Edición 22 de Abril de 2016

Diario Co Latino
2
San Salvador, 22 de abril de 2016
NACIONALES
Viernes 22 de abril de 2016
Órgano Legislativo endurece sanciones en códigos y leyes
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Las reformas penales que solicitaron
la Fiscalía General de
la República y el gobierno, a
la Asamblea Legislativa, para fortalecer
la seguridad y el combate
a la narco actividad en contra de
grupos delictivos fueron aprobadas
durante la plenaria.
Los dictámenes aprobados son
el 15, 16 y 17, favorables a la
Comisión de Seguridad Pública
y Combate a la Narcoactividad
que fueron solicitados por la
Fiscalía General de la República
en la persecución de actos delictivos
de grupos pandilleriles.
Las votaciones, respectivamente
alcanzaron 83, 78 y 80 del plenario.
Estas reformas a los Códigos
Penal, Procesal Penal y Ley
Penal Juvenil, se suman a
los esfuerzos del gobierno del
Presidente de la República,
Salvador Sánchez Cerén, a las autoridades
de seguridad y sectores
o agrupaciones políticas que han
respaldado las medidas tomadas
con el fin de disminuir la violencia
en el país.
Este grupo de reformas tiene a la
base fortalecer el reciente despliegue
de las Fuerzas Especializadas
de Reacción, junto a la Fiscalía
General de la República.
Esto también generará correlación
de esfuerzos, para articular la persecución
del delito de manera sistemática
y contundente que permite
al gobierno un mayor combate
en el tema de las pandillas.
Los dictámenes se centran en el aumento
de penas a infracciones que
cometan los grupos pandilleriles
como el homicidio simple, que tendrá
una sanción de 15 a 20 años.
Mientras, la limitación ilegal a la
libertad de circulación podría acarrearles
condenas de 4 a 8 años, que
forman parte del accionar de las acciones
delictivas de estos grupos.
En cuanto al allanamiento de morada
o la permanencia de personas
contra la voluntad del propietario
del inmueble serán sancionados
con prisión 2 a 4 años y multas.
Similares penas de cárcel tendrían
allanamientos de lugares de trabajo
o espacios públicos, para dedicarse
a delinquir, este tipo de
medidas va orientado a desestimular
el accionar de las pandillas.
Las reformas abarcan la figura de
la “inducción al abandono”, a la
que se adjudica una sanción de
3 a 6 años de prisión a quienes
se dediquen a animar a menores
de 18 años de edad de abandonar
su hogar o centro educativo.
Así también, la receptación de objetos
robados o “conducción de mercadería
de dudosa procedencia” serán
acreedores a sentencias de 3 a
6 años de prisión, así como quienes
compren este tipo de mercaderías.
En cuanto al fraude por el uso
fraudulento (robo) de servicios
básicos como agua, energía eléctrica
e internet, las personas implicadas
serán multados o sancionados
con prisión de 3 a 6 años de prisión.
Los legisladores también aprobaron
En la
plenaria
legislativa se
aprobaron
las reformas
propuestas
por la
Fiscalía
General de
la República.
Foto Diario
Co Latino/
Ludwing
Rosales
sanciones de 3 a 6 años de prisión
a grupos o personas que roben,
hurten, desarmen o recepten
vehículos robados; así
como la modificación de placas.
En cuanto a las agrupaciones ilícitas,
los legisladores votaron por
declarar ilegales todas aquellos
grupos de personas que estén unidos
con la intención de delinquir.
Reforzando la figura de la ley de
prescripción de las pandillas, así
como organizaciones, agrupaciones
o asociaciones de naturaleza
criminal, que tendrán sentencias
de 3 a 5 años de encarcelamiento.
En cuanto a la figura de mediar,
financiar o pertenecer a asociaciones
ilícitas tendrán una sanción
de 9 a 14 años de prisión, también
para quienes recluten por medio de
engaños y obliguen a ingresar a
estas estructuras delictivas a menores
de edad utilizando la violencia,
intimidación o amenazas. Así como
la utilización de menores para actos
criminales, que será sancionados
con prisión de 15 a 20 años.
En cuanto a las reformas a la
Ley Especial contra Actos de
Terrorismo definieron como “grupos
terroristas” todos aquellos que
se arroguen el ejercicio o potestad
que solo pertenecen a la “soberanía
de los Estados”, o los que afecten
sistemáticamente los derechos
fundamentales de la población.
Mientras, para el dictamen 17, establecieron
reformas a la Ley Penal
Juvenil, que permitirá la detención
de menores de edad,
si es sorprendido en flagrancia
o por una orden escrita del
Fiscal o su caso el juez.
Además, se estableció que si el
menor concurre en alguna de las
circunstancias que establecen su
privación de libertad, por orden judicial
o del fiscal que se asigne a
la investigación se resguardará
al menor y se le practicará un diagnóstico
preliminar por especialistas,
en las 72 horas siguientes.
Las reformas que consideró el
pleno legislativo de “legales y pertinentes”,
pretenden proporcionar
marcos jurídicos en materia penal,
al regular las nuevas tipologías
delictivas de estos grupos pandilleriles
con su modificación y para
garantizar a las autoridades un
mejor ejercicio en la defensa de los
derechos fundamentales de la población
salvadoreña.
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los programas de apoyo
técnico en materia fiscal
de las agencias de
cooperación de los gobiernos de
los Estados Unidos, España y
Alemania, apoyan a El Salvador
en el desarrollo de una agenda
de modernización del sistema de
gasto público y fortalecimiento
de la gestión tributaria.
Los Gobiernos que respaldan
esta iniciativa, demuestran
su disposición de seguir
apoyando a El Salvador en la
implementación de una iniciativa
nacional de sostenibilidad fiscal,
así como en los programas de
modernización de su sistema de
gasto público y sistema tributario,
con la finalidad que se garantice
un Estado sostenible, capaz
de satisfacer las necesidades
de la ciudadanía y el progreso
sostenido que la población
merece y necesita.
El ministro de Hacienda,
Carlos Cáceres, explicó que se
desarrolló un documento técnico
con un extenso diagnóstico sobre
la situación del sistema de gasto
público, la deuda y la gestión
de los ingresos, con la finalidad
de evaluar la situación en que
se encuentra el país en materia
El Salvador, en la búsqueda de un
acuerdo de sostenibilidad fiscal
fiscal y dimensionar cuales son los
retos que enfrenta El Salvador para
poder alcanzar y garantizar una
apropiada sostenibilidad fiscal que
favorezca el crecimiento económico,
y que garantice la debida prestación
de bienes y servicios a la población
salvadoreña.
El estudio determinó que la brecha
entre los ingresos fiscales y el gasto
público es cercana al 4% del PIB,
incluyendo el déficit generado por
el actual sistema de pensiones
que significa casi un 2% del PIB,
superando el gasto a los ingresos
efectivamente recaudados. Esta
tendencia es sin lugar a dudas
insostenible en el largo plazo y pone
en riesgo la estabilidad fiscal del
país. Igualmente, esta situación ha
coadyuvado a que la deuda pública
haya crecido desde 45.2% del PIB
en el año 2005 a 64.16% en el año
2015.
Para Cáceres, es indispensable e
imperativo que el Gobierno de El
Salvador avance de forma decidida
en la reforma de su actual sistema
de gasto público y en reformas
dirigidas a mejorar la recaudación
tributaria disminuyendo la evasión.
“No se puede aplazar la
implementación del Sistema de
Presupuesto por Programas
orientado a resultados, la adopción
del Sistema de Cuenta Única del
Tesoro, la reforma del Sistema de
Contabilidad Pública que adoptará
las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público
y la implementación del Sistema
Electrónico de Compras Públicas
(COMPRASAL II)”, agregó el
funcionario.
Igualmente, es necesario que
se reforme el sistema tributario,
proveyendo herramientas legales
al Ministerio de Hacienda para
lograr atacar de manera decidida la
evasión mejorando así el recaudo
de los tributos, siempre bajo un
enfoque progresivo y equitativo.
Sin embargo, las misiones técnicas
consideran, que mientras se
implementen las reformas del gasto
público a partir de Enero de 2017 y
las tributarias a lo largo del presente
año, el gobierno debe efectuar
esfuerzos para racionalizar el gasto
y mejorar la recaudación tributaria.
Asimismo, es indispensable obtener
un consenso con el sector privado y
la sociedad civil para garantizar un
acuerdo de sostenibilidad fiscal, en
Carlos Cáceres, ministro de Hacienda. Foto Diario Co Latino
el cual la ciudadanía y el sector
empresarial se comprometan a
cumplir con la Ley y colaborar de
forma decidida con las cargas del
Estado, tal como lo consagran los
principios del Estado de derecho
y que el Gobierno se comprometa
a modernizar el gasto público,
racionalizándolo y mejorando
la transparencia, rendición
de cuentas y la participación
ciudadana en el control de la
gestión pública.