POBLACIÓN Y DESARROLLO

CEPAL - Serie Población y Desarrollo N° 114
Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina...
En la actualidad existe un amplio consenso acerca de que la migración constituye un tema
transversal en las agendas públicas. Si bien la inclusión de la migración es aún parcial en dichas agendas,
se le ha asignado un lugar cada vez más especial en las políticas de desarrollo en los niveles local,
nacional, regional e internacional, reconociendo que se trata de un elemento que contribuye al desarrollo
de las sociedades de origen y destino.
Cabe señalar que en los últimos años las políticas nacionales sobre migraciones de una buena
parte de los países de la región han ido reorientándose al cumplimiento (en algunos casos paulatino) de
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en función de ciertos lineamientos
que colocan a estos derechos en el centro de la escena. Esta situación ha determinado, en varios países de
la región, la revisión de los marcos normativos de modo que velen más apropiadamente por el respeto
del principio de igualdad de derechos y oportunidades entre migrantes y nacionales y garanticen el
acceso efectivo a derechos de la población migrante (salud, educación, trabajo, justicia, vida familiar,
entre otros), independientemente de su condición migratoria y, con esto, auspicien procesos de
integración social plenos en las sociedades receptoras. Esto sin duda debe estar acompañado por
instancias y mecanismos institucionales, atendiendo a la condición de género, etaria, socio-económica,
étnica, mediante los cuales se brinde asistencia y protección a los migrantes en situación de
vulnerabilidad, entre los que cabe destacar a las personas que han sufrido violaciones de sus derechos,
las víctimas de trata de personas, niños/as no acompañados o migrantes irregulares.
Partiendo del reconocimiento de que las asimetrías económicas entre países y regiones, la
desigualdad social, la falta de oportunidades, la violencia social y los desastres ambientales son los
principales factores que motorizan los procesos migratorios en la región, un número significativo de
Estados latinoamericanos buscan reducir las barreras que en las últimas décadas se levantaron frente a
las migraciones, favoreciendo el cumplimiento del derecho que tienen las personas a migrar y a residir
en otro país 21 . En algunos casos, además, se asiste a una ampliación significativa de la ciudadanía,
registrándose condiciones propicias para la participación social, económica, política y cultural de los
migrantes en las sociedades receptoras así como de los nacionales residentes en el exterior en las
sociedades de origen.
En el desarrollo de las políticas sociales proactivas hacia los sectores más vulnerables en los
países de la región se ha ido incorporando cada vez más la situación de los migrantes en las sociedades
donde residen. A estos efectos, se advierte una tendencia a facilitar la integración laboral, social y
cultural de los migrantes en las sociedades de acogida. Para esto, además de las acciones positivas que se
adoptan en cada uno de estos ámbitos sociales, incluyendo el acceso al trabajo, a la salud, a la educación,
a los servicios públicos, a una residencia de largo plazo y a la ciudadanía, se interviene activamente para
combatir el prejuicio, discriminación, xenofobia y criminalización de la población migrante. Un
mecanismo ampliamente difundido remite a la diseminación de información sobre las condiciones y
características de los procesos migratorios y de las personas migrantes, con el fin de poner en evidencia
los aportes directos e indirectos de los migrantes en las sociedades de destino, tránsito y origen y, a partir
de ello, procurar incidir en diversos sectores sociales y económicos, cambiando las percepciones
públicas sobre las migraciones.
Ahora bien, a fin de encauzar los procesos de gobernanza migratoria a nivel nacional, han ido
desarrollándose innovaciones en las áreas normativas, institucionales y programáticas, orientadas a
diversas situaciones que afectan la realidad migratoria de los países latinoamericanos y caribeños.
Cabe destacar que estos avances se concretaron en un contexto de amplia aceptación y puesta en
práctica de la gobernanza migratoria, más allá del tema de la seguridad nacional (control migratorio), es
decir, desde una perspectiva centrada en los derechos humanos de los migrantes y preocupada por las
diversas implicaciones de las migraciones en la economía, sociedad y cultura.
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Este hecho, sin duda, plantea desafíos a futuro asociados a la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y modernizar la gestión
migratoria en las zonas de fronteras con miras a facilitar el libre tránsito de personas, así como combatir el tráfico ilícito de
migrantes, prevenir la trata de personas y asistir a los migrantes víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos.
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