LR0803

16 Sábado. 8 de marzo de 2014 • LA RAZÓN
España
La Audiencia obliga a Alaya a dejar
la causa de las facturas falsas de UGT
Ordena que renuncie a la instrucción pese a la conexión con los ERE
A. Muriel
SEVILLA- Una decisión judicial
fuerza a Mercedes Alaya a dejar
el caso de las facturas irregulares
de UGT-A. La Sección Séptima de
la Audiencia Provincial de Sevilla
ha dictado un auto en el que
acuerda que la magistrada abandone
la instrucción al no detectar
relación con el caso de los ERE
fraudulentos, en el que la juez
lleva trabajando más de tres años.
Fue precisamente el juez decano
de Sevilla quien consideró pertinente
en octubre dar traslado del
caso a la magistrada después de
que las primeras denuncias las
recibiera otro juez, el titular de
Instrucción número 9. El Decanato
valoró los vínculos claros
con el escándalo de los ERE fraudulentos,
que son más que evidentes.
El caso da por tanto un
fuerte volantazo y UGT consigue
una victoria momentánea: Alaya
es una mala pesadilla para los dos
sindicatos autodenominados de
Las cifras
700
maletines
falsificados en Asia
como regalos de un
congreso de UGT
clase. La Audiencia,
según informa Europa
Press, estima
parcialmente un recurso
presentado
por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio
Público advirtió
de que la
competencia para
investigar el caso de las facturas
irregulares debía recaer en el
primero que recibió la denuncia,
esto es, el titular del Juzgado de
Instrucción Número 9. Lo contrario
podía acarrear una posible
nulidad.
La juez Mercedes Alaya, ayer en los juzgados de Sevilla
48
millones
rec bió en
subvenciones
el IFES en 2012
La conexión entre el «caso de
los ERE» y las irregularidades
contables de UGT, principalmente
en torno a partidas para formación,
es directa. Alaya tendió el
puente con un auto fechado el
pasado 12 de septiembre. La
1.756
documentos
fueron destruidos
de UGT antes de que
Alaya los reclamara
magistrada dedujo nuevas diligencias
que declaró bajo secreto
de sumario después de examinar
un atestado de la Guardia Civil
relativo a la «Operación Heracles»
de los ERE. Avisó de hechos
que «pudieran ser constitutivos
de nuevos ilícitos penales, así
como la constatación de nuevas
líneas de investigación distintas
de las llevadas a cabo en la presente
causa (la de los ERE)». La
conexión de esta nueva línea la
desveló LA RAZÓN el 18 de septiembre.
UGT Andalucía había
pagado ocho millones de euros a
una de las empresas pantalla que
usó el «conseguidor» y ex ugetista
Juan Lanzas dedicada a cursos
de formación. Alaya citaba en el
auto de apertura de nuevas diligencias
el atestado policial 33/
2013 de la «operación Heracles»,
donde se recogían los pagos a
Lanzas.
Las empresas que están en esta
pasarela entre los dos casos y que
llamaron la atención de Alaya
Manuel Olmedo
tras las pesquisas de la Guardia
Civil son Planificación, Cooperación
y Desarrollo (PCD) y Círculo
Empresarial para la Formación,
subcontratas habituales de UGT
para la impartición de cursos. Las
dos, que tuvieron en nómina a
Lanzas, contribuyeron a introducir
en el mercado financiero dinero
procedente de las sobrecomisiones
pagadas por la Junta a
través de varias empresas pantalla
del entramado societario de
Lanzas: Travol 2007, Servicios
Inmediatos de Andalucía y Conexión
en reparto.
Esta pieza declarada bajo secreto
la seguirá instruyendo
Alaya, pero no el caso de las facturas
de UGT, que da continuidad
a las relaciones entre los ERE y los
cursos de formación hallados por
la magistrada y la Guardia Civil.
Tanto es así, que PCD, la empresa
tapadera de la órbita de Lanzas,
es una de las subcontratas habituales
del sindicato y aparece
regularmente en el reparto de
fondos de los planes sectoriales
e intersectoriales de formación
que ha hecho UGT –y por los que
cobraba comisiones–, según ha
podido comprobar documentalmente
este periódico. Es paradójico
que ahora sea otro juez quien
tire de la madeja de la que Alaya
sacó el primer hilván.
El juez del Alvia
toma declaración
al jefe que alertó
dos años antes del
peligro de Angrois
L. R. N.
SANTIAGO- José Ramón Iglesias
Mazaira, el jefe de maquinistas
de Ourense que apuntó
dos años antes del accidente de
tren del 24 de julio de 2013 la
posibilidad de poner señales
de limitación de velocidad a la
altura de Angrois, salió ayer del
juzgado con un contundente
mensaje: «Ya dije mucho». La
curva que no pudo salvar Francisco
José Garzón Amo el verano
pasado en la capital gallega
solamente contaba con una
indicación que de poco valdría
si el factor humano fallase, según
la carta que redactó Mazaira,
y de no reducir «previamente
la velocidad, nada se podrá
hacer ya», avisaba este informe
en el que proponía la adopción
de medidas para aminorar o
eliminar el riesgo de una tragedia,
informa Efe.
«No estoy en condiciones de
hablar nada», aseguró este
trabajador, que explicó que su
ÁNGEL LLUCH
El cargo de
seguridad
dice que no
recibió el
correo
testimonio
ante el juez
Luis Aláez
fue muy
extenso,
tras dos
horas y media
en las
que contestó
a las
preguntas
del magistrado y también de
los letrados.
En una jornada maratoniana,
el instructor de la causa
abierta tras el trágico descarrilamiento
del Alvia Madrid-Ferrol
toma declaración en calidad
de testigos a tres empleados
de Renfe, Iglesias Mazaira;
a su inmediato superior, el
coordinador de maquinistas
de Renfe en Galicia, José Luis
Rodríguez Vilariño, y a Ángel
Lluch Perales, que entonces
formaba parte de la Gerencia
de Seguridad en la Circulación
de Viajeros. Este último sostuvo
ante el juez que no recibió el
correo de alerta de Mazaira,
según confirmó, en declaraciones
a los medios, el abogado
José Lorenzo. Durante la comparecencia,
Angel Lluch, que
se encontraba «nervioso», según
Lorenzo, ha mantenido
que no recibió el correo electrónico
de alerta y que «no sabía
nada» de él.