Contralínea 457

AMBIENTAL
ANÁLISIS
En Baja California Sur se ha intensificado
un fenómeno social que ha
estado presente en esa entidad desde
hace mucho tiempo: lustros, décadas...
Pero que desde hace poco más de 1 año
se ha potenciado. Me refiero a la protesta
ciudadana contra el despojo de lo que los
surcalifornianos consideran suyo, además
de los mexicanos procedentes de otros estados
y que, principalmente, en las últimas
3 décadas se han avecindado en diferentes
partes de la entidad. Lo consideran suyo
por derecho propio, pues son habitantes de
esa tierra. La inconformidad ciudadana se
ha manifestado principalmente en dos vertientes:
por un lado, en contra del despojo
de ciertos territorios en los que diversas corporaciones
mineras intentan establecerse y
que involucran varias regiones, principalmente
al Sur de la península, de cuyos casos
sobresale el intento de instalar la megamina
a tajo abierto Los Cardones, en la Sierra de
la Laguna, reserva natural de la biósfera y
tinaco natural de muchas poblaciones, entre
ellas La Paz, Cabo San Lucas, San José del
Cabo y Todos Santos, además de decenas
de poblaciones de menores dimensiones
que dependen del abastecimiento de agua
del sistema de recarga natural del vital
líquido de la Sierra (http://contralinea.info/
archivo-revista/index.php/2015/07/12/ultima-trinchera-megamineria-toxica-en-bcs/).
Y el
despojo que se está intentando llevar a cabo
en el Pacífico, referente a la instalación de
un proyecto minero submarino para extraer
fosforita en el Golfo de Ulloa, asunto
que ha sido motivo de una larga confrontación
entre la ciudadanía, la prensa local
y las empresas mineras y las autoridades
(http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2014/05/25/mineria-marina-en-baja-california-sur-riesgo-ambiental-social-inminente/
y http://www.bcsnoticias.mx/importancia-social-ymedioambiental-de-impedir-la-criminalizacion-del-periodismo/).
Y por el otro lado, el despojo de sus
territorios adyacentes a la línea de costa,
privatización que se ha ido expandiendo y
concretando lentamente en diversas zonas
costeras del estado con el establecimiento
de magadesarrollos turísticos y venta de
terrenos costeros a particulares, principalmente
extranjeros, con el consecuente
cierre de accesos públicos a varias playas,
como ha denunciado la investigadora María
Luisa Cabral Bowling, académica de
la Universidad Autónoma de Baja California
Sur (Raymundo León, “Concesionadas
a extranjeros, 90 por ciento de las
playas de Baja California Sur”, La Jornada,
31 de marzo de 2008, www.jornada.unam.
mx/2008/03/31/index.php?section=estados&article=034n1est).
Lo anterior ha ido
limitando el libre tránsito del ciudadano
mexicano, privilegiando esos espacios para
gente adinerada, primordialmente turistas
extranjeros, pero también nacionales.
Despojo generado por los intereses de algunos
inversionistas al amparo de varios
políticos. Expoliación que se está haciendo
una constante en grandes extensiones de
playas al Sur del estado, generando gran
inconformidad social, misma que se ha incrementado
con el intento de privatizar un
tramo carretero entre Cabo San Lucas y
San José del Cabo, como parte del proyecto
Zona Dorada (Raymundo León, “Questro
busca privatizar un tramo de la carretea
San José del Cabo-Cabo San Lucas”, La
Jornada, 27 de agosto de 2015, www.jornada.
unam.mx/2015/08/27/economia/025n1eco).
Lo que además ha hecho converger a distintos
grupos sociales y ciudadanos sin
filiación alguna en la protesta ciudadana.
Para entender más de esta situación, consultar
la página www.lacarreteraesnuestra.com/
category/ultimas-noticias/.
Esos conflictos, el minero y el privatizador
de carreteras y playas, han ido unificando
y a su vez cohesionando a amplios y diver-
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