Contralínea 457

INVESTIGACIÓN
PORTADA
ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO
tal y, de paso, asentó que el fichero “no es de libre
acceso al público, debido a que pueden contener
datos personales”.
El Archivo General se apoyó en criterios establecidos
por el entonces Ifai para reforzar la clausura
de la consulta directa de documentos con “secciones
clasificadas”.
Según la nueva administración del AGN, la
apertura dada en los años previos sólo era parte de
las “prácticas” de entonces, las cuales no pueden ser
invocadas “debido a que eludir la observancia de
la ley –subrayó– no puede alegarse costumbre,
desuso o práctica”. Incluso llega a decir que no
sabe, o que no tiene la atribución para determinar,
que las investigaciones que lleven a los archivos de
la policía política del régimen priísta de la segunda
mitad del siglo XX corresponden “a violaciones
graves de derechos fundamentales o delitos de lesa
humanidad”.
El recurso de revisión 1564/15 lo resolvió el comisionado
Óscar Mauricio Guerra Ford.
El “organismo nacional autónomo”, el Inai,
procedió a verificar que el Archivo General había
hecho las acciones pertinentes para intentar entregar
lo que pidió la solicitante: el fundamento jurídico
del cierre y, sobre todo, la notificación de ello
a los usuarios. Y como el AGN negó que se haya
cerrado nada, entonces no podía haber una notificación.
Entonces el comisionado Guerra le dio la
razón al Archivo.
“Se puede establecer que el sujeto obligado [el
AGN] realizó las gestiones necesarias ante la unidad
administrativa que pudiera contar con la información
solicitada”, asentó en el cuarto considerando
la resolución.
El Archivo General de la Nación puso en la
mesa el tema de los datos personales presentes en
los archivos históricos, y el Inai lo siguió:
“Cabe resaltar el hecho de que la consulta de los
documentos que resguarda el Archivo General de
la Nación se hará con el debido tratamiento de los
datos personales que se encuentren ahí contenidos.
32 5 de octubre de 2015