Contralínea 457

PORTADA
INVESTIGACIÓN
“[…] Cualquier información que sea concerniente
a una persona que pueda hacerla identificada
o identificable deberá ser resguardada”, añadió
Guerra Ford sabiendo que se trata de documentos
resultado de espionaje y de que, en muchos de los
casos, las personas resultaron asesinadas, desaparecidas
o, por el natural paso del tiempo, ya están
muertas.
Por último, y tras “la investigación efectuada”, en
las páginas del AGN y del Diario Oficial de la Federación
en busca de alguna notificación oficial sobre
el cierre de las consultas, el Inai determinó que, en
efecto, no ha habido ningún cambió y que el acceso
sigue abierto. No se le ocurrió constatar si en los hechos
eso era verdad y, sin más, confirmó la respuesta
dada por el Archivo General de la Nación.
El proyecto de resolución ni siquiera se discutió
en pleno, pasó directamente hacia su aprobación en
la sesión del 13 de mayo de 2015. Todos los comisionados
estuvieron de acuerdo.
Un mes después, en el seminario que sobre el
tema se dio en el Inai, la misma solicitante tuvo,
aunque sea, una pequeña oportunidad de revancha
al preguntarle públicamente al director de Asuntos
Jurídicos y Archivísticos del AGN, Fredy Meave
Galindo, el mismo cuestionamiento que provocó
el recurso de revisión que el Inai resolvió a favor
del Archivo General de la Nación.
Ante el auditorio Alonso Lujambio completamente
lleno, Meave leyó la hoja que otra vez pedía
“el fundamento legal para el cierre de la consulta
directa en el fondo documental de la Dirección Federal
de Seguridad, en Galería 1”.
—Por favor, sea concreto –remataba la nueva
solicitud.
—Seré muy concreto –respondió, con tosquedad,
el abogado y levantó un papel que sacó inmediatamente,
como si estuviera preparado por si
le preguntaban precisamente eso–. La respuesta la
pueden encontrar, si quieren tomen nota, les doy
los datos, del recurso de revisión 1564 de 2015.
Fredy Meave calló, marcando el punto y aparte,
y siguió con el resto de preguntas que una edecán
le había dejado. El auditorio quedó catatónico por
segundos, volviendo a ver a los comisionados.
La comisionada Arely Cano, que moderaba la
mesa, frunció el ceño extrañada, levantó los hombros
en intercambio de miradas con sus compañeros,
sentados en primera fila frente a ella y haciendo
gestos también. El silencio en la sala, encrespado
por pequeños murmullos y más miradas dirigidas
hacia los comisionados, denotaba que nadie sabía
de lo que Meave Galindo había hablado. Ni las cabezas
del Inai tenían presente lo que era el recurso
de revisión 1564 de 2015 y que con cuya mención
el representante del Archivo General de la Nación
había capoteado tan fácil la pregunta incómoda.
—Estaba yo revisando el registro del recurso,
Fredy, tengo aquí el 1564 –intervino Cano mientras
movía hojas y buscaba sin encontrar en su celular–.
Digo, habría que ver esta revisión que hace,
porque sería importante que se ilustre con argumentos
esa consideración, para no dejar a dudas ese
elemento –atinó a decir, con nervio.
El silencio siguió, y ninguno de los comisionados
presentes abrió la boca para comentar siquiera
una palabra del recurso que por decisión unánime
del Inai se convirtió en el candado que ahora el Archivo
General de la Nación presumía.
Atentado contra el
derecho a la verdad
El coro de protestas enfatiza en una palabra:
impunidad. La clausura disfrazada de los fondos
documentales de la policía política de México cerrará
el círculo de impunidad del que gozan los
perpetradores de la Guerra Sucia, de crímenes
considerados de lesa humanidad; de los asesinatos,
de las desapariciones forzadas, de las torturas, de la
infiltración y el espionaje, pues, a la falta de castigo
judicial, se suma el privilegio de la desmemoria.
“Lo que hace a una sociedad evitar la repetición
de hechos atroces y luchar contra la impunidad
es el verbo conocer”, dice en entrevista Darío Ramírez,
director de la Oficina para México y Centroamérica
de Artículo 19, organización especializada
en libertad de expresión, y que también tuvo
la oportunidad de espetarles su inconformidad a
los comisionados del Inai y a la directora del AGN,
a la vez de exigirles la apertura de la Galería 1.
Según la lectura normativa del director de
Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo Ge-
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