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corresponden a las condiciones determinadas
por el orden jurídico para la titularidad del derecho
de acción y la consiguiente posibilidad de
plantear una controversia ante los tribunales,
y a ciertas condiciones socioeconómicas que
influyan en la efectividad de la garantía jurisdiccional
de los derechos como son los costos
de un litigio y la desigualdad real de los contendientes
(Sánchez Gil, 2005: 240).
Entre las principales barreras a este derecho
se encuentran el costo de abogados y el de oportunidad
de acudir a la justicia con el grado de
incertidumbre que supone un resultado en varios
años, así como la poca credibilidad que se tiene
en la imparcialidad, efectividad y honestidad
de los jueces.
En este sentido, el desconocimiento de sus
derechos y obligaciones, y de las facultades que
la ley les reconoce a los ciudadanos para realizar
determinados actos en satisfacción de sus
intereses, es uno de los obstáculos culturales
más importantes, junto con el desconocimiento
del derecho como un sistema de convivencia
u orden social.
El mayor de los impedimentos en el ejercicio
del derecho a la justicia es el relativo al
asesoramiento jurídico de aquellas personas
que carecen de recursos económicos suficientes
para conseguir la orientación y asesoría de
un abogado particular. Esto es así ya que el
principal costo en un procedimiento judicial
son los honorarios de los abogados, que aplican
diferentes medios de cobro, por trámite o intervención
procesal, por cada promoción o gestión
judicial, por hora o por simple consulta.
La dificultad de acceso al aparato judicial
se debe principalmente a la discriminación racial,
religiosa o de género. Los casos no siempre
son resueltos conforme a la convicción de que la
lucha contra la discriminación es central para
promover el bien común (Nino, 1992: 445).
Derechos humanos
de las mujeres
Derechos que son parte inalienable, integrante
e indivisible de los derechos humanos universales
contenidos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (cedaw, 1979); la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará, 1979),
y demás instrumentos internacionales en
la materia (lgamvlv, 2007: 50).
Facultades, prerrogativas, intereses y
bienes de carácter cívico, político, económico,
social, cultural, personal e íntimo, adscritos a
la dignidad del ser humano, reconocidos por
los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
Su finalidad es proteger la vida, la
libertad, el acceso a la justicia, la integridad, el
bienestar y la propiedad de cada persona frente
a la autoridad. Los derechos humanos son
universales, inherentes a las personas, integrales
e históricos (inmujeres, 2007: 40).
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