Venezuela 2015

VENEZUELA 2015: ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD
han estado y están la mayoría de nuestros males en lo que se refiere a temas
de energia; desgraciadamente ese es el tipo de Estado que complace a los “rent
claimants” (a los reclamadores de la renta petrolera, los del “dame lo mío
que me dijeron que me pertenece”) y a los “rent seekers” (los reclamadores de
la renta a través de la “pedidera” de dólares–RECADI, CADIVI, SICAD,
exoneraciones aduanales, exenciones de impuestos, prebendas, golilleros, seudoempresarios
y ahora “boliburgueses”, los “ponme donde haya”), que tan
bien ha identificado y definido Diego Bautista Urbaneja en su reciente libro
La Renta y el reclamo, así como Luis José Oropeza en su libro Venezuela: fabula
de una riqueza–El valle sin amos.
Voy a insistir en referirme a los mitos que se convirtieron en paradigmas,
que son los que han evitado que avancemos hacia la modernidad y a convertirnos
en un país del primer mundo en materia energética.
En Venezuela se convirtió en paradigma el que todos los recursos naturales
(desde las quebradas, los ríos, las montañas, los bosques, los llanos y las playas,
hasta los minerales metálicos y no metálicos, el petróleo y el gas natural) eran
estratégicos y las empresas que los explotaban eran básicas; y por ser estratégicos
y sus industrias básicas eran sinónimo de soberanía e independencia; y el
más recientemente exacerbado paradigma: todos los recursos del país son para
el desarrollo social.
Y el corolario ha sido que por así, todo esto tiene que manejarlo el Estado
empresario, porque el sector privado no es de confiar.
Un término netamente empresarial como el de “estratégico”, desarrollado
y probado en la compañía Royal Dutch Shell, se ha querido trasladar a las políticas
públicas y leyes de los países totalitarios y/o estatistas. Los gobiernos de
los países democráticos y del primer mundo en sus políticas públicas no usan
el término “estratégico” y menos el de “industrias básicas”. Eso son términos
empresariales, no se aplican a países.
Los países democráticos hacen políticas públicas pero no planificación
estratégica, y menos en el ámbito económico o de las energías. A lo que se
refieren, es a las grandes líneas: seguridad territorial, seguridad energética,
eficiencia energética, protección del ambiente, independencia energética (i.e.
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