58_PJC 14 - MANERO

EL LEGADO DEL POSITIVISMO JURÍDICO
Ocho ensayos sobre cinco autores positivistas:
Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Eugenio Bulygin
Luigi Ferrajoli, Riccardo Guastini

Juan Ruiz Manero
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante
EL LEGADO
DEL POSITIVISMO JURÍDICO
Ocho ensayos sobre cinco autores positivistas:
Hans Kelsen
Norberto Bobbio
Eugenio Bulygin
Luigi Ferrajoli
Riccardo Guastini
PALESTRA
Lima-Bogotá
2014
TEMIS

Colección
P
J
C
ensamiento
urídico
ontemporáneo
Directores:
Manuel Atienza
Universidad de Alicante
Luis Prieto Sanchís
Universidad de Castilla – La Mancha
Coordinadores:
Pedro P. Grández Castro
Hugo Enrique Ortiz Pilares
N.º 14
EL LEGADO DEL POSITIVISMO JURÍDICO
Ocho ensayos sobre cinco autores positivistas:
Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Eugenio Bulygin
Luigi Ferrajoli, Riccardo Guastini
Primera edición, abril 2014
© Copyright : Juan Ruiz Manero
Queda prohibida la reproducción total o parcial de
esta obra sin el consentimiento expreso de su autor.
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Diagramación: Alan O. Bejarano Nóblega
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-05552
ISBN: 978-612-4218-05-7
Tiraje: 1000 ejemplares
Impreso en Perú
Printed in Peru

ÍNDICE GENERAL
Nota preliminar:
Sobre el legado del positivismo jurídico del siglo XX............................... 7
I. Sobre Hans Kelsen............................................................................ 33
Ensayo 1: Cincuenta años después de la segunda
edición de la Reine Rechtslehre. Sobre el trasfondo
de la teoría pura del derecho y sobre lo que queda de ella................ 35
Ensayo 2: Sobre la interpretación genovesa de Kelsen.
Kelsen como realista............................................................................. 53
II. Sobre Norberto Bobbio.................................................................... 77
Ensayo 3: Bobbio y los conceptos de norma
jurídicamente última............................................................................ 79
III. Sobre Eugenio Bulygin.................................................................... 99
Ensayo 4: Algunas concepciones del Derecho
y sus lagunas....................................................................................... 101
Ensayo 5: Seguimos discutiendo sobre permisos
y concepciones del Derecho.............................................................. 141
5

El legado del positivismo jurídico
IV.- Sobre Luigi Ferrajoli..................................................................... 159
Ensayo 6: Cuatro manifestaciones de unilateralismo
en la obra de Luigi Ferrajoli.............................................................. 161
Ensayo 7: A propósito de un último texto de Luigi Ferrajoli.
Una nota sobre reglas, principios, “soluciones en abstracto”
y “ponderaciones equitativas”........................................................... 177
V.- Sobre Riccardo Guastini................................................................ 203
Ensayo 8: Interpretación jurídica y direcciones de ajuste............... 205
Índice Analítico..................................................................................... 225
Origen de los ensayos........................................................................... 229
6

Nota preliminar
SOBRE EL LEGADO DEL POSITIVISMO JURÍDICO
DEL SIGLO XX
1
Recojo aquí un total de ocho trabajos referidos a cinco
autores iuspositivistas: Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Eugenio
Bulygin, Luigi Ferrajoli y Riccardo Guastini. Con una
sola excepción —constituida por el primero de los ensayos
dedicados a Eugenio Bulygin, de 2005— se trata de trabajos
correspondientes a los años 2010 a 2013. Naturalmente, me
gustaría poder indicar que todos ellos obedecen a una línea de
trabajo previamente planificada, orientada a examinar algunas
de las principales manifestaciones del positivismo jurídico del
siglo XX, de forma que ello pudiera servir como base para un
balance de la aportación de esta corriente. Pero las cosas no son
así. Todos y cada uno de los trabajos aquí incluidos obedecen
7

Juan Ruiz Manero
a circunstancias ocasionales: celebraciones de aniversarios,
invitaciones para participar en obras colectivas o congresos 1 .
Hegel creía que la razón era tan astuta como para utilizar
las pasiones humanas para orientar la historia conforme
a sus finalidades. Comprendo que esta evocación de Hegel
haga sonreír a más de uno: y yo no creo, desde luego, en una
historia teleológicamente orientada por la razón; no creo que
en la historia humana todo lo real sea racional, como quería
Hegel, sino que pienso más bien, como dijo en alguna ocasión
Manuel Sacristán, que no lo es casi nada 2 . Pero en la historia
individual sí es posible, a mi juicio, una operatividad modesta
y benévola de la astucia de la razón. Modesta, porque no se
trata de una razón existente de forma independiente de los
1
El primero de los ensayos dedicados a Kelsen y el que se ocupa de Bobbio
se originaron por celebraciones académicas de sendos aniversarios: del
cincuentenario de la obra cumbre kelseniana, —la segunda edición de
la Reine Rechtslehre—, y del centenario del nacimiento de Bobbio,
respectivamente. El segundo de los ensayos kelsenianos tuvo su origen
en un pequeño congreso sobre el realismo jurídico, organizado por los
filósofos del derecho genoveses en junio de 2013, en el que lo presenté
como ponencia. Por lo que se refiere a Eugenio Bulygin, el primero de
los ensayos aquí incluidos tuvo su causa en la invitación que me hizo
Fernando Atria para realizar una contribución a un libro colectivo sobre
lagunas en el derecho que preparaban en ese momento Eugenio Bulygin
y él mismo. El segundo de los ensayos bulyginianos, por su parte, fue mi
dúplica a la réplica de Bulygin al primero de ellos. Los dos ensayos sobre
Ferrajoli se sitúan en la estela de la discusión en torno al opus magnum de
este autor, Principia iuris, discusión en la que participaron casi todos los
filósofos del derecho europeos de alguna relevancia. Finalmente, el ensayo
sobre Riccardo Guastini debe su existencia a la invitación de Federico
José Arena para que compusiera un epílogo a un número de la revista
Discusiones, del que él fue editor, dedicado a discutir la teoría guastiniana
de la interpretación jurídica.
2
Sacristán Luzón, Manuel: “¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?”, en
Mientras tanto, N° 16-17, 1983, p. 130.
8

Nota Preliminar
sujetos individuales y que opere por medio de estos como
sus instrumentos, sino de la razón que forma parte de cada
conciencia individual; benévola, porque puede, a posteriori,
aportar coherencia a un retazo de vida individual, cada uno de
cuyos episodios haya sido vivido en su momento por el sujeto
como aislado e independiente de los otros.
Viene esto a cuento por lo que acabo de decir acerca del
origen ocasional de todos los trabajos incluidos en esta pequeña
recopilación. Y es que, pese a ello, cabe una lectura unitaria
de los mismos, lectura unitaria cuyo precipitado viene a ser
una especie de balance del legado del positivismo jurídico.
Naturalmente, esa lectura unitaria es posible porque, pese al
carácter ocasional de los diversos trabajos, subyace a todos
ellos no sólo, como es natural, una misma concepción de la
Filosofía del Derecho —que no ha cambiado en el breve lapso
de tiempo en que se han redactado los ensayos aquí incluidos—,
sino también una misma preocupación por deslindar desde la
perspectiva de tal concepción —como se hace expresamente
en el primero de los ensayos sobre Kelsen aquí recogidos—
lo que está vivo de lo que está muerto en la herencia del
positivismo jurídico.
2
En fecha ya tan lejana como 1968, Robert Summers escribió
que “la expresión ‘positivista jurídico’ se usa hoy para
cubrir una amplia variedad de puntos de vista” heterogéneos
entre sí, hasta el punto de que “ningún filósofo del Derecho
sostiene hoy todas esas opiniones”; de ahí concluía Summers
que “sería mejor para la Filosofía del Derecho abandonar el
término ‘positivista’, pues es un término radicalmente ambiguo
9

Juan Ruiz Manero
y predominantemente peyorativo” 3 . Que se trata de un término
radicalmente ambiguo es indudable: unos años antes Norberto
Bobbio distinguió tres sentidos independientes en los que usamos
la expresión positivismo jurídico (como enfoque general,
como teoría del derecho provista de ciertos rasgos específicos
y como ideología sobre el derecho) 4 y Felipe González Vicén
trazó la distinción entre el positivismo como “modo general de
entender la realidad jurídica” y las diversas teorías del positivismo
jurídico: el positivismo historicista, el positivismo normativista
o el realismo jurídico 5 . Hoy es usual la distinción entre tres variedades
de positivismo jurídico: el positivismo jurídico “duro”
o excluyente, el positivismo jurídico “blando” o incluyente y el
positivismo jurídico “ético” o normativo. No se trata ahora de
tres teorías distintas del Derecho, que compartieran todas ellas,
por decirlo con González Vicén, esa concepción general sobre
3
Summers, Robert: “Legal Philosophy Today - An introduction”, en
Summers (ed.), Essays in Legal Philosophy, University of California
Press, Berkeley, 1968, pp. 15-16. Mucho más recientemente, Kent
Greenawalt ha reiterado la opinión de Summers: “en el momento
actual de la historia del pensamiento jurídico en los Estados Unidos, la
etiqueta ‘positivismo jurídico’ puede ser, principalmente, un asunto de
fuerza retórica, ahora de ordinario negativa, más que algo que clarifique
genuinamente posiciones serias. Si esto es así, puede ser preferible
avanzar en los desacuerdos reales habiéndonos liberado de esa etiqueta.
Como mínimo, los teóricos deberían explicar muy cuidadosamente
cómo usan exactamente la etiqueta” (Greenawalth, Kent: “Too Thin
and Too Rich: Distinguishing Features of Legal Positivism”, en Robert
P. George (ed.): The Autonomy of Law. Essayson Legal Positivism,
ClarendonPress, Oxford, 1996, p. 19.
4
Bobbio, Norberto: “Positivismo jurídico”; “Jusnaturalismo y positivismo
jurídico”, ambos en El problema del positivismo jurídico, trad. esp. de
Ernesto Garzón Valdés, Fontamara, México, 1992, pp. 37 ss. y 67 ss.
5
González Vicén, Felipe: “Sobre el positivismo jurídico”, en Estudios de
filosofía del derecho, Universidad de La Laguna, 1979, pp. 177 ss.
10

Nota Preliminar
el Derecho que serviría como línea de demarcación entre las
posiciones positivistas y las que no lo son. Se trataría, más bien,
de tres modulaciones distintas de esa concepción general o, si
preferimos decirlo con Bobbio, de tres variantes del positivismo
como enfoque acerca del derecho y, más específicamente,
de una de las tesis que se suelen considerar, dentro de él,
nucleares: la de la separación conceptual entre el derecho y la
moral. De acuerdo con la variante excluyente, los criterios de
validez jurídica no podrían incluir nunca consideraciones morales;
la variante incluyente afirmaría que dichos criterios de validez
no tendrían por qué incluir siempre consideraciones morales; la
variante normativa, por su parte, pondría el acento en que estos
criterios de validez no deberían incluir nunca consideraciones de
ese género. De forma que la triple distinción de Bobbio —positivismo
como enfoque, como teoría y como ideología— no logra
desambiguar por completo la expresión ‘positivismo jurídico’:
la distinción entre los positivismos excluyente, incluyente y
normativo muestra que la ambigüedad se vuelve a producir
al menos en el interior mismo del positivismo como enfoque.
El carácter ambiguo de la expresión “positivismo jurídico”
resulta, pues, indudable. Más discutible resulta, desde luego,
que “positivismo” se utilice siempre proyectando una actitud
peyorativa hacia las teorías del Derecho, o hacia los juristas,
que se presentan como adeptos a él. Tal actitud peyorativa está
presente, desde luego, cuando quien habla de “positivismo”
se considera a sí mismo fuera de él: entonces caracterizará,
usualmente, como “positivistas”, aquellas tesis sobre el derecho
que le produzcan una mayor antipatía. Quienes se consideran
a sí mismos positivistas, por el contrario, tenderán a definir
“positivismo jurídico” incluyendo entre las notas con las que
caracterizan tal concepto tesis por las que sienten un gran apego,
aunque no versen (al menos, de manera directa) sobre el
11

Juan Ruiz Manero
Derecho. Así, por ejemplo, Eugenio Bulygin ha incluido entre
las propiedades definitorias del positivismo jurídico, además
de tesis relativas al derecho, una tesis relativa a la naturaleza de
los juicios morales y ha escrito en algún momento que “personalmente,
prefiero considerar el escepticismo ético como una
característica definitoria del positivismo jurídico” 6 . Muy distinta
es la posición de Juan Carlos Bayón, quien se siente lejano
de muchas de las tesis históricamente vinculadas al positivismo
jurídico, pero desea, sin embargo, seguir formando parte de los
encuadrados en el mismo. Esta me parece que es la razón de
que, a pesar de su desdén por “las disputas que se libran sólo
en el mundo encantado de las definiciones estipulativas” 7 , presente
una caracterización minimalista del positivismo jurídico
que reduce su “contenido mínimo” a algo que él mismo hace
suyo, a saber “la aceptación de una ontología convencionalista
en relación con el Derecho”, lo que implica que los criterios
de corrección o validez jurídica lo son en virtud de que son
criterios compartidos por la comunidad de referencia, aun
cuando “para poder afirmar que la comunidad comparte efectivamente
ciertos criterios de corrección, no es necesario que
cada uno —y ni siquiera que alguno— de sus miembros sea
capaz de articular y expresar exhaustivamente dichos criterios,
6
Bulygin, Eugenio: “Sobre el status ontológico de los derechos humanos”,
en Doxa, N° 4, 1987, p. 83. En un sentido semejante se manifiesta en
Caracciolo, Ricardo: “Entrevista con Eugenio Bulygin”, en Doxa, N°
14, 1993, pp. 509 ss. Posteriormente, Bulygin ha cambiado su opinión al
respecto, convencido por algunas observaciones de Ricardo Caracciolo, y
ha escrito que “contrariamente a mi opinión anterior, el positivismo es,
en principio, compatible con el objetivismo moral” (Bulygin, Eugenio:
El positivismo jurídico, Fontamara, México, 2006, p. 119.
7
Bayón, Juan Carlos: “El contenido mínimo del positivismo jurídico”,
en Virgilio Zapatero (coord.): Horizontes de la filosofía del derecho.
Homenaje a Luis García San Miguel, Universidad de Alcalá, vol. 2, p. 37.
12

Nota Preliminar
ni que haya acuerdo perfecto en las aplicaciones efectivas de
los mismos” 8 . La disputa acerca de las propiedades definitorias
de ‘positivismo jurídico’ parece estar bien lejos de ser una disputa
de tipo lexicográfico: no se trata en absoluto de poner en
claro en qué sentido se usa entre los juristas y los teóricos del
derecho la expresión ‘positivismo jurídico’. Y tampoco se trata
de una disputa entre distintas definiciones estipulativas que se
orienten por la pretensión de proporcionar un concepto que
aporte mayor rendimiento explicativo que las estipulaciones
rivales. Cuando se discute acerca de las propiedades definitorias
de ‘positivismo jurídico’ se trata, desde luego, de una disputa
entre definiciones estipulativas, pero se trata de definiciones
estipulativas que no parecen perseguir otra finalidad, al menos
centralmente, más que la de marcar territorio por parte de cada
uno de los contendientes: quienes se ubican entre los antipositivistas
considerarán como tesis definitorias del positivismo
jurídico aquellas tesis sobre la naturaleza del Derecho, de los
valores jurídicos, del razonamiento aplicativo, que les parezcan
más rechazables; quienes se ubican entre los positivistas
seleccionarán, de entre el conjunto abigarrado, heterogéneo y
hasta inconsistente de tesis que aparecen históricamente vinculadas
a la tradición positivista, aquellas que están dispuestos
a defender como propias. De ahí que no pueda, en mi opinión,
esperarse esclarecimiento alguno de las disputas en torno a la
definición de ‘positivismo jurídico’.
3
Si especificar cuáles son las notas cuya presencia es necesaria
y suficiente en una teoría del Derecho para caracterizar
8
Id., pp. 49 y 50.
13

Juan Ruiz Manero
a la misma como positivista parece una empresa claramente
desencaminada, ¿en base a qué criterio se ha calificado a los
cinco autores sobre los que versa este pequeño libro como positivistas?
Una respuesta, desde luego no muy sofisticada, pero
sí clara, reside en la autocalificación: consideramos a Kelsen,
Bobbio, Bulygin, Ferrajoli y Guastini como positivistas jurídicos
porque ellos se consideran a sí mismos así. Pero, además,
con la posible excepción de Bobbio, todos ellos pueden ser
considerados (aunque respecto de Kelsen y del mismo Bobbio
esta calificación pertenezca a un contexto de discusiones muy
posterior) como positivistas duros o excluyentes. Aunque
algunas de sus manifestaciones parezcan ubicarlo también en
este lado, Bobbio nunca aclaró, a mi juicio, de manera suficientemente
nítida si consideraba que era una característica
necesaria del derecho la no presencia de criterios morales entre
los criterios de validez jurídica (como sostiene el positivismo
excluyente) o bien que no era una característica necesaria, sino
meramente contingente, de los diversos sistemas jurídicos la
presencia o ausencia de criterios morales entre sus criterios
de validez (como sostiene el positivismo blando o incluyente).
Pero, si en el caso de Bobbio puede haber dudas, no las hay en
relación con ninguno de los otros autores examinados aquí. Y
ello aconseja introducir algunas anotaciones sobre la relación
entre el positivismo excluyente, el no-cognoscitivismo ético
y el positivismo llamado ético o normativo. Anotaciones que,
adelanto ya, desembocarán en poner de manifiesto algunos
déficits e insuficiencias del positivismo excluyente para dar
cuenta de rasgos centrales de nuestros sistemas jurídicos, y
del positivismo ético o normativo, a la hora de hacer propuestas
acerca de cómo estos mismos sistemas jurídicos debieran
desarrollarse.
14

Nota Preliminar
4
La figura de Hans Kelsen marca el inicio de la contemporaneidad
en la teoría del Derecho, en general, y en su variante
positivista, en particular. Hablo de “inicio de la contemporaneidad”
para indicar lo siguiente: el estudio de la teoría del
derecho prekelseniana —de las obras de un Savigny, un Austin,
un Ihering o un Jellinek— tiene hoy, sin duda, un interés indudable,
y hasta, si se me apura, un interés enorme, pero, a mi
juicio, puramente histórico; la teoría del derecho kelseniana, en
cambio, sigue presente en las discusiones actuales y, además,
la mayor parte de las teorías del Derecho que cuentan en la
actualidad se han construido en diálogo con Kelsen: y esto vale,
desde luego, para todas las que se examinan en este pequeño
volumen: las de Bobbio, Alchourrón y Bulygin, Ferrajoli o
Guastini y para muchas que no son objeto de consideración
aquí: tanto las de positivistas como Ross, Hart, o Raz, como
las de no positivistas como Alexy o Nino. Tan sólo la teoría
del derecho norteamericana, tanto la positivista (encuadrada,
en general, en el inclusive legal positivism) como la no
positivista (Fuller o Dworkin, por limitarnos a los casos más
emblemáticos) ha permanecido, en general, ausente de este
diálogo con Kelsen. Pero ello no creo que muestre otra cosa
más que el carácter algo provinciano de la teoría del Derecho
estadounidense (aunque se trate de la provincia correspondiente
al centro del imperio).
5
Si Kelsen marca el inicio de la contemporaneidad en la teoría
del derecho, en su obra se encuentran todos los rasgos que
van a caracterizar, no universal pero sí predominantemente, a
sus manifestaciones positivistas. El primero de ellos viene a ser
15

Juan Ruiz Manero
el vínculo entre positivismo jurídico y no cognoscitivismo, o
escepticismo, o relativismo, ético. La presencia de tal vínculo
no es, desde luego, una característica universal de las teorías
positivistas. Pues Herbert Hart, por ejemplo, nunca aclaró
del todo su posición al respecto, pero resultaría muy dudoso
calificarlo como un relativista, y resulta claro, por otro lado,
que uno de los principales adalides contemporáneos del positivismo
duro o excluyente, Joseph Raz, se ha considerado a sí
mismo como un objetivista en materia de ética. Y si echamos
la vista atrás, aún más claro resulta esto último por lo que hace
a Bentham y Austin, iniciadores, el primero, del utilitarismo
en ética y, ambos, del positivismo jurídico británico. No puede
ignorarse, sin embargo, que el no cognoscitivismo relativista
ha sido la posición predominante entre los positivistas jurídicos.
Y, a su cabeza, Hans Kelsen. El relativismo kelseniano se
halla estrechamente imbricado con su consideración de que
los juicios de valor, lejos de constituir el fundamento justificativo
de las normas, son, al contrario, algo derivado de ellas;
y de que las normas, a su vez, son resultado puramente de la
voluntad de su emisor, y no de juicio previo alguno. Las normas,
dice Kelsen una y otra vez, “constituyen el fundamento
de los juicios de valor” 9 ; las normas son, cada una de ellas, “el
sentido de un querer, de un acto de voluntad” 10 ; “el pensar,
cuyo sentido es una aserción, y el querer, cuyo sentido es
una norma, son dos funciones psíquicas distintas” 11 . A partir
de ahí, el concepto de razón práctica aparece necesariamente
como un oxímoron: “una razón que crea normas es una razón
9
Kelsen, Hans: Teoría pura del derecho (2ª ed., 1960), trad. esp. de Roberto
J. Vernengo, UNAM, México, 1982, p. 31.
10
Kelsen, Hans: Teoría general de las normas (1979), trad. it. de Mirella
Torre, ed. de Mario G. Losano, Einaudi, Turín, 1985, p. 4.
11
Id., p. 256
16

Nota Preliminar
que conoce y al mismo tiempo que quiere, es a la vez conocer
y querer. Esta es la noción autocontradictoria de razón
práctica” 12 . Y si la razón práctica es un oxímoron, la justicia
absoluta es necesariamente “un ideal irracional, o, dicho en
otras palabras, una ilusión, una de las ilusiones eternas del
hombre” 13 . Nótese que Kelsen califica de “ideal irracional”
lo que llama “justicia absoluta”, pero entiende por “justicia
absoluta” la que se refleja en un juicio que involucre la imposibilidad
de que sea justa una regla con contenido opuesto. Y
esto, aunque Kelsen lo denomine “justicia absoluta”, es lo que
usualmente se entiende por “justicia” toutcourt. Quiero decir
que si alguien afirma que la igualdad de trato entre hombres
y mujeres es justa, tal juicio involucra que la subordinación
de las segundas a los primeros es injusta. Pero Kelsen no lo
ve así, si alguien enuncia el primer juicio con la pretensión de
involucrar el segundo, desde el punto de vista de Kelsen
estaría pretendiendo algo de imposible justificación, estaría
esgrimiendo un ideal irracional, pues “desde el punto de
vista del conocimiento racional, no existe más que intereses
humanos y, por tanto, conflicto de intereses” y “la solución
de estos conflictos puede encontrarse satisfaciendo un interés
en detrimento de otro o mediante un compromiso entre
los intereses en pugna. Es imposible demostrar que sólo una
de las dos soluciones es justa” 14 . O, en otros términos, las
apelaciones a la justicia son vacías y, por tanto, estériles a la
12
El problema de la justicia (1960). Cito por la trad. esp. de Elías Díaz,
publicada con el título de “Justicia y derecho natural” en el volumen de
varios autores, editado por Díaz, Elías: Crítica del derecho natural, Taurus,
Madrid, 1966, p. 119.
13
Kelsen, Hans:¿Qué es justicia? (1957), trad. esp., con estudio preliminar,
de Albert Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1982, p. 58.
14
Id., pp. 58-59.
17

Juan Ruiz Manero
hora de resolver los desacuerdos entre los seres humanos en
cuanto a cómo debe regularse la convivencia entre los mismos.
Supuesto esto, y supuesto asimismo que optemos (opción que
resulta, también, de imposible fundamentación racional) por la
paz social o la seguridad como fin último, necesitamos que el
sistema de normas que atribuye al poder público el monopolio
de la coacción sea un sistema de normas cuya vinculatoriedad
no dependa de su conformidad con algún patrón de justicia,
siempre de imposible fundamentación. De esta forma, positivismo
excluyente y positivismo ético o normativo se dan
de la mano y el positivismo normativo depende, a su vez, del
no cognoscitivismo ético. En dos sentidos: primero, en que,
al no haber espacio para la razón práctica, la operatividad del
derecho como factor de paz o de seguridad depende —como
ya se ha indicado— de que la obligatoriedad de sus normas no
esté subordinada a ningún criterio metajurídico de corrección;
segundo, en que, por la misma razón, se opte, como propuesta,
por un derecho compuesto por reglas que caractericen en términos
tan descriptivos y precisos como sea posible tanto el caso
que regulan como la conducta que imponen o permiten. Hay
así, una línea de continuidad en la tradición del positivismo
contemporáneo que va de Kelsen a Ferrajoli. De la consideración
del primero de que las apelaciones, constitucionales o
legislativas, a “la equidad, la libertad, la igualdad […] significan
únicamente […] que tanto el legislador como los órganos de
ejecución de la ley están autorizados para llenar discrecionalmente
el espacio que les dejan la constitución y la ley” 15 , a la
15
Kelsen, Hans: La garantía jurisdiccional de la constitución (la justicia
constitucional). Cito por la trad. esp. de Juan Ruiz Manero contenida en
Kelsen, Hans: Escritos sobre la democracia y el socialismo, selección y
presentación de Juan Ruiz Manero, Debate, Madrid, 1988, p. 142.
18

Nota Preliminar
afirmación del segundo, ocho decenios más tarde, de que los
textos constitucionales debieran hacer “uso de un lenguaje lo
más taxativo posible, como garantía de la máxima efectividad
de los vínculos constitucionales impuestos a la legislación y a
la jurisdicción, sobre la que se funda la legitimación política
tanto de una como de la otra” 16 .
6
Si, en la tradición positivista, la opción por un derecho
de reglas precisas suele depender —como ocurre en los casos
de Kelsen y de Ferrajoli— de una posición de no objetivismo
ético, ésta no es, sin embargo, una vinculación universal dentro
de esa tradición.
Joseph Raz, quien quizás constituye hoy día, junto con Eugenio
Bulygin, el principal adalid del positivismo excluyente,
se considera objetivista en ética. Ciertamente, su objetivismo
va acompañado de un juicio pesimista acerca de las posibilidades
de generar acuerdos en materias morales. Pero el caso es
que, por lo que hace a la identificación del derecho, sostiene
lo siguiente: “una teoría jurídica es aceptable sólo si sus criterios
para identificar el contenido del derecho y determinar su
existencia dependen exclusivamente de hechos de la conducta
humana susceptibles de ser descritos en términos valorativamente
neutrales y aplicados sin recurrir a la argumentación
moral” 17 . Esto es, a juicio de Raz, sería inaceptable una teoría
16
En Ferrajoli, Luigi; Ruiz Manero, Juan: Dos modelos de constitucionalismo.
Una conversación, Trotta, Madrid, 2012, p. 83.
17
Raz, Joseph: “Legal Positivism and the Sources of Law”, en The Authority
of Law. Essays on Law and Moraliy, Clarendon Press, Oxford, 1979, pp.
39-40.
19

Juan Ruiz Manero
jurídica que sobre la base de que, al menos algunos sistemas
jurídicos (como los actuales sistemas constitucionales) usan
términos morales que parecen entrar en juego a la hora de
establecer parámetros de validez jurídica, considerara que
tales sistemas jurídicos, al usar tales términos, no hacen nada
distinto de lo que parecen hacer, sino precisamente esto último,
esto es, introducir requisitos morales entre los parámetros de
validez jurídica. Dada la presencia indiscutible de términos
morales en normas, como las constitucionales, que establecen
los requisitos de validez de otras normas, no ha de entenderse,
a juicio de Raz, que tal presencia de términos morales implica
lo que parece implicar, esto es, que la constitución condiciona
en algunos casos la validez jurídica a criterios morales, sino
algo distinto, a saber, que la constitución, en tales supuestos,
confiere discreción a los jueces para resolver según su mejor criterio.
La razón por la que Raz rechaza la interpretación digamos
“natural” de la presencia de términos morales en normas que
establecen los criterios de validez de otras normas, tiene que
ver con su tesis sobre la función social, y en el razonamiento
práctico, desempeñada por el derecho. De acuerdo con Raz, en
efecto, el derecho pretende autoridad, lo que implica que las
normas jurídicas proveen a sus destinatarios de razones de un
tipo especial, razones protegidas o instrucciones ejecutivas, que
son, a la vez razones de segundo orden para que su destinatario
no tenga en cuenta razones de primer orden que pudieran aplicarse
el caso, y también razones de primer orden ellas mismas
para realizar la acción que ellas ordenan. Todo esto depende, a
su vez, de una concepción del derecho que ve a este como un
artefacto cuya finalidad viene a ser posibilitar prescindir de la
deliberación en nuestra determinación de los cursos de acción
a adoptar. Las autoridades jurídicas deliberan sobre las razones
en pro o en contra de un determinado curso de acción, dadas
20

Nota Preliminar
ciertas circunstancias. Su deliberación produce ciertas instrucciones
(las normas jurídicas, que constituyen “instrucciones
ejecutivas” o “razones protegidas”) para los sometidos a ellas,
razones que pueden ser entendidas y seguidas sin tener que
reabrir el proceso deliberativo. Esta es la principal ventaja de
disponer de autoridades jurídicas y de un sistema jurídico: sus
destinatarios pueden ahorrarse los costes de la deliberación.
Tal ventaja se perdería si para establecer el significado de las
instrucciones de las autoridades tuviéramos que deliberar, lo
que inevitablemente sucedería si las instrucciones de las autoridades
apelaran a conceptos morales. Ocurre, además, que,
aun siendo objetivista en ética, Raz es pesimista respecto de
las capacidades epistémicas de los seres humanos en materia
moral y es pesimista, por tanto, respecto de las posibilidades
de generar acuerdos intersubjetivos en este terreno. Y ocurre
también, a juicio de Raz, que en muchas ocasiones la moral
no puede servirnos de ayuda, porque las opciones disponibles
son moralmente inconmensurables. Por utilizar ejemplos del
propio Raz, en decisiones como si pasar la tarde en casa o ir
a un concierto, si pasar las vacaciones de verano en Grecia o
Noruega y otras muchas de este género, “las consideraciones
morales si bien no son irrelevantes, tampoco son decisivas. Es
improbable que formen la sustancia principal de las reflexiones
de uno sobre estas materias. Por añadidura, comúnmente
asumimos que en asuntos como estos la razón falla totalmente,
en algún momento de las deliberaciones de uno. En definitiva,
diríamos, uno debe hacer lo que más le gusta o lo que más
desea” 18 . Aunque con importantes matices, algo análogo ocurre
en el ámbito público. También aquí “existen muchas diferentes
18
Raz, Joseph: “On the Autonomy of Legal Reasoning”, en Ratio Iuris, vol.
6, N°1, marzo 1993, p. 11.
21

Juan Ruiz Manero
situaciones que son todas ellas valiosas e inconmensurables, es
decir, que no existe razón moral, ni tampoco ninguna otra razón
para favorecer una cosa sobre las otras” 19 . Esto es lo que ocurre
cuando se trata de decidir, por ejemplo, “si gastar los recursos
públicos en museos o en instalaciones deportiva, o si concentrarlos
en unos pocos centros regionales o dispersarlos entre muchos
pueblos […], si generar más recursos públicos a través de los
impuestos o dejar más recursos a los individuos para que hagan
con ellos lo que deseen”. En cuestiones como éstas, y en otras
muchas, “quizá no haya una solución que sea la mejor, sólo un
abanico de soluciones incompatibles entre las que elegir que son
todas buenas” 20 . Y aunque esta situación es más característica en
relación con el establecimiento de normas, es decir, en relación
con la función legislativa, también se da en la aplicación del derecho,
por cuanto “muy a menudo, se exige a los tribunales que
completen las lagunas en el Derecho, y también se les exige con
regularidad que continúen desarrollando el derecho, una actividad
que incluye cambiar y revisar arreglos jurídicos existentes” 21 y
ello puede ocurrir en relación con materias en las cuales, como
hemos visto, la moral no puede proporcionar un fundamento para
la decisión, porque queda agotada antes de llegar a él.
7
En la tradición del positivismo fuerte encontramos, pues,
buenos argumentos en favor de un derecho que esté compuesto
centralmente por reglas con autonomía semántica, esto es, por
normas que correlacionen casos genéricos, configurados por
19
Id., pp. 12-13.
20
Id., p. 13.
21
Id., p. 13.
22

Nota Preliminar
conjuntos de propiedades descriptivas, con soluciones normativas,
entendidas como la calificación deóntica de acciones,
que aparecen caracterizadas asimismo descriptivamente. Tales
normas permiten, cuando son aplicables, evitar los costes de
la deliberación para construir el fundamento de la decisión
relativa a casos individuales; tal fundamento se encuentra
predispuesto, o, por así decirlo, prêt à porter para el decisor.
Y ello, que el fundamento de la decisión preexista a la decisión
del caso individual y que tal fundamento sea proporcionado
por el legislador y no construido por el juez, viene a ser algo así
como la realización perfecta de la idealidad que compartimos
respecto de cómo debe, a estos efectos, distribuirse el poder.
Hay, pues, razones muy fuertes —que la tradición positivista
pone muy bien de manifiesto— a favor del papel predominante
de las reglas con autonomía semántica en la regulación jurídica.
Y, lo que está implicado en lo anterior, hay también razones
muy fuertes para que las normas jurídicas eviten remitir a
pautas morales a la hora de caracterizar tanto los casos a los
que se aplican como el modelo de conducta que prescriben.
Para reconocer esto no es necesario, como muestra el caso de
Raz, negar el objetivismo ético; uno puede afirmar el carácter
racionalmente fundamentable de los juicios morales (lo que
implica la no posibilidad de fundamentación racional de los
juicios morales opuestos), y, a la vez, reconocer las enormes
dificultades epistémicas para superar al menos algunos desacuerdos
morales: y esas dificultades epistémicas, así como
la existencia, en muchos casos, de alternativas moralmente
inconmensurables, empujan a favor de un derecho que configure
sus normas mediante propiedades descriptivas.
Ocurre, sin embargo, que las razones esgrimidas por el positivismo
fuerte son ciertamente poderosas, pero no absolutas.
Son razones poderosas, pero también razones prima facie (o,
23

Juan Ruiz Manero
para el que lo prefiera, razones pro tanto). Quiere decirse que
son razones que han de ponderarse con razones, que también
las hay, que empujan en sentido contrario, esto es, en favor de la
presencia en el Derecho no ya de reglas con autonomía semántica
sino de principios que expresen directamente las razones
subyacentes a las reglas, los valores y propósitos que tratan de
preservarse o de promoverse con ellas, valores y propósitos
muchos de los cuales, aunque no todos, tienen naturaleza moral
y, en todo caso, han de encontrarse moralmente justificados.
Una de las principales razones a favor de los principios viene
constituida, por decirlo en términos hartianos, por el relativo
desconocimiento de los hechos futuros, de las propiedades
y combinaciones de propiedades que puedan presentar, que
aqueja, como a cualquier ser humano o a cualquier conjunto
de seres humanos, al legislador. Este relativo desconocimiento
de los hechos futuros se traduce en la imposibilidad, para el
legislador, de anticipar todas las posibles combinaciones de
propiedades que puedan presentar los casos futuros y resultar
relevantes para el derecho. Y ello se traduce, inevitablemente,
en los conocidos problemas de la posible infrainclusión y suprainclusión
que puedan presentar las reglas en relación con
sus razones subyacentes, esto es, con los valores y propósitos
que justifican su dictado y el mantenimiento de su vigencia:
pues es posible que las reglas no incluyan casos que, a la luz
de tales valores y propósitos que las justifican, debieran incluir
y, al tiempo, que incluyan casos que, a la misma luz, debieran
excluir 22 . Y, de hecho, todos los sistemas jurídicos desarrollados
22
El teórico que ha insistido más en estos problemas ha sido, como es sabido,
Schauer, Frederick: Playingbythe Rules. A Philosophical Examination
of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Clarendon Press,
Oxford, 1991.
24

Nota Preliminar
contienen mecanismos, como la analogía, el distinguishing o
los ilícitos atípicos (el abuso del derecho, el fraude de ley y la
desviación de poder) para enfrentar estos desajustes entre las
reglas y sus razones subyacentes, y para poder excepcionar la
aplicación de reglas cuando tal aplicación implicaría anomalías
valorativas que se juzgan intolerables.
Un sistema jurídico compuesto exclusivamente por reglas
con autonomía semántica, sin que puedan entrar en línea de
cuenta principios que expliciten los valores y propósitos perseguidos
por las reglas, aparecería, pues, como un conjunto
de mandatos inconexos, que no presentaría una coherencia de
sentido. Yen un sistema jurídico así, como en cualquier otro, aparecerían
de vez en cuando, como escribe Miguel Ángel Rodilla,
“antinomias y lagunas, ambigüedades e incertidumbres”, es decir,
en definitiva, casos difíciles en los que, como indica el mismo
Rodilla, “la maquinaria de aplicación del derecho rodaría en el
vacío y para los que no habría otra salida que la arbitrariedad” 23 .
Todo esto no obsta, desde luego, para que tampoco fuera
de ningún modo aceptable —y no parece haber nadie solvente
que lo preconice— un sistema jurídico compuesto exclusivamente
por principios. Un sistema jurídico de composición
únicamente principial no ofrecería la reducción de la complejidad
en los procesos de toma de decisión que constituye una
de las principales ventajas de disponer de sistemas jurídicos
tal como los conocemos. Un sistema exclusivamente principial
volvería las decisiones más difícilmente predecibles, multiplicaría
los costes de las mismas —pues no podría evitar la necesidad
23
Rodilla, Miguel Ángel: “Imperio de la ley y principios. Presentación de
un debate”, en Francisco J. Laporta, Juan Ruiz Manero y Miguel Ángel
Rodilla: Certeza y predecibilidad de las relaciones jurídicas, Fundación
Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 35 y 37.
25

Juan Ruiz Manero
de embarcarse en un proceso deliberativo, en relación con todos
los casos y con cada tramo de cada caso—, y —lo que viene a
ser otra manera de decir lo mismo— implicaría la abdicación
de aquello que entendemos que constituye una de las funciones
básicas de los legisladores, a saber, la puesta a disposición de
los órganos aplicadores de soluciones predispuestas para casos
genéricos en los que tales órganos puedan subsumir los casos
individuales que han de resolver.
Por todo ello, nos encontramos con que todos los sistemas
jurídicos que han alcanzado un mínimo grado de desarrollo
son sistemas mixtos de reglas y principios, aunque la importancia
relativa de ambos ingredientes varíe de unos sistemas a
otros: por poner un ejemplo obvio, los sistemas jurídicos de los
actuales estados constitucionales de derecho son, desde luego,
mucho más principialistas de lo que fue el sistema jurídico francés
en la fase posterior a la puesta en vigor del Code Napoléon.
Y es que las razones a favor de los principios se incrementan
en el caso de los textos constitucionales, normativos
y rígidos, que presiden sistemas jurídicos como los nuestros
actuales. Estas razones incrementadas tienen que ver con el
lugar especial que ocupa en el sistema jurídico una constitución
que sea, a la vez, normativa, rígida y con pretensión de supremacía
(y que prevea el correspondiente mecanismo de control
de constitucionalidad para asegurarla). Pues una constitución
que no se limita a instituir y establecer las competencias de
los diversos órganos superiores del estado, sino que contiene
numerosas normas regulativas que imponen límites a la producción
normativa inferior y, en general, a la acción de los
poderes públicos, una constitución que exige condiciones gravosas
para su reforma y que garantiza su supremacía mediante
un mecanismo de control jurisdiccional de constitucionalidad,
26

Nota Preliminar
una constitución así se haría directamente pasible a la objeción
contramayoritaria si articulara básicamente su dimensión
normativa-regulativa mediante reglas. Pues las reglas son
mecanismos destinados a excluir la deliberación, lo que aquí
significaría excluir de la deliberación acerca de los contenidos
normativos más importantes del sistema a todas las generaciones
sucesivas a la generación constituyente; los resultados de
las deliberaciones de la asamblea constituyente constituirían
así para las generaciones siguientes, por utilizar la expresión
habitual, una suerte de “tiranía de los muertos sobre los vivos”.
Los principios, por el contrario, no pueden, ni pretenden, excluir
la deliberación, por las dos razones siguientes: primero,
porque no precisan, en caso de que resulte concurrente más de
un principio, cuál de ellos debe prevalecer; segundo, porque
suelen caracterizar la acción que ordenan mediante conceptos
con fuerte carga valorativa —tales como libertad, igualdad,
honor, intimidad personal, no discriminación—, sin precisar
qué propiedades descriptivas constituyen condiciones de aplicación
de tales conceptos valorativos. Precisar tales propiedades
descriptivas, así como precisar si en una u otra combinación de
circunstancias prevalece uno u otro principio de los que aparecen
concurrentes, son tareas que sólo pueden llevarse a cabo mediante
la deliberación. A este mantener abierto el proceso deliberativo
contribuye también, junto con la presencia de principios (en
sentido estricto) en los textos constitucionales, la presencia en
esos mismos textos de esas normas a las que llamamos directrices,
que estipulan la obligatoriedad de perseguir determinados
fines (como el pleno empleo, la estabilidad económica, la
protección del medio ambiente o del patrimonio históricoartístico,
la puesta a disposición de todos de viviendas dignas
y adecuadas) sin precisar cómo tales fines se articulan entre sí
y cuáles sean los cursos de acción que puedan conducir más
27

Juan Ruiz Manero
eficazmente a lograrlos. Precisar, en circunstancias cambiantes
a lo largo del tiempo, tal articulación y tales cursos de acción es
algo que sólo puede llevarse a cabo, asimismo, mediante deliberación.
Principios y directrices son, pues, normas destinadas, no a excluir
la deliberación, sino a operar como ingredientes de la misma. De
esta manera, el que el texto constitucional construya su dimensión
regulativa básicamente mediante principios y directrices viene a
constituir el mejor compromiso posible entre dos exigencias, en
indudable tensión entre sí, a las que entendemos debe responder
una constitución: en primer lugar, la de que esa constitución sitúe
por encima de las decisiones de política ordinaria aquellos valores
y fines compartidos que conforman el consenso básico de la
comunidad política; en segundo lugar, la de que la constitución
no sustraiga a la política democrática la posibilidad de dar la
respuesta que en cada momento aparezca como deliberativamente
mejor a todas aquellas cuestiones que nos aparecen
como inevitablemente controvertibles.
8
Pues bien, en la tradición positivista fuerte del siglo pasado,
normas que impliquen, no mecanismos destinados a excluir
la deliberación, sino terrenos compartidos e ingredientes para
ella, tienen difícil encaje. No quiere decirse que reconocer a
esas normas como tales sea estrictamente incompatible con las
tesis positivistas, sino tan sólo que la(s) teoría(s) de las normas
elaborada(s) por la tradición positivista tienden, de un lado,
desde Kelsen a Ferrajoli, a ver estas como enunciados que
correlacionan condiciones de aplicación descriptivamente caracterizadas
con la modalización deóntica de una acción que se
caracteriza asimismo descriptivamente. Y, de otro lado, estas
mismas teorías positivistas de las normas tienden a preconizar
28

Nota Preliminar
que el Derecho esté íntegramente compuesto, en su dimensión
regulativa, por normas que respondan a ese modelo, esto
es, al modelo de las reglas con autonomía semántica, o, si se
prefiere verlo desde el ángulo de la incidencia de las normas
en el razonamiento práctico de sus destinatarios, al modelo de
las “razones protegidas” o “instrucciones ejecutivas” razianas.
De este modo, la tradición positivista tiende a ofrecer una
visión empobrecida, reducida a un solo tipo, de la variedad de
normas jurídicas regulativas y a preconizar, al tiempo, dicho
empobrecimiento como modelo para el desarrollo del derecho:
el ideal de la taxatividad sin restricciones, por decirlo al modo
de Ferrajoli, es, expresándolo en términos distintos y con
énfasis también distintos, compartido por Kelsen, por Raz,
por Bulygin o por Guastini. La riqueza de tipos de normas
jurídicas regulativas presente en los sistemas de los estados
constitucionales de derecho de hoy (entre las que pueden distinguirse
reglas con autonomía semántica, reglas sin autonomía
semántica, principios, directrices, además de normas de tipo
mixto o situadas en un lugar penumbroso entre los tipos distinguidos)
tiene, pues, dificultades de acomodo, tanto conceptual
como prescriptivo en la tradición positivista. Y aun mayores
dificultades de acomodo tiene otro rasgo presente en las constituciones
de esos sistemas; a saber, que las mismas presentan
algunos de sus principios más importantes no como resultado
de un acto de prescribir por parte del constituyente, sino como
contenidos normativos cuya validez preexiste al constituyente;
como contenidos normativos que éste no puede, legítimamente,
más que reconocer, según la fórmula repetidamente empleada
por la constitución española, por ejemplo, en relación con
muy diversos derechos fundamentales. Pues si algo comparte
universalmente la tradición positivista fuerte es la idea de que
todas las normas jurídicas no son más que otras tantas directivas
29

Juan Ruiz Manero
de conducta que resultan de otros tantos actos de prescribir.
El que el constituyente emplee el lenguaje del reconocimiento
de contenidos normativos cuya validez le preexiste y que él
mismo no puede alterar legítimamente mediante actos de autoridad,
no puede ser visto, por una concepción de las normas
encuadrada en esa tradición positivista, más que como una
extravagancia retórica de ese mismo constituyente, que no
debe tomarse demasiado en serio.
9
La tradición positivista del siglo XX, la tradición que
arranca de Kelsen, ha efectuado sobre el derecho un trabajo
analítico inmenso; trabajo analítico que ha ubicado a la teoría
del derecho en un estadio muy distinto del que se encontraba
antes de Kelsen. Conceptos fundamentales de la estructura y
la dinámica de los sistemas jurídicos han recibido un esclarecimiento
tal en esa tradición que ignorar la aportación de la
misma no equivale en absoluto, como parecen creer algunos,
a haberla superado, sino sencillamente a ser un ignorante de
lo más básico de la teoría del Derecho contemporánea. Pero
también parece que tales esclarecimientos conceptuales deben
insertarse, para ser fructíferos, en el marco de una concepción
del derecho distinta de la propia de la tradición positivista; en
una concepción del derecho que permita operar con sentido en
el marco de los actuales sistemas constitucionales de derecho.
Elementos esenciales de la misma habrían de ser, frente al empobrecimiento
por reducción propio de la tradición positivista,
la conciencia de la variedad de tipos de normas jurídicas regulativas,
en lo que se refiere tanto a su diversa estructura como a
su distinto papel en el razonamiento práctico; frente a la visión
exclusivamente autoritativa del positivismo, la distinción, en
30

Nota Preliminar
el Derecho, entre normas resultado de actos de autoridad y
normas resultado del reconocimiento de contenidos normativos
cuya validez se entiende previa a los actos de autoridad; frente
a la visión del derecho exclusivamente en términos de guía de
conducta, propia de la tradición positivista, la distinción entre
la vertiente de guía de la conducta y la vertiente justificativa
de las normas jurídicas, y el otorgamiento de una cierta prioridad
a esta última; frente a la distinción tajante, que encontramos
en la tradición positivista, entre actos de aplicación de normas y
actos resultado de un ejercicio de discrecionalidad del aplicador,
la consideración de que el razonamiento jurídico se orienta no a
descubrir soluciones, que de no ser descubiertas dejarían el camino
expedito para la discrecionalidad, sino a justificar soluciones;
soluciones que pueden entenderse como jurídicamente debidas
aun en supuestos en los que, por razones derivadas del propio
derecho, se dejen de lado reglas previamente establecidas o se
fundamente la solución en reglas no previamente establecidas.
Coqueteemos otra vez con Hegel: la superación del positivismo
debe ser una Aufhebung, una superación que conserve,
integrándolo en una concepción distinta, todo lo que esta tradición
ha aportado a nuestra comprensión del Derecho. Que
es mucho: por lo que hace al siglo XX, mucho más de lo que
haya aportado ninguna otra tradición.
10
No llegué a conocer a Kelsen, quien murió cuando yo
era todavía un estudiante de licenciatura. Quien simplemente
lo haya leído, se habrá hecho a la idea de una persona
intelectualmente fascinante, desde luego, pero también algo
unidimensional (todo aquello que le interesa intelectualmente,
le interesa siempre desde la perspectiva de la teoría pura del
31

Juan Ruiz Manero
derecho), algo reiterativa y, desde luego, inmisericorde con
el lector: no es fácil encontrar en sus obras no ya una broma,
sino ni siquiera una ironía o un momento de relajación…Pero
quienes llegaron a tratarlo nos hablan de alguien simpático,
generoso, con sentido del humor, con mucho interés por el cine
y con un gusto intenso por la belleza, no solo pero también y
de manera muy destacada, femenina.
Con Norberto Bobbio coincidí en algunos acontecimientos
académicos, desde la distancia que la diferencia de edad, y, sobre
todo, saber y gobierno implicaba. Me llamó la atención un
aspecto de su personalidad, que quienes lo conocieron de verdad
supongo confirmarán: no parecía cansarse jamás de una conversación
que le pareciera intelectualmente interesante —aunque el
interés residiera sobre todo en ilustrar a un jovenzuelo bastante
ignorante y algo (sólo un poco) presuntuoso—, pero en cuanto
la conversación tendía a perder la tensión y a frivolizarse,
mostraba rápidamente claros signos de impaciencia.
Con Eugenio Bulygin, Luigi Ferrajoli y Riccardo Guastini
he tenido un trato frecuente y continuado: desde hace casi
veinticinco años con Eugenio Bulygin, en torno a veinte con
Riccardo Guastini y más recientemente con Luigi Ferrajoli.
El haberlos conocido y disfrutado de su trato y de la discusión
con ellos es uno de los regalos más apreciables que la vida profesional
me ha dado. Los tres reúnen, en proporciones desde
luego variables por lo que hace a alguna de estas cualidades,
pero siempre en dosis muy altas, las virtudes del saber, de la
inteligencia, del sentido del humor, de la disposición a la discusión,
de la modestia y de la generosidad. Un mundo posible
poblado de personas como ellos sería, sin duda, mucho más
digno de ser vivido que el mundo real en el que habitamos.
Alicante, enero de 2014.
32