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XXVII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública
“La Innovación en la Gestión Pública”
Caracas, 2014
facilite la toma de decisiones de los gobernantes a la hora de seleccionar estrategias de innovación
efectivas, que mejoren la calidad de vida de los habitantes de una comunidad o país.
Un ejemplo de innovación gubernamental efectiva también a nivel federal y dentro de la
institución judicial, sería la reforma constitucional en materia de procuración e impartición de
justicia, publicada en el año 2008 y que busca dar un impulso decisivo a la efectividad de las
instancias involucradas en el Sistema de Impartición de Justicia y con ello al desarrollo social del
país.
Ante el inocultable reclamo social por contar con un mejor Sistema de Impartición de
Justicia, pilar fundamental de la gobernabilidad democrática y del Estado de Derecho, es que se ha
dado en lo formal un giro radical en la manera de realizar tanto la persecución del delito, como en la
tarea jurisdiccional, en materia penal.
En primer término, la realización de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y
Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, que dio pie al Libro
Blanco del Poder Judicial entre los años 2003 y 2006, contiene valiosas directrices respecto del
cambio judicial que también trae implicaciones en el trabajo de las procuradurías de justicia del
país.
Dicho documento, entre otras propuestas de la sociedad organizada, así como los
diagnósticos que sobre el tema se han elaborado a nivel nacional e internacional, dieron pie a la
reforma constitucional que hoy en día establece entre otras cosas, la obligatoriedad de migrar el
sistema procesal penal de uno denominado “mixto” o “inquisitivo” a uno de corte acusatorio,
incluyendo los juicios orales.
Esta reforma constitucional ha dado origen a que cada uno de los estados de la federación
adopte las medidas administrativas y de gestión suficientes para hacerla realidad en sus diferentes
demarcaciones. A nivel local y por citar un ejemplo de conocimiento directo por el autor, la reciente
aprobación de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato es muestra del esfuerzo por
actualizar la operatividad del aparato de impartición de justicia en el Estado, en concordancia con la
reforma constitucional del 2008.
El sistema que agrupa las condiciones administrativas necesarias para efectuar una adecuada
tarea de procuración de justicia implica al menos tres subsistemas: estructura organizacional;
gestión del personal y sistemas; y cercanía con los usuarios. Una correcta interacción entre estos
tres subsistemas asegura que el Ministerio Público dispondrá de elementos indispensables para
realizar su función.
En este caso, observamos una innovación institucional, que transforma la manera de impartir
justicia en un país entero. Dicha innovación plantea el cambio en la visión y estrategia de un Poder
nacional para impartir justicia. Se trata pues de innovación institucional en acción.
Por otro lado, considerando otros ámbitos de gobierno; la innovación estatal la podemos
ejemplificar con la puesta en marcha del Sistema de Servicio Civil en el propio Estado de
Guanajuato, como otro esfuerzo de innovación institucional.
Por primera ocasión en dicha demarcación, fue aplicado un modelo que amalgamara los
aspectos de remuneración, ingreso, profesionalización y evaluación del desempeño en forma
sistemática para los trabajadores de confianza al servicio del estado (recordemos que en México, la
Constitución de la República establece una distinción que a la postre ha resultado toral para
comprender el esquema laboral mexicano, la separación entre trabajadores de base -que pueden ser
sindicalizados-, y trabajadores de confianza quienes realizan labores de supervisión y
administración, y que no cuentan con posibilidades reales de formar sindicatos dada su fragilidad
laboral).
Dicho esquema inicia en 1996, con los primeros intentos de homologación salarial entre los
tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A partir de la elaboración de un mismo
tabulador, que fue establecido gradualmente y hasta la fecha surte efectos, fue iniciado un proyecto
de largo aliento que culminó en 2006, con la aprobación de la primera versión del Reglamento del
Servicio Civil de Carrera para el Poder Ejecutivo del Estado.
Para llegar a este primer ordenamiento, el Servicio Civil fue estructurado en papel y luego
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