Contralínea 457

PORTADA
INVESTIGACIÓN
“Y eso tiene que ver con que cambió la persona
del Cisen a cargo del Archivo”, apunta la doctora.
“La nueva persona que entró como que dijo: ‘¿Y
por qué están dando estos archivos?’. Empezó a cerrar
el acceso y a darlo solamente a los documentos
que ya estaban testados, que ya estaban tachados”.
Desde principios de 2015 las primeras voces de
protesta resonaron, pues sólo se ofrecían las versiones
públicas ya elaboradas: el fichero también se
clausuró.
“Hay una triple censura”, explica la doctora en
historia por la Universidad de Harvard:
“Una, previa: son los expedientes que en su momento
organizaron Capello y el personal del Cisen,
que después se tacharon los datos personales, y que
no se sabe qué es lo que seleccionaron para hacer
ese expediente. Segundo: puede haber temas que
a nadie se le ocurrió investigar y que por ende no
haya un expediente ya hecho; entonces en el Archivo
General ahora dicen que no hay nada.
“Además ya no dan acceso a las tarjetas. Incluso
podrían fotocopiarlas y dar acceso a la fotocopia.
Pero ni eso.”
El Archivo no avisó, no notificó de ninguna
forma ni a nadie del abrupto cambio.
Ante la situación, el 11 de marzo de 2015, una
frecuente usuaria de plano le pidió al AGN “el
fundamento legal que motivó la cancelación de la
consulta directa del fondo documental DFS, resguardado
en la Galería 1 del AGN, así como copia
del aviso o comunicado a los usuarios del acervo
informando a partir de cuándo se aplicaba esta medida”
(solicitud 0495000012715).
Dos semanas después, el AGN respondió oficialmente
que “no existe tal cancelación de la consulta
directa del fondo documental señalado”. La
estrategia empleada simplemente fue negar que
algo hubiera cambiado.
La recurrente, irritada por la respuesta, acudió
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai):
“En el sistema, AGN dice que me entrega la
información y no lo está haciendo, además niega
que la forma de consulta se haya modificado (no es
nada apropiado llamar ‘mentirosos’ a los usuarios).
“Estoy inconforme con la respuesta del AGN
debido a que las formas de consulta del fondo documental
de la extinta Dirección Federal de Seguridad
(DFS) se han modificado a partir de 2015,
puesto que antes los usuarios podíamos tener acceso
a los documentos en su modalidad de consulta
directa mediante el acceso de tarjetas (fichas
bibliográficas), documentos originales o digitalizados
de forma íntegra (sin testado).
“[…] Cuando se solicitaban directo en la sala
de consulta (Galería 1), el personal en la Galería
daba acceso a tarjetas y documentos sin restricción”,
contó la peticionaria en su alegato, en el que
también recordó la sugerencia dada por la propia
Mercedes de Vega Armijo a los investigadores de
“buscar fuentes alternas de información”.
En su defensa, el AGN continuó empecinado
en que “el acceso a los documentos contenidos en
el fondo ‘Dirección Federal de Seguridad’ de la
Galería 1 de este organismo descentralizado sigue
existiendo”. Pero, por primera vez, esgrimió el que
después se convertiría en su mayor argumento:
“No obstante [la apertura], se debe dar una protección
a los datos personales”.
Puso por delante la Ley Federal de Archivos de
2012, que reserva documentos hasta por 70 años,
también a la antigua Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamenwww.cisen.gob.mx
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