Acta 05.04.11 - Tribunal Calificador de Elecciones

42 – cuarenta y dos -2.009; 56) Ordinario Nº 335 de fecha 19 de abril de2.010; 57) Oficio Nº 09 de fecha 29 de marzo de 2.010; 58)Hoja de Ruta Control de Vehículos, vehículo placa patenteúnica BB.WH.94, de fecha 09 de diciembre de 2.009; 59)Documento a Vialidad de fecha 12 de marzo de 2.008; 60)Documento de fecha 11 de septiembre de 2.009; 61) OrdinarioNº 250 de fecha 15 de abril de 2.009; 62) Convenio deColaboración Municipalidad de Negrete y Renaico; 63)Fotografías; 64) Ordinario D.O.H. IX R. Nº 0651 de fecha 20 deabril de 2.009; 65) Documento de fecha 17 de marzo de 2.009;66) Documento de fecha 23 de noviembre de 2.009; 67)Ordinario D.O.H. VIII R. Nº 0374, de fecha 14 de marzo de2.010; 68) Documento de fecha 13 de marzo de 2.009; 69)Documento a Director de Obras Hidráulicas IX Región, defecha 17 de marzo de 2.009; 70) Ordinario DOH VIII Nº 0388,de fecha 22 de marzo de 2.010; 71) Documento de ContraloríaGeneral del Bío Bío, de fecha 09 de diciembre de 2.009; 72)Documento de fecha 06 de marzo de 2.009; 73) Documento defecha 16 de marzo de 2.009; 74) Ordinario Nº 848 de fecha 26de diciembre de 2.008; 75) Acta Nº 01 Sesión Ordinaria delConcejo Municipal de fecha 15 de diciembre de 2.008; 76)Ordinario N° 1.099; 77) Oficio Nº 13 de fecha 20 de abril de2.010; 78) Ordinario Nº 410 de fecha 11 de mayo de 2.010; 79)Decreto Alcaldicio Exento Nº 732 de fecha 20 de abril de 2.010;80) Oficio Nº 22 de fecha 19 de julio de 2.010; 81) Ordinario Nº1099; 82) Nómina de funcionarios a honorarios CESFAM deRenaico al mes de noviembre del año 2.009; 83) DecretoAlcaldicio Exento Nº 954 de fecha 18 de agosto de 2.009; 84)Documento de fecha 22 de septiembre de 2.009; 85) OrdinarioNº 862 de fecha 14 de octubre de 2.009; 86) ResoluciónExenta Nº 3307 de fecha 06 de agosto de 2.009; 87)Memorándum Nº 10 de fecha 08 de febrero de 2.010; 88)

43 – cuarenta y tres -Documento al Director del Servicio de Salud AraucaníaNorte, de fecha 07 de junio de 2.010; 89) Ficha licitación PozoVenecia; y, 90) Memorándum de fecha 10 de marzo de 2.009.4º.- Que a fojas 331 y siguientes de autos, la requerida,señorita Isabel Ivonne Morales Urra, contesta solicitando elrechazo de la solicitud de destitución.En su contestación, señala que las faltas administrativasen que podría incurrir el alcalde, de acuerdo con las normasdel Estatuto Administrativo, son de conocimiento ycompetencia de un sumario administrativo, que debe serefectuado por la Contraloría General de la República, y no decompetencia de este Ilustrísimo Tribunal Electoral Regional.Sin perjuicio de lo anterior, contesta cada uno de los cargosformulados en su contra, en el mismo orden que fueranexpuestos por los requirentes de su remoción.5º.- Que, la requerida, acompaña a su contestación, latotalidad de los documentos que rolan de fojas 1 a 98 delcuaderno separado de documentos Nº 2 abierto en esta causa,que consisten en, a saber: 1) Ordinario Nº 58 de fecha 02 dejunio de 2.009 dirigido por la Jefa del Departamento dePersonal y Finanzas de la Municipalidad de Renaico al alcaldede la comuna; 2) Dictamen Nº 5.137 de fecha 24 de diciembrede 2.009 de la Contraloría Regional de La Araucanía; 3) Copiade acta sesión extraordinaria Nº 13 de fecha 14 de mayo de2.009; 4) Contrato servicio de recolección residuosdomiciliarios, limpieza, aseo de calles y áreas públicas ydisposición final en vertedero comuna de Renaico de fecha 02de enero de 2.009; 5) Decreto aprobatorio de basesadministrativas para el servicio señalado en el númeroprecedente, Nº 1.245 de fecha 15 de diciembre de 2.008; 6)Acuerdo de Concejo Municipal Nº 54 de fecha 14 de mayo de2.009; 7) Copia de Ordinario Nº 454 de fecha 25 de mayo de

44 – cuarenta y cuatro -2.010; 8) Copia de Ordinario Nº 535 de fecha 08 dejunio de 2.010, de la Secretaría Regional Ministerial deVivienda y Urbanismo; 9) Copia Ordinario Nº 701 de fecha 02de agosto de 2.010; 10) Copia Ordinario Nº 812 de fecha 12 deagosto de 2.010 de la Secretaría Regional Ministerial deVivienda y Urbanismo; 11) Resolución Exenta N° 1168 defecha 10 de noviembre de 2.010 emanada de la SecretaríaRegional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región deLa Araucanía; 12) Copia Ordinario Nº 1285 de fecha 15 dediciembre de 2.010 de la Secretaría Regional Ministerial deVivienda y Urbanismo Región de La Araucanía; 13) CopiaInforme Nº 61 de fecha 26 de noviembre de 2.010 de laComisión Técnica del Estudio; 14) Citación para concejoextraordinario de fecha 24 de marzo de 2.010; 15) Acuerdo deconcejo Nº 23 adoptado en sesión extraordinaria de fecha 26de marzo de 2.010; 16) Oficios Nº 30, N° 31, N° 32, N° 33 y N°34 de fecha 22 de octubre de 2.010 del concejal señor EdgardoSierra Neira; 17) Copia de Ordinario Nº 1.111 de fecha 15 denoviembre de 2.010; 18) Copia de Ordinario Nº 1.071 de fecha08 de noviembre de 2.010; 19) Copia de oficio de fecha 25 demarzo de 2.009 del concejal señor Edgardo Sierra Neira; 20)Copia de Ordinario Nº 250 de fecha 15 de abril de 2.009; 21)Copia Ordinario Nº 62 del Director del Liceo AgrícolaManzanares de fecha 23 de marzo de 2.010; 22) CopiaOrdinario Nº 300 de fecha 08 de abril de 2.010; 23) Copia desolicitud de doña María Cecilia Zapata Almendras de fecha 01de abril de 2.010; 24) Ordinario Nº 358 de fecha 26 de abril de2.010; 25) Copia solicitud de la directiva Juan Chávez deRenaico de fecha 25 de marzo de 2.010; 26) Ordinario Nº 393de fecha 07 de mayo de 2.010; 27) Copia de solicitudes dedoña Rosa Castro de fecha 07 de junio y 12 de julio, ambas de2.010; 28) Ordinario Nº 651 de fecha 21 de julio de 2.010; 29)

45 – cuarenta y cinco -Memorándum Nº 203 de doña Erica del Pilar NavarreteMuñoz dirigida a la alcaldesa de fecha 20 de julio de 2.010; 30)Copia de solicitud de fecha 24 de mayo de 2.010, de doñaRosa Cifuentes Erices; 31) Ordinario Nº 464 de fecha 01 dejunio de 2.010; 32) Copia de Ordinario Nº 64 de fecha 25 demayo de 2.010 de doña María Beatriz Palacios dirigida a doñaRosa Cifuentes Erices; 33) Oficio de fecha 25 de mayo de2.010 de doña Patricia González Salgado, encargada deprotección civil y de vivienda del municipio de Renaico, dirigidaa María Beatriz Palacios; 34) Certificado emanado de la Jefadel Departamento de Personal y Finanzas de la Municipalidadde Renaico de fecha 17 de diciembre de 2.010; 35) Certificadoemitido por la Directora de Obras de la Municipalidad deRenaico, doña Vivianne Cifuentes Riffo, de fecha 17 dediciembre de 2.010; 36) Copia de Resolución Nº 13.307 defecha 06 de agosto de 2.010 de la Secretaría RegionalMinisterial de Salud, Región de La Araucanía; 37) Copia deActa de Inspección de fecha 18 de junio de 2.010 de laSecretaría Regional Ministerial de Salud, Región de LaAraucanía, Acta Nº 3.564; 38) Copia de Resolución Exenta Nº10.545 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Regiónde La Araucanía, de fecha 02 de julio de 2.010; 39)Memorando Nº 10, dirigido por el Director CESFAM de lacomuna de Renaico, de fecha 08 de febrero de 2.010, dirigidoa la alcaldesa; 40) Copia simple de descargos formulados porla Municipalidad de Renaico, en sumario sanitario iniciado porActa de Inspección Nº 3.564 de la Secretaría RegionalMinisterial de Salud, Región de La Araucanía, de fecha 29 dejunio de 2.010; 41) Copia acta de sesión extraordinaria delConcejo Municipal de Renaico de fecha 30 de noviembre de2.010; 42) Copia Ordinario Nº 4.226 de fecha 27 de octubre de2.010 de la Contraloría Regional de La Araucanía; 43) Contrato

46 – cuarenta y seis -celebrado con la empresa ITALCOM LIMITADA, defecha 26 de diciembre de 2.008; 44) Decreto Alcaldicio Nº 641de fecha 17 de junio de 2.010; 45) Copia Ordinario Nº 27 defecha 13 de mayo de 2.009 de la Directora de ObrasMunicipales de la comuna de Renaico; 46) Memorándum defecha 16 de abril de 2.009 dirigido por la empresa ITALCOMLIMITADA a la Directora de Obras Municipales de Renaico; 47)Acta de entrega de terreno, de fecha 05 de enero de 2.009,obra construcción de pozo Junta de Vecinos sector Venecia;48) Ordinario Nº 1.285 de fecha 15 de diciembre de 2.010, dela Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,Región de La Araucanía; y, 49) Ordinario Nº 194, dirigido por elDirector DAEM de Renaico a la alcaldesa, de fecha 07 de abrilde 2.010.6º.- Que, recibida la causa a prueba, respecto de laefectividad de los hechos denunciados en el requerimiento dedestitución, por la alcaldesa recurrida, se rindió la testimonialde cuatro personas, a saber: señor Marco Antonio PalmaCuriqueo, señora Verónica Isabel Gallegos Alveal, señoraMaría Inés Pacheco Cea y señorita Vivianne Andrea CifuentesRiffo, quienes depusieron respecto de algunos de los cargosformulados en el requerimiento de destitución, y cuyasdeclaraciones rolan de fojas trescientos ochenta y seis a fojastrescientos noventa y dos de estos autos, y que, en términosgenerales, refieren: el primer testigo, que tuvo conocimiento dela interposición de acciones legales en contra del exconcesionario del Lote N° 6 durante el año 2.009; la existenciade contratos celebrados por la Municipalidad de Renaico; delas gestiones para obtener el Plan Regulador de la comuna deRenaico; de la exención en el pago de una multa y de susmotivos. Por su parte, la segunda de los testigos, señoraGallegos Alveal, depone respecto de la existencia de contratos;

47 – cuarenta y siete -de la información entregada al Concejo Municipal sobrecumplimiento de la Ley N° 20.248; también lo hace sobre laexistencia de investigaciones y sumarios administrativos alinterior de la Municipalidad de Renaico; y, sobre la exención enel pago de una multa. La testigo que depone en tercer lugar, lohace sobre la existencia de contratos; sobre la comisiónformada para efectos de obtener el Plano Regulador de lacomuna de Renaico; sobre el cumplimiento de la Ley N°20.248, y, por último, sobre la exención en el pago de unamulta. Por último, la testigo que declaró en cuarto lugar, lo hizosobre las gestiones para obtener Plan Regulador para lacomuna de Renaico; sobre el cargo de tala de bosques en lacomuna de Renaico; sobre la remoción de áridos en la comunade Renaico; y, sobre la exención de multa a la empresaITALCOM LIMITADA.7º.- Que, asimismo, por los requirentes, prestódeclaración en calidad de testigo, el señor Adrián AlejandroMedina Saavedra, quien, en términos generales, depuso enestrados respecto a la inexistencia de boleta de garantía en elcontrato de arrendamiento del balneario de la comuna deRenaico; respecto de la construcción de un pozo en el sectorVenecia de la comuna de Renaico; de la exención en el pagode una multa por parte de la Municipalidad de Renaico; sobrela ocurrencia de una colisión de vehículos municipales; sobrela extracción de áridos en la ribera del río Renaico; delcumplimiento de la Ley N° 20.248; sobre la explotación debosques en la comuna de Renaico; de la inexistencia de PlanoRegulador en la comuna de Renaico; sobre la falta derespuestas a solicitudes planteadas a la alcaldesa de Renaico;así como también respecto del trabajo desempeñado por unmédico que no se encuentra autorizado para ejercer como tal,en el consultorio de la comuna de Renaico.

48 – cuarenta y ocho -8°.- Que, de otro lado, absolvieron posiciones tanto laalcaldesa recurrida, señorita Isabel Ivonne Morales Urra, comouno de los concejales requirentes, señor Edgardo Sierra Neira,lo que consta a fojas cuatrocientos y siguientes, y fojascuatrocientos veintitrés y cuatrocientos veinticuatro de autos,respectivamente.9º.- Que, además, dentro del término probatorio, larequerida acompañó los documentos que individualiza en supresentación de fecha 10 de enero de 2.011 y que rola a fojastrescientos noventa y tres y siguientes de autos, los que fueronagregados al cuaderno separado de documentos número dosde esta causa, los que rolan de fojas 99 a fojas 265 de dichocuaderno.10º.- Que, en el caso sometido a conocimiento de esteTribunal Electoral Regional, los requirentes de la destitución,indican que la señorita Morales Urra, en el ejercicio de sucargo de alcaldesa, hizo un notable abandono de sus deberesy contravino el principio de probidad administrativa,imputándole los cargos que en los considerandos siguientes seanalizarán, como asimismo los descargos correspondientes acada uno.11º.- PRIMER CARGO: IRREGULARIDADES ENCONTRATO DE CONCESIÓN DE BALNEARIO, LOTE N° 6:Indican los solicitantes de destitución, que laMunicipalidad de Renaico es propietaria del Lote N° 6,balneario ubicado a orillas del río Renaico, el quetradicionalmente se entrega en concesión. Para tales efectos,con fecha 27 de enero 2.009 se suscribió un contrato, previoproceso de licitación, con don Luis Cruz Araya, contratoacompañado en autos. Señalan que el contrato estipulaba elpago a beneficio municipal de la suma de $ 150.000 (cientocincuenta mil pesos) por el período concesionado y que el

49 – cuarenta y nueve -mismo contrato establecía la obligación delconcesionario de entregar, antes de la suscripción del mismo,la correspondiente boleta de garantía por un monto de $200.000 (doscientos mil pesos). Que esto último no ocurrió y laalcaldesa firmó el citado contrato, sin que se entregara laboleta de garantía. Que lo anterior, se ve agravado por elhecho de que una vez terminado el período concesionado, elcontratista entregó el balneario, pero no pagó el valor que elcontrato suscrito le obligaba. Que la alcaldesa, cuando fuerequerida por información sobre estos hechos, y con un año deretraso, informó que se había iniciado un juicio en contra del exconcesionario, juicio del que a la fecha de interposición delrequerimiento de remoción, los requirentes no han tenidonoticias de su resultado. Que esto constituye una omisión yuna falta de resguardo de los intereses municipales por partede la demandada, una grave falta a los deberes que como jefesuperior del servicio tiene un alcalde, una falta de resguardo,que se traduce en un detrimento al patrimonio municipal, queha de ser considerado grave y conducente para configurar unnotable abandono de deberes e infracción grave a las normassobre probidad administrativa.Que en relación con este primer cargo, la alcaldesarequerida expone: que la omisión de introducción de la boletade garantía por fiel cumplimiento de contrato, fue observado apartir de un informe, Informe N° 58 de fecha 02 de junio de2.009, realizado por la Jefa del Departamento de Personal yFinanzas de la Municipalidad de Renaico, señora VerónicaGallegos Alveal, en el cual se indicaba que el adjudicatario nohabría pagado las cuentas de luz, agua y arriendo del citadoLote N° 6, sector Balneario Municipal de Renaico. Que por ello,el abogado de la Municipalidad de Renaico de la época,recomendó hacer efectiva la boleta de fiel cumplimiento del

50 – cincuenta -contrato, boleta que no había sido depositada en laTesorería Municipal, lo que llevó a que se dedujera unademanda de cumplimento de contrato con indemnización deperjuicios, juicio caratulado “Municipalidad de Renaico conCruz Araya”, Rol N° 56.601 del Juzgado de Letras de Angol, encuya tramitación se estableció que el demandado no erahabido en el domicilio que fijó en el contrato, segúncertificación de la receptora que trató de efectuar la notificaciónde la demanda. Que, para continuar la tramitación del juicio, seprocedió a solicitar en la causa, oficios, para obtener eldomicilio del demandado. Que se recibió oficio de la Policía deInvestigaciones de Chile, indicando que el demandado tienedomicilio en calle Pablo Neruda S/N°, Laraquete, Arauco,procediéndose a solicitar exhorto al tribunal con competenciacomún de la comuna de Arauco, con el objeto de notificar lademanda, notificación que no se ha podido practicar, por lo quese encuentra pendiente un oficio a la Policía Internacional deChile, para determinar si el demandado ha abandonado el paísy proceder a su notificación, y en el caso de respuestanegativa, por avisos en los diarios.Señala que como alcaldesa, ha cumplido con lasnormas del Código Civil, en tanto se ha ocupado de hacerefectiva la responsabilidad civil del demandado, llevando aefecto las gestiones judiciales para que no se produzca unmenoscabo al erario municipal. Agrega que la remoción delalcalde, no puede conforme al precepto del artículo 60 letra c)de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional deMunicipalidades, justificarse en una simple contravención adisposiciones legales o reglamentarias, ni siquiera en la meravulneración del principio de la probidad administrativa, pues esnecesario que la contravención sea grave. Que de igualmanera, para que un Tribunal Electoral Regional destituya a la

51 – cincuenta y uno -autoridad edilicia por abandono de deberes, esmenester que dicho abandono sea notable. Por último, expresaque el perjuicio que se ha ocasionado al municipio es mínimo,por cuanto en definitiva el demandado quedó adeudando porconcepto de renta, gastos de luz y de agua, la sumaaproximada de $370.000 (trescientos setenta mil pesos), por loque la omisión de la introducción de una boleta de garantía, deresponsabilidad de un funcionario nombrado por laadministración del ex alcalde y actual concejal, señor EdgardoSierra Neira, ha ocasionado perjuicios civiles mínimos, los queestán siendo perseguidos en sede jurisdiccional.Que por lo señalado, este cargo debe ser rechazado.En cuanto a este primer cargo, este Tribunal ElectoralRegional considera que, si bien es cierto el hecho de omitir laexigencia de una boleta de garantía de fiel cumplimiento de uncontrato, se encuentra acreditado en estos autos, pues no hasido controvertido por la requerida y aún más, no lo ha negadoreconociéndolo como efectivo, de la prueba aportada al efecto,en especial documentos que rolan de fojas 99 a 165 delcuaderno separado número dos de documentos abierto en estacausa, queda establecido que una vez que la alcaldesa de lacomuna de Renaico tomó conocimiento de dicha irregularidad,realizó las gestiones tendientes para obtener el resarcimientodel patrimonio municipal, al interponer la correspondientedemanda civil de cumplimiento de contrato e indemnización deperjuicios ante el tribunal competente, en contra del deudor delrespectivo municipio. Así, se estima que el cargo formulado, noes suficiente como para considerar que en el desempeño desus funciones, la alcaldesa demandada, haya incurrido en unnotable abandono de deberes o conculcado el principio deprobidad administrativa, y, a lo sumo, los hechos en quedescansa, pueden ser considerados una falta de orden

52 – cincuenta y dos -administrativo, la que en la estructura orgánica de unamunicipalidad, en primer término, era preocupación de unfuncionario distinto a la recurrida, por lo que será rechazadocomo se dirá.12º.- SEGUNDO CARGO: CELEBRACIÓN DECONTRATOS POR MONTOS SUPERIORES A LAS 500(quinientos) UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES, SINACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL.Los requirentes acusan que la alcaldesa de Renaico,durante el ejercicio de su mandato, ha transformado estapráctica irregular en algo habitual, siendo su conductapermanente en cuanto a esta infracción de ley.Exponen que han sido muchos los contratos queexcediendo con creces el monto de 500 (quinientos) UnidadesTributarias Mensuales, no pasan ni son aprobados por elConcejo Municipal. A modo ejemplar, señalan los siguientescontratos: a) Contrato servicio de recolección de residuosdomiciliarios, limpieza, aseo de calles y áreas públicas ydisposición final en vertedero de la comuna de Renaico, defecha 02 de enero de 2.009, por un monto total anual de $85.032.000 (ochenta y cinco millones treinta y dos mil pesos);b) Contrato de mantención y riego de áreas verdes de lacomuna de Renaico, de fecha 29 de enero de 2.009, por unmonto total de $ 80.495.000 (ochenta millones cuatrocientosnoventa y cinco mil pesos); c) Contrato de ejecución de obra“Construcción de Pozo Junta de Vecinos, Sector Venecia”, defecha 26 de diciembre de 2.008, por un monto total de $19.819.003 (diecinueve millones ochocientos diecinueve miltres pesos); d) Contrato de ejecución de trabajo “Reparaciónde una parte de la calle Ferroviario, comuna de Renaico,localidad Tijeral” de fecha 20 de agosto de 2.009, por un montototal de $ 20.899.970 (veinte millones ochocientos noventa y

53 – cincuenta y tres -nueve mil novecientos setenta pesos); e) Contrato deejecución de obra “Construcción camarines Escuela F-21, LosNogales de Villa Tijeral” de fecha 09 de diciembre de 2.008,por un monto total de $ 20.505.560 (veinte millones quinientoscinco mil quinientos sesenta pesos); f) Contrato de ejecuciónde trabajo “Mejoramiento y reparación de la estructura detechumbre del Internado Femenino del Liceo AgrícolaManzanares, de fecha 16 de junio de 2.009, por un monto totalde $ 19.865.280 (diecinueve millones ochocientos sesenta ycinco mil doscientos ochenta pesos); g) Contrato de ejecuciónde trabajo “Construcción del Jardín Infantil Renaico”, de fecha03 de agosto de 2.009, por un monto total de $ 82.090.722(ochenta y dos millones noventa mil setecientos veintidóspesos); h) Contrato de ejecución de trabajo “Remodelación yconstrucción áreas verdes Avenida Lorenzo de la Maza,comuna de Renaico”, de fecha 16 de septiembre de 2.009, porun monto total de $ 31.999.540 (treinta y un millonesnovecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta pesos); i)Contrato de asistencia técnica educativa, de fecha 30 de juliode 2.009, por un monto total de $ 19.900.000 (diecinuevemillones novecientos mil pesos); j) Ejecución de obra“Reparación Departamento Social Comuna de Renaico”, por unmonto total de $ 20.168.511 (veinte millones ciento sesenta yocho mil quinientos once pesos); k) Ejecución de obra“Reparación Comedor Escuela Los Nogales – Tijeral, Comunade Renaico”, por un monto total de $ 28.000.000 (veintiochomillones de pesos); l) Contrato denominado “Conversiones SanJosé Limitada”, por un monto total de 27.527.556 (veintisietemillones quinientos veintisiete mil quinientos cincuenta y seispesos); m) Contrato de abasto de agua Sector Tolpan, año2.009, por un monto total de $ 98.000.000 (noventa y ochomillones de pesos).

54 – cincuenta y cuatro -Citan al efecto la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades, que en su artículo 65dispone que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: i)Celebrar los convenios y contratos que involucren montosiguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributariasmensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absolutadel concejo; no obstante, aquellos que comprometan almunicipio por un plazo que exceda el período alcaldicio,requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo.Que con su accionar, la requerida ha obradonegligentemente, traduciéndose en hechos que tienen laentidad, periodicidad, cuantía y habitualidad para configurar lacausal de remoción por notable abandono de deberes einfracción grave a las normas de la probidad administrativa.La alcaldesa requerida, respecto a este cargo indica:que es efectivo que el artículo 65, inciso 1°, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableceen su letra i) que el alcalde requerirá el acuerdo del concejopara “celebrar los convenios o contratos que involucren montosiguales o superiores a 500 unidades tributarias mensuales”,pero, agrega que el citado artículo, en su inciso 4°, preceptúa:“El presupuesto municipal incluirá los siguientes anexosinformativos: 1) Los proyectos provenientes del FondoNacional de Desarrollo Regional, de las Inversiones Sectorialesde Asignación Regional, del Subsidio de Agua Potable, y deotros recursos provenientes de terceros, con suscorrespondientes presupuestos; 2) Los proyectos presentadosanualmente a fondos sectoriales, diferenciando entreaprobados, en trámite, y los que se presentarán durante eltranscurso del año, señalándose los ingresos solicitados ygastos considerados; 3) Los proyectos presentados a otrasinstituciones nacionales o internacionales”; por lo que, desde

55 – cincuenta y cinco -este punto de vista, el concejo municipal, respecto defondos que provienen de terceros y que no quedancomprendidos en el patrimonio municipal, tiene únicamentefacultades fiscalizadoras y no resolutivas, como es el casocontemplado en el artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades.Agrega que el inciso 4° de la disposición citada, serefiere a los documentos anexos que debe incluir elpresupuesto municipal para su aprobación por parte delconcejo municipal, como son los proyectos provenientes delFondo Nacional de Desarrollo Regional, de las inversionessectoriales de asignación regional, del subsidio de aguapotable, y de otros recursos provenientes de terceros.Que tal documentación, le es entregada al concejo atítulo informativo, sin desmedro que también el alcalde debainformar, además, acerca del estado de avance y el flujo deingresos y gastos de los referidos proyectos. Que así, enrelación con esos recursos de terceros, la ley le ha entregadoal concejo facultades fiscalizadoras, pero no la facultadresolutiva establecida en el artículo 65 letra i) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo queconcordaría con el hecho de que, en general, tales fondoscorresponden a recursos especialmente regulados, en normasde carácter legal y reglamentaria, normas que establecen losmecanismos y modalidades de empleo de los mismos. Que,por lo anterior, señala que a menos que esa especialregulación requiera la intervención decisoria del concejo, elalcalde no requiere el acuerdo de este órgano colegiado paracelebrar convenios o contratos relativos a fondos de terceros.Que ello se vería confirmado por la historia del establecimientode la Ley N° 20.033, puesto que el fundamento y objetivoprincipal de ésta, fue incrementar los recursos económicos de

56 – cincuenta y seis -los municipios, de manera que la modificación queestableció dicha Ley, se origina en el marco de una regulaciónlegal relativa a dichos recursos, y no a aquellos fondos deterceros que el municipio gestiona como consecuencia de losproyectos que el alcalde, en su calidad de jefe superior, decidellevar a cabo con otras entidades.Expone que lo anterior, se encuentra conforme con elDictamen N° 21.140 de fecha 05 de mayo de 2.006 de laContraloría General de la República, reactivado y no alterado,y que al respecto conviene tener presente las normascontenidas en los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades.En cuanto al cargo formulado, señala que de la lista decontratos enumerados por los requirentes de su destitución,sólo los signados con las letras a) y b) requerían de acuerdodel concejo municipal, por tratarse de contratos financiadoscon recursos exclusivamente municipales, y que los demás,corresponden a contratos financiados con fondos provenientesde terceros. Agrega que los contratos señalados en la letra c),d), h), j) y m) están financiados con fondos de la SUBDERE;los indicados en la letra e), f) y k) están financiados con fondosdel GORE; el indicado en la letra g) está financiado con fondosde la JUNJI; el indicado en la letra i) está financiado con fondosdel MINEDUC; y el indicado en la letra l) lo está con fondos dela JUNAEB.Por último, agrega que respecto de los contratosrelativos a fondos municipales en que no se prestó el acuerdodel concejo municipal con antelación a la celebración de losmismos, dicha situación fue subsanada, por cuanto el acuerdodel concejo municipal se obtuvo con fecha 14 de mayo de2.009, situación que fue conocida y ratificada por la ContraloríaGeneral de la República, mediante su Ordinario Nº 5.137 de

57 – cincuenta y siete -fecha 23 de diciembre de 2.009, que cita en lopertinente, de manera textual: “No obstante lo anterior, dadoque un acto administrativo al cual le falta uno o más requisitosde validez, puede ser saneado, ratificado o convalidado pormedio de otro acto expreso que confirme, apruebe o ratifique elanterior depurado de sus vicios, el Concejo Municipal pudocelebrar una sesión, como aconteció precisamente en el casode los contratos de que se trata, con el objeto de prestar suacuerdo en la celebración de los mismos (Aplica DictámenesNº 14.390, de 1.997 y 29.412 de 1.998). Que dicho acuerdo delconcejo municipal, corresponde al Nº 54 de fecha 14 de mayode 2.009, pues les pidió la ratificación a los concejales, los quelos ratificaron, según consta en dicho acuerdo, y además, en eloficio de la Contraloría General de la República ya citado. Queen todos los demás contratos, hubo contribuciones de terceros,y que según la jurisprudencia de la Contraloría General de laRepública, que cita al efecto, obligatoria en el caso, conforme alos artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades, no requería acuerdo delconcejo.Continúa señalando que no hubo mala fe, sino que unaomisión que se reparó tan pronto como se advirtió, que nohubo perjuicios para la municipalidad ni para la comunidad deRenaico, que nadie se enriqueció y que nadie se perjudicó, yque tampoco fue motivo de escándalo, por lo que el cargodebe ser rechazado.Que respecto de este segundo cargo, este TribunalElectoral Regional estima que la conducta que se le reprocha ala alcaldesa cuya remoción se solicita, y que se funda en lacelebración de contratos por montos superiores a lasquinientas unidades tributarias mensuales sin el acuerdo delconcejo municipal, no alcanza a ser una conducta, que

58 – cincuenta y ocho -signifique una falta de probidad administrativa ni unnotable abandono de sus deberes, teniendo presente para ellolo que dispone el artículo 65 de la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades. En efecto, siendo dichascontrataciones fundamento para reprocharle una faltaadministrativa, la que en todo caso, fue subsanada por acuerdoposterior del concejo municipal de Renaico, visado asimismo,por la Contraloría General de la República, según sedesprende la documentación acompañada en autos.En este sentido, no escapa a este Tribunal ElectoralRegional, que los concejales requirentes de remoción,concurrieron a la ratificación posterior de los contratosaludidos, buscando precisamente, la validez de los mismos,por lo que el cargo será rechazado, como se dirá.13º.- TERCER CARGO: INEXISTENCIA DE PLANOREGULADOR MUNICIPAL.Exponen los requirentes de la destitución, que laMunicipalidad de Renaico, a la fecha de interposición del libeloque inició estos autos, no cuenta con un plano reguladoraprobado vigente, lo que constituye una grave infracción deley, que resulta ser un hecho que da cuenta de la mala gestiónde la requerida. Agregan que lo más grave, es el hecho de quevecinos de la comuna que han ganado subsidioshabitacionales, se han visto impedidos de que se construyansus viviendas por la falta de este instrumento de regulacióncomunal. Señalan que a los vecinos del Comité Villa Hermosade Renaico, no se les ha podido construir sus casas, y queincluso, la empresa constructora que se adjudicó la obra, haofrecido a la municipalidad un profesional para elaborar dichoinstrumento de planificación, pero que, la alcaldesa, ha hechocaso omiso de dicho ofrecimiento.

59 – cincuenta y nueve -Citan al efecto la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades, que establece en varias desus disposiciones las obligaciones que tiene la municipalidad, ypor ende su alcalde, exigencias todas que han sidopermanentemente incumplidas por la requerida. Señalan que elartículo 3 de dicho texto legal dispone que, corresponderá a lasmunicipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientesfunciones privativas: b) La planificación y regulación de lacomuna y la confección del plan regulador comunal, deacuerdo con las normas legales vigentes, y que a su vez, elartículo 5 del mismo texto, dispone que para el cumplimientode sus funciones las municipalidades tendrán las siguientesatribuciones esenciales: k) Aprobar los planes reguladorescomunales y los planes seccionales de comunas que formenparte de un territorio normado por un plan reguladormetropolitano o intercomunal, y pronunciarse sobre el proyectode plan regulador comunal o de plan seccional de comunasque no formen parte de un territorio normado por un planregulador metropolitano o intercomunal.Que también, la misma Ley, en su artículo 6, estableceque la gestión municipal contará, a lo menos, con lossiguientes instrumentos: a) El plan comunal de desarrollo y susprogramas; b) El plan regulador comunal, y, c) El presupuestomunicipal anual.Que no contar con plano regulador en la comuna deRenaico, es grave, por la infracción de ley que comete laalcaldesa requerida, y que además, se afecta a los vecinos dela comuna, quienes han visto truncados sus sueños de accederpor fin a la casa propia.Que por ello, se ha configurado la causal de remocióninvocada.

60 – sesenta -Contestando el tercer cargo formulado, la requeridaexpone que cuando asumió como alcaldesa, el 06 dediciembre de 2.008, advirtió que por responsabilidad delalcalde anterior de la comuna de Renaico, señor EdgardoSierra Neira, concejal requirente de autos, la Municipalidad deRenaico ya carecía de plano regulador, iniciando lasactividades destinadas a lograr la confección del mismo.Que la comuna de Renaico carece de profesionalesidóneos para confeccionar el instrumento citado, y que losconcejales que ahora le acusan, no han aprobado los recursospara financiar su ejecución. Expone que se le pretende hacerresponsable de la omisión del alcalde anterior, señor EdgardoSierra Neira.Agrega, que en su período alcaldicio, el municipiosolicitó un convenio de asesoría técnica para la elaboración delplan regulador comunal, realizando una consulta técnica a laSecretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, loque realizó por Ordinario Nº 454 de fecha 25 de mayo de2.010, el cual le fue respondido por dicha repartición, medianteel Ordinario Nº 535 de fecha 08 de junio de 2.010, en el cual sele indica la posibilidad de un procedimiento abreviado para laelaboración del plan regulador, con ocasión del terremoto queafectó al país el 27 de febrero de 2.010. Que a la fecha, laactualización la realiza el equipo municipal designado porDecreto Alcaldicio Exento N° 295 de fecha 09 de febrero de2.010, y que, en definitiva, la actualización la realiza el equipomunicipal en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial deVivienda y Urbanismo.Que el 02 de agosto de 2.010, el municipio de Renaico,solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda yUrbanismo, por Ordinario Nº 701, información respecto alestado de actualización del plan regulador, lo cual le fue

61 – sesenta y uno -contestado por Ordinario Nº 812 de fecha 12 de agostode 2.010, en que dicha repartición, le comunica que a laMunicipalidad de Renaico, se le están gestionando recursos,para que la actualización del plan regulador la realice unaconsultora en convenio con la Secretaría Regional Ministerialde Vivienda y Urbanismo y la respectiva municipalidad.Indica que, como da cuenta el Ordinario N° 1.241 defecha 02 de diciembre de 2.010, dirigido por la SecretaríaRegional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de LaAraucanía, al señor Héctor Guillermo Gaete Feres, Rector dela Universidad del Biobío, en sus números 1 y 2 se señala: “1.-En relación al estudio denominado “Estudio de Riesgos –Informe antisísmico Anteproyecto PRC de Renaico y Tijeral”,me permito informar que se encuentra aprobada la primeraetapa y se remite una copia del Informe 61 de 26 de noviembrede 2.010 de la Comisión Técnica del Estudio” y “2.-La segundaetapa tiene un plazo, según contrato, al 15 de diciembre2.010”. Que no obstante ello, por motivos presupuestariossolicita que en lo posible ésta sea ingresada a la SecretaríaRegional Ministerial con fecha máxima, 13 de diciembre de2.010, para proceder por parte de esta Secretaría RegionalMinisterial a tramitar el pago de la segunda etapa”.Agrega que lo anterior, se ha desarrollado conforme a laResolución Exenta N° 1.168 de fecha 10 de noviembre de2.010 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda yUrbanismo de la Región de La Araucanía, en la cual, en suparte resolutiva se dispone: “Apruébese contrato suscrito porescritura privada, entre la Universidad del Biobío y la SEREMIde Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, parala realización del Estudio de Riesgos Informe Antisísmico,Anteproyecto PRC de Renaico, localidades de Renaico yTijeral, de fecha 12 de octubre de 2.010”.

62 – sesenta y dos -Que finalmente, conforme a Ordinario Nº 1.285 de fecha15 de diciembre de 2.010 de la Secretaría Regional Ministerialde Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, se dacuenta de las gestiones realizadas con relación al PlanRegulador Comunal, y que todos los antecedentes señalados,dan cuenta de su voluntad como alcaldesa, de lograr para lacomuna de Renaico un Plan Regulador Comunal, por primeravez. Agrega que si su administración no cuenta aún con PlanRegulador Comunal, obedece al hecho de que durante elperíodo alcaldicio anterior, no se realizaron las gestionestendientes a obtener el citado instrumento. Que aún más, enesta tarea no ha contado con la colaboración de ninguno de losconcejales que pretenden su remoción. Que así, resultaevidente que en la especie no ha habido ni falta grave alprincipio de probidad administrativa ni notable abandono dedeberes, y que no ha habido perjuicios ni para la comuna nipara los vecinos. Continúa señalando que los requirentespretenden que ella asuma en forma exclusiva lairresponsabilidad del ex alcalde de Renaico, señor SierraNeira, quien en sus cuatro años de edil, no solucionó dichoproblema.Que, este tercer cargo, será desestimado por esteTribunal Electoral Regional, por aparecer de los antecedentesproporcionados por la requerida, que las gestiones tendientesa obtener el instrumento urbanístico denominado PlanRegulador Comunal para la comuna de Renaico, fueron yestán siendo realizadas, lo que en caso alguno puedeestimarse como un notable abandono de sus funciones o faltagrave a sus deberes de alcalde.Que, evidentemente, la inexistencia del Plan ReguladorComunal en la comuna de Renaico, no puede atribuírsele a laactual alcaldesa de la comuna, requerida de autos, la que

63 – sesenta y tres -como se indicó, ha acreditado estar preocupada dedicho tema, efectuando las actuaciones administrativas con elobjeto de subsanar esta situación, por la omisión deadministraciones municipales anteriores.14º.- CUARTO CARGO: ENTORPECIMIENTO DE LAFUNCIÓN FISCALIZADORA DEL CONCEJO.A este respecto, señalan los concejales requirentes quela alcaldesa de la comuna de Renaico, no con una, sino quecon varias actuaciones, ha impedido de forma expresa ydirectamente, la facultad que tiene el concejo municipal defiscalizar. Que tal como en los otros cargos formulados, laactitud de la requerida no es una actitud aislada, sino queresulta ser una conducta permanente y habitual.Que en un hecho que resulta ser de gravedad, elconcejo municipal de Renaico, en sesión extraordinaria N° 05,efectuada a petición de cuatro concejales con fecha 26 demarzo de 2.010, acordó: “Fiscalizar todas aquellas consultassolicitadas por escrito a la alcaldesa, efectuadas por lacomunidad, sin respuesta dentro del plazo permitido por la LeyN° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”.Que no obstante haberse tomado el acuerdo defiscalización con el quórum legal, la alcaldesa requerida seopuso a ello, e impidió que se formara la comisión defiscalización, argumentando la necesidad de hacer una sesiónespecial para ello, no obstante haberse convocado dichasesión al efecto.Que lo anterior, importa una clara transgresión de ley departe de la requerida y demuestra su rechazo a una de lasfunciones del concejo como órgano integrante del municipio.Que finalmente, por la actitud de la alcaldesa contraria ala ley, el concejo no pudo llevar a cabo y materializar elacuerdo de fiscalización. Que en esa misma sesión, en el

64 – sesenta y cuatro -debate que se produjo, la requerida, como se da cuentaen la página 3 de acta de sesión extraordinaria N° 5,manifestó: “Don Edgardo, estamos en una reuniónextraordinaria, agradezca que lo dejo dar su opinión”. Que ellodemuestra el respeto y valor que la demandada le da alconcejo municipal y a sus integrantes, máxime aún, cuando lasesión era precisamente para debatir sobre un futuro procesode fiscalización. Agregan que la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades, le entrega al concejo lafacultad de fiscalizar las actuaciones del alcalde y todasaquellas materias que dicen relación con la gestión municipal,y que el artículo 71 del citado texto legal, dispone que en cadamunicipalidad habrá un concejo de carácter normativo,resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva laparticipación de la comunidad local y de ejercer lasatribuciones que señala la ley.Que de otro lado, el artículo 80 de la citada ley, señalaque la fiscalización que le corresponde ejercer al concejocomprenderá también la facultad de evaluar la gestión delalcalde, especialmente para verificar que los actos municipalesse hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdosadoptados por el concejo, en el ejercicio de sus facultadespropias.Por último, que las disposiciones legales referidas, dancuenta de la facultad fiscalizadora del concejo, lo que a juiciode la parte requirente, ha sido pasada a llevar con lasactuaciones de la alcaldesa, siendo su accionar de la gravedadsuficiente para configurar las causales de remoción invocadas.Contestando este cargo, la alcaldesa requerida cita elacuerdo N° 23, que se tomó para fiscalizar todas aquellasconsultas solicitadas por escrito a la alcaldesa, efectuadas porla comunidad sin respuesta dentro del plazo permitido por la

65 – sesenta y cinco -Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional deMunicipalidades, y señala que el concejal, señor EdgardoSierra Neira, en su intervención que consta en la línea N° 17de la página 2 del concejo extraordinario N° 05, quiso formarinmediatamente la comisión, cuestión que no contemplaba laconvocatoria para concejo extraordinario de fecha 24 de marzode 2.010.Que el artículo 84 inciso 3° de la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades, prescribe: “Lassesiones extraordinarias serán convocadas por el alcalde o porun tercio, a lo menos, de los concejales en ejercicio. En ellassólo se tratarán aquellas materias indicadas en laconvocatoria”.Que en ninguna parte de la convocatoria se solicitó laformación de comisión alguna. Que, además, el artículo 80 dela ley citada, establece en sus dos primeros incisos lo quesigue: “La fiscalización que le corresponde ejercer al concejocomprenderá también la facultad de evaluar la gestión delalcalde, especialmente para verificar que los actos municipalesse hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdosadoptados por el concejo, en el ejercicio de sus facultadespropias. Las diferentes acciones de fiscalización deberán seracordadas dentro de una sesión ordinaria del concejo y arequerimiento de cualquier concejal”.Que por ello, las diferentes acciones de fiscalizacióndeben ser acordadas dentro de una sesión ordinaria deconcejo, y a requerimiento de cualquier concejal, pero jamás,en una sesión extraordinaria como pretendían efectuarlo losrequirentes.Hace presente que, en el ejercicio de la funciónfiscalizadora del concejo municipal de la actuación del alcalde,debe existir un justo equilibrio, y que debe primar siempre el

66 – sesenta y seis -bien común de la comuna y los intereses colectivoscomprometidos en su administración. Que los concejalesdeben ejercer la labor de fiscalización que la ley lesencomienda, en forma oportuna, reservando el requerimientode remoción para los casos extremos en que efectivamenteexistan irregularidades que ameriten su presentación.Que en su caso, jamás ha dejado de atender a todosquienes concurren ante ella, y que, a mayor abundamiento, elinciso 2° del artículo 98 de la Ley de Municipalidades, luego dela modificación que le introdujo la Ley Nº 20.033, de fecha 01de julio de 2.005, expresa que: “Cada municipalidad deberáhabilitar y mantener en funcionamiento una oficina de partes yreclamos abierta a la comunidad en general. La ordenanza departicipación establecerá un procedimiento público para eltratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismolos plazos en que el municipio dará respuesta a ellos, los que,en ningún caso serán superiores a treinta días”. Agrega, “lainformación y documentos municipales son públicos”, y señalaque, en la oficina de partes de la Municipalidad de Renaico,está a disposición de quien lo requiera, por lo menos, todos losdocumentos que la citada disposición menciona.Agrega y cita que la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a laInformación Pública, de fecha 20 de agosto de 2.008, conocidatambién como Ley de Transparencia de la Función Pública yde Acceso a la Información de la Administración del Estado,aplicable a las municipalidades, establece un procedimientopara requerir la información que cualquier particular necesita.Si la información es negada, se puede hacer una presentaciónal Consejo de la Transparencia y si allí no se obtiene lo que sedesea, se puede recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.

67 – sesenta y siete -Que en su caso, no ha existido ninguna reclamación dealgún particular en su contra, ni en el Consejo de laTransparencia ni en la Corte de Apelaciones.Por último, hace presente que el hecho de queposteriormente no se haya constituido la mencionada comisiónde fiscalización, no es un hecho que se le pueda imputar comoalcaldesa, y que responde únicamente a la desidia de lospropios concejales acusadores, por lo que en este caso no hayhechos concretos y comprobables que demuestren unasupuesta falta de probidad ni un notable abandono dedeberes, por lo que el cargo debe ser desestimado.Este Tribunal Electoral Regional, en cuanto a estecuarto cargo formulado, lo desestimará. En efecto, se tieneespecialmente presente el hecho de que los concejalesrequirentes, o, el concejo municipal en tanto órgano, de haberquerido conformar la comisión de fiscalización, pudieronhaberlo hecho por los mecanismos idóneos que la leycontempla al efecto. Se estima que los hechos que fundan laacusación, no reúnen la entidad suficiente para configurar lamáxima sanción que establece la ley para remover a laalcaldesa de su cargo.15º.- QUINTO CARGO: IRREGULARIDADES ENPROGRAMA DENTAL PARA HOMBRES Y MUJERES DEESCASOS RECURSOS.Exponen los requirentes de remoción, que laMunicipalidad de Renaico, en el año 2.008 implementó unprograma dental para hombres y mujeres de escasos recursos,denominado “Atención Integral para Mujeres y Hombres deescasos recursos”.Que la ejecución del referido programa, se lo adjudicó laprofesional odontóloga, Carmen Obreque, por un monto de $46.714.748 (cuarenta y seis millones setecientos catorce mil

68 – sesenta y ocho -setecientos cuarenta y ocho pesos), y con una duraciónde un año. Que dentro de las cláusulas del contrato, seestablecía que la asistente social, señorita Patricia SepúlvedaMedina, sería la encargada de derivar, mediante unacertificación que acreditaría la condición socioeconómica, a losusuarios de dicho programa. Exponen que en un proceso defiscalización efectuado por el concejal, señor Edgardo SierraNeira, se tomó conocimiento de un hecho irregular, pues sedetectó que no sólo la asistente social indicada, sino que donMarcelino Sepúlveda, a la sazón ex concejal y ex candidato ala reelección, también, sin cumplir con los requisitos legales,hacía derivaciones de pacientes.Que lo anterior, fue denunciado al concejo municipal porel concejal señor Sierra Neira, ante lo cual la alcaldesa instruyóla realización de un sumario, paradojalmente, no parainvestigar y eventualmente sancionar esta derivación irregularde pacientes, sino que de una forma sorprendente, parainvestigar, averiguar y eventualmente, sancionar al funcionarioque entregó la información al concejal señor Sierra Neira. Queen el marco del sumario efectuado, incluso fue citado adeclarar el propio concejal señor Sierra Neira, y que, laalcaldesa no advirtió de lo irregular de ello a la fiscal, toda vezque el concejal no tiene la calidad de funcionario público, sinoque la de autoridad.Indican que a la fecha de interposición del requerimientode remoción de autos, no tienen noticias del resultado delsumario instruido, y que lo anterior demuestra el accionarirregular e ilegal de la administración municipal actual, queprivilegia el entorpecer la gestión del concejo o de un concejal,en vez de investigar y sancionar hechos abiertamenteirregulares.

69 – sesenta y nueve -Que lo más grave es que la alcaldesa, teniendoasesoría legal, insiste en entorpecer la función del concejo yconcejales, aún en desmedro del cumplimiento de sus deberescomo funcionario municipal y autoridad. Que todo lo anteriorimporta, a su juicio, una infracción de carácter grave queresulta ser de la entidad y cuantía suficiente para configurar lascausales de remoción de notable abandono de deberes einfracción grave al principio de probidad administrativa.Por su parte, la alcaldesa requerida contestando elcargo, indica: que con fecha 05 de marzo de 2.008, entre elServicio de Salud Araucanía Norte y la Municipalidad deRenaico, representada legalmente por su entonces alcalde,señor Edgardo Sierra Neira, se suscribió un conveniodenominado “Programa de Resolutividad en AtenciónPrimaria”, el cual, en su cláusula quinta, contemplaba losiguiente: El municipio se compromete a utilizar los recursosobtenidos en los siguientes objetivos específicos y metas: E.-Otorgar atención odontológica integral a un total de 146mujeres y hombres de escasos recursos.Señala que este programa funcionó en forma adecuaday que la ejecución del mismo se lo adjudicó la profesionalodontóloga, señora Carmen Obreque Sánchez. Que lospacientes debían y fueron derivados por doña PatriciaSepúlveda Merino, quien en su calidad de asistente social,extendía un certificado que acreditaba la condiciónsocioeconómica de los eventuales beneficiarios de dichoprograma. Que así se procedió, razón por la cual la acusaciónformulada carece de seriedad y de veracidad.Que en este caso, no ha habido ni falta grave a laprobidad administrativa, ni notable abandono de sus deberes,por lo que el cargo debe ser rechazado.

70 – setenta -Respecto a este quinto cargo, de la prueba rendida,este Tribunal Electoral Regional, apreciando los hechos comojurado, es del parecer que debe ser rechazado. En efecto, seestima que no se aportó al respecto, prueba suficiente paraacreditar la veracidad de la acusación.Asimismo, este Tribunal Electoral Regional hacepresente que, aún en el caso de ser efectivo el hecho de que lasupuesta derivación de pacientes haya sido efectuada por untercero distinto al individualizado en el respectivo contrato, novisualiza la falta a la probidad administrativa o el notableabandono de deberes que se le reprocha a la alcaldesarequerida por los concejales comparecientes a estrados.16º.- SEXTO CARGO: CHOQUE DE VEHÍCULOMUNICIPAL.Los requirentes de la remoción, exponen que con fecha07 de febrero de 2.009 colisionó el vehículo municipal placapatente única BD.HJ.64 al interior del recinto municipal. Que deello, da cuenta la hoja de ruta de control de vehículo, del señorHéctor Muñoz, conductor a cargo del vehículo municipal placapatente única UX.94.14 colisionado por el vehículo antesindicado, a las 02:00 horas del 07 de febrero de 2.009.Que el funcionario señor Muñoz, encontró chocado elvehículo e informó al bodeguero, señor Luis Aguilera, de lascircunstancias en que se produjo el accidente protagonizadopor otro funcionario, señor Eduardo López, quien conducía enestado de ebriedad.Que con fecha 09 de febrero de 2.009, el señor Lópezretiró el vehículo de la Municipalidad de Renaico, y lo llevó a laciudad de Temuco, a la aseguradora Magallanes, ocasión enque denuncia el siniestro, señalando una versión distinta de loshechos: que estaba trabajando en el balneario de la

71 – setenta y uno -municipalidad, y cuando regresó a su vehículo, loencontró chocado.Que habiendo tomado conocimiento de estos hechos, elconcejal señor Sierra Neira, puso los antecedentes adisposición del concejo municipal, sin perjuicio de tambiénenviarlos a la Contraloría Regional de La Araucanía. Que anteello, la alcaldesa sólo escuchó sorprendida el relato de loshechos, e ignoran si a la fecha, si ésta puso los antecedentes adisposición del Organismo Contralor Regional, toda vez que,por tratarse de una infracción al Decreto Ley N° 799,corresponde a la Contraloría General de la República instruir lainvestigación respectiva.Que con el proceder de la alcaldesa, se vulnera lalegalidad vigente, pues no tomó cartas en el asunto, no hizoefectiva la responsabilidad administrativa de los funcionariosinvolucrados en los hechos incumpliendo la norma expresa.Indican que la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de losfuncionarios municipales, en su artículo 61, dispone que seránobligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades lassiguientes: a) Ejercer un control jerárquico permanente delfuncionamiento de las unidades y de la actuación del personalde su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a laeficiencia y eficacia en el cumplimiento de los finesestablecidos, como a la legalidad y oportunidad de lasactuaciones.Que esa es la norma que con su accionar y omisión, laalcaldesa transgredió. Que lo anterior, importa una omisión dedeber funcionario grave, más que suficiente para configurar laremoción de su cargo por las causales demandadas.La alcaldesa requerida, contestando el cargo, señala:que obró legalmente.

72 – setenta y dos -Funda su afirmación en que si el vehículo estáasegurado, la investigación la hace la respectiva compañía deseguros, la que exige la denuncia ante Carabineros de Chile, yla que no paga el siniestro, si el conductor estaba ebrio o bajolos efectos del alcohol.Que en el caso de choque de vehículos del Estado, serequiere un sumario sólo cuando ellos no están asegurados,como un antecedente para justificar el pago de lasreparaciones.Que es evidente que los requirentes no conocen elDecreto Ley Nº 799, de 1974, publicado en el Diario Oficial el19 de diciembre de 1.974. Que en efecto, en esta ley no sehabla de choques ni de conducción en estado de ebriedad.Que en ese cuerpo legal, se sancionan sólo cuatro ilícitos, queson: 1) Prohibición de usar vehículos estatales los sábados enla tarde, domingos y festivos, salvo que sean autorizados pordecreto supremo; 2) No usar el disco que indique propiedadestatal del vehículo, salvo que esté exento de esta obligación;3) No guardar el vehículo al término de la jornada en el lugardestinado al efecto, por la autoridad correspondiente; y, 4) Queel conductor habitual de vehículos estatales no tenga unacaución equivalente al sueldo de un año.Que el Decreto Ley referido, invocado por losrequirentes, no se refiere ni al manejo en estado de ebriedad,ni a los daños producto de un choque. Que ello quedaentregado a la legislación ordinaria y es de competencia delMinisterio Público o del Juez de Policía Local competente.Que la competencia para realizar el sumario porinfracción al Decreto Ley Nº 799, de 1.974, corresponde a laContraloría General de la República y se inicia por denuncia deCarabineros de Chile o por acción popular.

73 – setenta y tres -Que en este caso, si Carabineros de Chile no hizo ladenuncia, pese a que se dejó constancia de la colisión, y si laContraloría General de la República no inició un sumario, comolo pidió el concejal, señor Sierra Neira, obedece a que ladenuncia carecía de consistencia.Que en su calidad de alcaldesa, no efectuó denuncia ala Contraloría General de la República, porque las acusacionesde manejo en estado de ebriedad y de faltar a la verdad quehizo el concejal, señor Sierra Neira, carecían de seriedad, puesse fundaban en rumores que estimó, no son suficientes paradarles credibilidad. Que considerando que no está acreditadani falta de probidad ni notable abandono de deberes, el cargodebe ser rechazado.En cuanto a este sexto cargo, este Tribunal ElectoralRegional estima que de los antecedentes acompañados a lacausa, no se ha acreditado la efectividad del hecho denunciadoo al menos, la ocurrencia de una colisión en que uno de losconductores involucrados la provocara conduciendo en estadode ebriedad un vehículo municipal, y que, con ocasión de ella,la alcaldesa recurrida, omitiera obligaciones legales queconstituyan un notable abandono de sus deberes o una faltagrave al principio de probidad administrativa, que merezca suremoción del cargo, por lo que la acusación, a este respecto,también será rechazada.17º.- SÉPTIMO CARGO: NO DAR DEBIDA YOPORTUNA RESPUESTA A SOLICITUDES YREQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESENTADOSPOR CONCEJALES.Exponen los requirentes que la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades, regula y reglamenta en dosartículos esta materia, estableciendo las directrices de cómo elconcejo municipal o un concejal, pueden solicitar información y

74 – setenta y cuatro -frente a ello, qué obligación tiene el alcalde deresponder y en qué plazo. Señalan que el artículo 79 del citadocuerpo legal, dispone que al concejo le corresponderá: h) Citaro pedir información, a través del alcalde, a los organismos ofuncionarios municipales cuando lo estime necesario parapronunciarse sobre las materias de su competencia. Que lafacultad de solicitar información la tendrá también cualquierconcejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo.Que el alcalde estará obligado a responder el informe en unplazo no mayor de quince días.Continúan su exposición, señalando que el artículo 87de la Ley referida, dispone que todo concejal tiene derecho aser informado plenamente por el alcalde o quien haga susveces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamientode la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera deno entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá darrespuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casoscalificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiemporazonable a criterio del concejo.Fundan el cargo, en la documentación acompañada alrequerimiento, consistente en copias de oficios y cartas tantode concejales como de vecinos que según indican, a la fechade interposición del libelo de autos, no han tenido respuesta yque a continuación se individualizan: a) Oficio N° 23 de fecha09 de agosto de 2.010, solicitud de información del concejal,señor Sierra Neira a la alcaldesa; b) Carta solicitandoinformación presentada por don Miguel Ángel Díaz Pinilla, defecha 25 de agosto de 2.010; c) Carta solicitando informaciónpresentada por doña Rosa Cifuentes Erices, de fecha 24 demayo de 2.010; d) Carta solicitando información presentadapor don Alberto Guzmán Toloza, de fecha 02 de junio de 2.010;e) Carta solicitando información presentada por doña Rosa

75 – setenta y cinco -Castro, de fecha 07 de junio de 2.010; f) Cartasolicitando información presentada por doña Rosa Castro, defecha 12 de julio de 2.010; g) Carta de Junta de VecinosPoblación Juan Chávez, de fecha 25 de marzo de 2.010; h)Carta de doña María Cecilia Zapata Almendras, de fecha 01 deabril de 2.010; i) Carta de doña Rosa Cid Rojas, de fecha 16 defebrero de 2.010; j) Carta de doña Alicia Ríos Faúndez, defecha 05 de enero de 2.010; k) Oficio Ordinario N° 062 de donRodolfo Fuentes García, Director Liceo Manzanares, de fecha23 de marzo de 2.010; l) Oficio N° 11 del concejal, señorBelmar Fuentes, de fecha 27 de agosto de 2.009; m) Carta delconcejal, señor Sierra Neira, de fecha 25 de marzo de 2.009; n)Oficio N° 29 del concejal, señor Sierra Neira, de fecha 15 deoctubre de 2.010; ñ) Oficio N° 28 del concejal, señor SierraNeira, de fecha 15 de octubre de 2.010; o) Carta de doñaCelinda Urbina Méndez, de fecha 09 de agosto de 2.010; p)Oficio N° 30 de los concejales Carla Sierra y Edgardo Sierra,de fecha 22 de octubre de 2.010; q) Oficio N° 31 de losconcejales Carla Sierra y Edgardo Sierra, de fecha 22 deoctubre de 2.010; r) Oficio N° 32 de los concejales Carla Sierray Edgardo Sierra, de fecha 22 de octubre del 2.010; s) OficioN° 33 de los concejales Carla Sierra y Edgardo Sierra, defecha 22 de octubre de 2.010; t) Oficio N° 34 del concejal,señor Sierra Neira, de fecha 22 de octubre de 2.010.La requerida, en cuanto al cargo, expresa: que todas lassolicitudes a que hacen referencia los concejales requirentes,han sido contestadas por su administración, sin excepción.Agrega que respecto de las tres solicitudes introducidaspor el concejal, señor Sierra Neira, con fecha 15 de octubre delaño 2.010, fueron contestadas por medio de Ordinario N°1.070 de fecha 08 de noviembre de 2.010, documento en elcual se le indicó que, a partir del mes de noviembre del año

76 – setenta y seis -2.010, los concejales que requieran información, debenutilizar el mecanismo señalado en el artículo 79 letra h) de laLey N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,esto es, que la petición debe formalizarse a través del concejomunicipal, siendo este Órgano el que debe pedir lainformación, a la alcaldesa. Que la petición en todo caso debeformalizarse por escrito al concejo, conforme al mandato delinciso 2° letra h) del artículo 79 de la Ley N° 18.695, OrgánicaConstitucional de Municipalidades. Que al efecto, le adjuntóDictámenes N° 17.501 de fecha 19 de abril de 2.010 yDictamen N° 17.233 de fecha 09 de mayo de 2.002, emitidospor la Contraloría General de la República.Que luego, con posterioridad a la remisión del OrdinarioNº 1.070 de 08 de noviembre de 2.010, se ingresó en la Oficinade Partes de la Municipalidad de Renaico, el Ordinario Nº4.226 de fecha 27 de octubre de 2.010 de la ContraloríaGeneral de la República, en el cual el Órgano Contralor,contestando a una consulta de la alcaldesa, en cuanto a quéactitud asumir ante las presentaciones de un concejal que atodas luces excedían de la capacidad de respuesta delmunicipio, se le indicó, en su parte medular y de formaexpresa, lo siguiente:“Sobre el particular, cumple esta Contraloría Regionalcon manifestar que el artículo 87 de la ley 18.695, dispone quetodo concejal tiene derecho a ser informado por el alcalde oquien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha yel funcionamiento de la corporación. Este derecho debeejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. Elalcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quincedías, salvo en casos calificados en que aquél podráprorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo”.

77 – setenta y siete -Agrega que al respecto, la Contraloría General de laRepública ha expresado en los Dictámenes Nº 42.219 de 2.009y 17.501 de 2.007, que la correlación entre el principio de latransparencia y los de eficiencia y eficacia, consagrados en losartículos 3 y 5 de la Ley N° 18.575, implica que, si la autoridadedilicia estima que la petición de información es imprecisa oreferida a un número de actos administrativos o susantecedentes, de forma tal, que cursarla implique una seriaafectación al desempeño de las funciones, aquella no estaráobligada a proporcionarla, sin perjuicio que pueda proveer loscriterios municipales relativos a la materia consultada. Enrelación con la materia, cabe consignar que siendo el principioorientador de los servicios públicos el de la publicidad de losactos administrativos, elevado a rango constitucional por elartículo 8° de la Constitución Política de la República, debeentenderse que aquella facultad discrecional de la autoridadedilicia debe ser razonada, en el sentido de expresar lascircunstancias que impidan otorgar los informes odocumentación solicitada, aplica Dictamen Nº 4.916 de 2.009.Por consiguiente, atendido lo expuesto, cabe concluir quecorresponde a la Municipalidad de Renaico determinar en quécircunstancias concurre el entorpecimiento de que se trata,expresando las circunstancias que impidan otorgar losinformes o la documentación solicitada, sin perjuicio deproporcionar al concejal requirente información acerca de loscriterios municipales relativos a la materia de su interés”.Concluye, que en virtud del dictamen indicado, procedióa contestar las cinco presentaciones del concejal, señor SierraNeira, de la misma fecha, esto es, de 22 de octubre de 2.010,de la manera en que se hizo a través del Ordinario Nº 1.111 defecha 15 de noviembre de 2.010, sin perjuicio de que al Oficio

78 – setenta y ocho -Nº 31 de esa fecha, se le contestara por el Ordinario1.071 de fecha 08 de noviembre de 2.010.Que en virtud de lo anterior, contestó todo, sinexcepción, y que lo único que se hizo, fue aplicar el criterio queindicó la Contraloría Regional, a la gran cantidad de solicitudesintroducidas el día 22 de octubre de 2.010, presentaciones quehasta en un municipio con mayor dotación que el de la comunade Renaico, habría originado entorpecimiento.Respecto del Oficio Nº 30 de fecha 22 de octubre de2.010, señala que se le indicó al concejal que precisara lainformación requerida, en aplicación del Dictamen Nº 4.916 defecha 30 de enero de 2.009, pues solicitaba información detodos los sumarios, el listado de fiscales de ellos y el estadoactual de tramitación de los mismos. Con relación al Oficio Nº31, señala que se le solicitó especificar respecto de qué tipo deproyectos del período alcaldicio anterior requería información,ya que el concepto de proyecto es muy amplio, por cuantoexisten proyectos sociales, culturales, deportivos einfraestructura y solicitaba información de proyectospendientes del período alcaldicio anterior, sin terminar por elperíodo alcaldicio actual.Con relación al Oficio Nº 32, agrega que también se lepidió precisión en la solicitud, por cuanto no delimitaba elperíodo por el cual requería la información, ni tampoco sirequería informe de ingresos y de gastos, señalando el períodorespectivo, o un informe financiero o de los planes demejoramiento de los establecimientos educacionales, puessolicitó, expresamente, un informe del estado de cumplimientode una ley en específico.Respecto al Oficio Nº 33, la requerida señala que leindicó que la presentación se ajustara al mecanismo señaladoen el artículo 79 letra h) inciso 2° de la Ley N° 18.695,

79 – setenta y nueve -Orgánica Constitucional de Municipalidades, pues elSecretario Municipal no tiene atribuciones conforme a la mismaley, para emitir un certificado con las características que elrequirente pedía.Por último, respecto del Oficio Nº 34, de la misma fecha,indica le señaló al requirente, que el proceso de calificacionesse estaba realizando y que su plazo de vencimiento expiraba el30 de noviembre de 2.010, comprometiéndose la requerida aentregar la información solicitada, en la primera quincena delmes de diciembre de 2.010, pues se solicitaba copiainformativa de las calificaciones de todo el personal municipal.El Tribunal Electoral Regional de La Araucaníarechazará el cargo, por cuanto, tal como se estableció sobreidéntica materia por el Excelentísimo Tribunal Calificador deElecciones de Chile en los autos Rol N° 202 – 2.008,conociendo del recurso de apelación interpuesto en los autosRol N° 687 – 2.007 de este Tribunal Electoral Regional,recurso interpuesto precisamente por uno de los concejalesrequirentes, señor Edgardo Sierra Neira, quien a la sazón,ostentara el cargo de alcalde de la comuna de Renaico, elConcejo Municipal es un órgano colegiado que debepropender, por sobre las diferencias personales, al bien comúnde la comunidad, toda vez que a las municipalidades lescorresponde realizar importantes tareas de gran significadosocial y que, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, concedea los concejales el derecho de ser informados plenamente porel alcalde de todo lo relacionado con la marcha yfuncionamiento de la corporación, establece, al mismo tiempo,la modalidad como debe ejercerse, al señalar que dichoderecho de petición, no debe entorpecer la gestión municipal.

80 – ochenta -18º.- OCTAVO CARGO: DETRIMENTO ALPATRIMONIO MUNICIPAL POR NO COBRO DE DERECHOSMUNICIPALES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL.La solicitud de destitución, en cuanto al cargo, se fundaen que la Municipalidad de Renaico tiene vigente unaordenanza municipal de derechos, y que en dicha normativa,se estipula el cobro de un derecho denominado “Derecho deTala de Bosque” por un valor equivalente a 0,005% de UnidadTributaria Mensual por pulgada, y por metro ruma, de 1% deUnidad Tributaria Mensual.Los requirentes indican que han recibido antecedentesque dan cuenta de la inacción de la alcaldesa en esta materia,toda vez que, hasta la fecha de interposición del libelo deautos, nada ha hecho por cobrar lo que empresas forestalesadeudan al municipio por, según sus dichos, no pagar estederecho de tala de bosque.Señalan que les consta que la empresa, ForestalMininco, en el fundo “El Almendro”, taló un bosque completo yque, en el sector Casablanca, el señor Raúl Contreras, talóbosque. Que también en el sector Ruta Tijeral – Mininco, elseñor Juan Inostroza junto a don Rodrigo Amaza, seencuentran en proceso de tala.Calculan y estiman que el detrimento al patrimonio de lamunicipalidad por esta omisión de la alcaldesa, asciende a unasuma superior a los $ 50.000.000 (cincuenta millones depesos).Agregan que la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucionalde Municipalidades, en su artículo 56, dispone que el alcaldees la máxima autoridad de la municipalidad y que en tal calidadle corresponde su dirección y administración superior, y lasupervigilancia de su funcionamiento.

81 – ochenta y uno -Que así, la disposición legal ha sido incumplida por laalcaldesa, pues es la Jefe Superior del Servicio, y está a cargodel personal que debió fiscalizar y realizar el girocorrespondiente para aplicar y hacer efectivo el derechoconsagrado en la ordenanza, pues una vez informada de lasituación en sesión de concejo, debió instruir una investigaciónsumaria o sumario administrativo tendiente a determinar losfuncionarios responsables de tamaño error.Que nada ha realizado al respecto, y que por ende, esresponsable de una doble omisión, primero, porque debido asu inacción, hay un detrimento al patrimonio municipal y,segundo, porque por su omisión no se han instruido lossumarios correspondientes, en contra de los funcionariosinvolucrados en los hechos. Que entonces, se está enpresencia de una doble falta legal, que ha producido un grave yreal detrimento a las finanzas de la Municipalidad de Renaico,situación más que suficiente, a su juicio, para configurar lascausales de remoción demandadas.Contestando el cargo formulado, la alcaldesa requeridaseñala: que el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales,dispone en su inciso 2°: “Asimismo, quedarán gravadas conesta tributación municipal las actividades primarias oextractivas en los casos de explotaciones en que medie algúnproceso de elaboración de productos, aunque se trate de losexclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, talescomo aserraderos de maderas, labores de separación deescorias, moliendas o concentración de minerales, y cuandolos productos que se obtengan de esta clase de actividadesprimarias, se vendan directamente por los productores, enlocales, puestos, kioscos o en cualquiera otra forma quepermita su expendio también directamente al público o acualquier comprador en general, no obstante que se realice en

82 – ochenta y dos -el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, yaunque no constituyan actos de comercio los que se ejecutenpara efectuar ese expendio directo”.Que de dicho texto legal, se desprende que en principio,la actividad forestal consistente en la tala de bosques, es unaactividad primaria, de aquellas no afectas al gravamen decontribución municipal, dado que en ella no media un procesode elaboración del producto, independientemente de que sevenda la madera talada, pues los requisitos del artículo 23 delDecreto Ley N° 3.063 del año 1.979, Ley de RentasMunicipales, son copulativos.Que así, si media algún proceso de elaboración de lamadera luego de cortarla o talarla y antes de su venta por elmismo productor, la actividad primaria quedaría gravada conpatente municipal, cuestión de hecho que dilucidará laadministración activa, citando el Dictamen Nº 31.300 del año2.000 de la Contraloría General de la República.Agrega que tal como está expresado en la ordenanzade cobros de derechos municipales de la Municipalidad deRenaico, en su artículo 9, se lee: “El otorgamiento de patentepara el ejercicio transitorio de actividades lucrativas pagaránlos siguientes derechos: 14) Derechos por tala de bosques: Porpulgada: 0,05% U.T.M. Por metro ruma 1% U.T.M.Que en estas condiciones, se le hace imposible aplicarla ordenanza municipal, por cuanto se está gravando unaactividad primaria, de aquellas no afectas al gravamen decontribución municipal, dado que en ella no media un procesode elaboración del producto, independientemente que sevenda la madera talada, pues los requisitos del artículo 23 delDecreto Ley N° 3.063 del año 1.979, Ley de RentasMunicipales, son copulativos (quedarán gravadas con estatributación municipal las actividades primarias o extractivas en

83 – ochenta y tres -los casos de explotaciones en que medie algún procesode elaboración de productos). Concluye lo anterior, enaplicación del principio de jerarquía de las normas legales,conforme al cual, una ordenanza municipal no puede primarpor sobre la ley.Que de otro lado, los concejales requirentes, se refierena la tala de bosques, que es una actividad primaria, y quedesde este punto de vista, la norma de la ordenanza sería letramuerta.En un segundo orden de ideas, la requerida, indica queconforme lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, sóloestá obligada a conocer la ley, más no todos los hechos queacaecen en su comuna, y que los concejales requirentes, queindican que le informaron de esta situación en sesión deconcejo, sesión que no individualizan, simplemente no lohicieron.Señala que nunca se le informó de un hecho con talescaracterísticas.Por último, señala que la Municipalidad de Renaico,cuenta con 1 (uno) fiscalizador a nivel comunal, por lo que sino es informada de un hecho de tales características por él,por los concejales, o en el fondo, por cualquier persona,malamente puede informarse por sus propios medios, de todoslos hechos que acaecen en la comuna de Renaico.Insiste en que lo que expresan los concejalesrequirentes, en cuanto a una supuesta información de tala debosques dada en sesión de concejo es falso, agregando quenunca se ha cobrado dicho derecho, y que por ello, el cargodebe ser rechazado.Este Tribunal Electoral Regional, rechazará el cargo encomento, por aparecer de los antecedentes proporcionados,que la tala de bosques y el eventual derecho a cobro que tiene

84 – ochenta y cuatro -la Municipalidad de Renaico por dicho concepto, no fuepuesto en conocimiento de la alcaldesa, así como, por el hechode que nunca el cuestionado derecho municipal fue cobrado enla comuna de Renaico, incluso, en el periodo alcaldicioanterior, en el cual uno de los requirentes, concejal señorSierra Neira, ostentara el cargo de alcalde.19º.- NOVENO CARGO: REMOCIÓN DE ÁRIDOS ENEL RÍO RENAICO SIN MINUTA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓNDE OBRAS HIDRAÚLICAS.Expresan los concejales requirentes de la remoción, quecon fecha 06 de diciembre de 2.008, el concejal de la comunade Renaico, señor Sierra Neira, tomó conocimiento de que laretroexcavadora municipal, placa patente única BB.WH.94,conducida por el funcionario municipal, señor Alejandro Olate,estaba realizando movimiento de áridos en las bases delpuente carretero sobre el río Renaico. Que solicitadainformación a la alcaldesa, ésta manifestó que esos trabajosvenían de antes. Ante ello, el concejal señor Sierra Neira,quien era el alcalde inmediatamente anterior, le manifestó queello no era efectivo y le solicitó formalmente que si ella nohabía dado la instrucción en dicho sentido, realizara lacorrespondiente investigación. Que frente a esta situación, laalcaldesa se negó a instruir una investigación, encircunstancias que era su obligación legal, consagrada ydescrita en la letra d) del artículo 63 de la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone: “Elalcalde tendrá las siguientes atribuciones: d) Velar por laobservancia del principio de la probidad administrativa dentrodel municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de sudependencia, en conformidad con las normas estatutarias quelo rijan”.

85 – ochenta y cinco -Que lo anterior es grave, pues tal como consta en actade sesión ordinaria N° 1 de fecha 15 de diciembre de 2.008, ensu página 30 se lee, al ser consultada la alcaldesa por el tema,ésta manifiesta que sí estaba en conocimiento de las faenasrealizadas por la maquinaria municipal en el lecho del ríoRenaico.Que otro hecho que reviste gravedad y que se relacionadirectamente con este cargo, es la ausencia de la “MinutaTécnica” que debe emitir la Dirección de Obras Hidráulicas delMinisterio de Obras Públicas, documento obligatorio pararealizar este tipo de trabajos. Que por ello, la alcaldesarequerida infringió la ley, pues es irregular e ilegal laautorización que presumiblemente dio para los trabajos sinminuta técnica, y también sería ilegal, con posterioridad noinstruir un sumario administrativo para determinar quién esresponsable por la realización de trabajos al margen de la ley.Contestando el cargo, la alcaldesa requerida señala:que la investigación sumaria efectivamente se realizó, y quelas indagaciones que realizó el funcionario investigador, señorGastón Trincado Jiménez, son clarificadoras al respecto. Indicaque en la página 2 de la investigación sumaria, la primerapersona entrevistada, el Jefe de Patio, señor Ramón MarínVásquez responde a la pregunta Nº 1 lo siguiente: “1.-El día 04de diciembre de 2.008 usted instruyó a don Alejandro OlateBravo para que entregara 6 cubos de ripio a 3 personasdistintas de la comuna. Es eso efectivo. Respuesta: Si, esefectivo”. Luego, en la página 3, a la pregunta Nº 7 “¿ustedrecibió instrucciones de algún superior para entregar materialacopiado o usted decidió la entrega? Respuesta: Recibíinstrucciones de mis superiores”. A la pregunta Nº 8, “¿Quiénadministraba el ripio extraído en el sector del río Renaico al

86 – ochenta y seis -interior del municipio? Respuesta: El señor Alcalde deese minuto, don Edgardo Sierra Neira”.Que posteriormente, en entrevista a don Alejandro OlateBravo, chofer de la Municipalidad, se lee en su declaración dela página 4, a la pregunta N° 3, lo siguiente: “Nº3: De acuerdoa lo manifestado en sus declaraciones, usted recibióinstrucciones del jefe de patio, don Ramón Marín, de entregarmaterial a 3 personas. Instrucciones que el señor Marín habríarecibido del entonces Alcalde de la comuna don EdgardoSierra Neira. Podría explicar esa situación. Respuesta: Elseñor Marín me llamó por radio y me pidió que entregara 6cubos de ripio en total a diferentes personas autorizado por elentonces Alcalde don Edgardo Sierra Neira. Para confirmaresta situación le consulté posteriormente al señor Marín si estoera efectivo y me lo confirmó”.Que por último, de las declaraciones del señorSecretario Municipal, don Rody Robles Carreño, quien en lapágina 6 expresa: Pregunta Nº 4: “¿Estaba UD. enconocimiento que no existía ninguna resolución derivada de laDirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de ObrasPúblicas que permitiera el acceso al cauce del río para suintervención?. Respuesta: No”. A la pregunta Nº 5: En elperíodo del Alcalde señor Edgardo Sierra Neira ¿quién era eljefe directo de los operadores de maquinarias municipales ypersonal perteneciente a patio? Respuesta: El secretariomunicipal, del personal auxiliar y conductores. No desde elinicio de la administración, sólo a partir de la dictación de undecreto alcaldicio del que no recuerdo la fecha”. Que porúltimo, a la pregunta Nº 6: ¿Usted ratifica su declaraciónefectuada 24 de octubre de 2.007 respecto a que la extracciónde ripio por parte de la Empresa Agrícola San ClementeLimitada fue autorizada verbalmente por el señor Alcalde

87 – ochenta y siete -Edgardo Sierra Neira y que se le advirtió delcomunicado emanado de la Dirección Provincial de Vialidad deMalleco de que esto era irregular? Respuesta: Sí,completamente”.Que, concluye, se trató de trabajos que fueronordenados por la administración anterior, del señor EdgardoSierra Neira, los cuales seguían realizándose bajo su mandatouna vez que ésta asumió. Agrega que cuando tuvoconocimiento de los trabajos irregulares, instruyó su cese.Indica que el acta de sesión de concejo a que se hace alusiónen el requerimiento de remoción, es la primera sesión deconcejo de su administración y que se le pretende imputar unaresponsabilidad que no le compete, por trabajos que nocumplían con la normativa y que fueron ordenadas por elmismo concejal que le acusa.Hace también presente al Tribunal, el hecho de que enla investigación sumaria concluida por Decreto Alcaldicio Nº1.546 de 04 de diciembre de 2.009 se haya decretado elsobreseimiento, responde a que el artículo 89 inciso 1° de laLey N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,prescribe que a los concejales no les serán aplicables lasnormas que rigen a los funcionarios municipales, salvo enmateria de responsabilidad civil y penal, y que en virtud de ello,no podía aplicar las sanciones del artículo 120 de la Ley N°18.883 al concejal señor Sierra Neira, en cuya gestión seiniciaron estos trabajos, no pudiendo responder de actosanteriores a la vigencia de su mandato, por lo que el cargodebe ser rechazado.Este cargo también será desestimado por el TribunalElectoral Regional de La Araucanía, por aparecer de losantecedentes proporcionados que la extracción de áridos encomento, no fue ordenada por la alcaldesa requerida, y porque,

88 – ochenta y ocho -incluso, los trabajos tuvieron su comienzo en el periodoalcaldicio anterior, en el cual uno de los requirentes de autos,señor Sierra Neira, ocupaba el cargo de alcalde la comuna deRenaico.20º.- DÉCIMO CARGO: USO DE BIENESMUNICIPALES EN ACTIVIDADES POLÍTICAS.Los requirentes en su libelo, señalan que la legislaciónmunicipal, en especial la Ley N° 18.883, EstatutoAdministrativo de los Funcionarios Municipales, regula enforma clara la prohibición que esta conducta importa. Que elalcalde reviste una doble calidad, por una parte es autoridad ypor otra es funcionario municipal y así precisamente lo señalael artículo 1° de la citada ley al señalar: “El estatutoadministrativo de los funcionarios municipales se aplicará alpersonal nombrado en un cargo de las plantas de lasmunicipalidades. A los alcaldes sólo les serán aplicables lasnormas relativas a los deberes y derechos y la responsabilidadadministrativa”. Que dentro de los deberes a que está afecto,está el consagrado en el artículo 82, letra h) del mismo textolegal que dispone: “El funcionario estará afecto a las siguientesprohibiciones: h) Realizar cualquier actividad política dentro dela Administración del Estado o usar su autoridad, cargo obienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones”.Que la alcaldesa requerida, sabiendo o debiendo saberesta prohibición, la incumplió de forma grave.Señalan que con ocasión de la última elecciónsenatorial en la Circunscripción Novena Norte, fueroninformados por ciudadanos de la comuna, del uso de mobiliariode la Escuela Nobel Gabriela, del uso de vehículos municipalesy de la participación de funcionarios municipales en horas detrabajo, en el acto de cierre de campaña del entoncescandidato a Senador, señor Roberto Muñoz Barra.

89 – ochenta y nueve -Que la requerida, estuvo presente en la citadaceremonia, y que no pudo menos que conocer dichasirregularidades y tomar las medidas necesarias.Que mediante Oficio N° 13, de fecha 19 de abril de2.010, tres concejales de la comuna, señores Belmar, Carla yEdgardo Sierra, le solicitaron una investigación sumaria aobjeto de clarificar lo denunciado por la comunidad. Que frentea este requerimiento, la alcaldesa respondió que en virtud de lodispuesto en el artículo 56 y artículo 63 letra d) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, yDictamen N° 40.406 del año 2.004 de la Contraloría Regional,decidiría si ordenaba instruir sumario por los hechosdenunciados.Que se está en presencia nuevamente de una conductaque en el quehacer de la gestión de la demandada se hatransformado en una conducta permanente y habitual, y quevalgan para este cargo, todos los argumentos que sobreomisiones similares se han vertido en el libelo, señalando queesta omisión resulta ser un argumento más para determinar lacesación de su cargo por las causales demandadas.Contestando este cargo, la alcaldesa requerida señala:que esta materia está regulada por la Ley Nº 19.884, de fecha05 de agosto de 2.003, sobre Transparencia, Límite y Controldel Gasto Electoral, en cuyo artículo 27 se expresa: “Losfuncionarios públicos no podrán realizar actividad políticadentro del horario destinado a la Administración del Estado, niusar su autoridad, cargo o bienes de la institución para finesajenos a sus funciones”. Agrega que el artículo 28 de la citadaley, dispone que la responsabilidad administrativa de losFuncionarios de la Administración del Estado por infracción aesta ley, se hará efectiva directa y exclusivamente porprocedimiento disciplinario que llevará a efecto la Contraloría

90 – noventa -General de la República y que cualquier persona podrádeducir la correspondiente denuncia directamente a laContraloría General de la República, acompañando losantecedentes en que se funde.Indica que no denunció el supuesto ilícito ante laContraloría General de la República por desconocer los hechosdenunciados por los señores concejales requirentes.Agrega que instruyó una investigación sumaria porDecreto Alcaldicio Nº 732 de fecha 20 de abril de 2.010,designando al efecto como funcionario investigador al señorEduardo Contreras Díaz, Administrador Municipal del municipiode Renaico. Que al no terminar el funcionario investigadordentro del plazo legal, se procedió a elevar la investigación asumario administrativo por Decreto Alcaldicio Nº 1.902 defecha 26 de noviembre de 2.010, designándose como fiscal almismo funcionario.Que entonces, si alguien faltó a la ley, fueron losrequirentes por no haber formulado la denuncia ante el señorContralor, acompañando los elementos de juicio y probanzasque tenían, según afirman ahora en su libelo.Que los requirentes no estuvieron en la proclamacióndel candidato a Senador que mencionan, por lo que suafirmación de que se habría cometido esta falta no es creíble.Que por lo señalado, este cargo, también deberá serrechazado.Que, respecto a este cargo, este Tribunal ElectoralRegional concluye que no se aportó prueba suficiente paraacreditar que bienes y funcionarios municipales, hayanparticipado de una actividad política prohibida, por lo que,apreciando los hechos como jurado, se desecha en esteacápite la acusación.

91 – noventa y uno -21º.- DÉCIMOPRIMER CARGO: CONTRATACIÓN DEPERSONA CON TÍTULO PROFESINAL EXTRANJERO, SINACREDITACIÓN MEDIANTE EXAMEN ÚNICO NACIONAL.Exponen los actores, que el 17 de agosto de 2.009, laMunicipalidad de Renaico contrató, bajo la modalidadhonorarios, al señor Juan Carlos Reinao Marilao, paradesempeñarse como médico cirujano del Plan de Apoyo a laAtención Primaria 2.009.Que el señor Reinao Marilao, es un ciudadano chilenoque cursó sus estudios de medicina en el extranjero,específicamente en Cuba, y que carecía a la fecha deinterposición del libelo de autos, del examen único profesionalque regulariza sus estudios, y que su ejercicio profesional, seencuentra autorizado con restricciones en virtud de unaResolución de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, enbase a las normas del Código Sanitario.Que el señor Reinao Marilao, estaba autorizado paraejercer como médico cirujano, en lugares apartados de lacomuna de Renaico, según lo dispuesto en el artículo 112,inciso 3º del Código Sanitario, y que la Resolución que loautoriza, señala que prestará servicios en lugar apartado dedifícil acceso.Que luego, con posterioridad a su contratación, elDirector del CESFAM de Renaico, señor Hernán TorresFuentealba, le informa a la alcaldesa por Memorándum N° 10de fecha 08 de febrero de 2.010, que el señor Juan CarlosReinao Marilao, cumplió turnos en el Centro de Salud Familiarde Renaico, los días de fiestas del año 2.009.Que también resulta ser irregular el hecho de que, conocasión de una visita realizada por la Secretaria RegionalMinisterial de Salud, señora Gloria Rodríguez, se encontrara

92 – noventa y dos -trabajando al señor Reinao Marilao en el CESFAM deRenaico, en circunstancias que no estaba autorizado para ello.Que ello, es una conducta de la alcaldesa que resultaser permanente y habitual, cual es la omisión permanente dehacer efectiva la responsabilidad administrativa, según normasestatutarias que rigen a los funcionarios que infringen la ley.Que la alcaldesa, ya con fecha 08 de febrero del 2.010fue oficialmente informada de que el señor Reinao Marilao sedesempeñaría profesionalmente fuera de los límites que leimponía la Resolución de la Secretaría Regional Ministerial deSalud, y que es en ese momento, cuando ella debió instruir elcorrespondiente sumario en el Departamento de Salud a objetode clarificar los hechos y hacer efectiva la responsabilidadadministrativa de los funcionarios si correspondiera.La alcaldesa requerida, contesta este cargo señalando:que el año 2.009 se contrató los servicios de Juan CarlosReinao Marilao con el objeto de que prestara sus servicios demédico cuyo título profesional obtuvo en Cuba. Que para elejercicio de su profesión, estaba habilitado por la ResoluciónN° 0033078 de fecha 06 de agosto de 2.009, de la SecretaríaRegional Ministerial de Salud de la Región de La Araucanía.Que la citada Resolución, estableció que en virtud de loprescrito en el artículo 112 inciso 3° del Código Sanitario, seautorizaba al señor Juan Carlos Reinao Marilao para ejercercomo médico, en los lugares apartados de la comuna deRenaico. Se estableció además, que el médico sólo podíaprestar sus servicios como tal, en las localidades de la comunade Renaico que tengan las características de lugar apartado,de difícil acceso de acuerdo a lo previsto en los considerandosy parte resolutiva de la Resolución indicada.Que en consideración al Memorando de fecha 15 deseptiembre de 2.009 del médico, señor José Partarrieu Vistoso,

93 – noventa y tres -en el que éste informaba que no podría realizarextensiones horarias durante los días 17, 18, 19 y 20 deseptiembre del año 2.009 por razones personales, el CESFAMde Renaico se quedaría sin médico y que por esa única razón,se le autorizó al médico Juan Carlos Reinao Marilao, para quehiciera extensiones horarias en el CESFAM de Renaico en lasreferidas fechas.Señala que es efectivo que en una visita que efectuópersonal fiscalizador de la Secretaría Regional Ministerial deSalud de la Región de La Araucanía, se habría constatado queen el CESFAM de su comuna, se habían estado realizandoextensiones horarias por el señor Juan Carlos Reinao Marilaodurante el mes de junio, pero que ello fue objeto de un sumariosanitario iniciado por la Secretaría Regional Ministerial deSalud con fecha 18 de junio de 2.010, en el cual se procedió aformular los descargos, en el sentido de que inmediatamente,el día después de recibido el oficio por parte del Director delCESFAM de Renaico en que se le comunicaba a la alcaldesael procedimiento administrativo que se había iniciado, seprocedió a emitir el Ordinario de 23 de junio de 2.010, por elcual se ordenó perentoriamente al señor Reinao Marilao,terminar con las extensiones horarias en ese centro asistencial,pero solicitando a la vez, la readecuación del horario de trabajode choferes y otros funcionarios del CESFAM, para que, antecualquier emergencia, pacientes graves pudieran sertrasladados a otro centro asistencial cercano, que contara conmédico cirujano las 24 horas del día, en aplicación de lodispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, que consagrael principio de continuidad en el servicio; y el artículo 19 N° 1de la Constitución Política de la República, que consagra elderecho a la vida.

94 – noventa y cuatro -Indica que también se le expresó a la autoridad sanitariaque el artículo 177 del Código Sanitario dispone que laautoridad sanitaria podrá, cuando se trate de una primerainfracción y aparecieren antecedentes que lo justifiquen,apercibir y amonestar al infractor, sin aplicar la multa y demássanciones, exigiendo que se subsanen los defectos que dieronorigen a la infracción, dentro del plazo que se señale.Que siendo la primera infracción de ese tipo en que seincurría en el CESFAM de Renaico y habiendo antecedentesque lo justificaban, como lo era el hecho de que en la comunasólo se cuenta con 1 (uno) médico al que no se le puede tenerlas 24 horas cumpliendo horas de trabajo en el centroasistencial, y, que se había llamado a concurso para proveerel cargo, el que no ha sido posible de llenar, se le solicitó a laautoridad administrativa únicamente apercibir y amonestar a laalcaldesa, sobre todo, por lo que señalaba la parte final delartículo indicado. Si se daba la posibilidad de aplicar sóloapercibimiento y amonestación al infractor para el caso reciénseñalado, en tanto se subsanaren los defectos que dieronorigen a la infracción dentro del plazo que señalara la autoridadadministrativa, con mayor razón se podía hacer uso de lanorma si la infracción se había subsanado con anterioridad a laindicación de plazo por la autoridad sanitaria. Que finalmente,la autoridad sanitaria no aplicó multa al municipio de Renaico,pero revocó la autorización al médico Juan Carlos ReinaoMarilao, revocación que se dejó sin efecto por una nuevaautorización, conforme a Resolución N° 10.545 de fecha 02 dejulio de 2.010, la que en lo resolutivo, dispone que se autorizaal señor Reinao Marilao para ejercer como médico en loslugares apartados de la comuna de Renaico, en las localidadesde Tijeral, Manzanares, Huelehueico, Tolpán, San Gabriel, ElLabrador, Patronal, incluida urgencia rural, en virtud de lo

95 – noventa y cinco -establecido en el artículo 112 inciso 3° del CódigoSanitario, y lo señalado en los considerandos de la Resolución,hasta el 31 de diciembre de 2.010. Excluyéndose de esaautorización al CESFAM de Renaico, por no reunir lacaracterística de lugar apartado.Que por lo indicado, los hechos descritos ya fueronobjeto de un sumario sanitario, la Municipalidad de Renaico sevio expuesta al pago de multa de la cual fue exonerada, y quela situación que denuncian los concejales es una situación quese encuentra actualmente subsanada.Que en consecuencia, este cargo es inexistente, por loque debe ser rechazado.Que con relación a este cargo, este Tribunal ElectoralRegional, sin validar las irregularidades administrativas yasancionadas por la autoridad competente, estima que laalcaldesa con su obrar, buscó mantener en la comuna deRenaico un médico cirujano que se encargara de la atenciónde la población, por lo que no existiendo acreditado en autosun daño a la población o un perjuicio patrimonial municipal, elcargo necesariamente deberá ser rechazado.22º.- DÉCIMOSEGUNDO CARGO: NO ENTREGA DEINFORMACIÓN AL CONCEJO DE LA EVALUACIÓN YGRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FINANCIADOPOR LA LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.Indican los requirentes, que la Ley N° 20.248, regula laSubvención Escolar Preferencial. Que el objetivo de dichasubvención, es contribuir a la equidad social mediante laentrega de recursos adicionales por cada alumno prioritario alos sostenedores de establecimientos educacionalessubvencionados. Que éstos, deben firmar, a cambio, unConvenio de Igualdad de Oportunidades y ExcelenciaEducativa mediante el cual se comprometen a una serie de

96 – noventa y seis -obligaciones, entre las cuales está destinar dichosrecursos a las escuelas para así mejorar la calidad de laeducación que éstas imparten. Que con este fin, dentro de lasobligaciones que deben cumplir los sostenedores que sesuscriben a la subvención escolar preferencial está la derespetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos yalumnas prioritarios y construir un Plan de MejoramientoEducativo con la participación de toda la comunidad escolar,que contemple acciones para mejorar los aprendizajes y en lasáreas específicas de Gestión Institucional: Convivencia,Liderazgo, Currículo y Gestión de Recursos. Que a diferenciade lo que ocurre con la subvención tradicional, lossostenedores deben utilizar el 100% de los recursos percibidospor subvención escolar preferencial exclusivamente en su plande mejoramiento y rendir cuenta anualmente de ello. Quedurante el período inicial del año 2.008 se incorporaron 6.721establecimientos educacionales. Que en el segundo períododel año 2.009, se añadieron 409 escuelas. Y que, finalmente,al tercer período, que entró en vigencia el año 2.010, entraron212 colegios más, con lo que a la fecha suman 7.342 y lacobertura llega al 79,4% del total de establecimientos quepodrían estar beneficiados por la subvención escolarpreferencial. Que por su parte, hasta el momento los alumnos yalumnas prioritarios identificados por la JUNAEB alcanzan los834.016.Agregan que la postulación de un establecimientoeducacional a la Subvención Escolar Preferencial es voluntaria,la puede efectuar el sostenedor en el mes de agosto de cadaaño, para incorporar a la escuela a partir del año escolarsiguiente. Que todos los establecimientos educacionales quereciben subvención del Estado (municipales o particularessubvencionados), que imparten enseñanza regular diurna pre

97 – noventa y siete -básica y/o básica; y que tienen matrícula en los nivelesincorporados al beneficio, pueden postular. Que una vez quese ha cerrado el período de postulación, el Ministerio deEducación clasifica a las escuelas en tres categorías(Autónoma, Emergente o En Recuperación) de acuerdo consus resultados académicos. Que esta clasificación se notificapor escrito al sostenedor y se abre el proceso de apelación, encaso que no se esté de acuerdo con el resultado. Que con estainformación, los sostenedores deben decidir responsablementesi firman el Convenio de Igualdad de Oportunidades yExcelencia Académica cuando sean convocados por laSEREMI respectiva, para así finalmente incorporarse alrégimen de la Subvención Escolar Preferencial. Que losalumnos prioritarios son aquellos para quienes la situaciónsocioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades deenfrentar el proceso educativo. Que además del Plan deMejoramiento Educativo, destinado a entregarles unaeducación de mayor calidad, y las acciones específicas queinvolucra; el principal beneficio que la Subvención EscolarPreferencial otorga a los alumnos prioritarios es la exención delcobro de mensualidad. Que no se incluye la entrega obligatoriade ayudas específicas en materia de alimentación, vestuario,útiles escolares o transporte para los alumnos y alumnasprioritarios; pues para eso hay otros programas de apoyo. Quesin embargo, el establecimiento educacional podría,eventualmente, considerar dentro de su plan alguna accióndestinada a suplir necesidades de ese tipo. Que el Conveniode Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa es unacuerdo mediante el cual el sostenedor del establecimientoque ha postulado a la Subvención Escolar Preferencial secompromete a cumplir una serie de compromisos, requisitos yobligaciones establecidos explícitamente en la Ley N° 20.248.

98 – noventa y ocho -Entre ellos, respetar los beneficios que la Ley deSubvención Escolar Preferencial otorga a los alumnosprioritarios, junto con elaborar y ejecutar un Plan deMejoramiento Educativo, rendir cuenta pública de los recursosy cumplir metas de rendimiento académico.Que en el marco descrito, la Municipalidad de Renaicoobtiene una subvención mensual total de $ 11.103.060 (oncemillones ciento tres mil sesenta pesos) para seisestablecimientos educacionales.Que habiendo el concejal, señor Sierra Neira, solicitadoinformación relativa al uso de esos recursos y el cumplimientode parte de la Municipalidad de Renaico de todas lasobligaciones que asume al ingresar al régimen de la Ley deSubvención Escolar Preferencial, hasta la fecha deinterposición del requerimiento de destitución de autos, laalcaldesa no ha entregado información alguna sobre lamateria.Que lo anterior, importa un hecho grave, no sólo por noentregar la citada información, sino que también porque en loque va de su mandato, nunca, al Concejo Municipal, se le hainformado oficialmente del uso de esos recursos y el grado decumplimiento del convenio. Que en la práctica, no se ha dadocuenta de cómo se han efectuado las inversiones provenientesde los fondos entregados por el Ministerio de Educación envirtud de la Subvención Especial Preferencial, establecida en laLey N° 20.248, siendo ello en sí, más allá de los destinos delos recursos, una infracción grave a la obligación legal deinformar que impone la citada norma.Que esta nueva omisión, importa un hecho grave, deaquellos que precisamente configuran las causales deremoción del cargo de notable abandono de deberes einfracción grave a las normas de probidad administrativa.

99 – noventa y nueve -Contestando este cargo, la alcaldesa de la comuna deRenaico señala: la ley no exige entregar esta información alconcejo y los concejales no han solicitado tampoco lainformación, por lo cual esta materia será dada a conocer en laCuenta Pública que según el artículo 67 de la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe dar en elmes de abril.Que de otro lado, en acta de sesión de concejo N° 22de fecha 30 de noviembre de 2.010 se le informó a la totalidadde los concejales, del empleo de los recursos provenientes dela Ley N° 20.248 o Ley de Subvención Escolar Preferencial.Que conrelación a la información que requirió elconcejal, señor Sierra Neira, se le indicó que precisara lainformación requerida (Ordinario del Concejal N° 32 de fecha22 de octubre de 2.010), por cuanto no delimitaba el períodopor el cual se requería la información, ni tampoco si requeríainforme de ingresos y de gastos señalando el períodorespectivo, o un informe financiero o de los planes demejoramiento de los establecimientos educacionales, puessolicitó, expresamente, un informe del estado de cumplimientode la Ley SEP en educación.Que como alcaldesa decretó, atendida consideracióndel Ordinario N° 194 de fecha 07 de abril de 2.010 del DAEM,un sumario administrativo para determinar responsabilidadesadministrativas de funcionarios del DAEM de Renaico; nocriminales, cosa que corresponde a los Tribunales de Justiciapor el eventual delito de aplicación pública diferente, por eleventual mal uso que se habría dado a estos recursos paracubrir el déficit del D.F.L. N° 2 de 1.998 del Ministerio deEducación sobre subvención ordinaria, sumario que decretótan pronto como tomó conocimiento del Oficio reciénmencionado.

100 – cien -Que por no constituir este cargo ni notable abandono dedeberes, ni falta grave al principio de probidad, solicita que elcargo sea rechazado.Que, este cargo será desestimado por el TribunalElectoral Regional de La Araucanía, pues de los antecedentesde autos, en especial del libelo acusatorio, no se vislumbracuál sería la contravención de ley, el notable abandono dedeberes o la falta grave al principio de la probidadadministrativa en que habría incurrido la alcaldesa requerida,que mereciera su remoción del cargo. Aún más, de losantecedentes, no se desprende tampoco un malfuncionamiento o un perjuicio de la corporación municipal.23º.- DÉCIMOTERCER CARGO: SUMARIOSADMINISTRATIVOS INICIADOS NO SON INFORMADOS ALTÉRMINO DE LOS MISMOS.Este cargo lo fundan los requirentes en que la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la LeyN° 18.883, Estatuto Administrativo de los FuncionariosMunicipales, contienen normas que regulan y determinan unaobligación legal del alcalde a este respecto. Señalan que la LeyOrgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 63,dispone que el alcalde tendrá las siguientes atribuciones: d)Velar por la observancia del principio de la probidadadministrativa dentro del municipio y aplicar medidasdisciplinarias al personal de su dependencia, en conformidadcon las normas estatutarias que lo rijan. Que por su parte, elEstatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, en suartículo 61, señala que serán obligaciones especiales delalcalde y jefes de unidades las siguientes: a) Ejercer un controljerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y dela actuación del personal de su dependencia, extendiéndosedicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento

101 – ciento uno -de los fines establecidos, como a la legalidad yoportunidad de las actuaciones; b) Velar permanentemente porel cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normasdentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de lasobligaciones propias del personal de su dependencia, y, c)Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo ainstrucciones claras y objetivas de general aplicación, velandopermanentemente para que las condiciones de trabajopermitan una actuación eficiente de los funcionarios.Que así, el alcalde está obligado siempre que loamerite, a hacer efectivas las eventuales responsabilidadesadministrativas de los funcionarios a su cargo y además debepreocuparse personalmente de que los fiscales tramiten hastasu término las respectivas investigaciones que se le hanencomendado.Que ello no ha pasado en la gestión alcaldicia de larequerida, pues no ha instruido sumarios, o bien, muchos delos sumarios o investigaciones decretadas no terminan suproceso de tramitación y no se representa la responsabilidadpor esos hechos que les cabe a los fiscales.Que todas son tareas y obligaciones personales de lapropia alcaldesa.Que la alcaldesa se ha negado informar a losconcejales, previo requerimiento de ellos, de los sumariosactualmente en trámite en la Municipalidad de Renaico y suestado actual. Que dada la gravedad de los hechos, es unargumento más para acreditar que la gestión alcaldicia de larequerida ha vulnerado la legislación municipal y por ende, seconfiguran las causales de remoción solicitadas.La alcaldesa requerida, en cuanto al cargo, señala: quelos sumarios son secretos hasta la fecha de formulación decargos, oportunidad en la cual dejan de serlo para el inculpado

102 – ciento dos -y para el abogado que asumiere su defensa de acuerdocon lo señalado en el artículo 135 del Estatuto Administrativo,por lo que no se puede informar sobre ellos durante sutramitación.Que la resolución final del sumario es pública y está adisposición de cualquier ciudadano, y muy especialmente delos concejales si así lo solicitan. Que pueden incluso solicitarlaen la Oficina de Partes de la Municipalidad de Renaico.Indica que desde este punto de vista, el sumarioadministrativo es público en el caso de que haya terminado porDecreto Alcaldicio sancionatorio registrado sin observacionespor la Contraloría General de la República. Que en el caso deaquellos sumarios que han terminado con sobreseimiento, loson desde que se dicte decreto de término ordenándolo.Que sin embargo, como alcaldesa debe serobservadora de los derechos de terceros, y si no se leespecifica de qué sumario administrativo se quiere tomarconocimiento, se le hace imposible cumplir con la norma delartículo 20 de la Ley N° 20.285 que dispone: “Cuando lasolicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentesque contengan información que pueda afectar los derechos deterceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano oservicio de la Administración del Estado, requerido, dentro delplazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de lasolicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicarmediante carta certificada, a la o las personas a que se refiereo afecta la información correspondiente, la facultad que lesasiste para oponerse a la entrega de los documentossolicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. Losterceros afectados podrán ejercer su derecho de oposicióndentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha denotificación. La oposición deberá presentarse por escrito y

103 – ciento tres -requerirá expresión de causa. Deducida la oposición entiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido deproporcionar la documentación o antecedentes solicitados,salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme alprocedimiento que establece esta ley. En caso de no deducirsela oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a lapublicidad de dicha información”.Que en el Ordinario Nº 30 de fecha 22 de octubre de2.010 del concejal, señor Sierra Neira, se solicitabainformación de todos los sumarios, el listado de fiscales detodos ellos y el estado actual de tramitación de los mismos.Que por Ordinario Nº 1.111 de 15 de noviembre de 2.010, se lecontestó dicha solicitud, y se le expresó, que en virtud delDictamen Nº 17.501 de 2.007 y Ordinario Nº 4.226 de fecha 27de octubre de 2.010, ambos de la Contraloría General de laRepública, Región de la Araucanía, se sirviera precisar lainformación requerida, en aplicación del último Ordinario a quese hizo referencia. Que de lo contrario, le implicaba tener queinformar de todos los sumarios administrativos iniciados por elmunicipio, incluso de administraciones pasadas, y soslayar elderecho que establece el artículo 20 de la Ley N° 20.285 afavor de las personas que allí se indican, cuando en el sumarioadministrativo existieren documentos que pudieren afectar susderechos.Que los hechos expuestos por los requirentes, notipifican ningún cargo, por lo que se debe rechazar el mismo.Este Tribunal Electoral Regional rechazará el cargo encomento. En efecto, los sumarios administrativos, en general,carecen de la publicidad que los concejales requirentes deremoción pretenden darles. A mayor abundamiento, esteTribunal Electoral Regional comparte la apreciación de laalcaldesa requerida, en cuanto al resguardo de los derechos

104 – ciento cuatro -de terceros, máxime cuando el ordenamiento jurídico,contempla los mecanismos para obtener informaciónespecífica, en el caso de requerirse.21º.- DÉCIMOCUARTO CARGO: CONDONACIÓN DEMULTA APLICADA A EMPRESA CONTRATISTA.Por último, los concejales requirentes de la destitución,fundan su solicitud en que en el año 2.008, la Municipalidad deRenaico, suscribió un contrato con la Empresa ITALCOMLIMITADA, para la ejecución del proyecto denominado“Construcción de Pozo, Junta de Vecinos, Sector Venecia”.Que por diversas razones, la empresa contratadaexcedió los plazos de ejecución de las obras, hecho que fueinformado a la alcaldesa. Que en razón del incumplimiento porparte de la empresa, se procedió a hacer efectiva las multasque consideraba el contrato. Que, tal como consta enmemorándum de fecha 10 de marzo, la señorita VivianneCifuentes Riffo, Inspector Técnico de la Obra, le señala a laalcaldesa que por el atraso en 33 (treinta y tres) días, el totaldel monto de la multa ascendía a la suma de $ 654.027(seiscientos cincuenta y cuatro mil veintisiete pesos).Que en una actitud absolutamente ilegal, la alcaldesaprocedió a condonar la multa a la empresa, facultad que noconsagra norma alguna, pues los alcaldes se encuentranimpedidos de condonar este tipo de multas cuando nacen deobligaciones contractuales. Que no teniendo facultad parahaber condonado la citada multa, le produjo un detrimento alpatrimonio municipal, y que hasta la fecha, además de lailegalidad, por omisión también debe responder pues no harealizado investigación sumaria para determinar la existenciade responsabilidades.Indican que la alcaldesa está obligada a velar por elpatrimonio municipal y el buen uso y recaudo de sus recursos,

105 – ciento cinco -situaciones que en la especie no se dan con su accionarirregular. Agregan que lo concreto, es que la alcaldesa con suactuar, ha incurrido en dos hechos irregulares; uno, condonaruna multa sin tener facultad para hacerlo y, dos, perjudicar elpatrimonio municipal en el monto total de la multa, razón por locual, se darían los supuestos necesarios para configurar lascausales de remoción para cesar a la alcaldesa de Renaico desu cargo.Contestando, la requerida al respecto, señala: que deconformidad al Decreto Alcaldicio Nº 1.293 de fecha 30 dediciembre de 2.008, se aprobó el contrato de fecha 26 dediciembre de 2.008, de ejecución de obra del pozo de la Juntade Vecinos sector Venecia, entre la Municipalidad y laEmpresa ITALCOM LIMITADA.Que de conformidad a la cláusula octava del contrato, elplazo máximo para la terminación de los trabajos sería de 30días corridos, contados desde la fecha de firma del contrato.Que por ende, la fecha de término de las obras correspondía al25 de enero de 2.009. Agrega que el terreno fue entregado aloferente con fecha 19 de enero de 2.009, según da cuenta elOrdinario Nº 27 de la Dirección de Obras Municipales de fecha13 de mayo de 2.009, por lo que los trabajos no se pudieroniniciar con antelación a la fecha mencionada.Que lo anterior, se debió a que los vecinos del sectorVenecia lisa y llanamente no permitieron el ingreso al sector dela maquinaria para iniciar las obras. Que sólo conposterioridad, el 19 de enero de 2.009, se firmó la escrituranotarial de derecho de uso de suelo, permitiéndosele a lacontratista ingresar al terreno para iniciar las obras deconstrucción y mantención del pozo.Que la empresa contratista, con fecha 23 de enero de2.009, remitió una solicitud de aumento de plazo al municipio,

106 – ciento seis -la que se concedió por el plazo máximo que fijaba elcontrato, esto es, 9 días corridos, por lo que la fecha tope decese de las labores correspondía al 03 de febrero de 2.009.Que en definitiva, el contratista terminó las obras confecha 17 de marzo de 2.009, por lo que existió un retraso de 42(cuarenta y dos) días en la entrega, atraso que conforme alinciso final de la cláusula octava del contrato, era sancionadocon una multa diaria expresada como porcentaje total delprecio del contrato. Que el monto a cobrar por cada día deatraso era el equivalente al uno por mil del valor total delcontrato, el que ascendió a la suma de $19.819.003(diecinueve millones ochocientos diecinueve mil tres pesos).Que, respecto de los días de atraso a que se hizoreferencia, hubo un retraso de 24 (veinticuatro) días que fueimputable al actuar negligente de funcionarios de la propiamunicipalidad. Y, que, por otro lado, conforme a lasespecificaciones técnicas, página 2, IDE Nº 3908-11035-LE08,la contratista estaba obligada sólo a construir un pozo de 24(veinticuatro) metros de profundidad, y sin embargo, construyóun pozo de 30 (treinta) metros de profundidad, por cuanto a laprofundidad determinada en las Especificaciones Técnicas delProyecto, el caudal de litros por segundo no daba una realgarantía de recuperación del pozo y llenado del estanque entiempo óptimo. Así, el contratista debió perforar hasta los 30(treinta) metros y dar seguridad de una mejor dotación delestanque.Que por ello, el contratista debió desembolsar de supatrimonio la suma de $1.356.000 (un millón trescientoscincuenta y seis mil pesos), por cuanto el costo de trabajoadicional por metro lineal de perforación es de $226.100(doscientos veintiséis mil cien pesos), suma que multiplicadapor 6 (seis) da como resultado el primer monto.

107 – ciento siete -Agrega que la finalidad del pozo conforme a lasEspecificaciones Técnicas, era la de abastecer de agua a lospobladores del sector Venecia de la comuna de Renaico,finalidad que no se habría cumplido si la contratista no hubieraejecutado los trabajos adicionales a que se hizo referencia. Elcontratista, igualmente por una omisión imputable afuncionarios del municipio de Renaico, debió incurrir endesembolsos de dinero que en definitiva eran consecuencia delas erróneas Especificaciones Técnicas.Señala que los Dictámenes Nº 3.587 de fecha 23 deenero de 2.007 y N° 32.481 de fecha 29 de agosto de 2.001 dela Contraloría General de la República, señalan de maneraexpresa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° dela Ley N° 18.575, que corresponde a la Administración delEstado observar, entre otros, el principio de responsabilidad desus actuaciones, por lo que no resulta procedente que losparticulares se hagan cargo de las omisiones de la propiaAdministración, como ocurría en la especie. Que de la mismamanera, y conforme al primer dictamen mencionado, losorganismos de la Administración del Estado deben cumplir suscometidos coordinadamente, propendiendo a la unidad deacción, evitando producir costos innecesarios para losparticulares, principio que debe considerarse en este caso.Que la Administración en definitiva no puede aprovecharse desus propios errores para aumentar su patrimonio.Que en razón del Ordinario Nº 27 de fecha 13 mayo de2.009, como alcaldesa no podía achacar al adjudicatario elpago de una multa por omisiones en las que incurrieronfuncionarios de la propia municipalidad; a saber, el retraso enla entrega de terreno para que el oferente iniciara laexcavación del pozo; y, el error en el cálculo de los metroslineales a excavar para dar una real garantía de recuperación

108 – ciento ocho -del pozo y llenado del estanque en tiempo óptimo, por loque procedió conforme a lo dispuesto en los dictámenesindicados y a lo contemplado en los artículos 51 y 52 de la LeyN° 18.695, al eximir del pago de multa por atraso al oferenteconforme al Decreto Alcaldicio Nº 641 de fecha 17 de junio de2.009.Que no obstante lo señalado, ordenó instruir unainvestigación sumaria por Decreto Alcaldicio Exento Nº 673 defecha 22 de junio de 2.009 y sumario administrativo porDecreto Alcaldicio de fecha 12 de noviembre de 2.010, paradeterminar la responsabilidad administrativa de funcionariosmunicipales en la Licitación Nº 3908-11035-LE08.Considera que el cobro de la multa en este casoresultaba absolutamente ilegal y daba pie para demanda deindemnización de perjuicios por parte del adjudicatario.Concluye que el cargo formulado no constituye ninotable abandono de deberes, ni falta grave a la probidad, porlo que debe ser rechazado.Este último cargo, también será desestimado por esteTribunal Electoral Regional, por aparecer de los antecedentesproporcionados que la condonación de la multa a la empresaITALCOM LIMITADA, puede ser considerada una falta deorden administrativo, que con o sin justificación de justiciamaterial, no significó un perjuicio patrimonial al municipio deuna cuantía tal que pueda estimarse como un notableabandono de funciones o una falta grave a los deberes dealcalde.22º.- Que este Tribunal entiende por “notable abandonode sus deberes”, el hecho de apartarse o dejar de hacer oactuar con exceso las funciones que debe realizar por mandatolegal el funcionario respectivo, conducta que debe estarrevestida de transparencia y honestidad observando

109 – ciento nueve -escrupulosamente los principios y las normasconstitucionales, legales y reglamentarias que enmarcan elquehacer funcionario, abandono o retiro, acción u omisión, quesea grave y que de una u otra manera alteren elfuncionamiento de la actividad municipal causándose con ellopreocupación pública y grave perjuicio para el desarrollocomunal.23º.- Que por las razones expresadas precedentementey apreciando las pruebas de autos como jurado y enconciencia, este Tribunal Electoral Regional de La Araucanía,desestimará el requerimiento de fojas 280 y siguientes. Deacuerdo con lo expuesto, ninguno de los cargos formulados ala señorita Isabel Ivonne Morales Urra, en su calidad dealcaldesa de la comuna de Renaico, constituye o ha significadouna alteración de la actividad municipal, un grave perjuicio alpatrimonio financiero de la respectiva municipalidad, o haprovocado conmoción pública, que permitan dar por cierto unnotable abandono de sus deberes o una falta grave al principiode la probidad administrativa.24º.- Que atendido lo expuesto en las motivacionesprecedentes, este Tribunal Electoral Regional rechazará todoslos cargos formulados por los concejales señores PatricioBelmar Fuentes, Armando Otárola Urrea y Edgardo SierraNeira.Por estas consideraciones y vistos además, lo dispuestoen los artículos 6, 96, 110 y 125 de la Constitución Política dela República; 10, 14, 18 y siguientes de la Ley Nº 18.593, sobreTribunales Electorales Regionales; Ley Nº 18.575, OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración delEstado; Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional deMunicipalidades; Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativode los funcionarios municipales, SE DECLARA:

110 – ciento diez -Que SE RECHAZA, CON COSTAS, el requerimientointerpuesto a fojas 280 y siguientes por los concejales señoresPatricio Belmar Fuentes, Armando Otárola Urrea y EdgardoSierra Neira.Regístrese, notifíquese por el estado diario y medianteaviso en el Diario Austral de La Araucanía, de acuerdo con lodispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 18.593 y a las partes,personalmente o por cédula.Archívese en su oportunidad.Redacción del Presidente del Tribunal, Ministro señorJulio César Grandón Castro.ROL N° 934/2011 Remoción Concejales de Lumaco.Presentación de fecha 31/03/2011. El Tribunal provee:Téngase presente.Habiéndose dado cumplimiento con lo ordenado a fojas209, se provee derechamente la presentación de fojas 200 ysiguientes.A lo principal: téngase por contestado el requerimiento.Al otrosí: téngase presente.ROL N° 938/2011 Presentación Cámara de Comercio,Servicios y Turismo de Temuco A.G.Presentación de fecha 01/04/2011. El Tribunal resuelve:Téngase presente. Archívese en su oportunidad.II.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:No hay.

111 – ciento once -Se pone término a la audiencia siendo las 18:30 horas,firmando los miembros presentes y el Secretario Relator queautoriza.MINISTRO SR. JULIO CÉSAR GRANDÓN CASTROPresidenteSR. RENATO MATURANA BURGOSSR. RAMÓN DIEZ MORELLOANDRÉS VERA SCHNEIDERSecretario Relator