metodologia para el diseño de una planificacion ... - aura quiñones li

Master a Distancia de Gerencia Pública Para Directivos Iberoamericanos
obstante, aunque la formulación de la función judicial separada de las otras
funciones del Estado alcanza una notable nitidez en los primeros textos, la
proclamación del poder judicial no corre idéntica fortuna, en relación, a la que se
produce con respecto al Ejecutivo y Legislativo. Las razones para esta concepción
se derivan de que para el pensamiento ilustrado las funciones del juez debían
limitarse a la aplicación fiel de la ley, sin que cupiera discrecionalidad alguna del
mismo en sus sentencias.
Establecida la necesaria independencia de la función judicial respecto a los
restantes órganos del Estado, ésta debe ser garantizada, de tal forma, que la
actuación de Magistrados y Jueces sólo tenga como meta la aplicación de la ley,
alejada de todo tipo de injerencias, asegurando el recto proceder e imparcialidad
de los mismos. A este respecto, el juez debe gozar de determinadas seguridades,
tales como la inamovilidad del cargo, de tal forma, que no pueda ser destituido,
trasladado o apartado de su cargo, salvo por las causas establecidas por la ley.
Igualmente, para reforzar la independencia e imparcialidad de la actuación de los
jueces, éstos están sujetos a diferentes incompatibilidades.
Crisis del Gobierno y su efecto en la Administración Pública
La magnitud actual del Gobierno se desarrolla paralelamente a la gestación y al
avance del Estado Moderno, y esta magnitud llegó, hasta la década de los años
ochenta, a alcanzar cotas nunca sospechadas, sin embargo, a partir de la segunda
mitad de esa década, el Estado y su Administración han sido sometidas a una
aguda crítica por su intervención y por el papel que han jugado en la economía, y
en la esfera social y política, lo que unido a los impactos de la nueva revolución
tecnológico-científica, ha provocado la estabilización, e incluso cierto
decrecimiento, en la actuación gubernamental, y un interés desorbitado por la
llamada "crisis de la gobernabilidad".
Las distintas tesis mantenidas sobre la "crisis de gobernabilidad", atribuidas a la
incapacidad de los gobernantes o a las excesivas demandas de la ciudadanía,
pueden ser sistematizadas, en un intento simplificador, o bien como aquellas que
defienden que la ingobernabilidad es la consecuencia de una sobrecarga de
demandas a las que el Estado ha respondido con la expansión de sus servicios y
con una intervención desmesurada, y que, inevitablemente, lleva a una crisis fiscal;
o bien como aquellas que consideran que la crisis de gobernabilidad tiene su
origen en problemas de naturaleza política, principalmente la falta de legitimidad
política, o como aquellas que defienden que la ingobernabilidad es el resultado
conjunto de una crisis de gestión administrativa del sistema y de una crisis de
apoyo político de los ciudadanos a la autoridad y a las instituciones del Estado.
Es decir, en definitiva, las causas de la ingobernabilidad habrían que situarlas en
factores, no sólo de tipo económico, sino también en factores de tipo social y
político. Pero sus consecuencias han sido, principalmente la reducción del
consenso popular y la pérdida de eficacia. Es decir, parece ser que nos
enfrentamos a una situación en que la gobernabilidad está sufriendo una crisis
importante de credibilidad, que, puede ser caracterizada por el mayor o menor
grado de indisciplina, inestabilidad, ineficacia e ilegalidad, que puede estar dando
lugar a una verdadera reforma en la consideración, conceptualización y aceptación
del papel del Estado.
Mariano Augusto Cucho Espinoza
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