DICTAMEN Nº 68 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

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los que se carecía para adquirir tales derechos; y en cuanto a la causa de anulabilidad invocada
subsidiariamente, sin que se aluda al precepto concreto de la Ley de Contratos que ha de
entenderse infringido, repercuten obviamente en la validez del procedimiento seguido, por
producir una clara indefensión a la empresa interesada.
La existencia de estos vicios, en cuanto afectan de forma directa al principio de contradicción que
ha de inspirar el procedimiento administrativo, debieran determinar la devolución del expediente
al órgano consultante para que remediase las carencias descritas, sin formular un
pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión consultada. No obstante, dado el carácter obstativo
al ejercicio de la potestad revisora que tiene el dictamen de este Consejo en el supuesto de no
apreciar en el acto la causa de nulidad invocada, tal devolución supondría una demora
injustificada en la adopción de una resolución que, de no apreciarse tal causa, no podría acordar
válidamente la revisión.
La propuesta de resolución que formula el Ayuntamiento, parece vincular el concepto de
requisitos esenciales a la ausencia de licitación pública señalando al efecto que la prolongación
del contrato, de manera unilateral, hasta noviembre del año 2007, vulnera "los principios de
publicidad y libre concurrencia, esenciales en la contratación administrativa", pero aun cuando
se pudiera llegar a la conclusión de que la modificación del contrato efectuada por la
Corporación exige una nueva licitación pública, no resulta adecuado encuadrar esta omisión en
el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por cuanto la carencia de requisitos
esenciales a que alude hay que entenderlos referidos bien a las condiciones del sujeto o del objeto
sobre el que recaiga la actividad, y no a la ausencia de un trámite esencial en el procedimiento
concreto de adquisición de dichos derechos, que resultaría más bien encuadrable en el artículo
62.1.e) de la misma Ley, al establecer la nulidad de los actos administrativos dictados
"prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
El denominado ius variandi o poder de modificación unilateral de los contratos se configura como
una excepción a uno de los presupuestos básicos del instituto contractual como es el de contractus
lex inter partes, y constituye una de las principales modulaciones del contrato en el que es parte la
Administración. Tal prerrogativa no surge del contrato mismo, sino del ejercicio de potestades
administrativas que se mueven en un plano superior al que es propio de actividad contractual, de
ahí que su justificación haya que buscarla en la relación inmediata del contrato con las
necesidades públicas que está llamado a satisfacer; desde este punto de vista, el ejercicio del ius
variandi por la Administración exige que se mantenga el equilibrio contractual, y está sometido en
su ejercicio a límites concretos y determinados de orden formal y material.
La modificación del contrato tiene que ser adecuada y proporcional a la causa que lo motiva,
habrá que justificar, por tanto, no sólo la concurrencia de tal causa, sino también de qué manera
la modificación acordada satisface la necesidad nueva; la modificación por tanto, no puede ser
arbitraria, ni alterar la naturaleza misma del objeto del contrato, puesto que de ser así el poder de
modificación podría producir un contrato nuevo.
La modificación unilateral del contrato al prolongar desmesuradamente su duración,
estableciendo un plazo fijo y no sujeto a prórroga alguna, supone una novación indiscriminada
del contenido de los pliegos que sirven de base a la contratación y a los cuales se encuentra
supeditada, lo cual hubiera exigido una nueva contratación por parte de la Corporación, llevada a
cabo con todas las formalidades necesarias y respetando en todo caso los principios de libertad y
libre concurrencia que inspiran la contratación pública. En la medida en que esa nueva
contratación no se ha llevado a cabo, podría apreciarse igualmente en el acuerdo de fecha 24 de
abril de 1995 la causa de nulidad de pleno derecho que establece el artículo 62.1.e) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
CONSIDERACIONES