Anuario_2015_2016

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La primera de las atribuciones está delimitada en la propia ley, y queda enmarcada en la regulación establecida por el legislador, y en la consiguiente reglamentación que pueda dictar el Poder Ejecutivo. El contralor tiene que ver con el ajuste a derecho de las actividades involucradas. El Artículo 14 de la Ley Nº 17.598 precisa los poderes jurídicos otorgados a la URSEA para realizar tal cometido, entre los cuales cabe destacar el de pedir información, inspeccionar y sancionar. El ejercicio de esta última potestad tiene una particularidad de interés, cuando se concreta en la aplicación de multas a los prestadores, ya que la ley prevé que los montos a percibir puedan revertirse a usuarios, si las infracciones han significado efectivas afectaciones a los mismos. La labor de atención de reclamaciones y denuncias de los usuarios de los servicios regulados se enmarca dentro del ejercicio de función administrativa, y no jurisdiccional, constituyendo una modalidad específica de contralor administrativo. Como órgano regulador, la URSEA no tiene potestades de fijación de tarifas, aunque sí le cabe una evaluación permanente de las mismas así como emitir los asesoramientos que le requiera el Poder Ejecutivo. Dicho asesoramiento en sectores como el de la energía eléctrica es preceptivo, aunque no vinculante, previo a cualquier determinación tarifaria. La URSEA, conforme lo dispuso la Ley Nº 18.159, del 20 de julio de 2007, tiene atribuida también la labor de defensa de la competencia en los ámbitos de las actividades que regula, así como en actividades que tengan lugar en mercados vertical u horizontalmente relacionados con aquellas, en la medida en que afecten las condiciones competitivas de los mercados que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de actuación regulatoria. El ejercicio de tales atribuciones en las actividades reguladas recae sobre entidades estatales y agentes privados. La ley no ha hecho disquisición en el hecho de que los agentes sean entidades estatales o privadas. Cuando el prestador es una empresa privada, su regulación y control resultan manifiestos, ya que se percibe que, sin perjuicio de otros objetivos, dicha empresa procura maximizar su haber, y ello debe necesariamente ajustarse al interés público en juego en la actividad en cuestión. Sin embargo, tal necesidad no es percibida tan epidérmicamente en el caso de las empresas estatales. Al incluir también este tipo de situaciones el legislador ha visualizado que la prestación por una entidad estatal también amerita una modalidad de intervención por una entidad pública especializada que actúe como tercero independiente, ya que es susceptible que se den conflictos entre el interés público en juego y aquellos intereses que puedan manifestarse en el seno de la propia corporación prestadora. CAPÍTULO 1 | MARCO INSTITUCIONAL
MISIÓN Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de energía y agua para que la población tenga acceso a productos y servicios sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precio; así como defender al consumidor y promover la competencia. REGULAR FISCALIZAR DEFENDER AL CONSUMIDOR ASESORAR PROMOVER LA COMPETENCIA VISIÓN Lograr que la prestación de los servicios de energía y agua en el país se realice en forma equitativa, eficiente, segura y sustentable, alcanzando el reconocimiento y la confianza de la sociedad, mediante un fundado aporte técnico multidisciplinario. 15
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