Tributacion 124.pdf - Fiscal impuestos

TRIBUTACIÓN
CEFGESTIÓN
re el artículo 155 de esta ley no incluya todos los elementos de la obligación tributaria, cuando la
conformidad del obligado no se refiera a toda la propuesta de regularización, cuando se realice
una comprobación de valor y no sea el objeto único de la regularización y en el resto de supuestos
que estén previstos reglamentariamente.»
Por tanto, las actuaciones de alcance general darán lugar, normalmente, a liquidaciones
definitivas y excepcionalmente a liquidaciones provisionales. Por el contrario, las actuaciones de
alcance parcial darán lugar siempre a liquidaciones provisionales.
De los datos del supuesto se deduce que tanto en relación con la comprobación del Impuesto
sobre Sociedades como respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido y del concepto de Retenciones
a cuenta del Trabajo Personal, habrá de concluirse, en todos los casos, mediante la incoación
de la correspondiente acta, aun cuando tan solo resulta la existencia de deuda tributaria en el
Impuesto sobre Sociedades.
Asimismo, en todos los casos, las liquidaciones tendrán carácter de definitivas, al no darse
ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 101.4 de la LGT.
Otra de las consecuencias que derivan del alcance de las actuaciones es, precisamente, lo
que se denomina «efecto preclusivo» de los actos administrativos, esto es, la imposibilidad de
volver a comprobar nuevamente los elementos tributarios que ya fueron objeto de comprobación
en un procedimiento anterior.
Dicha limitación se encuentra recogida en el artículo 148.3 de la LGT transcrito anteriormente
y en el artículo 190.6 del Real Decreto 1065/2007, a tenor del cual:
«6. Los elementos de la obligación tributaria comprobados e investigados en el curso de
unas actuaciones que hubieran terminado con una liquidación provisional no podrán regularizarse
nuevamente en un procedimiento inspector posterior, salvo que concurra alguna de las circunstancias
a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo y, exclusivamente, en relación con
los elementos de la obligación tributaria afectados por dichas circunstancias.»
Dichos artículos se refieren a liquidaciones de carácter provisional pero evidentemente, en
caso de liquidaciones definitivas, la solución sería la misma y ello por cuanto, una vez dictado el
acto administrativo de liquidación, la Administración, por el principio de seguridad jurídica, no
puede ir en contra de sus propios actos, salvo mediante la utilización de los procedimientos especiales
de revisión y dentro de los límites establecidos legalmente para su utilización.
Por último, hay que tener en cuenta que tanto en una normativa como en otra, el carácter
del alcance inicial de las actuaciones (general o parcial) puede modificarse posteriormente si bien
dicho acuerdo de modificación habrá de hacerse por el Inspector-Jefe, a instancia del Inspector
Actuario que venga desarrollando las actuaciones, el cual deberá, mediante informe, motivar las
razones que aconsejen dicho cambio.
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