Contralínea 457

INVESTIGACIÓN
CAPITALES
que las sociedades “son constituidas con empresas
inscritas en paraísos fiscales; eso limita a la
justicia mexicana para que rindan cuentas o para
solicitar informes sobre el uso de los recursos.
“Lo preocupante es con quién se asocia, de
dónde viene el capital, cuál es la historia de esas
empresas”, sentencia.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas,
vigente desde 2012 y reformada en 2014, regula
aquellos proyectos que se realicen con cualquier
esquema para establecer una relación contractual
de largo plazo, entre instancias del sector público,
para la prestación de servicios que utilicen
infraestructura provista total o parcialmente por
el sector privado.
La norma fija la obligatoriedad de licitarlos,
México, séptimo lugar
entre los países del Sur en
desarrollo en utilizar las
APP. El mayor número se ha
concretado en carreteras,
aunque también en la
construcción de hospitales,
prisiones, aeropuertos...
le da la facultad al Estado de declarar las obras
de utilidad pública, de expropiar tierras y un plazo
mínimo de 40 años para los contratos.
México ocupa el séptimo lugar entre los países
del Sur en desarrollo en utilizar las APP, sólo
precedido por Brasil, dentro de América Latina.
El mayor número se ha concretado en la vialidad
del país, aunque también se han aplicado en la
construcción de hospitales especializados, prisiones,
aeropuertos, ferrocarriles y el área energética.
Según define el Banco Mundial, la APP se
refiere a un acuerdo entre el sector público y el
privado, en que parte de los servicios o tareas
responsabilidad del Estado lo suministran privados
bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos
para suministrar el servicio público o la
infraestructura pública.
Sus apologistas dicen que las APP mejoran la
ecuación entre calidad y precio de los servicios,
transfieren los riesgos al sector privado, mejoran
incentivos para producir eficientemente, reducen
el gasto público y traspasan ese endeudamiento
a los privados.
Pero sus críticos destacan que obligan a los
gobiernos a pagos prolongados por la larga duración
de los contratos. Además, alegan, los compromisos
pueden deteriorar el gasto en servicios
públicos, disfrazan el endeudamiento público y
la privatización de tareas del Estado, y encarecen
los costos.
A nivel federal, México cuenta con 29 APP,
mientras que los diferentes estados suman 20
proyectos bajo este marco legal.
La reforma energética sancionada en diciembre
de 2013, la mayor transformación del sector
en las últimas 8 décadas, abre al sector privado
local e internacional la explotación, refinación y
distribución de hidrocarburos y la generación y
distribución de electricidad a los particulares.
En los últimos 20 años, Pemex ha recurrido a
las APP para construir infraestructura petrolera,
como una forma de soltarse las riendas legales y
económicas de todo monopolio estatal, resume
el estudio Análisis de la estructura de negocios en
la industria de hidrocarburos de México, publicado
por PODER en junio.
Por ejemplo, en 1996, Pemex y la estadunidense
Sempra Energy se asociaron para crear
Gasoductos de Chihuahua, que se transformó
en el mayor actor de la industria mexicana de gas
natural, al controlar nueve empresas mediante
dos convenios conjuntos y siete compañías asociadas.
Todas ellas pertenecen al organigrama de
negocios de Pemex.
Con el fin de explotar tres campos maduros
en el estado de Tabasco, en 2011, PMI Campos
Maduros SANMA, filial de Pemex, se asoció
con las subsidiarias en México de las trasnacionales
privadas Petrofac Limited (Gran Bretaña)
y Schlumberger Limited (Estados Unidos).
En 2013, Pemex traspasó a la firma local
Mexichem el complejo petroquímico Planta
40 5 de octubre de 2015