Edición 22 de Abril de 2016

Diario Co Latino
18
REALIDAD NACIONAL
El “vacío de autoridad”
en la transición de postguerra (II)
Viernes 22 de abril de 2016
Luis Armando González
E
n lo que se refiere a la autoridad pública,
la misma se había venido erosionando
desde los años setenta. La represión era
brutal, ciertamente. Pero no sólo era ilegítima,
sino ilegal en muchos sentidos. A su vez, era
una autoridad incapaz de contener los desbordes
de unas organizaciones populares, lo
mismo que de unas organizaciones político-militares,
cada vez más desafiantes y dispuestas
a resistir la violencia estatal y paraestatal. En
los años ochenta, se agudizó la pérdida de
legitimidad de la autoridad pública, al igual
que su incapacidad para ejercerse no sólo en
las zonas bajo control guerrillero, sino en el
submundo del crimen y la violencia que cobró
vida en espacios urbanos (no necesariamente
abatidos por la pobreza y la exclusión) de las
principales ciudades del país, especialmente
en San Salvador.
Este submundo se fue afianzando a medida
que la guerra civil se desarrollaba. El Estado
no sólo no le prestaba atención, sino que,
en algunas de sus expresiones, lo toleraba
y alentaba, como fue al caso del comercio y
consumo de drogas y alcohol, el tráfico de armas
y el contrabando de vehículos. Individuos
y grupos de distinta procedencia social –no
faltaban quienes provenían de la clase media,
aunque los sectores marginales urbanos eran
los predominantes— comenzaron a realizar
su vida en ese submundo del crimen y de las
prácticas violentas.
Sólo como ilustración, en los años ochenta
surgieron en distintos puntos de la capital
bares, restaurantes y discotecas en los cuales
lo normal no sólo era el consumo sin límites
de alcohol y drogas, sino las peleas que en
muchos casos incluían armas de fuego. También
proliferaron los servicios de prostitución
que se anunciaban en los periódicos más
grandes del país.
Con el fin de la guerra civil, una de las principales
apuestas para la construcción de un
ordenamiento democrático era la desarticulación
del entramado represivo y autoritario
que tanto dolor y muerte había causado
entre la población civil prácticamente desde
1932. Dada la historia del país, tenía pleno
sentido el propósito de los Acuerdos de Paz:
la construcción de un orden democrático pasaba
por la superación del autoritarismo. Y
es que, en efecto, uno de los opuestos de la
democracia es el autoritarismo; por tanto, si
se quiere aquélla, hay que impedir que éste
pueda recuperar cualquier terreno en la esfera
política y cultural.
El gran desafío eran superar la “autoridad autoritaria”,
reemplazándola por una “autoridad
democrática”. Dadas las dinámicas históricas
del país en materia de vio (Ver, entre otras investigaciones
relevantes el estudio de Patricia
Alvarenga. Cultura y ética de la violencia. El
Salvador 1880-1932) y dadas las dinámicas de
la sociedad salvadoreña que emergía en la postguerra,
el carácter de la autoridad democrática no
tenía que ser endeble; es decir, lo democrático
no tenía que debilitar la dimensión de autoridad
que se requería en el contexto particular de El
Salvador en la postguerra. Dicho de otro modo,
autoridad democrática no debía significar ausencia
de autoridad o autoridad disminuida en
su capacidad de mantener el orden social y de
contener los desbordes de individuos y grupos
cada vez menos dispuestos a autoncontrolarse
y autolimitarse.
Es válido preguntarse por cuáles son las diferencias
existentes entre autoridad autoritaria y
autoridad democrática. Pues bien, a simple vista
se puede creer que la principal diferencia estriba
en que la primera contiene un componente de
fuerza (represivo, coercitivo) mientras que la
segunda no lo posee. Sin embargo, cualquier
tipo de autoridad descansa en un componente
de fuerza. Más bien, lo propio de una autoridad
autoritaria es, en primer lugar, la discrecionalidad
(arbitrariedad) no sólo en el uso de la fuerza, sino
también de las leyes; en segundo lugar, la ausencia
de límites y controles del ejercicio de la fuerza
y de la legalidad, emanadas de quienes controlan
el poder político; y en tercer lugar, derivado de
ello, la falta de legitimidad de esa autoridad, a la
luz de criterios de un Estado de derecho. Y esos
tres requisitos son los propios de una autoridad
democrática: no es discrecional ni arbitraria, está
sometida a controles institucionales y constitucionales,
y en ese sentido es legítima. Ninguno de
esos tres requisitos supone que sea débil, laxa
o impotente como autoridad o que lo sea en su
dimensión coercitiva.
De algún modo, en nuestro país, el poner el
énfasis en la dimensión democrática, significó
debilitar la dimensión de autoridad, dando pie un
“vacío de autoridad” que abrió espacios favorables
para la proliferación de actitudes y comportamientos
que, además de afectar la convivencia social,
estaban reñidos con las leyes vigentes en el país.
El tiempo fue transcurriendo y, en esa medida,
esas actitudes y comportamientos se hicieron algo
normal, siendo lo anormal exigir su erradicación
(o comportarse de una manera distinta).
El lema que dice que las “leyes están hechas para
violarlas” se volvió un enunciado no sólo de grupos
criminales que florecieron al amparo de ese vacío
de autoridad (democrática), sino de ciudadanos
aparentemente decentes que cotidianamente
vieron cómo violar las leyes y abusar de los
demás era lo que se esperaba de cada cual,
en una país en donde la autoridad brillaba
por ausencia. Eso es precisamente lo que
sucedió en ámbito del transporte público:
empresarios, motoristas y cobradores convirtieron
las calles y avenidas en coto exclusivo
para sus abusos, violencia, violación de las
leyes y negocios ilícitos. Para este sector,
su violencia, desorden, abusos y negocios
se volvieron un “derecho”. Un derecho que
se hizo realidad al amparo de una autoridad
(institucionalidad) débil, tolerante y cómplice.
En fin, los libros podrán decir lo que quieran
acerca de las posibilidades de que una
nación que sale de una guerra civil (y con
antecedentes de una fuerte cultura de la violencia),
con una autoridad estatal disminuida
o debilitada en su capacidad de mantener
el orden y asegurar que los ciudadanos y
ciudadanas respeten las leyes, pueda transitar
ordenadamente hacia una convivencia
pacífica (y hacia un Estado de derecho). Es
probable que haya por ahí alguna nación
ejemplar que sí lo ha logrado.
Pero, en el caso de El Salvador, el experimento
no arroja un saldo positivo, tras 24
años de haber terminado la guerra con unos
Acuerdos de Paz. Ha llegado el momento
de plantearnos el desafío de dar vida a una
autoridad democrática plena, es decir, una
autoridad que sin dejar de ser democrática
(y acorde, en ese sentido, con el respeto
de los derechos humanos) no deje de ser
autoridad: una autoridad robusta, eficaz y
eficiente. Una autoridad capaz de asegurar
una convivencia social en paz y respetuosa
no sólo de las leyes, sino de la vida humana.
“Con el fin de la guerra civil,
una de las principales apuestas
para la construcción de
un ordenamiento democrático era
la desarticulación del entramado
represivo y
autoritario que tanto dolor y muerte
había causado
entre la población civil
prácticamente desde 1932”