Abintestato Juicio civil destinado a nombrar heredero de quien no ...

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en Cádiz en el mes de marzo de 1812; los que desde la mismafecha hayan escrito o escriban papeles o pasquines dirigidos aaquellos fines; los que en parajes públicos hablen contra laSoberanía de S.M. o en favor de la abolida constitución; los queseduzcan o procuren seducir a otros con el objeto de formaralguna partida, y los que promueban alborotos que alteren latranquilidad pública". El artículo 4 ampliaba la competencia delas comisiones militares a los sospechosos: "Se tendrán porsospechosos -decía- y podrán ser detenidos por la tropa, todoslos que halle ésta en los caminos y parajes despoblados sinpasaporte, y vestidos con traje impropio a su ejercicio, talcomo el de prendas militares en individuos que actualmente nocorresponden al ejército".Estas circunstancias se eternizaron. Muy poco tiempodespués, la Real Orden de 22 de enero amplió lascompetencias de las comisiones militares para conocer de losrobos cometidos en la capital, y otras tres dictadas en febrero ymarzo regulan la prueba pericial, la defensa y los embargos. Enagosto, otra Real Orden de fecha 14 reconoce "la necesidadque hay de sacar las cosas por algún tiempo de su ordenregular, y ejecutar castigos prontos que sirvan de penas aunos, de freno a otros". Por ello, ampliaba desmesuradamentelas disposiciones de enero: "Cualquiera revolucionario que seaaprehendido con las armas en la mano o envuelto y mezcladoen conspiraciones y alborotos que se dirijan a turbar el orden ysosiego público, y a restablecer el sistema anárquicofelizmente abolido, inmediatamente sea entregado a unacomisión militar para breve y sumariamente lo juzgue y ejecutelo juzgado".Marliani cuenta cómo en Madrid el 3 de agosto de 1836 por latarde varios tambores recorren las calles tocando generala, sinque nadie supiera quién lo ha ordenado, "y aquella novedad detan poca importancia basta para poner a Madrid en estado desitio, despedir y desarmar a la guardia nacional. Quedanvedados todos los periódicos de la oposición", dictando al díasiguiente un bando el capitán general Quesada por que seinstituye una comisión militar (artículo 1), ordenando ladetención de las "cuadrillas o corros que den la menorsospecha de motín o rebeldía, y al que intentase resistir oponerse en salvo, se le hará fuego y se le acuchillará" (artículo2), disponiendo también la pena capital para los amotinados,
eputándose como tales "cuantos se hallaren en el paraje delalboroto".La misma proliferación de bandos declarando el estado deguerra coadyudaba a que los consejos de guerrapermanecieran constituidos en todo momento, evitando de esaforma tener que formarlos nuevamente para fallar cada causa.Como ejemplo, veamos una vez más cómo la Real Orden de 14de noviembre de 1842 advierte que los jefes y oficiales deingenieros no están exceptuados de los servicios depresidente, vocal, fiscal o defensor de las comisiones militares,prueba fehaciente de que todas las interdicciones promulgadasno había acabado por disoverlas definitivamente.Tras la insurrección progresista de 1844 se declaró en estadode guerra a todo el país, y una Real Orden del Ministerio de laGuerra disponía que fuesen pasados por las armas todos losmilitares, de sargento para arriba, que participaran en lasublevación "con la sola identificación de la persona", es decir,sin ningún tipo de juicio; la tropa sería diezmada en caso de norendirse al ser habida, y fusilados todos los paisanos queaparecieran como jefes.La Ley de Secuestros de 1877 (no derogada hasta la IIRepública) instituye un consejo de guerra permanente en cadaprovincia en la que se produzca un secuestro y la Real Ordende 4 de abril de 1887 lo suprime.Las comisiones militares no actuaban conforme a reglas fijas,sino conforme al bando del mismo capitán general, que pocasveces precisaba una normativa procesal detallada, por lo quefuncionaban conforme a su experiencia y a las necesidadesprácticas de exterminio del enemigo político..ComisoEs una consecuencia accesoria de la condena consistente enla incautación judicial del beneficio, efectos e instrumentos deun delito doloso.Se regula en el artículo 127 del Código Penal. Los bienesdecomisados se venderán y su producto se aplica al pago delas responsabilidades civiles.
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