Lais vs Pandemo - Programa de Equidad de Género en la Suprema ...

de control como ha venido ocurriendo, la medida constituye la ultima ratio,la solución in extremis para alcanzar el mencionado objetivo constitucionalque se persigue.Por ello, a la hora de ejercer el control constitucional, la Corte no puedecuestionar la medida, salvo que la conducta que se sanciona penalmente “(i)no produzca un verdadero daño social y (ii) no amenace lesionarinjustificadamente los derechos de otras personas y, por contera, los derechosde la comunidad”. Con base en tales reglas, reconoce la afectación social dela conducta descrita en el art. 213 del Código penal, que se aprecia grave encuanto tal y también por ser lesiva de los intereses de la comunidad. Demodo que convertirla en delito hace parte de la “franja de discrecionalidadlegislativa”.51. Toma luego las fuentes normativas y de la doctrina de Derechointernacional que tratan la materia y de ellas concluye que, “a juicio de lacomunidad internacional, la explotación de la prostitución tiene un efectonegativo y de gravedad considerable en la sociedad”, por lo que “los Estadosdeben luchar por reducir su expansión”, más aún cuando el control de laprostitución sirve también para reprimir actividades delictivas conexas. Todoello “sin contar con los efectos derivados de la prostitución, cuando la mismase ejerce en condiciones de pauperización: la proliferación de enfermedadesvenéreas en ambientes de bajo control de salubridad; el deterioro de laintegridad familiar; y, por contera, el impacto denigrante y deformador quereciben los niños”.En estas condiciones determina que “el daño social producido por laexplotación de la prostitución merece ser enfrentado con medidas depunición, como las sanciones penales”.52. Y al momento de considerar si “la libre aceptación de quien decidededicarse a la prostitución es una excluyente de antijuridicidad material, puesexcluye [sic] la afectación de la libertad personal” y en ese sentido sepresenta como resultado de una decisión libre, autónoma y voluntaria,concluye que no es admisible un tal argumento, pues “el tipo penal acusadocalifica el dolo no de quien opta por prostituirse sino de quien induce,sugestiona o en general promueve la prostitución o al comercio carnal, con laintención de lucrarse o de satisfacer los deseos de una tercera persona”. Loanterior sin descontar la “falacia” que existe en la voluntariedad de ladecisión de una persona al prostituirse, pues la difícil situaciónsocioeconómica, por pobreza, conflicto armado, ansias de un futuro mejor,estimula el llegar a tal opción, que pronto la convierte en víctima de lasbandas criminales organizadas que la someten.En atención a tales alertas, observa pues que el consentimiento de la víctimaes una salvaguarda insuficiente para reconocer en la decisión de prostituirse,