Lais vs Pandemo - Programa de Equidad de Género en la Suprema ...

1.4.4. Observa que es un hecho notorio la inexistencia del contrato detrabajo, puesto que no se configuran los requisitos del código sustantivo detrabajo, recalcados por la jurisprudencia.Para tales efectos cita diversas fuentes, para referirse a la actividad personaldel trabajador, a su continuada dependencia o subordinación y a laremuneración, como expresiones de una relación laboral (sentencia C-655 de1998, art. 22 C.S.T. y sentencia “2005-002” del Tribunal superior de Tunja,Sala laboral) (folio 30).1.4.5. Y con esto concluye: “Estos eventos señalados no se presentan en elcaso aludido, pues como lo manifesté al inicio del presente, las acciones deTRABAJADORA SEXUAL eran prestadas por parte de la señora LAIS (…)de manera INDEPENDIENTE, IRREGULAR Y DISCONTINUA no existíaningún horario definido [sic]” (folio 30).1.5 Sentencias objeto de revisión1.5.1. Sentencia de primera instancia1.5.1.1. Mediante sentencia de mayo 4 de 2009, la Juez 63 Penal Municipalde Bogotá, D.C., resolvió negar la tutela por los derechos impetrados yconceder algunas medidas alternativas que adelante se describen.1.5.1.2. Estima la juez de instancia, tras conocer la situación fáctica, que “noes jurídicamente posible amparar el derecho al trabajo y ordenar el reintegroporque si bien el ejercicio de la prostitución por sí misma no es un delito, seaclara que el contrato que tenga como objeto de prestación actividadessexuales se encuentra afectado por un objeto ilícito toda vez que dichoejercicio es contrario a las buenas costumbres, razón que impide suprotección por parte de este Despacho”.1.5.1.3. A renglón seguido dice que no concederá el reintegro pedido,“porque dado las condiciones [sic] propias del caso” que son el estado deembarazo de alto riesgo y el desarrollo de labores nocturnas, se “expondría ariegos [sic] mucho mayores la salud a la madre y al que esta por nacer[sic]” (folio 39).1.5.1.4. Tampoco reconoce las demás prestaciones y pretensiones dinerariasreclamadas, porque “ordenar esos pagos sería en el fondo aceptar la legalidaddel contrato” (folio 39).1.5.1.5. Sin embargo, admite que las circunstancias que rodean a la actora,ponen de presente “una completa desprotección por parte del Estado”, noobstante su condición de “madre cabeza de familia en estado de embarazo ysu núcleo familiar”. A tales efectos, trae a colación la sentencia T-323 de