Juntos Gaceta Mercantil - Noviembre 2017

CARLOS CERDA DUEÑAS
Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales
y Gobierno del Tecnológico de Monterrey
La participación ciudadana en el
Sistema Estatal Anticorrupción
Una novedad del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) es la incorporación de
elementos de la sociedad civil al proceso de
selección, al Comité de Participación Ciudadana
propiamente dicho y como parte del Comité
Coordinador, en el cual ostentará la presidencia.
Lo anterior es como parte de un clamor
social por apartar, en la medida de lo posible,
a los poderes constituidos de los procesos de
elección de funcionarios, sobre todo cuando
se presume que sus designaciones obedecen
más a un reparto de cuotas que a los méritos
del designado, donde además impera la
discrecionalidad que no abona a la certeza
que requieren este tipo de nombramientos.
Cuando se empezó a concebir el SNA, algunas de
las iniciativas de ley introdujeron la participación
de elementos de la sociedad civil. Una de las
iniciativas proponía un Consejo Nacional por la
Ética Pública integrado por funcionarios y
ciudadanos. Lo presidiría el Presidente de la
República y en ley secundaria se determinaría su
composición, atribuciones específicas e
integración; otra de las iniciativas se refería a un
Consejo Consultivo compuesto por 10
ciudadanos electos por el Senado con
nombramientos de 5 años renovables por una
sola vez y, también se proponía, en otra iniciativa,
un Órgano Consultivo de 5 consejeros
ciudadanos pertenecientes al sector académico y
de la sociedad civil quienes serán nombrados por
el Senado con votación calificada. Al final, se optó
por integrar un Comité de Participación
Ciudadana de cinco miembros que fueron electos
por una Comisión de Selección que se compuso
de nueve miembros que provenían tanto de
instituciones académicas como de organizaciones
de la sociedad civil relativas a fiscalización,
rendición de cuentas y combate a la corrupción y
que fueron nombrados directamente por el
Senado. Aprobado el SNA, se determinó que
debía replicarse en todas las entidades federativas.
En el caso de Jalisco, el Artículo 15 de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco,
establece un Comité de Participación Social que
estará integrado por cinco ciudadanos de
probidad y prestigio que se hayan destacado por
su contribución a la transparencia, la rendición
de cuentas o el combate a la corrupción. Este
mismo ordenamiento legal establece que dicho
Comité integrará el órgano de gobierno de la
Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.
El Congreso nombró a nueve ciudadanos como
integrantes de la Comisión de Selección y se les dio
la tarea de nombrar a quienes formarán el primer
Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción. En Jalisco algunas de las
facultades de este Comité son las de participar en la
Comisión Ejecutiva del SEA; opinar y realizar
propuestas, sobre la política estatal y las políticas
integrales en materia de combate a la corrupción;
proponer mecanismos para que la sociedad
participe en la prevención y denuncia de faltas
Jalisco
administrativas y hechos de corrupción y; dar
seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal.
Si bien hay avances en el involucramiento de la
sociedad civil en los nombramientos, existen
todavía resistencias a confiarles plenamente esta
labor. Cierto es que, en principio, estas
designaciones corresponderían a los poderes
ejecutivo y legislativo, según fuere el caso, pero la
insistencia para que no participen o su
participación sea marginal, se envuelve en la
desconfianza originada por los excesos y abusos
que al respecto se cometieron. Hay avances con
respecto al SEA Jalisco, pero son insuficientes: el
gobernador seguirá con la potestad de elaborar
una terna para el nombramiento de los fiscales (el
general y el especializado en anticorrupción),
aunque deberá tomar en cuenta la opinión
técnica del Comité de Participación Social.
Este Comité tendrá la prerrogativa de realizar un
examen para el nombramiento de auditor y,
respecto de las designaciones de magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa, su labor se
limitará a emitir opiniones técnicas. En todos los
casos, la última palabra la tienen los diputados.
Esperemos que el Comité de Participación Social
esté a la altura de las expectativas de la sociedad
jalisciense y que el Congreso del Estado no
subestime la participación y recomendaciones
del Comité. Jalisco está cansado de la corrupción
y esta es una muy buena oportunidad para hacer
mejor las cosas e involucrar a la sociedad. La tarea
de gobernar es de todos, no sólo de los que
transitoriamente ejercen el poder.
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NOVIEMBRE 2017
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