Listín Diario 17-04-2024

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SANTO DOMINGO, RD. MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL DE 2024
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Opinión
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
OYE PAÍS
Publica los miércoles
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Participación ciudadana y control social
La historia de la
humanidad ha
estado caracterizada
esencialmente
por
la lucha por el poder. Ha sido
una constante histórica
que ha marcado y definido
los momentos más determinantes
de la raza humana
y su existencia. Prueba
de ello la tenemos en las
grandes campañas de conquista
de personajes como
Carlo Magno; los distintos
césares del Imperio Romano;
Napoleón Bonaparte y
Adolfo Hitler. Sus ansias de
expansión no perseguían
otro fin que el poder mismo.
Esta lucha por el poder
marcó igualmente la vida
política, donde el Estado,
entendido como un conjunto
de instituciones administradas
y dirigidas por el
gobierno de la nación, han
vivido relaciones de conflicto
con la sociedad, por la
delimitación de sus respectivas
esferas de acción y autonomía:
uno tratando de
expandir su dominio y restringir
las libertades de los
ciudadanos, y el otro haciendo
lo propio para frenar
la injerencia estatal y
conservar sus derechos.
El punto más álgido de
esta lucha ocurrió durante
el siglo XVIII, con la independencia
de los Estados
Unidos de América y
la Revolución Francesa,
eventos que significaron
el cambio político más importante
que se produjera
hasta la fecha, donde el
absolutismo que anulaba
por completo a la sociedad
sucumbió ante los ideales
de libertad, fraternidad e
igualdad y el pueblo dio inicio
a su protagonismo en
las decisiones de Estado.
Esta victoria se vio coronada
con la aprobación de
la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano
de 1789, cuando
la condición de ciudadanía
fue el fundamento de un
nuevo tipo de régimen político,
otorgando poderes a
la sociedad sobre la construcción
y delimitación del
ejercicio del gobierno de la
nación. La Declaración reconoció
los derechos civiles
y políticos contenidos en
esa primera fase de los derechos
humanos, entendiendo
los derechos del ciudadano
como la expresión jurídica
de los derechos del hombre
tras el pacto social. Nada refleja
mejor esta nueva forma
de gobierno que la inmortal
frase pronunciada por Abraham
Lincoln en la batalla de
Gettysburg en 1863: “El gobierno
del pueblo, para el
pueblo y por el pueblo”. He
aquí el verdadero fundamento
de un Estado Social y
Democrático de Derecho, como
bien lo expresa el artículo
2 de la Constitución Dominicana,
“La soberanía reside
FÉLIX BAUTISTA
Para comunicarse con el autor
@felixrbautista
exclusivamente en el pueblo
(…)”.
El reconocimiento de estos
derechos como inherentes
a la persona humana les
da una condición de inalienabilidad,
donde el Estado
no puede otorgarlos ni quitarlos,
sino reconocerlos, desarrollando
los mecanismos
necesarios para su ejercicio.
Este es el objetivo del Proyecto
de Ley Orgánica sobre
los Derechos de Participación
Ciudadana y Mecanismos
de Control Social: dotar
a la ciudadanía de mecanismos
legales, claros y precisos
que le permitan intervenir
de manera individual o colectiva
en la vida social, política,
económica y cultural
del país, asegurando influir
en la formulación y toma de
decisiones gubernamentales,
mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos y la
optimización de los recursos
públicos. En este sentido, la
norma permitirá a los ciudadanos
un control del ejercicio
de la función pública en
la búsqueda del bien común.
Esta iniciativa se fundamenta
en los artículos 22,
91, 92, 112, 116, 210 y 272
de la Constitución de la República,
en la Ley No. 1-12
de Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030 (END) en
los artículos 15 y 21, en su
objetivo generales 1.3, línea
de acción 1.3.1.1, sobre
Democracia Participativa y
Ciudadanía Responsable.
En el proceso de su elaboración,
se consideraron
además declaraciones y resoluciones
internacionales
de las cuales el país es signatario,
así como normas
internas que hacen referencia
a mecanismos de participación
de los ciudadanos
en temas específicos.
Este es un instrumento
legal de vanguardia, que
reconoce y articula el mandato
constitucional y los
preceptos internacionales
establecidos por los
acuerdos y tratados suscritos
por el Estado dominicano
en materia de
participación ciudadana.
Es por ello que, debido
al interés mostrado por
el gobierno del presidente
Luis Abinader, de impulsar
una iniciativa que
regule el referendo consultivo
y constitucional
aprobatorio, nos permitimos
sugerir que la iniciativa
que actualmente cursa
en el Senado de la República,
que incluye 11 mecanismos
de participación
de los ciudadanos, dentro
de los cuales se consignan
aquellos que el Poder Ejecutivo
quiere introducir al
Congreso, sean unificados
en una sola norma, que
constituye una especie de
código de participación
ciudadana, eliminando la
dispersión de normas que
regulan una misma disposición
constitucional.
RUDDY L. GONZÁLEZ
Hipocresía ante
el real peligro
Pareciera que insistir sobre el caso
haitiano es un tema manido, que
es hablar más de lo mismo. No lo
creo así. La aguda crisis haitiana,
en aumento, es una peligrosa realidad
que los dominicanos debemos ver en las dimensiones
que nos afecta. Considero usarlo como
tema de campaña política en la acidez del camino
a las votaciones, es un ejercicio insensato e irracional
de cara a los intereses nacionales. Lo que ‘ocurre’
de ‘aquel lado de la isla’, tiene una incidencia
seria y trascendente para la vida de la nación
dominicana, económica, política, social. De cada
diez dominicanos, tenemos en nuestro territorio
entre uno y dos haitianos, que interactúan
en nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras
casas, nuestras empresas, públicas y privadas,
en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas, de
una u otra forma. A ese punto hemos llegado.
Una realidad.
No debe asombrarnos, y yo no lo hago, que
haya no pocos dominicanos -aunque son los menos-
que bajo la excusa del ‘respeto a los derechos’
a una ‘solidaridad’ de hojalata, procuran endilgar a
las autoridades dominicanas excesos en sus actuaciones
de cara a la inmigración de ilegales y de todo
lo que ‘huela’ a Haití. Algunos, enquistados en
la política partidista de moda, son capaces de escribir
cartas, enviar documentos, reclamar en medios,
sanciones al gobierno, al país, en un afán que
lejos de ser ‘graciosos’ merecen ser etiquetados con
el deleznable sello de ¡traidores! Así como la denuncia
contra República Dominicana unifica a los
haitianos, la crisis haitiana y su peligrosa realidad,
debe unir a los dominicanos. Lo demás, la ambivalencia,
es pura hipocresía politiquera.
HEDDEL CORDERO
Indecencia en
los medios
La grosería está
de moda. Sin
darnos cuenta
algunos medios
de comunicación
se han llenado de indecencia,
de inmoralidades, de
indecoro y lo que es peor, se
han hecho populares en base
a contenidos denigrantes
y rastreros.
Con sus vilezas, los paradigmas
de hoy llenan de excremento
la pantalla del televisor,
de los celulares y
pululan por las ondas herzianas
como si fuera un mérito
muy grande ser indecente
y procaz. Ya no hay límites
para hablar ni para vestir. La
decencia es una virtud anticuada
que no cabe en los
nuevos códigos de comportamientos
públicos de la mayoría
de los actores populares
de hoy. Los pruritos de
decencia en los medios de
comunicación modernos
son sinónimos de atraso.
El lenguaje de hoy es sucio,
pobre, cargado de nocividad.
No hay límites. La
IDEANDO
Publica los miércoles
apuesta no es al que mejor
uso le dé al lenguaje y mayor
riqueza agregue al contenido,
sino al que pueda
pronunciar más expresiones
burdas y soeces y mayores
dfiatribas se puedan exponer.
Y como ha dicho el editorial
de este diario del lunes
8 de este mes: “una nueva
cultura del libertinaje gravita
sobre todos los espacios en
los que la decencia era el paradigma,
nublándolos”.
Ese desenfreno colectivo
de algunas redes y plataformas
tecnológicas debería tener
un repudio de los líderes
políticos, de las iglesias, de
las escuelas públicas y los colegios,
de las universidades,
porque rivaliza con las normas
más elementales del hogar.
Este país no soporta más
obscenidades. Nadie tiene licencia
para atropellar de esa
manera nuestra sociedad.
Todas esas inmoralidades
de esos medios deberían estar
reservadas para burdeles
y no para una sociedad que
debería fomentar conductas
y lenguajes más dignos.
Los medios de comunicación
son altoparlantes del
irrespeto y las inmoralidades.
Aspiramos que estas inconductas
sean tomadas en
cuenta para su normalización
a través de la ley sobre
Libertad de Expresión y Medios
de Comunicación enviada
al congreso la semana
pasada por el ejecutivo de la
nación.
Es necesario que a este
desorden se le ponga orden
y que la ética sea la norma.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Publica los miércoles
WANDA MÉNDEZ
Control difuso
Los jueces del Constitucional han
variado su jurisprudencia en varias
oportunidades. Esos cambios
han impactado varios aspectos,
entre ellos la imposición
de la astreinte, los plazos para conocer los recursos
de revisión de decisión jurisdiccional,
la vía para que los policías y militares reclamen
su reposición, y la legitimación para interponer
la acción directa de inconstitucionalidad.
En un fallo del 27 de diciembre del
2023, modificó su criterio sobre el control
difuso de constitucionalidad, el cual
ejercen los tribunales declarando inaplicable
un texto legal en un caso en particular.
Antes había establecido que estaba
reservado solamente a los tribunales
del Poder Judicial y el Tribunal Superior
Electoral. (TC/0435/18).