DICTAMEN Nº 68 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

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Públicas, la emisión del preceptivo dictamen por parte de este Consejo Consultivo, conceder un
plazo de veinte días hábiles a fin de que los interesados presentasen cuantas alegaciones
estimasen convenientes y dar audiencia a la empresa concesionaria, igualmente al objeto de que
presentase las alegaciones que considerase oportunas.
Atribuyendo el artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las acciones
administrativas y judiciales al Pleno de los Ayuntamientos debe admitirse que el procedimiento ha
sido iniciado por el órgano competente.
Por lo que respecta al trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, como ya ha quedado dicho, el Ayuntamiento de Añover de Tajo acordó el 10 de julio
de 1997 "dar audiencia a la empresa concesionaria", haciendo ésta uso de tal derecho mediante
escrito de fecha 29 de julio de 1997 en el que impugnaba, basándose en los razonamientos que
estimó oportunos, el acuerdo adoptado por el Pleno el 10 de julio de 1997 por el que se decidía
iniciar el expediente de revisión de oficio del acuerdo adoptado el día 24 de abril de 1995. Dicho
trámite ha sido concedido a la interesada antes de redactar la correspondiente propuesta de
resolución por lo que el Ayuntamiento ha tenido ocasión de incorporar a ésta los extremos que,
contenidos en las alegaciones de aquélla, haya estimado oportunos.
De las alegaciones efectuadas por la empresa interesada, en su escrito de fecha 29 de julio de
1997, se desprende que el Ayuntamiento le dio traslado, para cumplir con el trámite de audiencia,
del acuerdo plenario adoptado el 10 de julio de 1997, cuyo texto ya ha quedado reproducido en los
antecedentes, sin que especificara ni concretara, en cuanto a la causa de nulidad alegada, qué
facultades o derechos pudiera haber adquirido la citada empresa a raíz del citado acuerdo que se
pretende revisar y cuáles eran los requisitos esenciales de los que se carecía para adquirir tales
derechos; y en cuanto a la causa de anulabilidad invocada subsidiariamente, sin que se aludiera
al precepto concreto de la Ley de Contratos que ha de entenderse infringido.
Finalmente, el Pleno de la Corporación municipal de Añover de Tajo, en sesión celebrada el día
18 de agosto de 1997, visto el escrito presentado por P.-A.G.V., en nombre y representación de la
empresa I., S.A., por el que se contestaba a la audiencia efectuada en escrito de 11 de julio de
1997 en relación con el expediente de revisión de oficio del acuerdo plenario celebrado el día 24
de abril de 1995, emitió propuesta de resolución en el mencionado expediente en la que estimaba
que la "Modificación del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que regulan el
contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable al municipio produjo una
alteración del período de 2 años, plazo sobre el cual se contrató inicialmente, para prolongarlo
hasta noviembre del año 2007 de manera unilateral vulnerando los principios de publicidad y
libre concurrencia, esenciales en la contratación administrativa" considerando que dicho acuerdo
era contrario al ordenamiento jurídico al permitir la adquisición de derechos careciendo de los
requisitos esenciales al no haberse realizado la pertinente licitación pública. En la propuesta de
resolución se planteaba igualmente y con carácter subsidiario "la declaración de un supuesto de
anulabilidad contenido en el artículo 63 de la citada Ley 30/1992, señalando la concurrencia del
supuesto de infracción grave de la Ley de Contratos y no haber transcurrido cuatro años desde la
adopción del acuerdo".
Las carencias apuntadas en el trámite de audiencia unidas al hecho de que en la propuesta de
resolución no sólo no se corrigieron sino que tampoco se contestaron las interrogantes que
formulaba la empresa en su escrito de 29 de julio de 1997, repercuten obviamente -como ya ha
señalado este Consejo en su dictamen número 56/1997- en la validez del procedimiento seguido,
por producir una clara indefensión a la empresa interesada.
La existencia de estos vicios, en cuanto afectan de forma directa al principio de contradicción que
ha de inspirar el procedimiento administrativo, debieran determinar la devolución del expediente
al órgano consultante para que remediase las carencias descritas, sin formular un