Edicion 26 de julio de 2019

8 Viernes 26 de julio de 2019
Nacionales
Diario Co Latino
El Salvador conoce experiencias
de justicia transnacional
Yaneth Estrada
@caricheop
Con el objetivo de
visibilizar experiencias
nacionales e
internacionales que permitan
generar alternativas en el abordaje
integral de los casos, la Fundación
para el Debido Proceso, Wayamo
Fundación, Instituto Of Global
Affairs (LSE) y Cristosal
organizaron dos jornadas de
disertación y construcción
de propuestas en materia de
promoción de justicia en causas de
violaciones a Derechos Humanos.
En este participaron Doris
luz Rivas, magistrada presidenta
de la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador;
Sydney Blanco juez Quinto de
Instrucción; Leonor Arteaga
oficial senior DPLF y comisionada
de CONABUSQUEDA; Manuel
Escalante del IDHUCA, y David
Morales abogado del Caso El
Mozote y Cristosal. Así como
Philipp Ambach jefe de reparación
y participación de víctimas
de Corte Penal Internacional;
Mark Kersten director adjunto
de Fundation Wayamo; Geoff
Dancy profesor adjunto del
departamento de Ciencias Políticas
de la Universidad de Tulare, y Clair
Duffy oficial legal de Open Society
Justice Iniciative entre otros.
“Este es un evento que me
parece es de los primeros públicos
que se deben de llevar al debate con
todos los actores de la sociedad,
también con los directamente
involucrados, en respecto del
futuro o los desafíos que se vienen
presentando a partir de la sentencia
de la Sala de lo Constitucional
en el año 2016, cuando declaró
inconstitucional la Ley de Amnistía
aprobada en 1993; luego viene
todo un replanteamiento sobre la
búsqueda de la verdad, la justicia
y la reparación para los casos de
las masacres que se dieron durante
el conflicto armado. Entonces
me parece que tenemos que dar
pasos de manera positiva el ir
construyendo”, dijo Doris Luz
Rivas magistrada, presidente de la
Representantes de distintas instituciones nacionales e internacionales hablaron acerca
de la situación actual de la justicia judicial en El Salvador. FOTO DIARIO CO LATINO/FERNANDO
VELÁSQUEZ.
Durante las jornadas de disertación y construcción de propuestas en materia de promoción de justicia a causa de violaciones de derechos
humanos, las organizaciones hicieron un replanteamiento sobre la búsqueda de justicia y reparación para los casos de masacres
que se dieron durante el conflicto armado. FOTO DIARIO CO LATINO/ARCHIVO.
Sala de lo Penal.
David Morales abogado en el
caso de la masacre de El Mozote
y lugares aledaños comentó, que
“desde la perspectiva de quienes
trabajamos los derechos humanos
en El Salvador, este es un tema
central; estamos hablando de
un momento histórico en el que
El Salvador puede construir un
modelo de justicia transicional
y es importante conocer las
experiencias de otros países”.
“Como hemos denunciado
reiteradamente, en El Salvador
existen tentativas políticas de
restaurar una amnistía, dos
tentativas, y desde la Asamblea
Legislativa actual se ha tratado de
generar un fraude a la sentencia
general de la Ley de Amnistía.
Por otro lado, tenemos tribunales
que están reabriendo casos, uno
de los más emblemáticos el caso
de la masacre de El Mozote; está
la disposición de la fiscalía general
de República (FGR), que ha
creado una oficina especial y una
política de persecución penal para
este tipo de crímenes. También
ha sido declarado ya este caso
como crimen de lesa humanidad
en El Salvador, y esto obliga a
impartir justicia. Es acá donde el
poder Ejecutivo, sobre todo, entre
otras instituciones tiene el deber
de avanzar, si consideramos que
El Salvador ha sido uno de los
estados más férreos del continente
en mantener la impunidad y
ahora tiene la posibilidad de
hacer justicia, de ponerle las
víctimas en primer plano, en
una democracia sana y real que
permitan a El Salvador permitir
pautas para generar políticas,
leyes y programas de trabajo con
víctimas de la violencia del pasado
y del presente”, enfatizó Morales,
exprocurador para los Derechos
Humanos.
Comparten experiencias
Nahomi Rhot docente
de derechos humanos en la
Universidad de California aseguró,
“esta es una actividad académica,
de compartir con los compañeros
algunas ideas de cómo se pueden
combinar mecanismos nacionales
e internacionales, de cómo se
puede llevar justicia para las
víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos en El Salvador.
Porque desde hace varios años
han habido intentos y experiencias
de tribunales híbridos, de
mecanismos de investigación,
del uso de investigadores,
investigación y de persecución
penal que han dado resultados muy
interesantes y la idea es compartir
con nuestros colegas algunas de
estas experiencias, para que a lo
mejor puedan ser de utilidad en
algunos de los debates actuales”.
La experta añadió, que en
este espacio no se trata de venir
a opinar sobre la justicia en El
Salvador, porque “esa es tarea de
los salvadoreños; pero sí creemos
que alguien con experiencia
comparada puede ayudar a
fortalecer, ya sea en el campo de la
investigación penal, en el campo de
las reparaciones, de tratar de darles
su papel y cumplir los deberes
del Estado para con sus víctimas,
comparando las experiencias de
otros países. No se trata de aplicar
algo de forma exacta, se trata de
conocer la realidad de cada país
y adecuarla para tener mejores
resultados”.
También Jo-Mary Burt,
profesora de Ciencias Políticas
y Asuntos Latinoamericanos de
la Universidad de Georgia quien
actualmente trabaja en monitoreo
del proceso de justicia transicional
en Guatemala, enfatizó que desde
2008 este país centroamericano
realiza varios procesos parecidos
para ejecutores de graves
violaciones a los derechos
humanos, con sanciones reales
pero se tienen grandes retrocesos.
Entre estos mencionó cómo en
el año 2013, cuando se sancionó
al exdictador Efraín Ríos Montt,
a quién se le dieron más de
ochenta años de prisión por más
de cincuenta asesinatos, diez días
después la Corte derogó dicho
fallo.
Sin embargo, en un segundo
juicio se comprobó que sí hubo
genocidio por parte del Ejército
de Guatemala en dos ocasiones.
Además, se condenó a 21 años
de prisión al exjefe de la Fuerza
Armada Benito Lucas García,
y otros altos funcionarios por
violación y tortura hacia una mujer
y desaparición de su hermano.
Otro punto importante de este
simposio es que busca evaluar
innovaciones en materia de
justicia y combate a la impunidad
sistemática, rendición de cuentas
y justicia particular en Centro y
Sur América, y en particular en El
Salvador.