1 - Tribunal Calificador de Elecciones

:Mi¡¡uef }'lngef If'erruírufez qonzález}'l6ogadodo, impidiendo que se logre el quórum requerido para constituir dicha sesión, de acuerdocon lo dispuesto en el artículo 86 inciso 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.Para actuar así los concejales han aducido, por la prensa, razones políticas de interéspersonal, sectorial o partidario que no se vinculan con el interés general de la comunidadlocal que requiere que la máxima autoridad edilicia no sea servida, indefinidamente,por un funcionario subrogante que carece, totalmente, de legitimidad democrática.Todos sabemos que esas razones políticas se vinculan con que no quieren queasuma la alcaldía un concejal de la otra coalición política, señor Rodolfo Carter Fernández,aunque haya sido el más votado por la ciudadanía en la última elección municipal, cuentecon los votos necesarios dentro del cuerpo de concejales,y cumpla con todos los requisitosestablecidos por la ley para acceder al máximo cargo municipal.Tal es así que, paralelamente, se han celebrado varias sesiones ordinarias, con laconcurrencia, entre otros, de los concejales que no han prestado quórum para constituir lareunión donde se debe proveer la vacante de alcalde, adoptándose acuerdos sobre losasuntos tratados en ellas; de tal manera que no los afecta un impedimento grave e insuperableque les impida asistir a la sesión extraordinaria y manifestar allí, en esa sesiónpública, sus razor;¡es, su reproche o reparo, pero cumpliendo con la ley para proveer lavacante del cargo de alcalde.Creemos que esta conducta deliberada contraviene gravemente el ordenamientojurídico vigente, desde que los concejales dejan de cumplir con los deberes que les imponela ley, por lo que estimamos procedente solicitar a esta Contraloría General de la Repúblicaun pronunciamiento acerca de si aquella conducta es, efectivamente, constitutivade incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre los concejales Nicanor HerreraQuiroga, Marco Antonio Espinoza Cartagena, Verónica Elisa Aliaga Ramírez, SusanaHernández Collao y José Luis Alegría Tobar. Y, por ende, si actuando de esta manera,contravienen el principio de probidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de laLey Orgánica Constitucional de Municipalidades.