Contralínea 457

ARTÍCULO
OPINIÓN
temporal o permanentemente a distintos puntos
de México y Estados Unidos en busca de empleo y
mejores condiciones de vida; muchos de los cuales
se dirigieron a los corredores agroindustriales del
Bajío y el Noroeste del país (Sinaloa, Sonora y el
San Quintín, en Baja California); San Quintín es
uno más de los enclaves de agricultura mercantil
de exportación que se nutre de este éxodo masivo y
crónico de campesinos e indígenas (Abbdel Camargo,
“Haciendo vida en esta tierra: el asentamiento
de los triquis en el Valle de San Quintín, Baja California”,
en María Dolores Paris Pombo, coordinadora,
Diáspora triqui. Violencia política, desplazamiento
forzado y migración, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
México, 2012; y Abbdel Camargo,
“Nuevos patrones de movilidad y el papel
del asentamiento en la redefinición de los territorios
indígenas. El caso del Valle de San Quintín”, mesa
redonda: Actores Sociales y Procesos Socioeconómicos
y Espaciales Relacionados a la Migración,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2 de
septiembre de 2015).
El segundo proceso alude a las formas de cómo,
a través de las dinámicas de enganche y las cadenas
de contratación, muchos de los agroempresarios del
centro y Noroeste de México, de manera alevosa, se
aprovecharon de las condiciones de precariedad de
estos cuantiosos contingentes de campesinos desposeídos
y desocupados provenientes, principalmente,
del Sur del país para incrementar sus ganancias.
Ante las imperiosas necesidades de empleo de estos
desheredados y olvidados del campo, muchos de
los propietarios de los campos agrícolas y los ranchos
–como es el caso de varias empresas en San
Quintín– les impusieron condiciones laborales que,
además de violar flagrantemente la Ley Federal del
Trabajo, claramente pueden ser catalogadas como
explotación moderna: ausencia de contrato laboral,
carencia de seguridad social y de las prestaciones
de ley, jornadas laborales que por semana rondan
en las 60 horas, además de la falta de respeto a los
derechos humanos en diversos niveles (“Jornaleros
de San Quintín: entre la explotación moderna y la
resistencia social, Contralínea, 12 de abril de 2015; y
“En semiesclavitud, más de 2 millones de jornaleros,
La Jornada, 6 de abril 2015).
El último y tercer proceso tiene que ver con la
ausencia del Estado respecto a sus obligaciones de
defensa y garantía de los derechos de los jornaleros,
lo cual se manifestó a través de una política oficial
selectiva que se orienta a beneficiar a grupos de
poder económico. Por un lado, y desde un marco
histórico-estructural previo, las instituciones estatales
no garantizaron el contexto socioeconómico
indispensable para que, además de la posesión y/o
acceso a la tierra –como medio de subsistencia–, los
campesinos tuvieran las condiciones e infraestructura
de trabajo y desarrollo para tener una vida digna
y justa –acorde al marco jurídico constitucional–
en sus lugares de origen. Por otra parte, y desde la
consideración de su etapa de trabajadores fuera
de su lugar de origen, una vez que estos campesinos-migrantes
ya eran jornaleros en la producción
mercantil hortícola, las instituciones oficiales tampoco
pudieron hacer valer y respetar sus derechos
laborales, sociales y humanos.
La simulación y la
represión patronal
En este adverso contexto y tras la emergen-
CECILIA MARTÍNEZ
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