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a todo ciudadano usar radio y televisión,
incluso por medio de la compra de
tiempo–aire, para expresar libremente
sus puntos de vista en torno a un proceso
electoral; asimismo, el 20 de septiembre
de 2012, el diputado perredista Fernando
Belaunzarán Méndez, propuso reformas
constitucionales para crear la segunda
vuelta electoral presidencial. El 25 de
septiembre de 2012, el diputado federal
panista, Fernando Rodríguez Doval,
presentó una iniciativa para hacer más
estrictos los requisitos para formar un
partido político y para que conserve el
registro como tal.
Coincidencias y divergencias
En medio de este desparpajo de
proyectos partidistas es importante
resaltar que las propuestas de reforma en
materia electoral y política (del régimen
institucional), tienen en el fondo mucho
más coincidencias que divergencias;
por ejemplo, puede mencionarse que
las propuestas de reforma política
y electoral del PM coinciden en lo
sustancial con la iniciativa de reforma
presentada por el senador del PRD
Miguel Barbosa y Ernesto Cordero
del PAN, específicamente en puntos
Especial
Reformas de la Agenda Ciudadana
En el marco de la reforma política 2012 se aprobó una “Agenda
Ciudadana” para crear, constitucionalmente, aunque sin
reglamentar todavía, las siguientes figuras de participación
ciudadana directa:
Candidaturas Independientes.- Se modificó la fracción II
del Artículo 35 constitucional para añadir, en el marco del
derecho ciudadano de ser votado, la posibilidad de hacerlo
en calidad de candidato independiente:
“II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación”. Indica el texto constitucional. Debe
mencionarse que las condiciones y términos deberán ser
descritos en las reformas a legislaciones secundarias que
están aún pendientes.
Iniciativa Popular.- Se hicieron reformas a la fracción
VII del Artículo 35 constitucional, referente a los derechos
ciudadanos: “VII.- Iniciar leyes en los términos y con los
requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del
Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades
que en esta materia le otorgue la ley”. Y también se modificó
la fracción IV del 71 constitucional, relativa a quienes tienen
derecho a iniciar leyes o decretos, facultad que compete
al Presidente de la República, diputados y senadores del
Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados,
y ahora, según se describe en el nuevo párrafo IV.- “A los
ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al
cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores,
en los términos que señalen las leyes. La ley del Congreso
determinará el trámite que deba darse a las iniciativas”,
señala la Carta Magna.
Para entender mejor, la lista nominal de electores integra
a todo ciudadano que solicita una credencial de elector; en
tanto, el padrón electoral es una lista de los ciudadanos que
concluyeron su trámite de registro y credencialización y, por
lo tanto, están listos para votar en una elección, por lo cual,
la cantidad de ciudadanos puede variar en ambas listas. El
requisito del citado párrafo constitucional requiere el apoyo
de 0.13 por ciento de la lista nominal; en números concretos,
tomando como base un listado aproximado de 80 millones en
lista nominal, entonces se requerirían 104 mil ciudadanos.
Consulta Popular.- Se reformó el párrafo VIII del Artículo
35 constitucional, sobre los derechos ciudadanos, para
agregar el derecho a “Votar en las consultas populares
sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetaran
a lo siguiente: Más adelante se describe que las consultas
serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición
del Presidente de la República o convocadas por el 33 por
ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del
Congreso, o bien, por un grupo de ciudadanos, que deberán
representar el equivalente al dos por ciento de la lista
nominal de electores, lo cual sería verificado por el Instituto
Federal Electoral (IFE), con base en el total de 80 millones
enlistados, según el ejemplo antes citado, sería necesario
el aval de aproximadamente un millón 600 mil ciudadanos;
asimismo, es relevante mencionar que solamente en el caso
de una convocatoria presidencial o de los congresistas, esta
deberá ser aprobada por la mayoría de integrantes de ambas
cámaras del Congreso.
También se definen algunas excepciones, como el hecho
de que no pueden ser objeto de consulta popular eventuales
restricciones a los derechos humanos; la organización
constitucional del país; aspectos electorales, ni tampoco
sobre la disciplina en las fuerzas armadas. Además, se faculta
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para
decidir en torno a la constitucionalidad del tema sometido a
consulta popular.
www.buzos.com.mx 19 de agosto de 2013
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