DICTAMEN Nº 68 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

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concretos y determinados, de orden formal y material.
En concreto y por lo que respecta al orden formal, la modificación exige la incoación de un
expediente contradictorio en el que se justifique debidamente la razón de interés público que
conduce a la modificación, y es precisamente en este punto donde pudiera detectarse un vicio
esencial que afecta a la modificación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Añover de Tajo.
En efecto, el Reglamento General de Contratación del Estado, (norma que resulta aplicable en el
presente supuesto en tanto que la adjudicación y formalización del contrato tuvo lugar en los años
1992 y 1993 respectivamente), dispone en su artículo 136 los requisitos necesarios para tramitar
"cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de un
contrato de obras por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de
modificar las condiciones contractuales", -requisitos que hay que entender igualmente aplicables
al contrato de gestión de servicios públicos en virtud de lo establecido en el artículo 208 del mismo
texto legal-, estableciendo al efecto la exigencia de tramitar un expediente contradictorio, que
comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes:
"1ª. Propuesta del facultativo director de las obras o petición del contratista.
2ª. Audiencia del contratista o informe del citado facultativo, a evacuar en ambos casos en un
plazo de quince días.
3ª. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General del Estado, a evacuar
en el mismo plazo anterior.
4ª. Resolución del órgano o autoridad que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación
al contratista".
En el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Añover de Tajo, no consta que se haya
practicado ninguna de las actuaciones referenciadas en relación con la modificación del contrato,
ni siquiera la propia audiencia del contratista, pues aun cuando en el acuerdo objeto de revisión
la Corporación dispuso "exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento dicha
modificación durante un plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de inserción del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo", dicho trámite no fue llevado a efecto
según reconoce la propia Corporación en el oficio enviado al Consejo Consultivo remitiendo la
documentación complementaria que éste había solicitado previamente.
La ausencia de la más mínima tramitación en la modificación del contrato que llevó a cabo la
Corporación mediante acuerdo de 24 de abril de 1995, y en especial del previo trámite de
audiencia al contratista, podría conducir a apreciar en el mismo la causa de nulidad de pleno
derecho que establece el artículo 62.1.e) de la ley 30/1992, al haberse dictado prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido; así vienen a establecerlo, entre otras
muchas, la Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1988 (R.J. Aranzadi, 1691), de 21
de abril de 1994 (R.J. Aranzadi 3382) y de 15 de junio de 1994 (R.J. Aranzadi 4600).
VI
Según se ha indicado anteriormente, el ejercicio del ius variandi se halla sometido en su ejercicio
a ciertos límites de carácter material, límites que derivan de las exigencias que el interés público
impone a la contratación administrativa. El interés público actúa pues, simultáneamente como
fundamento de esa potestad y como límite de la misma, tanto en garantía del contratista, como de
los demás interesados. Se trata de evitar con ello, que mediante la modificación del contrato se
defrauden las normas sobre pública concurrencia y así lo ha declarado reiteradamente el Consejo
de Estado en sus dictámenes: "El carácter limitativo del ius variandi tiene como finalidad evitar la