Edicion 13 de agosto 2019

Diario Co Latino
Internacionales
Martes
13 de agosto de 2019 11
Estados Unidos anuncia nueva
penalización contra inmigrantes
Washington / AFP
Ariela Navarro
El gobierno de Donald
Trump anunció el lunes
que penalizará a los
inmigrantes que se beneficien
de ayudas sociales, negando la
residencia definitiva o la ciudadanía
a extranjeros que reciban
subsidios en Estados Unidos.
Esta nueva reglamentación va
a afectar los procesos para recibir
la nacionalidad de millones de
inmigrantes, la mayoría de origen
latino, que trabajan en empleos
mal pagados y que dependen de
ayudas sociales para vivir.
“Una vez que esta norma sea
implementada y sea efectiva a
partir del 15 de octubre los funcionarios
migratorios van a considerar
que si un extranjero recibió
o recibe algunas de las ayudas
señaladas esto va a ser considerado
como un factor negativo
al examinar su caso”, dijo en una
rueda de prensa Ken Cuccinelli,
director interino de la Oficina de
Servicios de Ciudadanía e Inmigración
en la Casa Blanca.
Al anunciar una redefinición
de la ley de “carga pública”, la
Casa Blanca estipuló que se impedirá
la entrada a migrantes en
base a la probabilidad de que necesiten
ayudas sociales.
Entre las ayudas designadas
están los subsidios para vivienda,
el seguro de salud público Medicaid
y los bonos para comprar
alimentos. “Esta acción va a ayudar
a asegurar que si un extranjero
entra o permanece en Estados
Unidos deba mantenerse a sí mismo
y no depender de ayudas sociales”,
señala la Casa Blanca en
un comunicado.
Para el Comité Nacional Demócrata,
“lo único que Trump
quiere hacer es atacar a las comunidades
latinas e inmigrantes”.
“El apetito de crueldad de esta
administración es insaciable, y
esta nueva regla es la más reciente
intensificación de su agenda antinmigrante”,
dijeron los demócratas
en un comunicado.
Pero según el gobierno estadounidense,
el presidente
“Trump está reforzando una ley
ya existente para evitar que los
extranjeros dependan de los programas
de ayudas sociales”.
- “Recursos limitados” -
El gobierno de Trump defiende
una línea dura contra la inmigración
irregular y uno de los ejes
de su mandato ha sido el proyecto
de construir un muro en la
frontera con México, una iniciativa
que lo llevó a una dura pugna
con el Congreso.
“Una gran cantidad de personas
que no son ciudadanas y sus
familias se aprovechan de un sistema
de ayudas generoso, con recursos
limitados que de otra forma
podrían ir hacia estadounidenses
vulnerables”, destaca el
comunicado oficial.
Según el gobierno, en la mitad
de los hogares donde todos
sus miembros son extranjeros al
menos una persona utiliza Medicaid
y un 78% de los hogares liderados
por un migrante sin estudios
universitarios emplea al menos
un programa de asistencia.
El endurecimiento de las reglas
sobre las “cargas para la sociedad”
comenzó en 2018, como
parte del plan de Trump para frenar
la inmigración.
En mayo, Trump anunció un
amplio proyecto “para proteger
los salarios de los estadounidenses,
promover los valores estadounidenses
y atraer a los mejores
y más brillantes cerebros del
mundo”. “El flujo anual en cartas
de residencia (green card) es
en su mayoría de bajos sueldos y
de baja cualificación”, dijo.
- “El daño se sentirá durante
décadas” -
La ONG dedicada a proteger
migrantes Centro Nacional de
Derecho de Inmigración (NILC)
anunció que denunciará en los tribunales
la nueva norma.
Marielena Hincapié, directora
ejecutiva de la asociación, estimó
que el daño de esta política
“se sentirá durante décadas”.
“Esto va a tener un impacto
humanitario directo forzando a
algunas familias a recurrir a ahorros
vitales para cubrir necesidades
de salud y de nutrición”, estimó
Hincapié.
En Estados Unidos hay cerca
de 22 millones de extranjeros que
residen legalmente en el país y según
el Centro de Investigación
Pew 10 millones de personas lo
hacen irregularmente.
Para Joshua Hoyt, director ejecutivo
de National Partnership
for New Americans (Asociación
Nacional para los Nuevos Americano,
NPNA) esta nueva regla es
“cruel y discriminatoria”.
“Durante toda la historia de
Estados Unidos, algunos inmigrantes
han sido explotados efectuando
trabajos por los que se
rompen la espalda por un salario
muy bajo. Ahora el gobierno de
Trump los va a penalizar por ser
pobres”, dijo.
Mujeres indígenas ocupan
Ministerio de Salud en Brasil
para defender sus derechos
TelesurTv
Cientos de mujeres de diversas
tribus indígenas
de Brasil continuaron el
lunes con las protestas en Brasilia
(capital) para exigirle al
presidente Jair Bolsonaro más
atención sanitaria en sus territorios,
por lo que ocuparon la
sede del Ministerio de Salud.
Tras arribar a las instalaciones
ministeriales, las mujeres
manifestaron que en diversas
poblaciones originarias los servicios
sanitarios están amenazados
por las políticas que promueve
el Gobierno de Bolsonaro.
La líder indígena Sonia Guajajara
afirmó que, hasta el momento,
en la marcha hay una representación
de 113 mujeres de
25 estados, de las 1.500 féminas
indígenas en Brasil.
“Estamos representando a
aquellas que aún no han venido
Caracas / AFP
aquí para decir que nunca aceptaremos
ninguna imposición de
la agenda destructiva del Gobierno
de Bolsonaro”, expresó
Guajajara.
Igualmente, la representante
de la tierra indígena Xakriabá
de Minas Gerais, Célia Xakriabá,
dijo que el momento es de
protagonismo femenino. “Nos
vestimos con la garra de la fuerza
de la naturaleza, pero nuestro
enemigo es el Estado, que
no nos reconoce como pueblos
originales”.
La marcha tiene como
tema “Territorio: nuestro cuerpo,
nuestro espíritu”, y sus convocantes
esperan que unas
2.000 mujeres de diversas regiones
de Brasil asistan a la jornada,
que este miércoles se unirá
en la Explanada de los Ministerios,
para continuar con las protestas
en rechazo a la actual política
de Bolsonaro hacia los pueblos
originarios.
Corte suprema venezolana ordena enjuiciar
a tres diputados por traición a la patria
El Tribunal Supremo de
Venezuela ordenó el
lunes enjuiciar a tres
diputados opositores por delitos
como traición a la patria, lo
que eleva a una docena el número
de parlamentarios procesados
por la justicia penal,
anunció la corte.
Los legisladores José Guerra,
Tomás Guanipa y Juan Pablo
García fueron acusados de la
“comisión flagrante”, además, de
conspiración, instigación a la insurrección,
rebelión civil, concierto
para delinquir y usurpación de
funciones, entre otros cargos, según
comunicado de la máxima
corte.
El Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) no precisó en lo inmediato
las causas de la acusación,
que se suma a la de diez diputados
a quienes esa corte vincula
con un fallido alzamiento militar
contra el presidente Nicolás Maduro,
el pasado 30 de abril.
La insurrección de un pequeño
grupo de uniformados fue liderada
por Juan Guaidó, presidente
del Parlamento en desacato, de
mayoría opositora.
La corte envió el caso de estos
tres nuevos congresistas a la todopoderosa
Asamblea Constituyente,
para que les levante el fuero y
puedan ser juzgados en tribunales
ordinarios.
Los otros diez parlamentarios
ya fueron despojados de su inmunidad,
debido a lo cual se refugiaron
en sedes diplomáticas, se exiliaron
o pasaron a la clandestinidad.
Varios diputados respaldaron
públicamente la sublevación frente
a una base aérea de Caracas, que
fracasó en su intento de quebrar el
apoyo de la Fuerza Armada al gobierno
de Maduro.
Disturbios ocurridos ese día y
el 1 de mayo dejaron seis muertos
y más de 200 detenidos, según el
fiscal general, Tarek William Saab.