Edicion 26 de julio de 2019

Diario Co Latino
Opinión
Viernes 26 de julio de 2019 15
Los desafíos nacionales (3/3)
Ricardo Olmos Guevara
Economista
En las anteriores publicaciones se ha
afirmado que la naturaleza de la actividad
económica implica contrastes en
el aparato productivo, por sus diferentes niveles
de productividad y de ingreso. Esta es una realidad
mundial y no es propio de una economía en particular,
salvo cuando una economía se encuentra
concentrada en determinados productos de exportación.
En ese sentido, las realidades que se viven en
materia de empleo sugieren que ante las reducidas
nuevas oportunidades del aparato productivo,
frente a la creciente demanda de nuevos trabajadores
en busca de empleo año tras año; ello provoca
una brecha de salvadoreños sin empleo, por
lo que vivir en El Salvador se vuelve cada día más
desesperante para esas mayorías marginadas. Esta
situación genera al mismo tiempo consecuencias
que pueden constituir graves marginaciones sociales,
que actualmente se les denomina vulnerabilidades
sociales y a lo largo del tiempo, ello ha generado
la existencia de determinados niveles exiguos
de protección social de la ciudadanía. Este
tipo de realidad que es muy diferenciada, y por lo
general se vive en los países menos adelantados,
que vienen padeciendo niveles de marginación social,
si se les compara con los países europeos y
los mismos Estados Unidos, que en su momento
propiciaron las redes de protección fundamentados
en el Estado benefactor.
La protección social de los salvadoreños y de
los latinoamericanos en general es vulnerable,
pues están condicionadas por las realidades de la
informalidad del mercado laboral y de un aparato
productivo con niveles de productividad limitadas.
¿Qué se entiende por protección social? La
CEPAL la define como “(...) aquella que abarca
una variedad de políticas y acciones en diversos
ámbitos que debe promover el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC)
en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las
pensiones y el cuidado; también debe buscarse el
logro de ciertos niveles dignos de ingreso”.
Los exiguos niveles de protección social que se
han erigido a través del tiempo, tiene como origen
la limitada participación del hombre en el mercado
laboral con contrato que le permite que él y su
grupo familiar goce de la seguridad social, situación
que se ha venido deteriorando a lo largo del
tiempo, pues el porcentaje de los ocupados no logra
entrar a ese mercado formal empleándose en
actividades pobremente remuneradas, y con dificultades
para ingresar a la seguridad social como
son las pensiones y los sistemas de salud contri-
butivos.
La reproducción de las desigualdades
se focaliza de manera drástica, cuando a
lo largo del tiempo no se ha logrado detener
el trabajo infantil que afecta a los países
pobres como el nuestro. Aún más, la feminización
de la pobreza se une a la “infantilización
de la pobreza”, que no obstante los impactos
positivos de los programas sociales realizados
a lo largo de los último años, aún prevalecen graves
sintomatologías de esta problemática que se
desprenden de los reducidos “espacios fiscales”,
destinados a la educación y salud en nuestros países.
Así pues la reducida atención de los programas
sociales, por una parte y los recursos limitados
destinados para estos temas no han logrado
resolver los problemas sociales, pues la deuda social
acumulada por decenas de años no se supera
fácilmente en el corto plazo. Prueba de lo anterior
se evidencia cuando se visita a más de algún centro
educativo, para observar que no se realizan ni
siquiera las actividades de mantenimiento de sus
edificaciones, pupitres, pizarras, multimedia, etc.
para que esos activos públicos contribuyan a un
mejor entorno y calidad educativa de la juventud.
Hay que decir que el concepto de protección
social ha evolucionado con el interés de cubrir
segmentos poblacionales descubiertos. Es así
como se evoluciona desde i) la protección basada
en el empleo formal, hacia la protección frente a
situaciones de emergencia, avanzando con la protección
como asistencia y acceso a la promoción,
y lo que finalmente se estableció fue la protección
como garantía ciudadana (Ocampo, Roberto Rivera,
CEPAL 2016). Sin embargo, estas iniciativas
a lo largo de los años han tenido un desempeño
que en materia de cobertura solamente mitigó
los graves desequilibrios que aún se mantienen en
nuestro país.
El gasto público social ha sido un compromiso
en donde los diferentes países de América Latina
han fortalecido la cobertura para atender las necesidades
sociales, generando estabilidad en las políticas
sociales aunque siempre con limitados programas
por el espacio fiscal insuficiente, sin lograr
hasta la fecha la reducción de las brechas de más
de la tercera parte de la población ocupada que se
encuentra sin protección social alguna. Prueba de
ello es la cobertura limitada del sistema de pensiones
en El Salvador, la cual no sobrepasa ni el
cuarto de la población ocupada del país incidiendo
negativamente las condiciones de vida de la
población trabajadora salvadoreña. ¿Qué se debe
de hacer para enfrentar este aspecto? Si en efecto
se quiere una protección social que dignifique
a los trabajadores, se debe generar los fondos presupuestarios
para que los trabajadores se retiren
con pensiones que al menos cubra la canasta
ampliada. Esa debería ser al menos
la meta. Esto al mismo tiempo no solamente
asegura estabilidad, y más cohesión
social sino que permite un respiro a
la democracia política del país.
Por ello la inversión temprana en la juventud
en sus procesos de formación profesional se
vuelve crucial. No hay tiempo para esperar pues
las necesidades gritan a nuestros oídos diariamente,
para que sean cubiertas esas necesidades
de primer orden. Otro de los desafíos nacionales
que se ha vuelto acuciante e irrenunciable en
su solución es la actual insostenibilidad del sistema
de pensiones privado. ¿O no es cierto que los
adultos mayores carecen en su mayor parte de
una transferencia que les permita vivir con dignidad?
Estos son los desafíos nacionales que hoy por
hoy no se plantean en los debates públicos, sino
que son otros temas sin impacto en la vida de
la población que diariamente los medios de comunicación
plantean. Es lamentable, por ejemplo
que ni siquiera la iglesia en sus variadas denominaciones
promueva de manera permanente el
enaltecimiento del bien común, y por supuesto el
goce de los derechos humanos en el criterio más
amplio tal como lo definen las Naciones Unidas.
Se trata en definitiva de un compromiso compartido
y de solidaridad el cual, por cierto, no es solo
un compromiso exclusivo del Estado, sino que
además debe de ser del sector privado en la provisión
de remuneraciones a sus trabajadores con
trabajos decentes. Se debe propiciar y eliminar el
círculo perverso de pobres salarios pues generan
al mismo tiempo pobres resultados en los sistemas
de pensiones cuando los trabajadores logran
su retiro de la vida laboral. Hay que pensar en el
breve plazo en nuevas redes sociales, para que las
mayorías se les reduzcan los niveles de marginalidad
social prevalecientes.
La presencia del Estado para que se protejan
los derechos económicos y sociales se vuelve
imperativo. Erigir nuevos sistemas de protección
social se vuelve urgente dado que los actuales
entraron en crisis, y no resuelven las necesidades
de seguridad sociales presentes ni futuras.
La evaluación y propuesta de nuevas reformas
a los sistemas de aseguramiento de esos derechos
se vuelve esencial, para ofrecer gobernabilidad
con la protección de las políticas sociales
nacionales de protección social de los salvadoreños.
La democracia pierde sentido al considerarla
únicamente una persona es igual a un voto.
Muy por el contrario la democracia debe de revestir
el complejo proceso de valorar la vida en
toda su integridad.