LR0803

LA RAZÓN • Sábado. 8 de marzo de 2014
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Economía
Luis Díaz
El ministro
de Economía,
Luis de
Guindos
acompañen a los acuerdos. El
principal escollo de esta reforma
«quirúrgica», sin embargo, es que
la ley concursal ponía en cuarentena
cualquier acuerdo alcanzado
entre deudor y acreedor en los dos
años anteriores a la liquidación de
la sociedad, ya que podía ser rescindido.
Este aspecto, clave para
la mayor parte de procedimientos,
desincentivaba los pactos.
Con la reforma, se amplían los
acuerdos de refinanciación no
MÁS AGILIDAD Y
MENOS TRABAS
✔ El Real Decreto permite
alcanzar acuerdos de refinancia
ción con uno o más acreedores
siempre que mejoren la posición
patrimonial del deudor y sin
necesidad de contar con mayo
rías de pasivo.
✔ En los acuerdos de refinancia
ción colectivos (homologados o
no judicialmente) se elimina la
exigencia del informe de un
experto independiente, que
suponía un sobrecoste.
✔ Medidas para que el deudor no
obstaculice la recapitalización:
rebaja de las mayorías para
alcanzar acuerdos y presunción
de culpabilidad para el que se
oponga sin motivos razonables.
✔ La nueva normativa encomien
da al Banco de España la potestad
de establecer en el plazo de un
mes si la deuda subsistente pasa
a ser considerada «normal»
(sostenible).
✔ No se altera el régimen de
administraciones concursales. Se
establece la ausencia de tributa
ción en el Impuesto de Socieda
des en los supuestos de capitali
zación de deudas.
sólo a entidades financieras sino
a cualquier acreedor.
Por otro lado, las empresas tendrán
más fácil aceptar la refinanciación,
quita o recapitalización al
establecerse umbrales más flexibles
de mayoría. Ahora, la mayoría
exigida para homologar judicialmente
el acuerdo pasa del 55% al
51% (mayoría simple) de todos los
acreedores de pasivos financieros
(aunque el resto de acreedores
podrán adherirse al acuerdo).
En los préstamos sindicados se
entiende que los acreedores suscriben
el acuerdo de refinanciación
cuando voten a favor el 75%
de ellos, salvo que las normas que
regulan la sindicación establezcan
una mayoría inferior. Además,
si el 60% de los acreedores de pasivos
financieros han acordado
esperas (aplazamientos) de hasta
cinco años y la conversión de
créditos en préstamos participativos
por el mismo plazo, estas
medidas se extenderán a los
acreedores que no están de acuerdo
(disidentes) sin garantía real.
Más garantías
Si el acuerdo lo suscriben el 75%
de los acreedores de pasivos financieros,
el periodo de espera
podrá abarcar hasta diez años y se
extenderá también a los acreedores
disidentes, que también podrán
tener que asumir quitas,
conversión de créditos en acciones
o participaciones del deudor,
o créditos participativos, transformación
de deuda en cualquier
otro instrumento financiero de
características distintas y cesiones
de bienes en pago de deudas.
Respecto a los créditos cubiertos
con garantía, la nueva reglamentación
establece los umbrales
anteriores –en los mismos términos–
para los acuerdos que excedan
el valor de la garantía. Para los
que cubran el valor de la misma,
se exigirá una mayoría del 65% de
los acreedores para extender a los
prestamistas disidentes un aplazamiento
de cinco años. Con el
80% se podrá aplicar a los acreedores
contrarios al acuerdo un
periodo de espera de diez años.
Economía estima que la reforma
permite que los inversores
entren con más garantías en las
empresas que reflotan, pero evita
comportamientos oportunistas
de «fondos buitre» que hasta ahora
podían bloquear un acuerdo
con más facilidad.
El experto
Las modificaciones de la ley
Aquellos que nos vemos profesionalmente involucrados
en concursos de acreedores, nos encontramos, fundamentalmente
a partir del segundo semestre del 2013,
numerosas empresas que solicitan el concurso de acreedores
por problemas puntuales de solvencia (en ocasiones derivadas
de una mala gestión y en otras muchas de la situación del mercado),
pero realmente gozan de viabilidad. En otras palabras, la
gran mayoría de las compañías que «han sobrevivido hasta
ahora al tsunami» gozan de un proyecto empresarial real.
El objetivo claro de todos los involucrados en estos procesos
de reestructuración ha sido tratar de salvar estas compañías,
manteniendo su actividad y conservando el mayor número de
puestos de trabajo; para ello solicitábamos modificaciones en la
normativa concursal encaminadas a afrontar esta nueva situación
y, en este sentido, parece que el legislador ha cogido el
guante.
Somos conscientes de que desarrollar
una ley es como «elegir los jugadores
para la selección española», todos pondríamos
algún artículo más y quitaríamos
otro, pero es obvio que las modificaciones
aprobadas pretenden la supervivencia
de empresas viables.
Básicamente el legislador trata de facilitar
un acuerdo de refinanciación de
compañía con carácter previo al procedimiento
concursal.
Pablo Albert
Director legal de BDO
Tener un
proyecto
empresarial
real ha sido
clave para
resistir la crisis
Para ello, modifica el denominado «pre-concurso» (art 5bis
LC.): el acreedor puede solicitar que no se haga público y, además,
para evitar presiones en las negociaciones, extiende a este periodo
la suspensión de las ejecuciones individuales sobre los
bienes afectos a la actividad.
En fomento de estos acuerdos previos de refinanciación, se
exige un menor porcentaje del adhesión de pasivo financiero al
convenio para que sea homologado (entre un 55% y un 75% del
pasivo dependiendo de las condiciones de tal convenio), y se
establecen medidas encaminadas a priorizar el pago de esta
nueva financiación; siendo probablemente la más novedosa la
de «solicitar» al Banco de España que las entidades bancarias
puedan liberar las provisiones de la deuda que se conviertan en
capital de la compañía acreedora.
Nos queda comprobar si, efectivamente, tras la aprobación de
estas medidas, las entidades bancarias promueven estas refinanciaciones
o todavía lo considerarán demasiado arriesgado.