Venezuela 2015

VENEZUELA 2015: ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD
2.000.000 de trabajadores, y en aquellos entes donde la fuerza laboral determina
su realización, los desmantela, como ha sido el caso del sector eléctrico,
educadores y el petrolero, allí los aprueba y luego los incumple en un 70%.
4.- La suspensión del Diálogo Social con las organizaciones
sindicales y con los empleadores privados.
Desde inicios de la actual gestión el Ejecutivo Nacional desconoció el
diálogo social determinado por la LOT al determinarse la obligatoriedad de
consulta a organizaciones sindicales y empresarios al momento de definir el
salario mínimo anualmente, estableciendo el Presidente de la República unilateralmente
en los últimos 14 años los decretos sin consulta previa a ninguno
de los actores del SRT. Nos referimos a la fijación anual del salario mínimo
mediante el diálogo tripartito establecido en el artículo 167 de la anterior Ley
Orgánica del Trabajo, en clara violación del convenio 144 de diálogo social
de la OIT.
Esta política ha sido extensiva al resto de áreas del mercado laboral en
materia de creación de empleos, de capacitación de mano de obra y de la seguridad
social, temas esenciales al trabajo digno en los estados firmantes de los
convenios internacionales de la OIT, de los cuales ha sido signatario el Estado
venezolano a lo largo de su historia. Esta ruptura del diálogo social ha determinado
iniciativas de diálogo bipartito entre empleadores privados agrupados
en FEDECAMARAS y representantes del sindicalismo autónomo y libre de
la Unidad de Acción Sindical en el contexto del evento auspiciado por la OIT
en Cúcuta en octubre 2013.
5.- La utilización del Poder Judicial en el control de los conflictos
laborales. (Judicialización de la protesta)
Los trabajadores han sido las principales victimas de la criminalización y
la judicialización de la protesta en el país, mediante la aplicación de 5 leyes
diferentes para constreñirla: La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en
sus artículos 47 y 48 crea las “zonas de seguridad” con penas de 5 a 10 años
de prisión, Ley para la Defensa de las personas al acceso de los bienes y servicios
contempla de 6 a 10 años de prisión, 3) Ley Especial de Defensa Popular
contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el
consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios (2 a 6 años
de prisión) 4) Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financia-
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