institucionales de la defensa nacional y de la
reestructuración de las Fuerzas Armadas.
La instauración de la democracia en Argentina requirió -entre otros- el desafío de quebrar la autonomía
política castrense y reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas en el nuevo régimen. Era imperioso
derogar un conjunto de leyes y normas que institucionalizaban y avalaban la imposibilidad de
enjuiciamiento de los uniformados comprometidos con la dictadura.
Se trataba de un proceso de construcción de control civil sobre las Fuerzas Armadas que conllevaba dos
condiciones interdependientes: 1) del lado civil-gubernamental el ejercicio efectivo del mando o gobierno
político-institucional sobre las Fuerzas Armadas y 2) del lado militar, la subordinación efectiva a las
autoridades gubernamentales.
En este contexto, la labor del Congreso Nacional argentino fue decisiva, y desarrolló un papel
determinante en la reformulación del conjunto de normas penales y procesales penales – sea en materia
federal o en materia penal militar- en cuyo marco se llevó a cabo la revisión judicial del pasado y que se
cristalizó en las leyes 23.040, 23.049 y 23.077. El Congreso tuvo también un relevante papel en el
desprocesamiento de la casi totalidad de uniformados enjuiciados por la comisión de crímenes
cometidos durante la represión dictatorial y que se materializó en la sanción de la ley 23.492 de Punto