Edicion 11 de junio 2020

Diario Co Latino
Organizaciones civiles
llaman a FGR a actuar ante
vulneración de derechos
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Al menos veintiocho
organizaciones de
la sociedad civil extendieron
una carta abierta
pública,
Raúl Melara, para
que la Fiscalía General de la
República (FGR) ejecute su
rol de promover acción penal
contra funcionarios que
vulneren la Constitución de
la República y las leyes secundarias.
Las organizaciones expusieron
que algunas de las medidas
adoptadas en el marco
de la crisis sanitaria por la
pandemia de COVID-19 son
violatorias de derechos fundamentales
y principios democráticos.
El reiterado incumplimiento
de las resoluciones
de la Sala de lo Constitucional
ha derivado en violaciones
de derechos fundamentales
de ciudadanos residentes
en el territorio nacional,
así como de aquellos que
quedaron fuera del mismo al
decretar la emergencia sanitaria
por la pandemia y cerrar
las vías de entrada al país, manifestaron
las instituciones.
“Es necesaria la labor protagónica
y efectiva por parte
ciones
respaldaremos todas
las acciones de investigación
y los procedimientos que sean
realizados por la FGR siempre
y cuando estén en garantizar seguridad
jurídica a la República
y hacer que se acaten las órdenes
judiciales que tutelan derechos
fundamentales”, reza la mi-
miércoles. La sociedad civil organizada
ha denunciado en varias
ocasiones en el marco de la
emergencia sanitaria que las acciones
de prevención y combate
a la enfermedad no pueden sig-
chos,
por lo que funcionarios y
empleados podrían ser procesados
por estas vulneraciones.
Desde el pasado mes de
mayo, el Ejecutivo ha limitado la
libertad de circulación en todo el
territorio nacional mediante decretos,
lo cual según la Constitución
debe hacerse mediante una
ley emitida por la Asamblea Legislativa,
asimismo, han existido
denuncias, desde el inicio de la
cuarentena domiciliaria, de retenciones
arbitrarias y abusos de
parte de agentes de autoridad.
La Fundación de Estudios
para la Aplicación del Derecho
(FESPAD) señaló en mayo pasado
que la emisión recurrente de
decretos ejecutivos con los mismos
vicios de inconstitucionalidad,
son una táctica para evadir
el control de constitucionalidad,
en la medida que se es declarado
inconstitucional uno; se emite
otro con exactamente las mismas
disposiciones.
Nacionales Jueves 11 de junio de 2020 7
Otorgan libertad a seis procesados
en el caso Saqueo Público
El Juzgado Séptimo de
Instrucción de San Salvador
-en audiencia especial- cesó
la detención provisional
contra seis procesados, por el
caso conocido como “Saqueo
Público”, al haber cumplido
24 meses de detención este
11 de junio y basado en el
artículo 8 del Código Procesal
Penal.
@DiarioCoLatino
El exsecretario de
comunicaciones
de la Presidencia,
David Marciano
Rivas quedará en
libertad.
Foto Diario Co Latino/
arChivo
El Juzgado Séptimo de
Instrucción de San Salvador
ordenó ayer que seis
personas procesadas por presunta
corrupción en el caso Saqueo
Público continúen el proceso judicial
en libertad bajo medidas. El
juzgado determinó que los imputados
estarán bajo la supervisión
de una persona que será la
responsable para hacerlos comparecer
al proceso, en caso de no
cumplir podrían incurrir en responsabilidad
penal.
Los imputados que recobrar
su libertad este día son: Luis
Miguel Ángel García, Ana Elizabeth
Coto, Jorge Alberto Herrera
Castellano, Rigoberto Palacios
Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez
Mendoza y el exsecretario
de comunicaciones de la Presidencia,
David Marciano Rivas,
quienes son acusados de colaborar
con el expresidente Mauricio Funes
de presuntamente malversaron
la cantidad de $351 millones
de dólares.
Los imputados permanecían en
detención desde junio del 2018.
El juez de Instrucción también
cesó la detención provisional
en este caso a favor de Francisco
Rodríguez Artiaga, Pablo
Gómez y José Miguel Meléndez
Avelar, conocido como Mecafé,
sin embargo, los tres guardarán
prisión por otros procesos penales.
Por orden del juzgado, los
imputados que recuperaron la
libertad estarán bajo la supervisión
de un familiar que se hará
responsable para hacerlos comparecer
al proceso, presentarse a
de domicilio son parte también
de las medidas impuestas.
La Fiscalía General de la República
acusa en el caso Saqueo
Público al expresidente de la
República Mauricio Funes, y a
treinta personas más entre las
su grupo familiar y un grupo de
colaboradores cercanos por supuesto
lavado de dinero y activos,
peculado (desvío de fondos
públicos), casos especiales de lavado
de dinero y casos especiales
de encubrimiento.
traído
del erario público sumaría
más de $351 millones. No obstante,
el expresidente Mauricio
Funes ha reiterado ser inocente,
en criteriados, es decir, otros
procesados en otros delitos, a
cambio de rebajarles la pena y
atestiguar contra los imputados.
Caso Jesuitas
Inocente Montano niega participación y culpa al Batallón Atlacatl
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Inocente Orlando Montano
(coronel en situación
de retiro y exviceministro
de seguridad) negó el miércoles
cualquier participación en
el asesinato de los sacerdotes
jesuitas y dos colaboradoras.
Montano mantuvo que los autores
del homicidio habían sido
efectivos militares, vinculados
al Batallón Atlacatl, bajo las órdenes
directas del coronel Emilio
Ponce (fallecido), entonces,
jefe del Estado Mayor, al quién le
atribuyó la responsabilidad de los
crímenes.
Montano, único procesado por
el delito de homicidio de los sacerdotes
jesuitas: Ignacio Ellacuría,
Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró,
Amando López y Juan
Ramón Moreno. Todos de origen
español, junto a los salvadoreños
Joaquín López y las colaboradoras
Elba y Celina Ramos hecho ocurrido
el 16 de noviembre de 1989. De
acuerdo al informe de la Comisión
de la Verdad, fueron asesinados
por miembros del Batallón Atlacatl
bajo las órdenes del Estado Mayor.
Entre los hechos relatados por
Montano en la segunda sesión de la
audiencia, dijo que “no tenía nada
contra el licenciado Ellacuría”. De
igual manera, señaló los padres jesuitas
y a la Universidad Centroamericana,
como los orquestadores
del golpe de Estado de 1979 contra
el general Francisco Romero, manifestando
que estos habían adoctrinado
a jóvenes estudiantes universitarios
y que les habían convencido
para que se alzaran contra
el gobierno militar.
También, responsabilizó directamente
al padre jesuita Jon Sobrino
de entrenar a menores para
la guerrilla del FMLN, declarando
que disponían de vídeos y fotografías
en los que el sacerdote supuestamente
aparecía “enseñando a niños
de 10 a 12 años a utilizar el fusil
AK-47”.
un grupo del FMLN en la UCA”
por lo que se mandó a efectivos
militares para matarlos. También
niega participación en las reuniones
posterior al 15 de noviembre
de 1989, con el entonces presidente
Alfredo Cristiani, ya que se encontraba
enfermo. Y negó que se
haya encubierto el caso.
La próxima sesión del juicio
contra Montano será este jueves,
donde se espera las declaraciones
de los testigos propuestos por
cada una de las partes. Los testimonios
a escuchar serán el de:
José Luis Navarro Pinar, Enrique
Arnaldo Cubillo, Manuel García
Fonseca, Joseba Mirena Zubia
Achaerandío, Pere Balta Llopart
y, el doctor en derecho penal,
José María Tamarit Samalla.
Además, se reproducirán las declaraciones
de los testigos fallecidos,
D. Francisco Cádiz Deleito
y D. Fernando Álvarez de Miranda,
ambos embajadores de España
en El Salvador.