Tema de actualidad Nº 39 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

TEMAS DE ACTUALIDAD
Resúmenes de Artículos y Documentos para el Debate Parlamentario
N°39,octubre/diciembre, 2000
Preparado por la Unidad de Extensión y Publicaciones
- AMERICA LATINA-POLITICA ECONOMICA
- APEC (FORO DE COOPERACION ASIA-PACIFICO)-CHILE
- BIOGENETICA Y BIOTECNOLOGIA-PROPIEDAD INTELECTUAL
- CORTE PENAL INTERNACIONAL
- CRIMEN ORGANIZADO-BRASIL
- CRÍMENES Y SOBERANIA-DERECHO INTERNACIONAL
- CHILE-POLITICA Y GOBIERNO
- DERECHOS HUMANOS–IGLESIA CATOLICA-CHILE
- DESARROLLO ECONOMICO Y LIBERTAD
- ELECCIONES PRESIDENCIALES-CHILE
- EMPLEO–UNIÓN EUROPEA
- EXPORTACIÓN DE FRUTA-GLOBALIZACIÓN AMÉRICA LATINA- CHILE
- FAMILIA–ESPAÑA
- FUERZAS ARMADAS–LEGISLACION-ARGENTINA
- GLOBALIZACIÓN–ORDEN MUNDIAL
- INDULTO-DERECHO PENAL–CHILE
- INTERNET-SOCIEDAD DE LA INFORMACION
- LIBERTAD DE EXPRESION–PROGRAMAS DE SEXO Y VIOLENCIA–ESTADOS UNIDOS
- LIBERTAD DE INFORMACIÓN-PROYECTO DE LEY-CHILE
- MERCOSUR–POLÍTICA EXTERIOR–CHILE
- MICROEMPRESAS–APOYO FINANCIERO-CHILE
- MUJERES-TUNEZ
- NIÑOS-DERECHO DE FAMILIA–INGLATERRA
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO-CUMBRE DE SEATTLE
- PROTECCION AMBIENTAL–TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
- RACISMO Y XENOFOBIA–ULTRADERECHA–EUROPA
- SALUD PUBLICA–TRABAJADORES-CHILE
- TRABAJADORES-NEGOCIACION COLECTIVA
- TRABAJADORES–SISTEMA DE PENSIONES-COSTA RICA
- UNIÓN EUROPEA-CRISIS SOCIAL
- VIOLENCIA URBANA–AMERICA LATINA
- VIOLENCIA Y DEMOCRACIA–AMERICA LATINA
AMERICA LATINA-POLITICA ECONOMICA
Martner, Ricardo. Estrategias nacionales en un mundo incierto. Capítulo 3 de: Estrategias de
política económica en un mundo incierto. Reglas, indicadores, criterios. Cuadernos del ILPES,
(Santiago, Chile), N° 45, abril 2000. p.65-95.
Se examinan los fenómenos propios de América Latina, que en condiciones de endeudamiento
caracterizan su vulnerabilidad: los ciclos de términos de intercambio, la volatilidad de los capitales
externos y las fluctuaciones de la tasa de interés internacional.
Se describe el fenómeno conocido como la "enfermedad holandesa" para señalar que los efectos del
boom de las materias primas no son necesariamente positivos en el largo plazo. El alza temporal del
precio o de la producción de una materia prima dominante se traduce en una revaluación cambiaria,
dificultades financieras para los exportadores y a un boom del consumo.
Una particularidad de las finanzas públicas de América Latina es su gran dependencia en relación con
los ciclos de los términos de intercambio. Así, el sector público tiene muchas probabilidades de
transformarse en una caja de resonancia, propagando los desequilibrios externos hacia la economía
doméstica.
Se sostiene que además de la política monetaria y cambiaria, se puede recurrir a tres instrumentos
específicos para esterilizar los efectos de las alzas bruscas, o de caídas no esperadas, en los términos
de intercambio; la implementación de fondos de estabilización, la emisión de bonos de materias primas o
los impuestos a la exportación.

La experiencia de los años noventa en América Latina respecto a la variabilidad en la entrada de
capitales está estrechamente relacionada con la alta desviación estándar de los préstamos de cartera y
de corto plazo. Los instrumentos idóneos para enfrentar las fluctuaciones tienen que ver con políticas
monetarias, cambiarias y de control de capitales.
Se afirma que América Latina es un verdadero laboratorio en la experimentación de políticas
cambiarias, así en 20 años, se ha transitado desde los sistemas de tipo de cambio fijo a los tipos
de cambio múltiples, bandas cambiarias, entre otros.
La coexistencia de tipos de cambio estables, de apertura de la cuenta de capitales y la autonomía
monetaria ha sido denominada como el triángulo imposible. Las políticas para enfrentar esta situación
comprenden: respecto de la cuenta de capitales abierta –modificar el nivel y composición de flujos a
partir de controles cuantitativos, encajes a capitales de corto plazo y flotación sucia- en cuanto al tipo de
cambio estable –acumular y esterilizar reservas; efectuar prepagos de deuda externa- y vinculado a la
autonomía monetaria políticas fiscales y monetarias anticíclicas; regulación del sector financiero.
Las políticas nacionales para manejar la vulnerabilidad deben orientarse a atenuar las presiones
expansionistas del gasto en períodos de auge, adoptando políticas monetarias, fiscales y de supervisión
y regulación prudencial de los sistemas financieros y a evitar las tendencias a la apreciación del tipo de
cambio que genera la abundancia de recursos externos.
Se señala que las propuestas recientes de construir una nueva arquitectura financiera internacional
apuntan a diseñar mecanismos institucionales que apoyen a las políticas nacionales. Dichas instituciones
podrían operar como redes regionales de financiamiento y cumplir con un papel de coordinación
macroeconómica a nivel regional y una función de estabilización con fondos de reserva para afrontar las
perturbaciones de los términos de intercambio y de flujos de capital.
APEC(FORO DE COOPERACIÓN ASIA-PACÍFICO)–CHILE
Valdés, Juan Gabriel. Diez años de APEC: Proyecciones diplomáticas y comerciales. Revista
Diplomacia (Santiago, Chile) julio-septiembre 1999, p. 21-25.
Se analiza la participación de Chile en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), y sus proyecciones
económicas mundiales en la última década.
Se señala que en APEC interactúan dos de los tres grandes espacios económicos del mundo;
representa un mercado de 2.504,5 millones de habitantes, el 55,8 por ciento del PIB mundial y el 54 por
ciento del comercio internacional. En 1997, APEC constituía el 55,1 por ciento de los mercados de
exportación chilenos y en la actualidad, después de la baja impuesta por la crisis, las exportaciones de
Chile con ese destino (en especial Japón y los Estados Unidos) han vuelto a aumentar, permitiendo al
país enfrentar la caída de la demanda proveniente de otros acuerdos internacionales, como el Mercosur
y la Unión Europea. Se estima que más de dos tercios de las inversiones que recibe Chile provienen de
la APEC.
En esta última década, Chile ha consolidado plenamente su presencia en APEC. En 1991 ingresó al
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, en 1992 se registró la primera visita oficial de un
Presidente chileno al Asia-Pacífico y en 1994 se promovió el establecimiento de la Fundación Chilena del
Pacífico. Chile ha participado con entusiasmo en las reuniones de líderes de APEC y ve en este Foro un
importante medio para impulsar la liberalización del comercio regional y global, para enfrentar los nuevos
desafíos de la interdependencia y para facilitar la cooperación intergubernamental.
Se considera que el gran desafío de APEC en los años por venir es el de definir sus relaciones con otras
regiones de importancia, incluyendo América Latina. Chile quiere contribuir a esta tarea. Para ello ha
propuesto la conformación de un Foro donde participen América Latina y Asia-Pacífico, que le permita a
APEC proyectarse en los planos diplomáticos y económicos.
Se revisan los resultados de la Cumbre de APEC 1999. Estos permiten concluir que APEC ha
recuperado su credibilidad y momentum en su objetivo de alcanzar mercados libres y abiertos, de
acuerdo en las metas establecidas en Bogor, antes del 2010 para las economías desarrolladas y antes
del 2020 para aquellas en desarrollo. En particular se logró:
- Un apoyo substantivo al lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones multilaterales en la
Organización Mundial de Comercio;
- Acordar que se requiere mejorar la transparencia y especificidad de los Planes Individuales de Acción,
que contienen los compromisos individuales de cada economía respecto a cómo avanzar hacia las
metas de Bogor;
- Elaborar un conjunto de principios sobre políticas de competencia y reforma regulatoria, que permitirán
a cada economía asegurar la fortaleza del funcionamiento de los mercados.
En forma paralela, se validó la tesis chilena de cumplir con las metas de Bogor mediante acuerdos
bilaterales o plurilaterales de libre comercio.

Finalmente, Chile recibió un amplio apoyo para ser sede de las reuniones de APEC durante el año 2004,
a continuación de Brunei en el 2000, República Popular China (2001), México (2002), y Tailandia en el
2003.
BIOGENETICA Y BIOTECNOLOGIA-PROPIEDAD INTELECTUAL
Arteaga, Tomás. Biogenética: un tema emergente en la agenda internacional. Revista Diplomacia
(Santiago, Chile),julio-septiembre 1999, p. 31-35.
Se plantea que la biogenética se está convirtiendo en un tema esencial dentro del complejo mundo de
las relaciones internacionales, no obstante, la agenda de política exterior que acompaña el proceso de
globalización, se encuentra incompleta en diversos aspectos.
Se señala que las propiedades curativas de ciertas plantas aborígenes no tienen la protección de
las leyes internacionales. Existen algunas que asombran a los más reputados científicos y han
atraído el interés de las grandes transnacionales farmacéuticas. Pero se han presentado problemas
jurídicos por el registro de propiedad intelectual de plantas y sustancias cuyos efectos curativos se han
comprobado en un laboratorio; lamentablemente, los conocimientos originarios transmitidos por siglos
entre curanderos o shamanes hoy son propiedad registrada por los gigantes de la farmacéutica mundial.
Para los pueblos indígenas la protección de este conocimiento es vital. China e India, países con
un sistema de medicina natural de cientos de años, han iniciado oficialmente la protección de sus
recursos genéticos. Se señala que los grupos indígenas son escépticos respecto de los beneficios que
se vislumbran ya que, históricamente, rara vez se han visto benficiados por la buena voluntad de sus
Estados.
Las técnicas utilizadas por los médicos indígenas han sido difíciles de entender para la visión occidental,
pero ésta ha cambiado con el tiempo, favorecida no sólo por la creciente preocupación de la política
mundial en los temas relativos al medio ambiente, sino también porque éste se convirtió en el
instrumento que permite colocar sobre la mesa algunos temas emergentes dentro de la agenda
internacional como por ejemplo: las minorías étnicas, la biodiversidad biológica y la ingeniería genética.
Se señala que la descomposición de las células y su posterior clonación que dieron como resultado el
nacimiento de un ser vivo, no sólo provocó revuelo en el mundo científico, sino que generó polémica en
otros ámbitos, tales como la filosofía, la religión, y la ética; además, marcó el inicio de una nueva era: el
siglo de las biotecnologías caracterizado por una capacidad inédita de controlar la naturaleza y de crear
una fauna y una flora bioindustrial.
El futuro de la teoría de las relaciones internacionales le tiene reservado un cupo especial a la ingeniería
genética, ya que sus efectos tendrán una incidencia visible frente a todo aquello que signifique el
desarrollo de las ciencias. Los elementos esenciales de esta temática son la medicina aborigen y la
poderosa biotecnología, ambos decisivos en su aporte para el tratamiento de las principales
enfermedades que afectan a la humanidad.
Se estima que los nexos entre la conservación de la biodiversidad y la biotecnología se hacen cada vez
más importantes para la negociación internacional.
CORTE PENAL INTERNACIONAL
López Dawson, Carlos. La Corte Penal Internacional. Diplomacia (Santiago, Chile), N°82 eneromarzo
2000, p. 41-47.
El Derecho Internacional Contemporáneo ha establecido procedimientos y mecanismos jurídicos para
proclamar y proteger los derechos fundamentales de los seres humanos. Sin embargo, continúa su
violación sistemática, al aplicar políticas criminales de Estado o porque el ordenamiento jurídico permite
tales violaciones o no garantiza adecuadamente los derechos humanos, o porque aparecen nuevas
situaciones no contempladas debidamente por el derecho interno o internacional.
Se señala que la protección de los derechos humanos adquirió carácter universal y dejó de ser materia
de la competencia exclusiva de los Estados, como consecuencia de la acelerada transformación
experimentada por el Derecho Internacional desde la firma de la Carta de Naciones Unidas, cuando la
inclusión de la persona humana como sujeto de este Derecho permitió que su carácter obligatorio sirva
de garantía para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Para enfrentar estos problemas de manera clara y sin dar motivo a controversias jurídicas, la
Comunidad Internacional acordó en Roma, Italia, julio de 1998, la creación de la Corte Penal
Internacional (CPI) para poner fin a la impunidad de las personas que han cometido crímenes

atroces utilizando los recursos del gobierno respectivo, impidiendo que las víctimas puedan
ejercer el derecho a la justicia.
La Corte Penal Internacional es una corte penal permanente con jurisdicción mundial encargada de
procesar a individuos acusados de la comisión de los más graves crímenes contra el derecho
internacional humanitario: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Podrá
imponer directamente a los individuos la obligación de respetar los derechos fundamentales de las
personas, pudiendo actuar cuando los sistemas judiciales de los países afectados estén incapacitados
de juzgar a un individuo o no tengan la intención de hacerlo.
Los siguientes órganos conforman la estructura de la Corte:
- Presidencia encargada de velar por su buena administración;
- Sala de Cuestiones Preliminares, Sala de primera Instancia y Sala de Apelaciones formadas por
magistrados de distintos Estados, representantes de los principales sistemas jurídicos del mundo;
- Fiscalía que investigará y ejercerá las acciones penales.
- Secretaría, su órgano administrativo.
En relación a los delitos, se indica que la CPI tendrá competencia sobre cuatro crímenes: Genocidio, los
crímenes cometidos con la intención de suprimir el derecho a existir de comunidades nacionales, raciales
o religiosas; Crímenes de Guerra, es decir, las acciones por las que se ejerce violencia innecesaria
contra el adversario; Crímenes de Lesa Humanidad cuya crueldad viola los más elementales principios
humanitarios, como la esclavitud, la tortura; y la Agresión, o sea, el planeamiento y ejecución de guerras
de conquista.
Hasta julio de 1999 había 78 suscripciones al Estatuto de Roma. Se necesita alcanzar 60
ratificaciones para que el Estatuto entre en vigor y se forme una asamblea de Estados parte. La
Asamblea General de la ONU formó una Comisión Preparatoria cuyo propósito es discutir las reglas de
procedimiento y prueba de la Corte, los elementos de los crímenes y una definición de la agresión. Dicha
Comisión tiene plazo hasta el año 2000 para producir resultados.
CRIMEN ORGANIZADO-BRASIL
Caldeara, Cesar. El crimen organizado en Brasil. Tendencias del control penal. Nueva Sociedad
(Caracas), mayo-junio, 2000 N° 167. p. 99-113.
Se analiza históricamente la evolución del crimen organizado en Brasil, señalando los principales
participantes de la sociedad civil que han intervenido en su trayectoria y se examinan los factores que
han impedido un mayor control penal de esta situación.
Se sostiene que puede hacerse una organización del problema a partir de los siguientes puntos de
referencia:
1.- el reconocimiento social del problema de la criminalidad organizada, por parte de la opinión pública,
de los responsables de la toma de decisiones y de la colaboración de los medios de comunicación para
llevar el debate a su generalización.
2.- las tendencias de reorganización y de actuación del sistema penal institucionalizado que depende de
numerosos factores, entre otros, la presión internacional, la crisis interna en Brasil, y la capacidad de
veto de las corporaciones policiales y militares para impedir cambios en sus atribuciones.
En los años 70 debido a la legislación impuesta por la dictadura y a la censura de los medios de
comunicación, era imposible sostener un debate público sobre el crimen organizado. En esta
década se producen tres importantes configuraciones para el desarrollo del crimen organizado:
1- la expansión del poder policial para cometer arbitrariedades y abusos conimpunidad asegurada;
2.- el poder punitivo institucionalizado "informal", ejercido principalmente por los Escuadrones de la
Muerte y grupos de exterminio se hace más amplio y multifacético. De su participación en la represión
política, su poder se va trasladando hacia el campo de la protección de empresas y empresarios. La "ley
del silencio" se constituye como factor condicionante para la expansión del crimen organizado y pasa a
ser adoptada por la población.
3.-se consolidan las redes de corrupción policial en la medida que el tráfico de drogas y la lotería de
animales amplían sus actividades, y se continúa la práctica de cobros indebidos por la protección de
otras actividades ilícitas.
En la década de los 80, el patrón de criminalidad se distingue por estar organizado como asociaciones
empresariales estables con el objeto de cometer actividades ilícitas y lucrativas, que involucran la
participación de agentes públicos y están enquistadas en varios sectores del Estado, El crimen
organizado se caracteriza por su profesionalismo, verticalidad de comando, organización y solidaridad
intergrupal.
Por otra parte, el fin de la censura de prensa permite que la opinión pública conozca los
escándalos financieros y de corrupción en las altas esferas del poder, al mismo tiempo que se

perfila la disposición política para controlar el uso de la violencia ilegal por la policía en las grandes
ciudades.
En la década de los 90, se evidencia el importante papel de: i) los medios de comunicación como
generadores de denuncias e investigaciones; ii) el Legislativo Federal y los legislativos estatales en la
conducción de las investigaciones a través de Comisiones especiales; y iii) el Ministerio Público que a
partir de la Constitución democrática de 1988 obtuvo autonomía institucional.
Se examinan las normativas internacionales y las leyes nacionales que destacan en el tema. Asimismo
se define el Anteproyecto de Código Penal en estudio.
CRÍMENES Y SOBERANIA-DERECHO INTERNACIONAL
Zuppi, Alberto Luis. La jurisdicción universal para el juzgamiento de crímenes contra el Derecho
Internacional. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal (Buenos Aires), N°9, Año V, 1993-
1999. (irregular) p. 389-413.
Se destacan algunas modificaciones esenciales en las estructuras tradicionales del Derecho
Internacional.
Se afirma que el reconocimiento que se haga de la existencia de una jurisdicción universal que habilite la
intervención de los tribunales de cualquier país para el juzgamiento de determinados crímenes o la
negación de tal hipótesis, se encuentra esencialmente ligado con la concepción que se tenga de la
soberanía. Cuanto más aislado se quiera ver a un Estado con relación a sus semejantes, su
aislamiento se traducirá en revitalizar su soberanía doméstica negando correlativamente una
soberanía supranacional o internacional. En cambio, cuanto más participe el Estado en el mundo, su
soberanía doméstica reconocerá una erosión producto de ese intercambio y se fortificará cada vez más
la idea de una cesión de aspectos de la soberanía a las instituciones internacionales.
Se presentan algunas premisas demostrativas de la mencionada erosión en el concepto tradicional de
soberanía concentrándose en la tesis de la existencia de una jurisdicción penal universal para el
juzgamiento de crímenes contra el Derecho Internacional.
Primera premisa: la constatación de un derecho obligatorio para todos los Estados. Se afirma que
existe un conjunto de normas obligatorias para todos los Estados y que la violación a esas
normas por parte del Estado acusado no puede ampararse en la excusa de tratarse de cuestiones
de Derecho interno o doméstico. Esta limitación al principio de no intervención que prevé el art. 2° inc.
7° de la Carta de la ONU, es uno de los pilares en los que se funda el Derecho Internacional de
posguerra. Si se piensa en derechos fundamentales y en derechos humanos se concluye que este tema
ha pasado a ser de jurisdicción concurrente y compartida y ya no más de jurisdicción exclusiva o
reservada del Estado.
Segunda premisa: la constatación de la existencia de crímenes contra la ley internacional y la exigencia
del enjuiciamiento de sus autores. Se encuentra constatada la existencia de crímenes contra el Derecho
Internacional, los que son reconocidos por vía consuetudinaria y convencional; la propia comunidad
internacional organizada está interesada en prevenirlos y combatirlos a través del enjuiciamiento de sus
autores y su punición. Desde el momento en que todos los Estados se ven afectados por un crimen
contra el Derecho Internacional, la jurisdicción universal aparece como una consecuencia directa de esa
premisa.
Tercera premisa: la jurisdicción universal. En el moderno Derecho Internacional se constata que se ha
abierto una jurisdicción universal para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes contra el Derecho
Internacional.
Se estima que sería deseable que la posibilidad de juzgar al autor de un crimen internacional se abra
también para aquellos Estados que no son parte en las Convenciones que asumen tal obligación.
La jurisdicción universal no es excluyente de la existencia de un tribunal penal internacional sino que
debe ser vista como una solución complementaria. Es perfectamente concebible que los dos sistemas
convivan y se complementen con el objetivo de garantizar el efectivo enjuiciamiento de los autores de
tales crímenes sobre la base de la jurisdicción universal.
CHILE-POLITICA Y GOBIERNO
Spoerer, Sergio. La nueva agenda chilena. Política Exterior (Madrid), N°74, marzo-abril 2000, p.
117- 129.
Se analiza el escenario político y económico de Chile previo a las recientes elecciones presidenciales y
sus resultados. Se examinan las características del gobierno de Ricardo Lagos.

Al revisar la vida política chilena desde el comienzo de la década de los 90, se observa que los
gobiernos de la Concertación estaban atrapados entre la institucionalidad parcialmente democrática de
los acuerdos constitucionales pactados en 1989 y su temor a que formas amplias de participación
ciudadana generaran demandas sociales que alteraran los equilibrios macroeconómicos y
comprometieran la gobernabilidad.
La detención de Pinochet, en Londres en 1998, puso de manifiesto las tensiones no resueltas por la
transición, la precariedad de los equilibrios institucionales y las limitaciones de la influencia de Chile, en
otras dimensiones de sus asuntos internacionales.
La situación se agrava a partir de la profunda crisis económica de 1999 que tuvo su impacto social más
notorio en los índices de desempleo y en el aumento de sentimientos de pérdida, miedo, resentimiento,
crisis de identidad, etc. creando las condiciones para que la subjetividad busque al margen de las
instituciones, a algún líder que sepa canalizar los anhelos populistas.
Todos estos elementos tenían en el plano electoral, profundos y desiguales efectos. Sin embargo, se
plantea la hipótesis que los resultados electorales son portadores de "tendencias pesadas" de largo
plazo, difícilmente reversibles y que en segundo término, las tendencias que en lo electoral favorecieron
a la derecha, deberían significar en lo político una extensión de la legitimidad democrática y un
fortalecimiento de la gobernabilidad del país.
Se sostiene que la transición chilena ha dejado pendiente dos asignaturas: la legitimidad y calidad en el
proceso de formación y toma de decisiones estratégicas del país y el equilibrio de la ecuación entre
consensos nacionales, desarrollo directivo y participación ciudadana.
El Presidente Lagos ha reiterado que el país carece de un marco institucional aceptado por todos los
sectores. Los poderes fácticos y los enclaves autoritarios al interior de las instituciones han puesto de
manifiesto que las insuficiencias democráticas de la actual Constitución bloquean no sólo el desarrollo
político del país, sino que "jibarizan" las capacidades directivas, públicas y privadas.
Se afirma que el diseño y la aplicación de "políticas públicas amistosas con el mercado" pueden ser dos
de las notas distintivas de este tercer gobierno de la Concertación. Por otra parte, existe consenso
político respecto a la necesidad de que las políticas sociales más importantes -salud, vivienda,
educación, seguridad social– sean prioridad de la inversión pública.
Se revisan otros aspectos prioritarios de la agenda tales como la mejora de las infraestructuras, las
reformas laborales, definición y regulación del nivel de apertura económica al exterior.
Se afirma que el gobierno de Lagos será juzgado por su capacidad para afrontar un doble desafío:
gestionar una nueva agenda estratégica para el país y renovar profundamente, en un sentido
democrático y participativo, las instituciones públicas y las formas de hacer política autoritarias primero,
oligárquicas y opacas con las que han convivido los chilenos estos últimos veinticinco años.
DERECHOS HUMANOS–IGLESIA CATOLICA-CHILE
Aldunate, José, S.J. La iglesia y los derechos humanos. ILADES. Persona y Sociedad. (Santiago,
Chile), N°1, abril, 2000. p.19-25.
Se revisan las propuestas y pensamiento de la Iglesia Católica a través del tiempo en relación con los
derechos del hombre y se analiza la postura de la Iglesia latinoamericana y en particular la situación de
la iglesia chilena frente a la problemática de los derechos humanos.
Se sostiene que los derechos humanos son un postulado fundamental de la modernidad y que a pesar
de la resistencia de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II se produce una apertura al tema.
La Iglesia latinoamericana tenía acumulada desde hace siglos una gran experiencia pastoral por su
contacto con los problemas de los indígenas y de los pobres, experiencia que se tradujo en expresiones
teológicas como la "Teología de la Liberación" publicada en 1971.
Se señala que a pesar de las Conferencias Latinoamericanas de Obispos, las posiciones de la Teología
de la Liberación encontraron la creciente oposición romana mientras los Obispos chilenos se vieron
enfrentados a situaciones inéditas como un gobierno socialista y posteriormente una dictadura de las
Fuerzas Armadas con una violación sin precedentes de los derechos humanos.
Se afirma que en este rudo aprendizaje de los caminos de liberación, faltó la reflexión teológica o la
teoría que acompaña a la praxis y tampoco estaba elaborada previamente ni se pudo elaborar, con lo
cual la Iglesia se inhibió en su acción social.
Se sostiene que el concepto "liberación" tiene una connotación más cristiana y más bíblica que el de
simples "derechos humanos". Se vincula con el de redención y denota una tarea del cristiano frente a no
solamente una necesidad sino a una exigencia social de un pueblo empobrecido y esclavizado.
Se analiza la posición de la Iglesia chilena, manifestando que siempre ha tenido poder en lo político y en
especial en la coyuntura de los acontecimientos del 73, de modo que era muy importante su aprobación
o condenación del régimen militar o de sus procedimientos, o bien su simple silencio. Ante los abusos del

poder, el Cardenal Silva tomó caminos intermedios, creando instituciones como el Comité de la Paz y la
Vicaría de la Solidaridad para la defensa política de los perseguidos.
Sin embargo y a pesar del reconocimiento a la valentía del Cardenal Silva, se sostiene que la reacción
de la Iglesia frente a los desaparecimientos fue tardía e insuficiente y que la camisa de fuerza del
legalismo impidió hablar a la Iglesia, faltó una convicción firme que los derechos humanos van más allá
de todo legalismo. La falta de claridad teórica y coherencia práctica frente a los derechos humanos, ha
tenido para la Iglesia resultados negativos, inhibiendo posteriormente su acción por la justicia y para
promover los caminos de reconciliación.
Se presentan algunas reflexiones sobre una teoría de los derechos humanos, tratando aspectos como
los derechos colectivos e individuales, las dimensiones del perfeccionamiento humano según la visión de
Theilhard de Chardin; la moral de responsabilidad; el fenómeno de la globalización, etc.
DESARROLLO ECONOMICO Y LIBERTAD
Arroyo, Gonzalo, S.J. Libertad: el nuevo nombre del desarrollo. Mensaje (Santiago, Chile), N° 488,
mayo, 2000. p.41-45.
Se analizan las nuevas ideas aportadas por el economista indio Amartya Sen, Premio Nobel de
Economía 1998, en su obra "Development and freedom" en la que formula una teoría de desarrollo
integral, que coloca el enfásis en aspectos filosóficos, políticos y éticos por sobre la naturaleza
económica y metodológica de la teoría neoclásica dominante.
Amartya Sen, sostiene que el desarrollo no debe ser reducido a una simple fórmula de acumulación de
capital, o abrir mercados, o implantar una planificación económica eficiente. El principio organizador que
coloca a cada uno de los pedazos y partes en un todo integrado, es el afán prioritario de ampliar las
libertades individuales y el compromiso social.
Este enfoque particular del desarrollo, visto como un proceso de expansión de las libertades sustanciales
de las gentes, implica conocer en forma integrada los roles jugados -y sus respectivas interacciones- por
las distintas instituciones ligadas al funcionamiento de los mercados: administraciones públicas,
legislaturas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, judicaturas, medios de comunicación
y la comunidad en general, pero junto con este conocimiento es necesario comprender la formación de
los valores sociales y la emergencia de las éticas sociales.
Sostiene que en el proceso de expansión de las libertades hay que distinguir dos aspectos: el fin primario
del proceso, que tiene un papel "constitutivo" del desarrollo en libertad y que tiene importancia para el
enriquecimiento humano y los principales medios o instrumentos utilizados. Sen propone como libertades
instrumentales: las libertades políticas; las facilidades económicas; las oportunidades sociales; las
garantías de transparencia; y la protección y seguridad.
Se señala que la pobreza está relacionada con la privación de capacidades, es decir que "pobres
son los que no han tenido oportunidades de desarrollar sus capacidades naturales". Otros
instrumentos distintos del ingreso, como mejores servicios de educación y salud mejoran la calidad de
vida, pero también tienen impacto en la capacidad de generar nuevos ingresos.
Se analizan las relaciones del mercado con la libertad y con el desarrollo, así como la libertad del
mercado de trabajo que debe acompañar la libertad del intercambio económico.
Sen sostiene que mientras más urgentes son las necesidades económicas, más lo es el
desarrollo de las libertades políticas, exponiendo tres razones:
1.-su efecto directo en una manera de vivir que fomenta el desarrollo de las capacidades básicas de los
seres humanos(incluída la participación política y social)
2.-su papel instrumental para incrementar la audiencia para las reivindicaciones de las personas
(incluídas las necesidades económicas) y,
3.- su papel en la conceptualización de las "necesidades" de las gentes, incluyendo la comprensión de
las necesidades económicas en un contexto social.
Se señala que del análisis de la obra de Sen, se desprende que además de su humanismo y mayor
sentido de justicia social para superar las desigualdades y la pobreza, es uno de los pocos economistas
capaces de dominar no sólo la vasta ciencia económica actual, sino que también otras áreas de las
ciencias sociales, cualidad que reunía Adam Smith, considerado el padre de la teoría económica
moderna.
ELECCIONES PRESIDENCIALES-CHILE

Cuadros, Ricardo. Pinochet de ida y vuelta, Lagos Presidente. Leviatán (Madrid), N°79, primavera
2000. p. 21-34.
Se analizan los antecedentes de la detención de Pinochet en Londres y los sucesos con posterioridad al
regreso de Pinochet a Chile así como la significación del cambio de presidente en el mes de marzo.
Se señala que Pinochet es el símbolo de las profundas divisiones que afectan a la sociedad chilena. Por
una parte con su presencia se reviven las fuerzas sociales, económicas, religiosas, políticas y militares
que se sienten herederas de la dictadura que él representa y por otra, las fuerzas sociales, económicas y
políticas que desde 1990 están transformando el país en una sociedad dispuesta a recuperar sus
libertades para vivir en democracia.
La crisis desatada por el arresto de Pinochet en Londres fue superada, en primer término, por la defensa
que hizo el gobierno chileno de la "soberanía nacional" y que fue el puente que unió los territorios
enemigos de la derecha política apoyada por las Fuerzas Armadas y del gobierno. Sin embargo, la
invocación a la soberanía abrió a su vez la posibilidad política de juzgar a Pinochet en Chile, con leyes
chilenas, cosa que hasta entonces era bastante remota. El tema de la soberanía nacional ha quedado
atrás y el proceso judicial se ha iniciado. En segundo término, incidió en la superación de la crisis del
arresto, el volumen de inversiones españolas en Chile, empresas en su mayoría relacionadas
comercialmente con las cúpulas económicas del país. De modo que la derecha se vió obligada a
sostener un doble juego: apoyando oficialmente a Pinochet y manteniendo privadamente buenas
relaciones comerciales con los inversionistas españoles y europeos.
Se presenta información respecto de los principales asesinatos y atentados cometidos en el país y en el
extranjero a objeto de evitar a cualquier precio la unificación de destacados chilenos en el exilio y se
señala que la detención de Pinochet en Londres y su ausencia del país dejó a la justicia con las manos
más libres abriendo la posibilidad de reparar el daño que causó a la sociedad chilena el haber vivido casi
dos décadas bajo un régimen que no respetó los derechos civiles.
No obstante, a pesar de que se estima que una eventual condena a Pinochet desataría una crisis
institucional en Chile, los jueces chilenos saben que, a mediano y largo plazo llevar a Pinochet a
los Tribunales es necesario para redemocratizar al país.
Se examina el contexto previo a las elecciones presidenciales de diciembre de 1999, analizando -entre
otros- el significado del distanciamiento estratégico de la figura de Pinochet en la campaña electoral de la
derecha; los componentes políticos de la concertación y la postura de la izquierda chilena.
Se revisan las características del nuevo gobierno y la recuperación de algunos símbolos y gestos de
apertura popular que demuestran el sello personal del presidente Ricardo Lagos, así como se sostiene
que se están reeditando formas de convivencia nacional que ligan a Chile a su historia democrática y
republicana.
EMPLEO–UNIÓN EUROPEA
Ramírez, Miguel Ángel. Unión Europea: las revueltas del empleo. Comercio Exterior (México D.F.),
N° 5, mayo 2000. p. 432–439.
Los cambios demográficos de los países de la Unión Europea tendrán importantes repercusiones en el
tamaño y en la composición de su fuerza laboral durante las primeras décadas del siglo XXI. Con el
advenimiento de la neutralidad demográfica, las economías europeas dejarán atrás años de creciente
desempleo para ingresar a una fase de escasez relativa de mano de obra.
Se señala que Europa envejece inexorablemente, y algunas proyecciones indican que de 1995 al
2010 la proporción que representan las personas de más de 65 años en la población total crecerá
20%. Esta tendencia se acelerará a partir de la segunda década del siglo XXI y se calcula que en el 2025
ese grupo lo integrarán 85 millones de personas, alrededor de 22.5% de la población total.
Ante ese proceso los mercados laborales transitarán en breve por tres etapas: envejecimiento,
estancamiento y declinación. La primera se refiere al incremento de la edad promedio de la población
económicamente activa (PEA). Las tendencias apuntan a que desde el 2007 los trabajadores de mayor
edad (de 55 a 65 años) excederán al grupo de personas de 15 a 25 años. En la etapa de estancamiento,
el aumento de la PEA se detendrá porque los trabajadores de nuevo ingreso sólo reemplazarán a los
que se jubilen. Finalmente, se llegará a un punto en que los retiros del mercado laboral sobrepasarán a
las incorporaciones y la PEA ingresará en la fase de declinación.
Se estima que las tendencias demográficas recientes entrañan un enorme reto social para la Unión
Europea. En términos generales se deberán sustituir las estrategias gubernamentales de abatimiento del
desempleo por "un nuevo enfoque basado en la calificación y el manejo de la oferta de mano de obra".
Ante la declinación de la fuerza laboral, los gobiernos tendrán que desarrollar políticas para activar una
mayor proporción de los trabajadores potenciales. Tales políticas deberán favorecer: a)la mayor
participación femenina en el mercado laboral; b)la permanencia de los trabajadores después de la edad

promedio de retiro; c)la reinserción de los desempleados, y d)la inmigración y movilidad de la fuerza
laboral. El aprovechamiento de cada una de esas fuentes alternativas de mano de obra exige cambios
radicales en la estructura actual de los mercados laborales. Entre ellos figura la modificación de
contratos de trabajo y las formas de reclutamiento, así como la extensión de las jornadas de trabajo y el
fortalecimiento de los sistemas de capacitación.
Se analizan las transformaciones más visibles que experimentará el mercado laboral europeo, y las
posibles brechas entre la fuerza de trabajo disponible y los perfiles requeridos por las empresas más
dinámicas.
Los próximos diez años constituyen una ventana de oportunidades para emprender una gran
transformación en las estructuras sociales y en los sistemas de educación y capacitación, que
pueda generar los recursos humanos necesarios en la nueva era de intenso cambio tecnológico.
De lo contrario, la gran paradoja de escasez de mano de obra en ciertos sectores y un desempleo
endémico en otros ámbitos echará raíces en el territorio europeo.
EXPORTACIÓN DE FRUTA-GLOBALIZACIÓN-AMÉRICA LATINA-CHILE
Murray, Warwick E. La globalización de la fruta, los cambios locales y el desigual desarrollo rural
en América Latina: Un análisis crítico del complejo de exportación de fruta chilena. Revista eure
(Santiago, Chile) Vol. XXV, N° 75, septiembre 1999, p. 77-102.
Se revisan los problemas que enfrenta Chile como el mayor exportador de fruta no tradicional en el
Hemisferio Sur, y se plantea que el contacto con las fuerzas globales ha inducido un rápido cambio a
escala local y nacional, mediado por empresas frutícolas en gran parte multinacionales, que han alterado
fundamentalmente la naturaleza de las relaciones sociales y económicas de la producción en el campo
chileno. Se intenta ilustrar cómo el neoliberalismo ha llevado a un desarrollo rural desigual en el país, y lo
útil que pueden ser la intervención y regulación del Estado para contribuir a aliviar tensiones.
A pesar de que algunos comentaristas celebran el auge del neoliberalismo y la orientación hacia el
exterior en los sectores rurales chilenos, se afirma que tales reflexiones no expresan la gama de las
tensiones sociales, económicas, y ambientales que han evolucionado debido al crecimiento de las
exportaciones de fruta no tradicional. Dichas tensiones siguen exacerbando las desigualdades
espaciales y sociales, aumentando la dependencia de fuerzas determinadas más bien desde el exterior,
teniendo, a largo plazo el potencial de debilitar la sustentabilidad de los complejos de exportación de
fruta locales y, tal vez, nacionales.
Se señala que la globalización de la agricultura ofrece potenciales beneficios a los países
latinoamericanos que no pueden ser despreciados. Sin embargo, el optimizar estas oportunidades está
supeditado a la maximización de la equidad y de la capacidad de sustentabilidad a largo plazo. Tal
proceso de optimización requiere mirar más allá del neoliberalismo y necesita un viraje paradigmático
que amplíe el concepto de desarrollo general como también rural.
Se resumen brevemente algunas ideas sobre la naturaleza del complejo agrícola global en general, se
esboza la naturaleza del complejo de la globalización de la fruta fresca, y se analizan sus repercusiones
en el cambio en el Chile rural.
Se indica que la globalización de la agricultura y, en particular, de la fruta, se está ampliando y
profundizando, formando y conectando un despliegue de macroeconomías, regiones y localidades. Los
beneficios de tales cambios, al menos a una macroescala, pueden ser muy significativos. Sin embargo,
la globalización es desigual y contradictoria. A través de la creación de una red interconectada,
esta globalización margina a aquellos lugares y grupos que no participan en el proceso. Entre
aquellas entidades que sí participan, la distribución de los beneficios no es equitativa debido a las
asimetrías subyacentes en el poder global.
Se estima que el rol del Estado regulador o de la sociedad civil puede, en teoría, reducir y quizás
‘optimizar’ el impacto del cambio global. En la realidad contemporánea de Chile y América Latina, sin
embargo, el sistema opera de manera diferente. En última instancia, el consenso neoliberal que está
impregnando la región debido a una combinación de intereses de una elite local e internacional, impide el
establecimiento de un enfoque alternativo. Con el objeto de atenuar la fuerza del proceso de
globalización de la agricultura en América Latina, es tiempo de explorar y poner en práctica un nuevo
paradigma de desarrollo rural.
FAMILIA–ESPAÑA

Martínez López-Muñiz, José Luis. La familia en la Constitución española. Revista Española de
Derecho Constitucional (Madrid), N° 58, enero-abril 2000, p. 11-43.
Se plantea que la especial importancia de la familia para el interés general, explica su relevancia
constitucional y la amplia atención que le dispensa la Constitución española de 1978. Se señala que los
principios básicos del Derecho de familia se radican en los artículos 32 y 39 de la Constitución y que
existe una estrecha conexión entre la familia del artículo 39 y el matrimonio del artículo 32.
La Constitución contiene ciertos elementos sobre lo que entiende por familia y ese es el modelo de
familia constitucionalmente garantizado:
- La generación, como hecho determinante básico del modelo constitucional de familia.
La simple lectura del artículo 39 permite deducir que la familia está intrínseca y esencialmente
determinada por el hecho de la generación humana y las consiguientes relaciones de paternidad,
maternidad y filiación, a las que expresamente se refiere dicho precepto, que manifiesta, además, una
especial preocupación por los niños, es decir, por las personas menores, dando a entender que la familia
se ocupa o ha de ocuparse muy particularmente de ellos.
- El matrimonio como vínculo fundante esencial de la familia constitucionalmente protegida y de la
prolongación o ampliación de los vínculos familiares.
La filiación o la maternidad no familiares o extrafamiliares cuya protección integral exige la Constitución
como algo distinto de la protección de la familia, se traducen explícitamente en las producidas fuera del
matrimonio. El matrimonio o la ausencia de él determina la existencia o no de la familia constitucional, sin
perjuicio de que los padres deban ocuparse de los hijos por el hecho de serlo, como parte de la
protección integral que la Constitución obliga a asegurar a los hijos. La referencia al estado civil de las
madres, para decir que deberá dárseles protección integral cualquiera que aquél sea, alude
inequívocamente también al matrimonio, pues en el ordenamiento jurídico español, desde tiempo
inmemorial, éste es el determinante principal del estado civil relevante para la maternidad.
En relación al fundamento y alcance de la protección de la familia, se indica que si se piensa que la
familia se enraiza en el hecho capital de la generación humana y en la necesidad de atención
personal que requiere todo nuevo ser humano hasta llegar a ser adulto, no es difícil situar
precisamente ahí la clave de su carácter tanto natural como fundamental que tiene para el hombre
y el conjunto de la sociedad. El Poder público no puede abdicar de su deber de favorecer en cuanto
pueda a la familia, protegiéndola en la mayor medida posible.
Se analiza el deber constitucional adicional de protección integral de hijos y madres extramatrimoniales y
se señala que la Constitución prohibe un trato desigual de la ley, en general, hacia las personas por
razón de su nacimiento y concretamente por el tipo de su filiación, a la vez que obliga a dar la indicada
"protección integral" también a las madres "cualquiera que sea su estado civil" pero no obliga a tratar
legalmente como familia lo que para la Constitución no es familia.
FUERZAS ARMADAS–LEGISLACION-ARGENTINA
Fabian Sain, Marcelo. Quince años de legislación democrática sobre temas militares y de defensa
(1983-1998. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales ). (Buenos Aires), N°157, abriljunio
2000. p. 121-142.
Se describe la labor del Congreso argentino en el proceso de reformulación de los parámetros de la
defensa nacional. Se analizan las principales normas sancionadas relativas a los crímenes cometidos
durante la represión y a la reformulación de las bases institucionales de la defensa nacional y de la
reestructuración de las Fuerzas Armadas.
La instauración de la democracia en Argentina requirió -entre otros- el desafío de quebrar la autonomía
política castrense y reinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas en el nuevo régimen. Era imperioso
derogar un conjunto de leyes y normas que institucionalizaban y avalaban la imposibilidad de
enjuiciamiento de los uniformados comprometidos con la dictadura.
Se trataba de un proceso de construcción de control civil sobre las Fuerzas Armadas que conllevaba dos
condiciones interdependientes: 1) del lado civil-gubernamental el ejercicio efectivo del mando o gobierno
político-institucional sobre las Fuerzas Armadas y 2) del lado militar, la subordinación efectiva a las
autoridades gubernamentales.
En este contexto, la labor del Congreso Nacional argentino fue decisiva, y desarrolló un papel
determinante en la reformulación del conjunto de normas penales y procesales penales – sea en materia
federal o en materia penal militar- en cuyo marco se llevó a cabo la revisión judicial del pasado y que se
cristalizó en las leyes 23.040, 23.049 y 23.077. El Congreso tuvo también un relevante papel en el
desprocesamiento de la casi totalidad de uniformados enjuiciados por la comisión de crímenes
cometidos durante la represión dictatorial y que se materializó en la sanción de la ley 23.492 de Punto

Final y la ley 23.521 de Obediencia Debida. Casi diez años después de la sanción de estas leyes, el
Congreso las derogó legalmente y lo hizo en el marco de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
Se señala la labor relevante del Parlamento en relación con la reformulación de los parámetros
institucionales de la defensa nacional y a la reinstitucionalización orgánico-funcional de las Fuerzas
Armadas. Se instituyó a las Fuerzas Armadas como el instrumento militar de la defensa nacional y se
establecieron nuevas bases jurídicas, orgánicas y funcionales mediante la ley 23.554. Además, a través
de la ley 24.059 se complementó tal reinstitucionalización determinando con precisión las situaciones en
que tales fuerzas podrían intervenir en asuntos de seguridad interior y las modalidades que dichas
intervenciones debían guardar.
Se sostiene que a quince años de reinstalada la democracia en Argentina, se ha logrado un consenso
básico en torno a las leyes de fondo que regulan los parámetros fundamentales de la defensa nacional,
el rol institucional de las Fuerzas Armadas, la seguridad interior, el servicio militar, la reestructuración de
esas fuerzas, así como también las referidas a las normas penales y procesales penales existentes en
materia federal y penal militar y que las leyes y parámetros institucionales que las sustentan cuentan con
una extendida legitimidad institucional.
GLOBALIZACIÓN–ORDEN MUNDIAL
Sepúlveda Almarza, Alberto. Globalización y orden mundial: un análisis político. Revista
Diplomacia (Santiago, Chile) julio-septiembre 1999, p. 49-56.
Se analiza críticamente el fenómeno de la globalización y sus implicancias, con el propósito de contribuir
al debate contemporáneo respecto a las consecuencias económicas de las tecnologías de la
información, los nuevos centros de poder que están emergiendo y la revisión del papel del Estado como
consecuencia del fin de la Guerra Fría y de la expansión del poder de las empresas privadas en el
mundo.
Se revisan tres aspectos de la escena mundial contemporánea: 1) el desarrollo de las tecnologías de la
información; 2) el perfeccionamiento de los medios de transporte que han acortado el tiempo para
recorrer las distancias y permiten un desplazamiento más barato; 3) la caída del Muro de Berlín, en
1989, que llevó al fin de la Guerra Fría, a la desaparición de la Unión Soviética y a la declinación de
Estados Unidos,lo que implica una situación en la cual no existen países hegemónicos capaces de
imponer un orden mundial.
Se señala que actualmente en el mundo hay dos características principales: a) el incremento de los
elementos de poder de las grandes potencias como consecuencia del desarrollo científico y económico;
y b) la pugna, en el interior de los Estados y en plano internacional, entre aquellos grupos que estiman
que el poder se expresa en términos militares y que lo prioritario debe ser la elaboración y
perfeccionamiento de estrategias y alianzas de seguridad; y la alternativa contraria que señala que los
móviles meramente económicos son los dominantes y, en estas condiciones, los empresarios y
comerciantes deben constituir la elite hegemónica.
En este panorama de vacío político las grandes compañías transnacionales se han expandido por
el planeta sin mayor control por parte de los Estados. El problema que surge con el término
globalización es que confunde una realidad histórica -el fin de la hegemonía Estados Unidos-Unión
Soviética- con una concepción ideológica por la cual los intereses de las empresas transnacionales y del
gran capital privado, pasan a ocupar el lugar que tenían antes los objetivos del Estado.
Se plantean diversos temas de debate, tales como las acepciones de la palabra Estado, las
"privatizaciones", las funciones sociales del sector público, las rivalidades entre Estados, y las funciones
económicas de los gobiernos, entre otras.
Se afirma que hay un enorme desafío intelectual por delante, que debe ser orientado a cómo crear
sistemas políticos estables en sociedades sometidas a súbitos virajes; cómo suavizar las
desigualdades sociales cuando coexiste una mano de obra atomizada y la gigantesca
organización de las transnacionales; cómo construir un Orden Mundial cuando el poder cambia
aceleradamente, cuando el Primer Mundo entra en decadencia y ha sido esta comunidad humana la que
ha generado el Derecho Internacional, la economía global y los conceptos políticos que dan racionalidad
a la vida de relación en el planeta.
Hoy, sólo algo aparece claro, y es que paradójicamente, todo está confuso.
INDULTO-DERECHO PENAL–CHILE

Carrasco Delgado, Sergio. Sobre los indultos particulares en Chile. Revista Chilena de Derecho
(Santiago, Chile), Número Especial,1998, p.143-147.
Se conceptúa el indulto como "la condonación o remisión, en todo o en parte, de la pena impuesta a un
delincuente", y forma parte principal del denominado "derecho de gracia", atribuido generalmente al
gobernante. Los antecedentes históricos de dicho derecho, y en particular del indulto, son remotos.
Practicado ya en Grecia y en Roma, pasa casi sin excepciones a las monarquías y después a los textos
fundamentales y legales.
En Chile, el indulto es siempre una auténtica causal de extinción de la responsabilidad penal, pues opera
tan solo cuando la existencia de esta ha sido establecida legalmente. Si se concede a uno o más
delincuentes, se trata de un "indulto particular", y si se concede a todos los que se encuentren en
determinada situación se trata de un indulto general. Entre sus fundamentos se encuentran los de
atemperar el excesivo rigor de las penas inicialmente impuestas, o de contribuir a evitar situaciones de
duda o injusticia.
Se revisa el indulto particular y la radicación de esa facultad, en los diversos textos constitucionales
chilenos desde el Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile de octubre de 1918, hasta
la Constitución Política de la República de Chile de septiembre de 1980.
En la actualidad, además de las normas constitucionales ya señaladas, es pertinente al tema la Ley N°
18.050 publicada en noviembre de 1981, la cual fija normas generales para conceder indultos
particulares. Ella establece que para obtener la gracia del indulto es necesario que este se solicite,
pudiendo impetrarse por el condenado solo una vez que se acredite haberse dictado sentencia
ejecutoriada. El Reglamento sobre Indultos, Decreto N° 423 de 22 de enero de 1959, contempla las
normas sobre tramitación de las solicitudes de indulto, consignándose, además, que estas deben
elevarse al Gobierno por estricto orden de presentación.
Se analiza el proyecto de reforma constitucional de 1956 presentado por el Senador Hernán Figueroa, en
el que con mayor intensidad se ha planteado la conveniencia de un cambio respecto del otorgamiento de
indultos particulares.
Lo expuesto sobre la materia por los Presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en cuanto
que, cualquiera sea el delito cometido, no permitirían la aplicación de la pena de muerte, indultando
siempre a el o los autores, conmutándola por la de presidio perpetuo, ha motivado numerosas opiniones
de profesores de derecho.
Se estima que la discusión respecto del tema de la facultad presidencial de otorgar indultos
particulares se ha acentuado en Chile, y que la forma y extensión de su ejercicio ha sido objeto de
constantes críticas que no aparecen suficientemente desvirtuadas.
Tales circunstancias y el valor que crecientemente presentan los derechos fundamentales de la igualdad
ante la ley y ante la justicia, así como la significación que debe tener la independencia del órgano judicial
y lo arcaico de la institución, hacen concluir en la conveniencia de una reforma constitucional que
suprima la indicada facultad de indultar del Presidente de la República, o la regule -en el texto
fundamental- de forma muy profunda.
INTERNET-SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Joyanes Aguilar, Luis. Europa y la sociedad de la información. Política Exterior (Madrid), N°73,
enero-febrero 2000, p.131- 141.
Se analiza el impacto de Internet, como la mayor fuente de información existente, revisando aspectos
derivados de la globalización, de la situación
del comercio electrónico y la sociedad del conocimiento; la política en la era de Internet.
Internet puede transformar los modos de vida y las formas de trabajo, comunicación y comercio de
millones de habitantes y se identifica como un mercado que permite el surgimiento de nuevas
compañías, modelos empresariales y estructuras corporativas. La comunicación a través del comercio
electrónico permite a los consumidores tener acceso a una selección
más amplia de productos y mejores precios, impulsa la competitividad, ahorra costos y potencia la
productividad.
Se estima que el correo electrónico o e-mail,como herramienta de comunicación se está haciendo
imprescindible en las relaciones comerciales,
políticas, diplomáticas y cada vez más en las personales.
La aparición de nuevos soportes también está transformando los hábitos culturales del siglo XXI. Los
modernos medios magnéticos, cintas, discos,
CD-ROM, tienen cada día más relevancia en la cultura. A través de Internet, se puede acceder a
centenares de enciclopedias, tratados de arte, bibliotecas, museos, etc. En el nuevo siglo, se
populizará el libro

electrónico, que está específicamente construido para almacenar y leer libros en cualquier lugar
del mundo.
Por otra parte, pareciera que esta tecnología ahonda la brecha entre los ricos y los pobres (inforricos e
infopobres) por diversas razones: la carencia de infraestructuras, así como los altos precios de la
conexión que dificulta la expansión de Internet. Sin embargo, se espera en el mediano plazo que la
telefonía móvil abarate los costos llegando a todas partes y permitiendo un impacto positivo en la
educación y en el comercio de los países menos desarrollados.
La convergencia entre telefonía fija y móvil y las aplicaciones multimedia requieren velocidad de
transmisión, y ése es el siguiente paso para los
operadores de telefonía móvil. Europa, pionera en el campo de los servicios de alta velocidad espera
lograr velocidades de dos megabites por segundo y
para la industria europea, la convergencia de telefonía móvil con Internet presenta una gran oportunidad,
si se considera a la movilidad no como un
fenómeno tecnológico sino social.
La sociedad del conocimiento avanza a gran velocidad y se sustenta en las siguientes ideas: el
conocimiento es negocio, el negocio del futuro por excelencia es el comercio electrónico; el
comercio electrónico será una realidad total cuando el acceso a Internet y las llamadas locales sean
gratuitas y existan políticas de ayuda para la adquisición de computadoras para las pequeñas y
medianas empresas así como para la familia.
Desde la perspectiva política, la creciente penetración de Internet, la liberalización de las
comunicaciones, la convergencia telefonía móvil/fija y
la cibercultura que traen consigo, impulsarán el funcionamiento de la democracia, la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones que les afecten directamente y mejores relaciones en todos los
niveles. Se afirma que las redes son herramientas de desarrollo y solidaridad que permitirán resolver
muchos de los grandes desequilibrios sociales del planeta.
LIBERTAD DE EXPRESION–PROGRAMAS DE SEXO Y VIOLENCIA–ESTADOS UNIDOS
Sánchez Rodríguez, Antonio Jesús. Libertad de expresión y programación especial en derecho
norteamericano de los medios audiovisuales. (Y notas sobre la última Ley española de Televisión
Sin Fronteras, Ley 22/1999, de 7 de junio). Revista de Administración Pública (Madrid), N°151,
enero-abril 2000. p. 513-532.
Se examinan las normativas sobre libertad de expresión en Estados Unidos con motivo de la reapertura
del debate jurídico-constitucional sobre la programación de sexo y violencia en los medios audiovisuales.
El tema que ha sido estudiado y abordado profusamente por el Derecho norteamericano de las
telecomunicaciones sirve para hacer comentarios respecto de la misma situación en España.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos es la administración encargada de la
defensa y protección del derecho fundamental respecto de los medios audiovisuales. El Tribunal
Supremo norteamericano comparte este protagonismo y no pone demasiados reparos a las decisiones
de la Comisión dejando perfilada su doctrina, basada en que la programación indecente no está
protegida por la Constitución.
Se analiza el alcance del control administrativo sobre los contenidos audiovisuales de sexo y violencia
gratuita que aparecen en la televisión por cable y por satélite, tratando de comprobar 1) si los contenidos
de la programación deben ser regulados pormenorizadamente por el Estado, cumpliendo con los
intereses generales de la población ó 2) si, por el contrario se tiene que dar libertad de elección al
operador de televisión basándose en la libertad de expresión que asiste tanto al operador como al
abonado.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano sobre programación indecente en los medios
audiovisuales se resume en: 1) la programación indecente tiene que ser especialmente destinada a
sistemas de distribución que permitan el filtrado o codificación de las señales, como es el caso del cable
y el satélite y 2) toda restricción de la libertad de expresión ha de apoyarse en una Ley federal. Toda
decisión restrictiva de la libertad de expresión: 1) habrá de responder a una necesidad social evidente; 2)
ha de ser eficaz; 3) no ha de ser desproporcionada en relación con las limitaciones que imponga y 4) ha
de ser proporcional.
Se describen los criterios señalados por el Tribunal Supremo para controlar la programación indecente
relativos a: escasez, persuasión, y protección de los menores.
Se examinan también los alcances de la programación indecente a través de Internet y de las
dificultades jurisdiccionales que plantea su condición de emisión extraterritorial.
En relación a la situación del problema en España, se analizan los contenidos de la Ley 22/1999. Se
concluye que: 1) las limitaciones o restricciones las establecerá la Ley; 2) la Administración velará por su

cumplimiento mediante resoluciones en que se motive el hecho causante de la restricción y la
disposición infringida; y 3) de tal manera que los Tribunales puedan ejercer un control posterior de dichas
resoluciones.
LIBERTAD DE INFORMACIÓN-PROYECTO DE LEY-CHILE
González Pino, Miguel. El Proyecto de Ley sobre Libertad de Información y de Opinión: Estado de
un Debate Estancado. Reflexiones Académicas. Universidad Diego Portales. (Santiago, Chile),
N°12, año 2000. p. 131-156.
Se analiza el proyecto de ley sobre Libertad de Información y de Opinión y Ejercicio del Periodismo,
cuyos propósitos son remover los obstáculos para el ejercicio de la libertad de información y de opinión,
reglamentar el ejercicio del periodismo, que fue declarado profesión universitaria, y agregado al listado
de éstas en la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), y modernizar la legislación para
adecuarla al desarrollo de los medios de comunicación social.
Se señala que el proyecto llegó al Parlamento en condiciones muy desfavorables para su discusión, por
diferencias importantes entre los sectores del gremio periodístico y las empresas propietarias de los
medios
de comunicación. A lo anterior se agregó el factor político ideológico respecto al proceso informativo, la
propiedad de los medios, la preeminencia de la vida privada y honra sobre el derecho de información, el
pluralismo, y los intereses informativos de los parlamentarios. Dicha situación se tradujo en un inusitado
número de indicaciones, muchas de las cuales se transformaron en modificciones al texto.
El proyecto acordado en el Senado pasó en mayo de 1998 a la Cámara de Diputados, pero ya sin contar
con el apoyo e interés del Gobierno, ni de los periodistas, ni de las organizaciones de medios, de tal
manera que su tramitación se encontraba a marzo de 1999, totalmente detenida.
El proyecto consta de cinco Títulos:
Título I: Disposiciones Generales
Título II: De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social
Título III: Del derecho de aclaración y de rectificación
Título IV: De las infracciones y los delitos
Título V. Establece normas sobre responsabilidad y procedimientos.
Se expone el contexto constitucional y legal en que se inserta el proyecto de ley, y se reseña el
contenido del Título I, tal como se encuentra actualmente aprobado en el Senado y que dice relación con
la garantía constitucional que se protege y reglamenta, y que contiene los artículos que han provocado
más polémicas.
Se afirma que el ejercicio del periodismo está abierto sin restricciones. Sin embargo, el proyecto de ley
reserva el título de periodista a los graduados universitarios. Además existen restricciones, como las
derivadas de la exigencia de nacionalidad chilena para ser director de un medio y para representantes de
personas jurídicas propietarias de medios.
Respecto a la adecuación del proyecto a los tratados internacionales, se indica que el proyecto no
plantea, en su forma actual, nuevos problemas de adecuación a las normas internacionales, pero
tampoco soluciona los problemas actualmente vigentes.
En relación a las nuevas tecnologías y la globalización de las comunicaciones, se señala que el tema
está totalmente ausente en este proyecto. Existen numerosos problemas legales en el área de las
comunicaciones y de la información derivadas de este fenómeno, de la existencia de grandes
conglomerados internacionales de manejo de la información y de la recepción directa de informaciones y
opiniones desde el exterior. Una legislación acorde con el estado actual de las comunicaciones debe ser
internacional, abierta a sus distintas formas, esencialmente protectora y no limitante del derecho.
MERCOSUR–POLÍTICA EXTERIOR–CHILE
Vera Castillo,Jorge. Política exterior chilena y Mercosur. Revista Diplomacia (Santiago, Chile)
julio-septiembre 1999, p. 67-81.
Se plantea que el paso y la voluntad política de Chile de establecer la perspectiva de sus relaciones con
el MERCOSUR como prioridad de la Política Exterior en el período 2000-2010, es una apuesta de futuro
de la mayor responsabilidad internacional estatal y societal para el conjunto del país y los conductores de
su Gobierno. Se estima que es una opción política y político-estratégica de la mayor significación
histórica para la inserción regional y subregional, en un contexto multifacético de nuevas esferas de
relacionamiento bilateral y vecinal.

Se analiza un conjunto de antecedentes y contenidos sobre nuevas concepciones de seguridad, medidas
de confianza mutua y recientes vinculaciones de Chile con el MERCOSUR, que permiten postular que la
política exterior chilena debe ser orientada hacia la estructuración de un esquema de seguridad
subregional y vecinal, en el contexto del actual proceso de integración en el Cono Sur de América.
Para adelantar en la elaboración de una propuesta, se sugiere incorporar en la formulación de la Política
Exterior Chilena los siguientes aspectos:
- en lo político-diplomático, la costumbre del principio de la buena vecindad;
- en lo político-estratégico, el ejercicio de las medidas de confianza mutua;
- en lo conductual-cultural, el desarrollo de un nuevo enfoque y mentalidad;
- en lo conceptual-denominativo, la urgencia y el rigor de las nuevas ideas;
- en lo confidencial-inteligente, el trabajo con unas fuentes y medios propios;
- en lo analítico-investigativo, el conocimiento prolijo de otros puntos de vista.
Se desarrollan catorce sugerencias de política para un nuevo Gobierno. En relación a la esfera de la
seguridad y la defensa, se proponen tres iniciativas de institucionalización:
1. Reuniones anuales de los Ministros de Defensa de los Estados Partes y Países Asociados del
MERCOSUR, constituyéndose, a través de este procedimiento, el Consejo de Ministros de defensa del
MERCOSUR.
2. Rondas de conversaciones regulares (con una periodicidad a concordar) entre los Altos Mandos de las
Fuerzas Armadas de los Estados Partes y países asociados del MERCOSUR, tendiendo,
paulatinamente, hacia la formación de un Estado Mayor de Altos Mandos de las Fuerzas Armadas del
MERCOSUR.
3. Encuentros de Comités Binacionales y/o Cuatripartitos Permanentes de Seguridad, instituidos en
estos últimos años, por los Estados Partes y países asociados del MERCOSUR de modo de posibilitar
así, en el futuro, la creación de un Comité Permanente de Seguridad del MERCOSUR.
Se afirma que con esta opción político-estratégica, la Política Exterior Chilena contribuirá a la seguridad
regional de Latinoamérica en su calidad de Estado Miembro de la Organización de los Estados
Americanos, y colaborará fielmente al mantenimiento de la paz y la seguridad global, como miembro de
la Organización de las Naciones Unidas. Se estima que las relaciones de Chile con el MERCOSUR
propenderán a promover la seguridad subregional, con demostraciones de confianza mutua, como una
contribución cardinal para el avance, consolidación y enfoque de su proceso de integración, tendiente a
la creación de una comunidad de valores democráticos y humanistas, coadyuvando al desarrollo
socioeconómico y bienestar de sus países.
MICROEMPRESAS–APOYO FINANCIERO-CHILE
Coloma, Pablo. Chile: El crédito a la microempresa. Mensaje (Santiago, Chile), N°490, julio 2000, p.
54-57.
Se describen las actividades que se realizan en Chile de apoyo a la microempresa, señalando también
las dificultades que enfrentan la instituciones que aportan microcrédito.
Se señala que el objetivo fundamental consiste en dar servicios financieros -crédito y ahorro- a los más
pobres, sobre la base de la confianza en personas que tienen muy poco en lo material, pero mucho en
habilidades, fuerza y deseos de superación. Lo novedoso del sistema es que la superación de una
situación de pobreza se realiza potenciando las propias capacidades y voluntad del individuo y no de un
modo paternalista y poco perdurable.
Se señala que en los ochenta, la crisis económica que vivía el país con altos índices de cesantía originó
el surgimiento de un importante número de pequeñas unidades productivas, actividades que se
agrupaban en la denominada "economía informal" actividades que en la actualidad definen a la
microempresa. Este sector resultaba muy poco atractivo para la actividad financiera pues se trataba de
otorgar créditos muy pequeños, poco rentables y aparentemente riesgosos. Así, el crédito a la
microempresa quedaba en el contexto de las políticas sociales.
A fines de los ochenta surgen instituciones que comienzan a dar crédito a la microempresa haciendo
crecer la actividad en el sector. Se menciona el caso de la Cooperativa Credicoop que fue creada en
1986 como entidad financiera de cáracter cooperativo, con el objetivo de proveer créditos a la
microempresa.
Posteriormente, con la llegada de la democracia, el país dejó de recibir las donaciones internacionales
que a través de los subsidios, servían para sobrellevar las deficiencias y los costos de recuperación de
los créditos otorgados, y desaparecen por consiguiente las pequeñas entidades financieras que
otorgaban crédito a las microempresas.
Se crea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) que pasa a tener un papel protagónico en la
canalización de recursos para el fomento de la microempresa. La nueva entidad otorga subsidios y

también créditos reajustables sin interés a las entidades microfinancieras, a objeto de proveer los fondos
necesarios para su crecimiento.
Se afirma que la participación del FOSIS permitió el ingreso de nuevas entidades bancarias y financieras
que comenzaron a dar crédito a la microempresa, existiendo en la actualidad unas diez entidades no
bancarias (cooperativas, fundaciones, corporaciones o sociedades comerciales) y tres bancos
comerciales que otorgan crédito a la microempresa.
Se analizan algunos riesgos y dificultades, siendo una de ellas el bajo tamaño de los créditos y el riesgo
que es superior al normal, pues una microempresa es una unidad frágil, propensa a desaparecer en
situaciones de crisis o imprevistos. Sin embargo, la superación de estas dificultades requiere de una
política de evaluación y cobranza, de un sistema de administración extremadamente eficiente.
Se sostiene que se debe sacar provecho de estas experiencias y lograr el apoyo financiero para un
número mucho mayor de Microempresas. Para seguir creciendo se requiere de nuevos recursos, nuevas
ideas y voluntades y de la comprensión de lo que se podría llamar una "inversión ética" o "un ahorro con
sentido".
MUJERES-TUNEZ
Hernández, Lourdes. La mujer en Túnez. Una cuestión de Estado. Leviatán (Madrid), N°79,
primavera 2000. p. 53-64.
Se analizan las políticas de promoción de la mujer en Túnez, y se examina el rol desempeñado por el
Estado en la transformación o en el mantenimiento de la situación de las mujeres en este país árabemusulmán,
desde 1956 a la década de los noventa.
A partir de la independencia del país en 1956, se llevan a cabo numerosas reformas sociales, culturales,
políticas, administrativas, judiciales y pedagógicas. Una de las medidas más trascendentes de la
intervención del Estado fue la promulgación del Código de Estatuto Personal (CEP) en el que se definían
los derechos y deberes del hombre y la mujer en asuntos como el matrimonio, el divorcio y el cuidado de
los niños.
Esta ley de la familia pone fin a la poligamia, siendo Túnez el primer país árabe que prohibe
explícitamente esta práctica, instaurando además el divorcio que puede ser solicitado tanto por el
hombre como por la mujer. El Estado interviene en la socialización de los ciudadanos y debilita la
autoridad masculina sobre los miembros femeninos de la familia.
Se señala que en el proceso de transformaciones sociales surgieron programas e instituciones
dedicados específicamente a las mujeres para promover la comprensión hacia los problemas de la mujer
y estimular su participación en la vida nacional. Los programas oficiales estaban dirigidos a cambiar el
estatuto tradicional de las mujeres, particularmente en el ámbito de la educación y la formación
profesional y de su integración al mercado de trabajo.
Sin embargo, hacia finales de los años sesenta, el discurso oficial retoma el papel tradicional de la mujer,
insistiendo en que no debe perder de vista su papel de esposa y madre y en la década de los setenta los
imperativos económicos serán el justificativo de la marcha atrás del derecho de la mujer al trabajo.
Una crisis de valores social y política caracteriza la segunda mitad de los años setenta, crisis que pone
en evidencia el retorno de la religiosidad a la sociedad tunecina. Los islamistas sostienen que la solución
a la crisis que vive Túnez está en el islam y que éste deber ser practicado como una religión que
comprende todo. La mujer ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de la auténtica identidad
musulmana por ser la depositaria y transmisora de la identidad recuperada, de manera que el control
ejercido sobre ella está legitimado.
En oposición a la construcción oficial de "lo femenino", el movimiento feminista pone de manifiesto la
opresión de las mujeres, y solicitan un Estado laico, la separación total entre religión y política y
reducir al islam a la esfera privada.
Los movimientos islamista y femenino tienen una gran influencia en la reconstrucción oficial del género
que se realizará a finales de los años ochenta y principios de los noventa. A partir de 1991 y 92 los
temas de la identidad, los derechos humanos y por ende la cuestión de la mujer adquieren nuevamente
importancia en el discurso oficial.
NIÑOS-DERECHO DE FAMILIA–INGLATERRA
Kemelmajer de Carlucci, Aída. El inestable equilibrio entre el interés superior del niño y el
derecho de defensa en juicio. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal (Buenos Aires), N°9,
1993-1999.(irregular) p. 215-235.

Se reflexiona a la luz de la jurisprudencia británica de la década del noventa, respecto de los procesos
judiciales que implican a menores en los que prevalece el interés superior del niño; y se plantea que el
carácter reservado o secreto de ciertos trámites no implica la eliminación de la elemental garantía
constitucional de la defensa en juicio.
Según la doctrina y la jurisprudencia británica, los instrumentos que mejor sirven al interés superior del
niño son:
a) La celeridad del procedimiento. En ninguna otra rama del Derecho hay que poner tanto énfasis en la
rapidez como en los juicios donde hay niños involucrados.
b) La amplitud de la prueba. En dichos procesos, la decisión que el juez toma no mira al pasado, sino al
futuro; a esto se suma la especial vulnerabilidad de una de las partes, la necesidad de tener en cuenta
las diferentes pautas culturales, lo que exige del juez una especial discreción.
c) El secreto de las actuaciones. Responde a la necesidad de proteger al menor frente a una publicidad
malsana, y a la administración de justicia de invasiones no justificadas en un área extremadamente
sensible.
Se señala que una de las reglas que preside el proceso de menores en Gran Bretaña es el "full and frank
disclosure", es decir, la buena fe procesal impone a las partes el deber de:
- revelar al tribunal, de modo franco o claro todo el material que tienen en sus manos y que sea
necesario para llegar a una decisión;
- dar la posibilidad de que esa prueba sea conocida y controlada por la otra parte.
Sin embargo, el deber de revelar y de abrir a nuevas pruebas tiene sus límites, tales como la
confidencialidad requerida en el trabajo de los asistentes sociales y la dilación indebida de los
procedimientos.
La regla general es compatibilizar y no suprimir derechos o garantías. Para poder ejercer plenamente el
derecho de defensa la parte puede peticionar al tribunal que se le revele el contenido de cierta prueba
que se estima, prima facie, como confidencia.
Entre las reglas relativas a determinados medios de pruebas se revisan: 1.las pruebas de sistemas
televisivos cerrados y de vídeos; 2.las copias de los vídeos; 3.la llamada "prueba del (o por) rumor"; 4.la
obligación legal del testigo de decir la verdad y la posibilidad de que esta declaración lo incrimine; 5.la
disminución del "privilegio" del secreto profesional; 6.la reiteración de prueba y el peligro de la
"victimización"; y 7.los peligros de la prueba pericial.
Se examina la prueba rendida en un proceso de menores para ser incorporada a otro proceso, y se
afirma que los conflictos planteados y sus dificultades muestran qué importante es tener una
magistratura sensible, especialmente preparada para responder a los nuevos requerimientos de los
tiempos, ya que la interpretación y aplicación de la ley, fundamentalmente en este tipo de materia, no
puede desentenderse de las especiales circunstancias de la causa y de las consecuencias futuras de la
decisión.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO-CUMBRE DE SEATTLE
Granell, Francesc. La OMC y la fallida cumbre de Seattle. Política Exterior (Madrid), N° 73, enerofebrero
2000. p. 59-75.
Se analizan los elementos que impidieron en la tercera conferencia ministerial de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), fijar fecha y agenda para la ronda de negociaciones. Se examinan los
ciclos de negociaciones multilaterales comerciales de los últimos decenios, y la posición crítica de las
grandes potencias y la de los países en vías de desarrollo.
En Seattle (Estados Unidos) se celebró a fines de noviembre y primeros días de diciembre de 1999, la
tercera conferencia ministerial de la OMC, en la
que debía fijarse la agenda y calendario de trabajo para una nueva negociación multilateral de comercio
denominada "ronda del milenio", intento que falló debido a la incapacidad de Estados Unidos, Europa y
Japón de llegar a acuerdos sobre los asuntos a tratar en dicha ronda.
A su vez los países en vías de desarrollo protestaron por haber sido marginados y expresaron su
desacuerdo de que la OMC les pudiera imponer normas sociales y laborales que menoscabaran su ya
limitada capacidad competitiva. Paralelo a la conferencia, los organismos no gubernamentales (ONG) y
representantes de la sociedad civil, entre otros, grupos radicales contrarios a la globalización, grupos de
ecologistas y de defensores de los derechos de los trabajadores, hicieron sentir su protesta.
Se señala que, aun cuando los incidentes de Seattle no se consideran un fracaso de la OMC, queda una
lección de advertencia, que la ley de comercio internacional impuesta por unos pocos países ricos
llega a su fin y que en el futuro deberá contar con los países menores y su sociedad civil para los
acuerdos y normas del libre intercambio mundial.

Los intercambios mundiales no han cesado de crecer en los últimos decenios, tanto por la labor
liberalizadora e integradora de diversos organismos internacionales como por las estrategias
globalizadoras de las empresas internacionales y por los avances tecnológicos. Sin embargo, el mandato
de hoy es encontrar los caminos para humanizar el intercambio y la globalización.
Se sostiene que algunas de las estructuras de la OMC deben transformarse, señalando
características de su organización y de los consejos que la componen, así como también se sugiere
una mayor apertura de trabajo con el Comité de Comercio y Medio Ambiente, teniendo en cuenta la
mayor sensibilidad que hoy suscitan las cuestiones ambientales.
Se analizan otras áreas respecto del avance que cabe esperar en relación con el acceso a los mercados,
como los aranceles y otras barreras, la política de competencia en la regulación del comercio
internacional, las distorsiones a la competencia, así como los acuerdos regionales de integración y su
compatibilidad con el sistema de liberalización
internacional.
Se estima que, los avances significativos que pueda hacer la OMC, están condicionados por los
resultados de otros eventos internacionales así como por los sucesos nacionales de Europa y Estados
Unidos.
PROTECCION AMBIENTAL–TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Campusano, Raúl F. Protección al medio ambiente y libertad de comercio. Revista Chilena de
Derecho (Santiago, Chile), número especial, 1998. p. 379-388.
Se sostiene que el aumento significativo de regulaciones internacionales de contenido ambiental origina
una serie de situaciones que conducen a un
conflicto entre libertad de comercio y protección del medio ambiente. No obstante, se postula que es
posible y necesario compatibilizar el valor de protección de la vida humana y el medio ambiente con el
valor de libertad de comercio.
Se señala que debido a la existencia de medidas ambientales estrictas, las empresas de países
industrializados han debido internalizar los costos
ambientales de su producción, lo que redunda en un aumento de los precios en el mercado y las hace
menos competitivas frente a empresas de países con legislaciones ambientales menos estrictas. A su
vez, los países industrializados ejercen presiones a los países no desarrollados para que adopten
regulaciones más exigentes.
En negociaciones multilaterales de comercio de la Ronda de Uruguay, se ha manifestado que "no
debiera haber y no necesita haber ninguna contradicción de políticas entre la mantención y salvaguarda
de un sistema multilateral de comercio abierto, no discriminatorio y equitativo, por una parte, y actuar
para la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sustentable por la otra".
De la misma manera, el principio de no discriminación fue manifestado en la Agenda 21 haciendo
referencia a "la necesidad de tener debidamente en cuenta la vinculación entre los acuerdos ambientales
internacionales y las normas comerciales internacionales".
Se analiza el tema del uso de medidas comerciales desde la perspectiva de los valores ambientales en
diversos tratados internacionales ambientales multilaterales. Se examinan los acuerdos relativos a: la
protección de la vida salvaje; protección de Estados importadores de substancias peligrosas. Protección
de los bienes comunes a toda la humanidad. Se afirma que el uso de sanciones comerciales para
implementar obligaciones ambientales internacionales levanta el tema de posibles conflictos entre las
obligaciones emanadas de acuerdos internacionales ambientales y aquellas emanadas de acuerdos de
libre comercio.
Se revisan los principios de organizaciones y Acuerdos internacionales sobre aranceles y comercio de la
OMC, GATT, NAFTA y del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC.
Se reseña el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de
Chile, que tiene por objetivos apoyar las metas y objetivos ambientales del Tratado de Libre Comercio
entre Chile y Canadá, como también evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras al comercio.
Este convenio ha provocado la revisión de toda la normativa chilena de contenido ambiental y en
particular la legislación ambiental aplicable a la minería. El Gobierno chileno está llevando a cabo un
catastro y análisis de la legislación ambiental existente en Chile, entendiendo esta tarea como un primer
paso ordenador para el establecimiento de bases para legislar en otras materias específicas.
RACISMO Y XENOFOBIA–ULTRADERECHA–EUROPA

Pizarro Mackay, Sergio. Racismo, Xenofobia y Ultraderecha en Europa. Diplomacia (Santiago,
Chile), N°82, enero-marzo 2000, p. 77-87.
Se plantea que el fenómeno del racismo y la xenofobia, estimulados en varios países por la acción de
formaciones de extrema derecha, ensombrece el futuro de Europa, implica una violación grave a los
derechos fundamentales de una gran masa de ciudadanos y atenta contra los principales valores de una
sociedad democrática.
En su acepción más corriente, racismo se usa para designar "la teoría de la jerarquía de las razas,
fundada sobre la creencia de que el estado social de los individuos depende de caracteres raciales y
sobre el imperativo de preservar la pureza de la raza superior por vía de impedir el cruce o amalgama
con otras razas, subordinando o eliminando a las razas inferiores".
Se señala que en 1997 se realizó una encuesta de opinión pública sobre la base de una opinión
subjetiva del racismo. Los resultados reflejan la extensión de la opinión racista en Europa: un tercio de
los europeos se declara "muy o bastante racista" y, entre ellos, 9% se proclaman "muy racistas". Entre
los que superan la media europea de "muy racistas" se encuentran los belgas (22%),los franceses (16%)
y los austríacos (14%).
Por su parte, el antisemitismo, ondea siempre en las banderas escondidas de los movimientos
extremistas de ultraderecha europea. Dicho fenómeno ha aparecido bajo tres formas en distintas épocas
de la historia:
- El antisemitismo cristiano de diferenciación que lamenta que los judíos no hayan reconocido todavía al
Mesías;
- El antisemitismo cristiano del resentimiento, basado en la tesis del "complot judío" y del "pueblo
deicida";
- El antisemitismo esencialista, que confunde al "judío de religión" con el "judío de sangre".
Para muchos autores católicos, los judíos no constituyen una raza en el sentido biológico del término,
sino "una raza histórico-cultural". No obstante, pululan los grupúsculos neonazis, como el GRECE en
Francia, la Liga Nórdica, la World Anticommunist League (WACL), la Deutsche Volksunion.
Se afirma que estrechamente entrelazado con el problema del racismo y sus consecuencias, se
encuentra el de la xenofobia, que se dirige fundamentalmente contra los inmigrantes extracomunitarios.
En Europa existen políticas de expulsión abiertamente apoyadas por los partidos de extrema
derecha.
El renacimiento explícito de movimientos y de comportamientos racistas, de Brest a Vladivostok, cuyo
paroxismo se encarna en la purificación étnica serbia o en la tragedia ruandesa, requiere
imperativamente una reacción intransigente del conjunto de la sociedad democrática. En tal sentido,
conviene examinar la aplicabilidad inmediata de la Convención Internacional que reprime la
discriminación racial y la condena de los partidos políticos que no respetan la Convención
Europea de los Derechos Humanos.
Se analiza la Convención de Dublin sobre el derecho de asilo; y se examina el fenómeno del racismo
español en relación a la aceptación e integración social de los gitanos, y también el progresivo "racismo
ideológico" que consiste en la exclusión de la población que no domina el idioma local (euskera o
catalán).
SALUD PUBLICA–TRABAJADORES-CHILE
Montoya Aguilar, Carlos. El trabajo en el sector público de salud: condiciones, carrera funcionaria
y formas de compensación. Cuadernos Médico Sociales (Santiago, Chile), N° 2, 1999. p. 67-76.
Se presentan y analizan diversos componentes para el perfeccionamiento del sistema nacional de salud
en Chile, que comprenden: la planificación del personal; la carrera funcionaria y la dotación de personal;
los requisitos y responsabilidades; las motivaciones;
los niveles de satisfacción; las remuneraciones; y la necesidad de investigación científica del personal de
salud.
La planificación procura equilibrar la demanda con la oferta de personal, tanto en calidad como en
cantidad. La demanda proviene del sector salud que define los recursos requeridos para ejecutar un plan
que contemple y satisfaga las necesidades de la población. La oferta se origina en el sistema
educacional, formador del futuro personal del sector.
Determinante en las condiciones de trabajo en un sistema público es la carrera funcionaria, que consiste
en el desarrollo de la persona a través de la ocupación de sucesivos cargos en los que desempeña
funciones de acuerdo a sus capacidades y formación. Como parte de una investigación para conocer la
dotación real de personal, se adjuntan cuadro y esquema que ilustran respectivamente la dotación de
médicos en un hospital general y la secuencia de la carrera funcionaria de médicos y otros especialistas
de la salud.

Respecto de los requisitos y responsabilidades, todo el personal de salud tiene la obligación de conocer
y aplicar el modelo de atención integral, el que incluye entre otros, los principios de integración
biopsicosocial y preventiva-curativa; el trabajo en equipo; la responsabilidad por cada paciente y la
continuidad de la atención. Los factores para que se progrese en el cumplimiento de las
responsabilidades se encuentra en la formación del personal, en el sistema, en los mecanismos
reguladores de la ética y calidad del servicio y en los Colegios de Profesionales y de Técnicos.
Se examinan las motivaciones del personal más importantes, a saber: 1.- Vocación; realización,
satisfacción intelectual; ética.- formación continua. 2.- Motivación social. 3.- Calidad de vida en y fuera
del trabajo. 4.- Subsistema en el que se trabaja y sus características.
Respecto de los niveles de satisfacción, algunos estudios indican que en el ambiente de trabajo se
consignan: falta de participación en las decisiones; pertenencia a alguna organización social;
reconocimiento y recompensas y otros relativos al ocio y descanso; al acoso sexual, usuarios
conflictivos, etc.
En el tema de las remuneraciones se señala que una combinación de criterios debería permitir una
aproximación progresiva, mencionando entre otros: comparación con remuneraciones de otros
sectores públicos, con el subsector privado de salud, con ingresos del mercado, etc.
De las modalidades de pago a las personas, se analizan las ventajas y desventajas de la remuneración
por tiempo, por rendimiento, del pago per cápita, y del bono de desempeño, y se vinculan estas
modalidades con mecanismos de evaluación.
Se afirma que las necesidades de investigación acerca del personal de salud se producen en todas las
instancias anteriores, y que a pesar de la existencia de estudios realizados resulta urgente la formulación
de un plan de investigación en toda el área del personal de la salud de Chile.
TRABAJADORES-NEGOCIACION COLECTIVA
Gernigon, Bernard, Odero, Alberto y Horacio Guido. Principios de la OIT sobre la negociación
colectiva. Revista Internacional del Trabajo (Ginebra), N°1, 2000. p. 37-59.
Se examinan y resumen los principios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre el
derecho de negociación colectiva y se analizan los componentes, sujetos, destinatarios y materias de la
negociación colectiva, tal como surgen de los convenios, recomendaciones y otros instrumentos de la
OIT en la materia y de los principios sentados por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad
Sindical a partir de dichos instrumentos:
a. el derecho de negociación colectiva es un derecho fundamental aceptado por los miembros de la OIT
a incorporarse a la organización, que deben respetar, promover y hacer realidad, de buena fe;
b. la titularidad del derecho de negociación colectiva corresponde a los empleadores y sus
organizaciones por una parte y a las organizaciones de trabajadores por otra;
c. el reconocimiento del derecho de negociación colectiva tiene carácter general tanto en el sector
privado como en el público y sólo puede excluirse de su ejercicio a las fuerzas armadas, a la policía, y a
los funcionarios públicos en la administración del Estado;
d. la negociación colectiva tiene como objeto las condiciones de trabajo y empleo en sentido amplio y la
regulación de las relaciones entre las partes;
e. los acuerdos o convenios colectivos tienen carácter vinculante, deben poder fijar condiciones de
trabajo más favorables que las establecidas por ley y no se debe dar preferencia a los contratos
individuales respecto de los convenios colectivos;
f. el ejercicio del derecho de negociación colectiva exige para ser efectivo que las organizaciones de
trabajadores sean independientes y no estén colocadas bajo el control de un empleador o de una
organización de empleadores, y que el proceso de negociación colectiva se realice sin ingerencia
indebida de las autoridades;
g. es admisible que el sindicato que represente a la mayoría o a un porcentaje elevado de trabajadores
de una unidad de negociación goce de derechos preferenciales o exclusivos de negociación;
h. el principio de buena fe en la negociación colectiva entraña reconocer a las organizaciones
representativas, realizar esfuerzos para llegar a un acuerdo, desarrollar negociaciones verdaderas y
constructivas, evitar retrasos injustificados en la negociación y respetar mutuamente los compromisos
asumidos teniendo en cuenta los resultados de las negociaciones de buena fe;
i. un aspecto fundamental de los principios de libertad sindical es que la negociación colectiva no puede
ser impuesta a las partes;
j. son admisibles la conciliación y la mediación impuestas por la legislación en el marco del proceso de
negociación colectiva si tienen plazos razonables;

k. son contrarias al principio de negociación colectiva las intervenciones de las autoridades legislativas o
administrativas que tienen por efecto anular o alterar el contenido de convenios colectivos libremente
pactados;
l. son admisibles las limitaciones al contenido de negociaciones colectivas futuras, en particular en
materia salarial impuestas por las autoridades en razón de políticas de estabilización económica o de
ajuste estructural requeridas por imperiosos motivos de interés económico.
Se señala que existe un respaldo casi universal a la negociación colectiva que no se debe
solamente a la vigencia de los principios fundamentales que la inspiran, sino que cobra fuerza de
su capacidad de adaptación.
TRABAJADORES–SISTEMA DE PENSIONES-COSTA RICA
Espinoza Esquivel, Juan Rafael. Proyecto de ley de protección al trabajador. Revista
Parlamentaria (Costa Rica), N°2, agosto, 1999. p.141-171.
Se examinan los aspectos básicos que comprende el Proyecto de ley de protección al trabajador,
presentado a la Asamblea Legislativa, por el Gobierno de Costa Rica.
El proyecto que se declara de orden público tiene como objetivos:
a) crear, regular y supervisar los fondos de capitalización laboral propiedad de los trabajadores;
b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en condición de pobreza;
c) Ampliar la cobertura y fortalecer al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de
Seguro Social como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores;
d) Autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de los Regímenes de Pensiones Complementarias
públicos y privados que brinden protección para los casos de invalidez, vejez y muerte;
e) Supervisar a los entes participantes en la recaudación y administración de los diferentes programas de
pensiones que constituyen el Sistema Nacional de Pensiones, así como a los participantes en la
administración de los Fondos de Capitalización Laboral; y
f) Establecer un sistema de control de la correcta administración de los recursos de los trabajadores, con
el fin de que éstos reciban la pensión conforme a los derechos adquiridos por ellos.
En consecuencia el Proyecto está conformado por cuatro temas centrales: 1.- la transformación de la
cesantía; 2.-el financiamiento adicional para el fortalecimiento del Régimen no contributivo de pensiones;
3.- el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social y de su régimen jubilatorio y 4.- la
creación de un Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.
Se señala que los recursos provenientes de la cesantía y depositados a nombre de los trabajadores en
las cuentas individuales del fondo de capitalización laboral, se sujetan de conformidad con el art. 5, a
principios tales como: ...la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga
legal y otras análogas que, según el Código Laboral, no rompen el contrato de trabajo.
Respecto al fortalecimiento adicional, además de los fondos recaudados a partir de la lotería electrónica,
se explicita como se incrementaría además con los intereses que generen los depósitos judiciales.
Se señala que con las reformas relativas al fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, se
pretende entre otros, asegurar el pago oportuno y total de las contribuciones estatales a la seguridad
social, pues el Estado como tal y como empleador, es el principal deudor de la Caja y causante directo
de muchas deficiencias y dificultades de la institución.
Se afirma que el Proyecto contempla y amplía los controles a las operadoras de pensiones
complementarias, tanto como las sanciones a las infracciones a la normativa en esta materia.
Desde la perspectiva de lograr la transformación radical de la cesantía y la democratización económica e
institucional del país, tanto la negociación colectiva y las convenciones colectivas en las administraciones
públicas y los instrumentos relativos a cesantía y pensiones, creadas por ellas posibilita una nueva e
importante participación de los trabajadores organizados en asuntos tan trascendentales como lo relativo
a pensiones y a su manejo y fiscalización financiera.
UNIÓN EUROPEA-CRISIS SOCIAL
Pizarro McKay, Sergio. La Europa social. Revista Diplomacia (Santiago, Chile), julio-septiembre
1999. p. 37-47.
Se analizan distintos aspectos -origen, efectos, posibles vías de solución, estado de los actores socialesde
la cuestión social tal como se presenta actualmente en los Estados europeos; una crisis que se
estima podría ampliarse cuando se incorporen nuevos socios con sus propios problemas a la Unión
Europea después del año 2000.

Se revisan los problemas sociales que existen desde hace más de 20 años en los países de Europa, y
que contribuyen a cuestionar los principios de la protección social y la evidencia de la función unificadora
del Estado.
El desempleo, que estaría alcanzando a más de 18 millones de ciudadanos en la Unión Europea,
constituiría el desafío económico y social más importante en Europa. Se señala que los sindicatos
reclaman que los gobiernos invierten mucho dinero y energía en la Europa económica y muestran poco
entusiasmo en cuanto a la liberación de recursos para el desarrollo de la Europa social, de no hacer
nada para frenar el "dumping" social y de ocuparse poco de los sistemas fiscales.
Se afirma que ha reaparecido en los países altamente industrializados un fenómeno que el "Estado de
Bienestar" debería haber superado: la cuestión social, que es la consecuencia de la acumulación de
fallas y carencias respecto a todo aquello que construye una sociedad.
Los equilibrios internos de una sociedad se han convertido en condiciones necesarias para el
crecimiento de su economía. No obstante, la economía de mercado crea desequilibrios y fuerzas de
acumulación y de exclusión que amenaza a los equilibrios básicos de la sociedad.
Aunque la cuestión social asume hoy nuevas modalidades, se está produciendo un relativo consenso
entre los actores sociales. Uno de ellos es la necesidad de incrementar recursos y actividades en el
campo de la educación y la formación. La esencia radica en el proceso educativo y en la preparación de
profesionales y técnicos, para enfrentar el actual desfasaje entre tecnología y mano de obra. Sin
embargo, reducir la exclusión social y el desempleo de largo plazo, implicará en cierta medida un
incremento de la desigualdad de ingresos entre empleados calificados y los menos calificados.
Se estima que en Europa, poco a poco, se abre paso el concepto de que el mundo no se reduce a una
serie de mercados por conquistar, por lo que se están cuestionando las concepciones políticas que han
basado su hegemonía en este factor durante el último cuarto de siglo, y han olvidado, incluso en la
teoría, la hipótesis del interés general.
Se afirma que para que las democracias funcionen y no se extienda el alejamiento entre
gobernantes y gobernados, la política debe tener cohesión social y sentido de comunidad, no
solo credibilidad monetaria o macroeconómica. Por ello, éste es un debate político y no meramente
económico.
VIOLENCIA URBANA–AMERICA LATINA
Del Olmo, Rosa. Ciudades duras y violencia urbana. Nueva Sociedad (Caracas), mayo-junio, 2000
N° 167. p.75-85.
Se analiza el fenómeno de la violencia urbana en América Latina, y se examinan los problemas
metodológicos a considerar en su estudio. Se presentan distintas acepciones del término "violencia".
Otros temas que se abordan son, la seguridad ciudadana y el desarrollo de la industria de seguridad
privada.
Se destaca la importancia que tuvo el estudio del tema en los inicios de los 70, y se menciona el Curso
Internacional de Criminología celebrado en 1974 en Venezuela, como un hito histórico en el escenario
criminal de Latinoamérica, al tratar el tema de la violencia desde la perspectiva de la criminología clínica,
que considera tres vertientes: definición del comportamiento violento, tipología del comportamiento
individual y colectivo y el comportamiento violento y la legislación comparada. Sin embargo, la discusión
predominó en torno a cuatro tipos de violencia: estructural, institucional, revolucionaria e individual, que
correspondían a la situación de América Latina en ese momento.
Se afirma que desde entonces han ocurrido situaciones en la región que han repercutido en el enfoque
de la problemática de la violencia y que sitúan nuevamente al tema como una de las principales
preocupaciones de los cientistas sociales en la década de los 90. Por otra parte, el fenómeno de la
violencia cruza múltiples campos interdisciplinarios y áreas de investigación, dando lugar a estudios
fragmentados y apolíticos, impidiendo el desarrollo de una teoría general de la violencia.
Se destaca que en la actualidad la violencia está asociada casi exclusivamente con la criminalidad en su
dimensión individual y con el escenario urbano. Conceptualización pertinente para el caso de América
Latina, que tiene la mayor parte de la población concentrada en las ciudades. Las estadísticas
internacionales corroboran el hecho al mostrar un aumento cuantitativo y una transformación cualitativa
del fenómeno en las grandes ciudades latinoamericanas.
La violencia urbana constituye el principal problema y la primera causa de muerte en la ciudad
contemporánea. Al examinar las causas que configuran el problema especialmente a partir de los 80, se
mencionan el creciente desempleo, las migraciones internas en América Latina, el incremento de la
economía informal, el creciente deterioro de los servicios públicos, la corrupción, el narcotráfico y la
impunidad.

Al estudiar los hechos de violencia, algunos especialistas introducen una serie de recursos teóricos
intermedios entre la acción y la estructura social como son los conceptos de "hechos de violencia,
escenarios y campos sociales".
Se analiza la dimensión subjetiva de la inseguridad ciudadana y la complejidad de su definición. Se
señalan los diversos aspectos y repercusiones que conlleva el miedo a la delincuencia.
El incremento real de la violencia urbana ha originado el surgimiento de la seguridad privada. Se
examina el rol de las empresas de seguridad privada y sus repercusiones en la gobernabilidad
democrática y se plantean interrogantes en aspectos tales como el significado del fenómeno en el papel
del Estado, el derecho a la seguridad, la seguridad de los pobres, y otros.
VIOLENCIA Y DEMOCRACIA–AMERICA LATINA
Cruz, José Miguel. Violencia, democracia y cultura política. Nueva Sociedad (Caracas), mayo-junio
2000 N°167. p. 133- 146.
Se examina la violencia que afecta a las sociedades latinoamericanas, como fenómeno que no sólo
atenta contra la integridad física de sus ciudadanos, sino que transforma la cultura política e incide
también en el desarrollo económico y en los procesos de democratización de los países.
Se señala que en la actualidad, la violencia en los países latinoamericanos depende más de las
interacciones sociales que ocurren en las calles, las escuelas y los hogares que a motivaciones políticas.
Con la excepción de los focos políticos de Colombia y México, la violencia se encuentra en el crimen
común y corriente, en las expresiones de violencia intrafamiliar, en los grupos de narcotraficantes,
bandas de crimen organizado y traficantes de migrantes.
Se afirma que la inseguridad generada por la violencia no sólo se relaciona con la violencia misma, sino,
con la percepción que se tiene de ella. Este clima de inseguridad se extiende por el enfásis que los
medios de comunicación le otorgan al problema y por el uso político del mismo.
Se acompañan estadísticas que muestran los porcentajes en América Latina por país de las víctimas de
homicidios, robo y asalto. Se sostiene que los altos niveles de inseguridad ciudadana, usualmente
basados en elevados índices de criminalidad, no sólo representan un inconveniente para el desarrollo
económico de un país, o para la salud de los ciudadanos, sino también implican un problema para la
estabilidad política.
La democracia o un régimen basado en el respeto a los derechos de las personas, las libertades civiles y
elecciones libres, precisa además que las instituciones de coerción social, el Ejército y la policía, estén
bajo el control de funcionarios fiscalizables y removibles. Pero además, la democracia requiere de una
cultura política, tanto de las élites como de la ciudadanía en general que apoye y dé legitimidad al
sistema de conducción política.
Los elevados niveles de violencia impiden o han impedido el desarrollo de la cultura política democrática
y, más bien, estarían fortaleciendo una cultura política antidemocrática y autoritaria, cuyos efectos
comprenden cuatro aspectos estrechamente vinculados: a) una reducción de los espacios públicos de
participación ciudadana; b) actitudes autoritarias que postergan el respeto por las libertades civiles y los
derechos humanos, en un afán por privilegiar el orden; erosión de la confianza en las instituciones
políticas del país; y d) simpatías a favor de liderazgos o regímenes de corte autoritario.
En el contexto de la cultura política, ciertos sectores de la población pueden derivar en el apoyo
hacia lideres de tipo autoritario, estimulando la mano dura frente a la delincuencia, sistemas de
vigilancia social efectiva y otras medidas. Se sostiene que el respaldo a estas opciones puede
significar que los ciudadanos terminen apoyando grupos que destruyen la democracia e
instauran regímenes totalitarios.
A pesar que la población estima que finalizadas las guerras civiles, las dictaduras militares y la mayor
parte de los movimientos revolucionarios, la violencia es cosa del pasado, América Latina sigue siendo
una región vulnerable, donde el fantasma del autoritarismo sigue rondándola, encarnado en la violencia.