Tributacion 124.pdf - Fiscal impuestos

TRIBUTACIÓN
CEFGESTIÓN
…/…
5. La competencia para ampliar el plazo de duración
del procedimiento corresponderá al órgano competente
para liquidar mediante acuerdo motivado. En dicho
acuerdo se concretará el período de tiempo por el que
se amplía el plazo, que no podrá exceder de 12 meses.
El acuerdo de ampliación se notificará al obligado
tributario y no será susceptible de recurso o reclamación
económico-administrativa, sin perjuicio de que
se pueda plantear la procedencia o improcedencia de
la ampliación del plazo con ocasión de los recursos
y reclamaciones que, en su caso, puedan interponerse
contra la resolución que finalmente se dicte.»
De la comparación de los supuestos contemplados en una y otra normativa se desprende que
el artículo 184 del Real Decreto 1065/2007 contempla nuevas causas que permiten llevar a cabo la
ampliación del plazo de duración.
Asimismo, en algunos de los supuestos de hecho ya contemplados en el desarrollo reglamentario
anterior, la redacción contenida en el artículo 184 del Real Decreto 1065/2007, no es plenamente
coincidente con la contemplada en el Real Decreto 939/1986, permitiendo las diferencias incluidas
en la redacción del Real Decreto 1065/2007 ampliar el plazo de duración de las actuaciones a situaciones
que, con la anterior normativa, no se podía llevar a cabo.
Otra de las novedades introducidas en el Real Decreto 1065/2007 se refiere al plazo para
poder llevar a cabo la ampliación y ello por cuanto en el Real Decreto 939/1986 el acuerdo del
Inspector-Jefe no podrá dictarse hasta tanto no hayan transcurrido al menos seis meses desde el inicio
de las actuaciones, sin tomar en consideración las interrupciones justificadas ni las dilaciones
imputables al interesado que concurran en la actuación.
Por el contrario, en el Real Decreto 1065/2007 el Inspector Actuario no podrá solicitar la
ampliación de la ampliación del plazo de duración del procedimiento hasta que no hayan transcurrido
al menos seis meses desde su inicio, con la salvedad de que cuando sea el propio órgano de liquidación
(en general, el Inspector-Jefe), no será de aplicación de dicho período de tiempo (6 meses
desde el inicio) y ello se debe a que, en general, antes de transcurrir el citado plazo, ya se hubieran
incoado las actas, ordenándose por el Inspector-Jefe tanto completar las actuaciones como acordar
la ampliación del plazo de duración del procedimiento inspector.
De los datos del enunciado con el Real Decreto 939/1986 el acuerdo del Inspector-Jefe ordenando
la ampliación del plazo no podría dictarse antes del 10 de diciembre de 2007, ya que la interrupción
justificada se produjo con posterioridad a dicha fecha.
De aplicarse el Real Decreto 1065/2007, el Inspector actuario no podrá solicitar la ampliación
antes del 10 de diciembre de 2007, por lo que el acuerdo del Inspector-Jefe será dictado necesariamente
con fecha posterior.
52