Anuario_2015_2016

La primera de las atribuciones está
delimitada en la propia ley, y queda
enmarcada en la regulación establecida
por el legislador, y en la consiguiente
reglamentación que pueda
dictar el Poder Ejecutivo.
El contralor tiene que ver con el
ajuste a derecho de las actividades
involucradas. El Artículo 14 de la
Ley Nº 17.598 precisa los poderes
jurídicos otorgados a la URSEA
para realizar tal cometido, entre los
cuales cabe destacar el de pedir información,
inspeccionar y sancionar.
El ejercicio de esta última potestad
tiene una particularidad de interés,
cuando se concreta en la aplicación
de multas a los prestadores, ya que
la ley prevé que los montos a percibir
puedan revertirse a usuarios,
si las infracciones han significado
efectivas afectaciones a los mismos.
La labor de atención de reclamaciones
y denuncias de los usuarios de
los servicios regulados se enmarca
dentro del ejercicio de función
administrativa, y no jurisdiccional,
constituyendo una modalidad específica
de contralor administrativo.
Como órgano regulador, la URSEA
no tiene potestades de fijación de
tarifas, aunque sí le cabe una evaluación
permanente de las mismas
así como emitir los asesoramientos
que le requiera el Poder Ejecutivo.
Dicho asesoramiento en sectores
como el de la energía eléctrica es preceptivo,
aunque no vinculante, previo a cualquier determinación
tarifaria.
La URSEA, conforme lo dispuso la Ley Nº 18.159,
del 20 de julio de 2007, tiene atribuida también
la labor de defensa de la competencia en los ámbitos
de las actividades que regula, así como en
actividades que tengan lugar en mercados vertical
u horizontalmente relacionados con aquellas,
en la medida en que afecten las condiciones
competitivas de los mercados que se encuentran
bajo sus respectivos ámbitos de actuación
regulatoria.
El ejercicio de tales atribuciones en las actividades
reguladas recae sobre entidades estatales
y agentes privados. La ley no ha hecho disquisición
en el hecho de que los agentes sean entidades
estatales o privadas.
Cuando el prestador es una empresa privada, su
regulación y control resultan manifiestos, ya que
se percibe que, sin perjuicio de otros objetivos,
dicha empresa procura maximizar su haber, y
ello debe necesariamente ajustarse al interés
público en juego en la actividad en cuestión.
Sin embargo, tal necesidad no es percibida tan
epidérmicamente en el caso de las empresas estatales.
Al incluir también este tipo de situaciones
el legislador ha visualizado que la prestación por
una entidad estatal también amerita una modalidad
de intervención por una entidad pública
especializada que actúe como tercero independiente,
ya que es susceptible que se den conflictos
entre el interés público en juego y aquellos
intereses que puedan manifestarse en el seno de
la propia corporación prestadora.
CAPÍTULO 1 | MARCO INSTITUCIONAL