Contralínea 457

CONTRAPODER
OPINIÓN
ción. Para lo cual se han destruido
pruebas, como lo informan
los reporteros Pablo de Llano,
César Martínez y José Antonio
Román (El País, Reforma y La Jornada,
18 de agosto de 2015). Las
protestas por la desaparición
de esos 43 estudiantes es ya un
clamor mundial que el peñismo
debe aclarar y que no pueden
pasar los años sin que sepamos
quiénes ordenaron semejante
barbarie. Y como no hay nada
mágico, procede que la PGR
apure las investigaciones y, con
las declaraciones de los detenidos,
integre ya un expediente,
para que vayamos conociendo
la verdad jurídica-penal y no
salir con la estupidez de Murillo
Karam de una “verdad” en
tono de farsa.
La enésima petición de los comisionados
de los derechos humanos para entrar a
la Zona Militar estacionada en Iguala y escuchar
lo que tengan que decir los militares entonces de
guardia ha sido desechada por el señor Osorio
Chong, obviamente, por instrucciones de Peña.
Nada gana éste con encubrir a los soldados que
deben saber mucho sobre los acontecimientos del
26-27 de septiembre, cuando los secuestraron y
hasta la fecha están desaparecidos. Sus padres han
estado alerta y en constantes
manifestaciones
públicas denunciando
la desaparición de
sus hijos. Y la nación
atenta y comprometida,
exige, por medio
de los cientos de miles
que se manifiestan, que la PGR y el gobierno
federal se apliquen a cumplir con su obligación
de entregarlos vivos, “porque vivos se los llevaron”…
Lo de Ayotzinapa no va a detenerse. Se
trata de un asunto de lesa humanidad. Queremos
los mexicanos saber dónde están, cómo y por qué
los secuestraron. Los 26 militares de Iguala deben
Ayotzinapa es un asunto de lesa
humanidad. Por ello, los 26 militares
de Iguala deben ser puestos a dispo-
sición de la comisión investigadora
ser puestos a disposición de la comisión investigadora.
No debe haber excusas. Y nadie de quienes
hayan sido y sean señalados puede quedar al margen
de la legalidad. Este asunto exige que prevalezca
el estado de derecho, y éste no excluye ningún
hecho ni evidencia, si es que la investigación ha de
llegar hasta sus últimas consecuencias.
Ya transcurrió 1 año. Y ni los padres, ni los familiares
ni los mexicanos comprometidos en saber
sobre el paradero de los
43 normalistas vamos
a ceder en ejercer el
Artículo 9 de la Constitución
Política de los
Estados Unidos Mexicanos
para continuar
protestando contra el
peñismo por su obstrucción a la investigación,
al negarse a que los militares del 27 Batallón de
Infantería que estaban en servicio cuando acontecieron
los hechos también sean investigados. Este
suceso no debe ni puede ser olvidado. No lo será.
Se trata de un problema político, penal y social
que importa demasiado.
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