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Columna
PULSO LEGISLATIVO
Álva ro Ra m í r e z Ve l a s c o
Dudas básicas sobre la reforma energética de EPN
Si de verdad son tan poco redituables y de alto riesgo
económico la exploración, explotación y transformación
del gas, electricidad y petróleo, ¿por qué los capitales
privados, que siempre buscan la eficiencia y son alérgicos a
las pérdidas, ven con tanto interés, ansiedad y pugnan por
su inclusión en las actividades que hoy realizan Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE)?
Si realmente el Estado mexicano
está tan mal en generación de
energías, casi al grado de la quiebra,
¿por qué tendría la iniciativa privada
nacional y extranjera que ver con
tanto interés su participación en
este sector?
Un argumento hace
contrasentido al otro, pero los dos
son parte de la misma explicación
del Gobierno. De ahí que esas sean
las preguntas que saltan de pronto
y que no contesta la propuesta de
reforma energética que presentó
el presidente Enrique Peña Nieto y
que plantea reformas a los artículos
27 y 28 constitucionales.
No se trata de una propuesta radical, como la del Partido
Acción Nacional (PAN), que busca la apertura total, sin
medias tintas, del sector a los capitales privados nacionales
y extranjeros.
Sin embargo, tampoco parece ser la reforma definitiva que
quiere el PRI, sino apenas un acercamiento, el primer paso a
una verdadera privatización de facto.
Visto así es, incluso, una propuesta de punto medio, al
centro ideológico, entre la iniciativa radical e irreflexiva que
ya presentó el PAN y busca el entreguismo absoluto del sector
energético nacional y la postura de los partidos de izquierda,
quienes se niegan a las reformas constitucionales y satanizan
la inversión de capitales privados, sobre todo extranjeros, en
Pemex y CFE.
De ahí que se advierta que no es la reforma definitiva, sino
apenas el primer paso, uno que calculadamente puede tener
éxito en el Congreso de la Unión, en donde la Presidencia
escogió al Senado como cámara de origen para su iniciativa.
Las palabras mágicas que plantea la reforma de Enrique
Peña Nieto son “CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA”,
con los que el Estado mexicano
compartiría los supuestos riesgos
en la inversión, principalmente
para explotación petrolera y de
gas, así como la generación de
electricidad, pero también dividirá
las, eso sí comprobadísimas,
ganancias abundantes y seguras de
este sector. ¿De qué otra manera
podría interesarle al capital privado
su participación en el sector?
La justificación retórica del
Gobierno de la república para
impulsar su reforma energética
está centrada en el supuesto de que
el sector energético se encuentra
en franco declive, porque ya no
produce a precios competitivos ni garantiza el abasto de la
energía que mueve al país.
También aseguran los agoreros del Gobierno peñista
que la inversión que se tiene que hacer en la generación de
energía eléctrica y la explotación y transformación de gas y
petróleo, cada vez es más riesgosa y hay menos posibilidades
de obtener ganancias.
Si, como lo describe el Gobierno priista, el pastel está tan
podrido, ¿por qué estarían interesados los particulares en
obtener una rebanada del mismo?
Las explicaciones del Gobierno no resisten el análisis del
sentido común y el debate apenas comienza.
40 19 de agosto de 2013
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